Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para conocer la valoración del Gobierno ante la nueva propuesta de Reglamento de Retorno presentado por la Comisión Europea, así como para informar de las previsiones y recursos que guiarán su implementación, teniendo en cuenta el actual contexto de emergencia migratoria que vive nuestro país.

Señor presidente, señorías, comparezco ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar, como ha dicho la Presidencia, de la nueva propuesta de reglamento de retorno presentada por la Comisión Europea y las previsiones y recursos que guiarán su implementación, así como sobre la formalización de contratos para la compra de armamento al Estado de Israel o a sus empresas.

Comienzo por la última cuestión. Voy a ser lo más claro y preciso posible para evitar todo tipo de mensajes equívocos o confusos y también para responder con información al conjunto de intervenciones que puedan realizarse.

Antes de nada, quiero dejar muy claras dos cuestiones que estimo claves. La primera: el suministro de equipamiento y munición para Policía Nacional y Guardia Civil está garantizado. Las necesidades de materiales policiales como armamento, equipamiento de protección o material tecnológico se someten a un riguroso proceso de planificación, análisis y priorización para evitar, evidentemente, cualquier desequilibrio o desabastecimiento en las distintas unidades. La segunda cuestión que quiero dejar clara: este ministerio y este ministro, como no puede ser de otra forma, compartimos sin fisuras el compromiso del Gobierno español con la causa palestina y la paz en Oriente Medio (aplausos) y lo hacemos con convicción. Eso, como no puede ser de otra manera, incluye nuestra negativa a vender o comprar armamento al Estado de Israel y a sus empresas. Hoy me gustaría hacer un llamamiento expreso, como está haciendo el Gobierno de España y especialmente el presidente del Gobierno desde hace tiempo, a que termine la crisis, a que no haya más muertes de inocentes, de niños, los más vulnerables, en la zona de Gaza. Hay 14 000 bebés y niños en peligro vital por la ausencia de permiso y quizá por la necesidad de presión internacional para que la ayuda humanitaria entre en Gaza.

Entiendo, dicho lo anterior, que la formalización de contratos para la compra de armamento al Estado de Israel que se cita en la solicitud de comparecencia hace referencia al contrato adjudicado y formalizado con la empresa israelí IMI Systems LTD para la compra de munición. A este respecto, me gustaría hacer constar que el contrato en cuestión fue licitado el 21 de febrero de 2024 por la jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. (La señora Guardiola Salmerón, señalando a la señora Mínguez García, que sostiene el móvil en alto: Está grabando. No puede grabar.—La señora Tomás Olivares: Lo ha hecho dos veces). El objeto de la licitación, como también saben, es el suministro de munición 9 milímetros para diversas unidades de la Guardia Civil por un importe estimado de 6,8 millones de euros más impuestos. (La señora Guardiola Salmerón: No se puede grabar).

Muchas gracias, señor presidente. La licitación incluía tres lotes de munición con características específicas adaptadas a las necesidades de la Guardia Civil. Dos de los lotes licitados fueron adjudicados, como he dicho, a la empresa israelí IMI Systems LTD, representada en España por la empresa Guardian Homeland Security, Sociedad Anónima.

No voy a abundar en los detalles procedimentales del proceso de licitación, puesto que cumplen escrupulosamente el procedimiento legal y están, sin duda alguna, a disposición pública en la Plataforma de Contratación del Sector Público y han sido sometidos a un control exhaustivo por los órganos competentes de la Administración. Sí les diré que, en octubre de 2024, cuando conocimos la empresa adjudicataria de dos de los tres lotes de munición que había, ordené de manera inmediata parar la tramitación del expediente y estudiar la mejor forma para su rescisión. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Durante seis meses hemos explorado en el marco del Ministerio del Interior todas las vías legales posibles para anular la adjudicación sin haber encontrado ninguna que no implicase un perjuicio patrimonial para el Estado, porque estamos obligados a cumplir lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. En ese proceso consultamos a la Abogacía General del Estado, cuya recomendación fue formalizar el contrato adjudicado. Insisto en que todos los departamentos del Ministerio del Interior, de acuerdo con el compromiso adquirido por el Gobierno, hemos explorado todas las vías legales posibles que entendíamos oportunas para anular la adjudicación y no encontramos ninguna solución viable.

En este contexto, el Gobierno de España, en colaboración con otros departamentos ministeriales, finalmente sí hemos podido encontrar un mecanismo que permite esa rescisión, y eso es lo que hemos hecho, articular una solución mediante un mecanismo que implica a otros departamentos y que el Ministerio del Interior, evidentemente, comparte en su totalidad.

En este momento, tal y como explicó el presidente del Gobierno en la comparecencia, este contrato está en proceso de rescisión. En el Ministerio del Interior hemos hecho lo que hacemos siempre: analizar bien lo sucedido y tomar las medidas adecuadas para evitar que algo así pueda volver a producirse. Tenemos muy claro el compromiso firme de no contratar armamento con empresas israelíes y les garantizo que así va a ser.

Soy consciente de que este contrato ha generado un problema, pero también de que, al margen de desajustes o errores puntuales que no me importa reconocer y asumir en primera persona, hemos sabido resolverlo con la implicación del conjunto del Gobierno de una manera coordinada y eficaz. Muchos han aprovechado la ocasión para transmitir la imagen de un Gobierno progresista en crisis, cuando la realidad es que estamos trabajando juntos para encontrar las mejores soluciones, y así, sin duda alguna, vamos a seguir haciéndolo. Eso es lo que hace un Gobierno, trabajar para resolver los problemas.

En mi caso, seguiré trabajando para mejorar la seguridad ciudadana, incrementando el número de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, mejorando sus condiciones y también renovando sus infraestructuras y garantizando que tengan a su disposición el equipamiento y los suministros precisos para el desarrollo de su cometido.

Vuelvo a los dos mensajes con los que he iniciado esta intervención: los suministros para las fuerzas de seguridad del Estado están garantizados, así que les ruego que eviten conjeturas sin fundamento. Dejemos que los procedimientos administrativos avancen antes de hablar de desabastecimiento, falta de medios o inseguridad. También les garantizo mi absoluta adhesión al compromiso del Gobierno de España con la causa palestina y, con ella, la determinación de no comprar ni vender armas al Estado israelí o a sus empresas.

En cuanto a la segunda petición de comparecencia, que ha registrado el Grupo Popular en el Pleno de esta Cámara, empezaré definiendo la iniciativa a la que se hace referencia y su contexto. Hablamos aquí hoy de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un sistema común de retorno de nacionales de terceros países que se encuentren en la Unión Europea de forma irregular. Una vez aprobado este reglamento, derogaría, por lo tanto, la Directiva 2008/115, del Parlamento Europeo y del Consejo, así como la Directiva del Consejo 2001/40 y la Decisión del Consejo 2004/191, que actualmente regulan la política de retorno en la Unión Europea. Es importante destacar, en primer lugar, que se trata de una propuesta adoptada formalmente por la Comisión Europea muy recientemente, el pasado 11 de marzo de 2025, y que corresponde ahora al Parlamento Europeo y al Consejo llegar a un acuerdo sobre esta para poder hacerla efectiva. Es decir, hablamos de una propuesta que actualmente está abierta al debate y que, por lo tanto, supone una oportunidad para concretar aspectos que mejoren los procesos de retorno en el conjunto de la Unión Europea y, por consiguiente, también en España. Igualmente, hay que señalar que este reglamento se incardina dentro del denominado Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, que aglutina las políticas de la Unión Europea sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración, y que se refiere a una competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En el caso de España, además, implica a distintos ministerios competentes: Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Dicho esto, entremos en el contenido. El objetivo de este reglamento, como decía, es lograr un sistema de retorno común para toda la Unión Europea, siempre más eficaz y coherente, y que armonice y coordine los sistemas de retorno de los Estados miembros y permita, al mismo tiempo, cierto grado de flexibilidad en la aplicación nacional de la normativa europea. Es necesario aclarar que el nuevo reglamento constituye un elemento clave para completar y complementar el Pacto sobre Migración y Asilo, que entrará en vigor a mediados del año que viene, en junio de 2026. Este nuevo marco normativo fue acordado, como podrán recordar, durante la Presidencia española del Consejo, tras años de negociaciones infructuosas. El pacto define un enfoque global en materia de migración para la Unión Europea. Con el pacto se permite y se persigue gestionar la migración de manera justa y sostenible, garantizando la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros y protegiendo los derechos fundamentales de las personas que llegan a la Unión Europea; solidaridad y reparto equitativo que me gustaría recordar que en nuestro país, con respecto a los menores, la oposición parece no entender. (Aplausos). Precisamente, el reglamento de retorno trata de complementar el pacto y lo hace estableciendo una nueva norma para lograr un sistema eficaz y común de la Unión Europea para los retornos, como parte del funcionamiento global de la gestión migratoria.

En esta línea, dado que en el marco del Pacto sobre Migración y Asilo las solicitudes de asilo se tramitarán de forma más rápida y eficiente ―respetando, evidentemente, los derechos fundamentales―, los retornos también deberían producirse con prontitud, eficacia y con todas las garantías, en el marco de la Unión Europea. Por lo tanto, la propuesta de reglamento surge tomando en consideración el pacto y con el objeto de hacer frente a los retos actuales que plantean los retornos en la Unión Europea para hacerlos más coherentes y, evidentemente, aproximando ―como decía― todos los sistemas nacionales. En concreto, se busca aumentar la eficacia y la eficiencia del proceso de retorno, proporcionando a los Estados normas claras, simplificadas y comunes. También se busca asegurar la cooperación de los nacionales de terceros países con las autoridades mediante una combinación de obligaciones, incentivos y consecuencias. Asimismo, pretende evitar la elusión de las normas y la circulación no autorizada y garantizar los derechos fundamentales ―reitero, garantizar los derechos fundamentales― en todas las fases de los procesos de retorno, ya sean estos voluntarios o forzosos. La propuesta presenta novedades en distintos aspectos que desglosaré brevemente, sin perjuicio de que más adelante se podría profundizar en alguno de ellos.

El reglamento se aplica a las personas nacionales de terceros países que se encuentren en situación de irregularidad en un Estado miembro, sin embargo, mantiene supuestos como las denegaciones de entrada o las interceptaciones en frontera vigentes en la actualidad. Para fomentar la eficacia de los procesos y desarrollar un sistema verdaderamente europeo, se propone, por ejemplo, la creación de una orden de retorno europea común que tendrá efectos a lo largo y ancho del territorio de la Unión. Los Estados miembros incluirán en esta orden la información relativa a sus decisiones de retorno nacionales, que estará accesible para todos ellos a través del SIS, el Sistema de Información Schengen. Así, se establece un mecanismo ágil de reconocimiento mutuo entre países que permitirá llevar a cabo las decisiones de retorno nacionales en cualquiera de los Estados miembros. En este punto, creemos que ese reconocimiento mutuo debería ser ágil y, sin duda alguna, obligatorio dentro del marco de la Unión.

Se establece, además, un procedimiento de retorno común para toda la Unión Europea. El reglamento también determina y establece garantías para los derechos de las personas de terceros países que deben ser retornadas: derecho a la información, a un recurso efectivo, asesoramiento para el retorno, asistencia jurídica y representación. De manera paralela, se fijan las obligaciones de las personas que van o pueden ser retornadas, referidas fundamentalmente a su disponibilidad a todos los requerimientos de las autoridades. Igualmente, se establecen las consecuencias derivadas del incumplimiento de esas obligaciones, así como los mecanismos para prevenir esa desobediencia y las condiciones de la detención a los efectos del retorno. Es importante también reseñar que se incentiva o se apuesta por el retorno voluntario como mecanismo prioritario, viable y efectivo a través de medidas de apoyo, asesoramiento y asistencia financiera. En cambio, el retorno forzoso mediante orden de expulsión se restringe a personas en situación irregular que no hayan cooperado, que se fuguen a otro Estado miembro, que no abandonen la Unión Europea en el plazo establecido para la salida voluntaria o supongan un riesgo para la seguridad. En este último caso, el de las personas que supongan un riesgo para la seguridad, se establecen normas específicas, retorno forzoso y, además, mayores plazos de posible internamiento o prohibición de entrada.

Otra cuestión importante es que la regulación del procedimiento de readmisión en el país de retorno se vincula al propio proceso de retorno, adecuando los plazos de ambos para lograr una readmisión efectiva. Finalmente, se crea también un marco para explorar las soluciones de retorno a un tercer país con el que se haya establecido un acuerdo o convenio bilateral.

Es importante precisar a este respecto las garantías y cautelas que se establecen. Estos países deben respetar las normas y principios internacionales en materia de derechos humanos y se excluye de esta posibilidad a los menores no acompañados y a las familias con menores. Los acuerdos bilaterales, además, deberán precisar salvaguardas y aspectos como el procedimiento de transferencia, las condiciones de estancia, las responsabilidades del Estado miembro y del tercer país, las modalidades de retorno al país de origen y las consecuencias de no hacerlo.

En resumen, se trata de una reforma que entendemos valiosa para los fines que se ha concebido, pero también sensible y compleja y que tiene un desarrollo ahora legislativo importante de debate y de discusión. Y es, vuelvo a decir, una cuestión tan compleja y sensible como lo es el fenómeno migratorio.

Por lo tanto, este proceso legislativo debe abordarse de forma responsable, pormenorizada y siempre con la mirada en el bien común. No podemos obviar que el nuevo reglamento y el proceso de debate ― que se acaba de iniciar y que se desarrollará, como digo, en los próximos meses― suponen una oportunidad para afrontar los retos migratorios de manera conjunta y solidaria dentro de la Unión Europea, como lo será la implementación del Pacto sobre Migración y Asilo europeo.

En esta línea, hay algunos aspectos que consideramos clave para llevar a buen término este reglamento y, para ello, nuestra posición va a estar guiada en dos líneas clave: por un lado, construir un verdadero sistema europeo común de retorno y, por otro lado, fomentar la eficacia y eficiencia del procedimiento, siempre salvaguardando las debidas garantías y los derechos fundamentales.

Con el fin de establecer garantías suficientes para lograr un retorno sostenible y seguro, resultan fundamentales tres puntos. En primer lugar, hay que profundizar en el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno entre los diferentes Estados miembros y sus implicaciones. En este ámbito, ayudaría la ejecución obligatoria de la orden de retorno por el país donde se encuentre la persona. De hecho, consideramos que esa orden europea de retorno cumple las dos premisas mencionadas anteriormente: permite avanzar hacia un sistema europeo común, pero además promueve la eficacia, porque evitará que deban iniciarse nuevos procedimientos en otros países. En segundo lugar, habría que definir de manera precisa el concepto de tercer país de retorno, que también se utiliza en la propuesta. En tercer lugar, también es necesario determinar de manera clara los condicionantes de los acuerdos que deben establecerse con esos terceros países a los que he hecho referencia, así como su vinculación con los centros de tránsito de retorno, que todavía y para nosotros plantean muchas muchas dudas desde un punto de vista jurídico, humano, operativo e incluso económico.

Además, más allá de soluciones innovadoras, como se pretende por distintos países de la Unión Europea, más allá ―repito― de soluciones innovadoras poco garantistas y cuya eficacia no ha sido probada, tenemos que seguir potenciando la cooperación bilateral con las naciones de origen y tránsito. Esa colaboración requiere un esfuerzo continuado, pero es imprescindible para prevenir y reducir los flujos migratorios irregulares ―reitero, irregulares― y para luchar ―también lo reitero― contra el tráfico de personas, y en el caso de España está funcionando. Con esa relación bilateral, estamos evitando el 40 % de las salidas irregulares en origen, y eso, como ya me han oído decir en alguna otra ocasión, no es ni más ni menos que salvar vidas.

En el ámbito que nos ocupa, esta cooperación también resulta esencial para mejorar los procesos de retorno y readmisión, basados en la confianza y el respeto mutuo. En este punto es necesario potenciar el papel de las agencias de la Unión Europea en la cooperación con terceros países en materia migratoria. Por ello, hemos urgido en diversas ocasiones a la reforma del Reglamento de Frontex, para que la agencia estreche lazos y actúe en los países del norte de África y del África Occidental, tanto en materia de prevención de salidas irregulares y lucha contra las organizaciones criminales que trafican con seres humanos como también para promover o prevenir salidas irregulares.

Al mismo tiempo, debemos garantizar la coherencia con el Pacto sobre Migración y Asilo al que hacía referencia, de modo que se coordinen los requisitos y plazos de ambos procesos y se respete el equilibrio entre la responsabilidad de los países de primera entrada de la migración y las obligaciones de solidaridad del conjunto de países de la Unión. En esta línea, es positivo y relevante que el reglamento intente lograr un equilibrio entre, en primer lugar, la mayor armonización de la normativa referida al retorno, que permita dar pasos en la integración europea y evitar lagunas en la transposición legislativa, y en segundo lugar, la suficiente flexibilidad, que faculte a todos los Estados miembros a definir ciertas condiciones en función de su realidad y de determinados supuestos.

Otro aspecto complementario y crucial que debemos promover es la mejora de la financiación de la prevención migratoria para los países fronterizos, ya que somos nosotros quienes gestionamos las fronteras exteriores de toda la Unión Europea. En los puntos desglosados es importante que a lo largo de la negociación de esta propuesta de reglamento, como en otros expedientes migratorios, consolidemos posiciones comunes con los Estados miembros que afrontamos retos y realidades migratorias semejantes. En este sentido, hay que destacar el trabajo conjunto a que ya me he referido en otras ocasiones de los cinco países mediterráneos que integramos el MED5 y el objetivo de centrarnos en aquello que nos une para llevar a Europa una propuesta común sobre el futuro reglamento de retorno.

En resumen, en el Gobierno de España apostamos por una política migratoria integral, en la que el retorno sea un elemento más dentro de un repertorio amplio de medidas para enfrentar un fenómeno siempre complejo.

Termino. El objetivo de todas estas medidas debe centrarse, primero, en lograr una migración segura, ordenada y regular tan tan necesaria; también basada en los derechos humanos ―lo subrayo, basada en los derechos humanos―, centrada en la lucha contra las mafias, enmarcada en la política conjunta de toda Europa y siempre guiada por los principios morales de dignidad y solidaridad, que sin duda alguna deben caracterizar a la Unión Europea.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor ministro, he escuchado atentamente su intervención y llama la atención cómo siguen empeñados en anular a esta Cámara, a las Cortes, en general. Así, acostumbran a mezclar comparecencias que, sin tener nada que ver unas con otras, como ha sucedido en el día de hoy, les permite hablar de todo un poco para no decir nada. Como era de esperar, no ha aportado luz sobre los 10 000 millones de euros que su Gobierno ha destinado a gasto en defensa ―y a su ministerio también― sin pasar por el filtro de las Cortes y sin un nuevo presupuesto general del Estado que sustente dicho gasto. Tampoco ha dado explicaciones sobre el contrato con el que su Gobierno, a través de su ministerio, adjudicó a una empresa israelí la adquisición de 15 millones de balas para la Guardia Civil por un importe de 6,6 millones de euros. Y, como consecuencia de la presión de sus socios, el presidente del Gobierno, desautorizándolo a usted, porque usted tomó una decisión absolutamente meditada y consciente, anunció que de manera unilateral rescindiría dicho contrato en contra del criterio de la propia Abogacía del Estado, que recogía que tal rescisión podría suponer prácticamente el coste total de dicha contratación para el ministerio y, además, que dicha renuncia dejaría sin munición y, por tanto, inutilizable las pistolas de la Guardia Civil. Esto no lo dice el Partido Popular, lo dice la propia Guardia Civil, que ha acreditado que la munición de otras firmas da problemas y se demostró defectuosa. Entonces, le pregunto, señor ministro, ¿por qué vuelven a castigar a la Guardia Civil para contentar a sus socios? ¿Qué va a hacer su ministerio al respecto? ¿Cuál será la solución? Sonaría a broma si no estuviésemos hablando de algo tan sumamente serio. ¿Qué va a hacer su ministerio para no perder los 6,6 millones de euros del contrato ―que deberían pagar a escote el presidente del Gobierno y todos los ministros―, para salvar las posibles responsabilidades judiciales a las que se enfrentan como consecuencia de la posible prevaricación administrativa cometida por haber adoptado decisiones absolutamente conscientes y con la total intencionalidad de perjudicar a un tercero? ¿Qué va a hacer, señor ministro? ¿A qué subordinado ha empujado a prevaricar? Atendiendo al dogma socialista de que el dinero público no es de nadie, lo despilfarramos, ya sea para pagar a las sobrinas del ministro en las empresas públicas u otros menesteres, ya sea para comprar sillones del Gobierno a costa de contentar a cualquiera de los que dependen para estar en él. Eso, señor ministro, o una faena de aliño con la izquierda radical de SUMAR para que, mientras desvían la atención y todos miramos el contrato de las balas, ustedes cuelen 10 000 millones de euros de gasto en defensa mientras toda la izquierda se lo traga sin rechistar. (Aplausos). Sí, esa izquierda radical que son sus socios; sus socios: los pacifistas de Putin y de Maduro, los feministas y las feministas de Errejón; esos mismos que, mientras justifican el terrorismo de ETA, pretenden darnos lecciones al resto sobre libertad; sí, esos mismos, sus socios de Gobierno ―SUMAR, Podemos, Bildu, ERC―, que amenazan con romper el Gobierno, pero solo un poquito, solo un poquito, no vaya a ser que pierdan el sillón.

Pero, exactamente, ¿a quién creen que toman el pelo, señor ministro? Porque llevan ustedes contratando material para la Policía, la Guardia Civil y para defensa a empresas israelíes desde que entraron en el Gobierno de España y siguen haciéndolo a día de hoy. (Aplausos). Dejen de faltar a la verdad. Siguen haciéndolo a día de hoy. Son ustedes igual de hipócritas que todos los socios que acompañan a su Gobierno en esta huida hacia adelante, porque ustedes están en una huida hacia adelante, señor Marlaska. Por cierto, ¿le hizo usted la gestión a su compañero, el socialista canario, para librar al narcotraficante de la Policía? ¿Era usted entonces el conseguidor?

Señor Marlaska, su Gobierno ha perdido toda la credibilidad, toda, fuera y dentro de nuestras fronteras. Tienen ustedes más imputados que ministros. Son incapaces de ocuparse de nada importante porque están en lo urgente, en sus asuntos urgentes. ¿Qué son esos asuntos urgentes? Presionar a los investigadores para que les filtren datos sobre sus tramas corruptas, hacer méritos defendiendo a la cúpula de su partido y a la familia del presidente del Gobierno, a ver si así se libra de salir en los chats de los amigos íntimos Ábalos-Sánchez y de defenderse en los juzgados; en eso está su Gobierno, en defenderse en los juzgados. Y cuando se está en sobrevivir no se puede gobernar, señor ministro. Se lo pregunté en la anterior sesión de control y lo vuelvo a hacer hoy aquí: ¿qué le han obligado a hacer, señor Marlaska, que le tienen tan comprometido?

Ustedes pisotean las instituciones, las colonizan, atacan vilmente a los jueces y pretenden mantenerse en el poder a costa de todos y de todo. Pero de eso no va la democracia, señor ministro. La democracia va de que cumplan con su obligación de presentar en esta Cámara el Plan Nacional de Implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Va de negociarlo con los diferentes grupos parlamentarios, así como con los diferentes niveles administrativos: las comunidades y ciudades autónomas, los ayuntamientos. Es decir, lo contrario a lo que ustedes han hecho. Han elaborado un Plan Nacional de Implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo de manera unilateral, en solitario y sin contar con nadie. Eso sí, después pretenderán, como han hecho ahora con el Reglamento de Extranjería ―por lo que están muy nerviosos por su entrada en vigor en el día de ayer― que las responsabilidades sean solidarias. No, señor ministro, no.

El Grupo Parlamentario Popular, en el marco de la Unión Europea y aquí, en esta Cámara, también en el Senado, en nuestras comunidades autónomas ―que gobernamos el 70 % de los españoles― y en todos los ayuntamientos donde tenemos alcaldes y alcaldesas, llevamos trabajando en materia migratoria. Y el Pacto Europeo de Migración y Asilo es un buen acuerdo, a pesar de lo que dicen sus socios de Gobierno, con los que usted comparte bancada. Sirve como punto de partida para abordar la gestión de los flujos migratorios. En el marco de este, se están presentando las distintas propuestas que vienen a abordar la inmigración como un fenómeno integral. Y la del nuevo reglamento de retorno, como usted comprenderá, para los inmigrantes que se encuentran en el territorio de la Unión Europea en situación administrativa irregular es lo que nos ha traído hoy aquí.

El pasado 11 de marzo, en línea con la propuesta del Partido Popular Europeo, la Comisión ―en la que tienen alguna comisaria, que usted conoce muy bien, la comisaria de la dana― presentó una ambiciosa y necesaria propuesta legal sobre los retornos, con el propósito de mejorar su eficacia y abordar las deficiencias del sistema actual, porque, señor ministro, el sistema actual tiene muchas deficiencias. Y, además, esas deficiencias vienen a ser el escape por donde se desinfla la política migratoria general. Porque convendrá conmigo, señor ministro, en que, si cada vez son más las personas que llegan a nuestro continente y, concretamente, a nuestro país por vías irregulares y no se ejecutan los retornos, las devoluciones o las expulsiones, provocamos por la vía de los hechos una irregularidad sobrevenida que aboca a la mayor de las vulnerabilidades: la de no poder vivir ni trabajar en la Unión Europea, exponiéndonos a riesgos extremos en manos de mafias, de tráfico de personas y de explotación laboral y sexual, fundamentalmente de mujeres y niñas. Porque sí, eso es lo que provoca la inacción y el caos en la que su Gobierno ha convertido la política migratoria en nuestro país.

La propuesta marca un punto de inflexión. Se pretenden endurecer las normas de retorno para garantizar su cumplimiento y busca una respuesta coordinada entre los Estados. La interoperabilidad en los sistemas es fundamental. No podemos permitir el uso fraudulento de los recursos económicos, técnicos, jurídicos y sociales que se ponen a disposición de los inmigrantes por el simple hecho de cambiar de país. No se puede permitir, señor ministro.

La Unión Europea, y especialmente España, tenemos que reforzar nuestras fronteras exteriores, y esta propuesta de reglamento, de obligado e inmediato cumplimiento a su entrada en vigor, incorpora normas comunes y claras para los retornos que eviten fugas; contempla una nueva orden de retorno europea, el reconocimiento mutuo de las decisiones de expulsión entre los Estados miembros ―algo no menor―, así como una prohibición de entrada para las que sean devoluciones forzosas. La política de la Unión Europea sobre el retorno de nacionales de terceros países que no tienen derecho a permanecer en ella es parte integral del sistema de gestión migratoria, junto con las políticas de gestión de fronteras y el sistema de asilo común. Sin embargo, su ineficacia ha quedado patente. Solo uno de cada cinco migrantes sin derecho a permanecer en la Unión Europea abandona realmente el territorio europeo. Las bajas tasas de retorno, la presión en las fronteras exteriores, los cambios en los flujos migratorios y la alta proporción de solicitantes de asilo rechazados entre los retornados en la última década han llevado a una reforma integral del sistema migratorio.

Señor Marlaska, España, su Gobierno, es precisamente el ejemplo de lo que no hay que hacer; esto es, siendo uno de los países con mayor número de órdenes de retorno, su Gobierno es el que se encuentra en los niveles más bajos de ejecución de retornos. Es que nos encontramos en nuestro país entre el 4 y el 5 % anual. Desde que ustedes están en el Gobierno, más de 330 000 personas han llegado a España por vías irregulares. En su mayoría, se encuentran actualmente en una irregularidad, como consecuencia, precisamente, de haber llegado por vías no habilitadas. ¿Van a seguir homologando el acceso irregular a España? Porque es lo que practican si no controlan las fronteras y si no ejecutan los retornos. Sin embargo, y a pesar de que la realidad es tozuda, usted se permite el lujo de afirmar sin sonrojarse ante el comisario que no hay que buscar soluciones nuevas en lo relativo a este nuevo reglamento que se plantea. Le pregunto, señor ministro: si atendiendo a su bajo grado de ejecución de expulsiones no hay que buscar soluciones nuevas, ¿entonces los que fallan estrepitosamente son ustedes? Sin duda, hay que buscar un Gobierno nuevo, señor Marlaska. (Aplausos.―La señora Rodríguez Calleja: ¡Muy bien!).

Señor ministro, ustedes han renunciado al control de los flujos migratorios irregulares. Abocan a la indigencia a los solicitantes de protección internacional. De hecho, han montado un lío de primer nivel con el nuevo Reglamento de Extranjería también para los solicitantes de protección internacional. Por eso están ustedes en el Supremo, por las entidades sociales, no por el Partido Popular. Será que también son racistas. Son incapaces de impulsar vías regulares y seguras a la vez que dan carta de naturaleza a las vías irregulares y, por consiguiente, alas a las mafias que trafican con personas y las explotan sexual y laboralmente, y que lo han convertido en uno de los principales negocios del siglo XXI. Señor ministro, ¿dice usted que son mejores que quién? ¿Que quién, señor Marlaska? Su política migratoria es inhumana y disfrazan de solidaridad lo que es una clara dejación de funciones por parte de su Gobierno. (Aplausos).

En el Partido Popular defendemos una política migratoria firme, coordinada y libre de ideologías ― libre de ideologías, señor Marlaska―, basada en la legalidad, en la cooperación y el control de la inmigración irregular. Abogamos por impulsar acuerdos con terceros países, especialmente africanos, para gestionar los flujos migratorios y facilitar el retorno de inmigrantes irregulares con una política efectiva y firme, señor Marlaska, además de revisar las políticas comerciales y de cooperación al desarrollo, con el objetivo de fomentar la cooperación y readmisión por parte de terceros países, así como agilizar los procedimientos rápidos para los sospechosos de delitos, incluyendo la ampliación de los motivos de detención y restricciones de movimiento.

Señor ministro, el 80 % de los retornos en la Unión Europea no se ejecutan, bien porque el estado de origen o tránsito no lo facilita o bien porque la persona se da a la fuga para acabar en paradero desconocido. Esta realidad en España también se está produciendo, señorías, y con su Gobierno más que con ninguno ―le acabo de dar los datos―, no sé si por incompetencia o por convicción, pero es inasumible. Su irresponsabilidad se traduce en improvisación y en descontrol, además de un choque sin precedentes entre el Estado y las comunidades y ciudades autónomas.

Su inacción en política migratoria trae caos, señor Marlaska, y el caos, rechazo social. Así han convertido la inmigración en el principal problema de los españoles. La realidad es que todos los españoles, y los inmigrantes también, somos víctimas de su Gobierno; un Gobierno decadente, asolado por la corrupción, que ya no gobierna, solo sobrevive, señor Marlaska. Señor ministro, están ustedes en descomposición. La cuestión no está en cuándo van a convocar elecciones generales, sino en cuánto tiempo más sus socios lo mantendrán en su degradación.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.―Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).

Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, yo no voy a agotar mi intervención dedicándola a un futurible, es decir, a un reglamento que en este momento tiene todavía que ser tramitado ante el Parlamento Europeo y ante el Consejo y que, por tanto, puede sufrir innumerables cambios. Acuérdese usted de lo que ocurrió con la Directiva de 2018, que sigue bloqueada hasta hoy. Por tanto, yo me voy a centrar de verdad en esa emergencia migratoria que viven Europa y España, es decir, vamos a hablar de realidad. Europa es víctima de unas políticas permisivas en relación con la inmigración masiva, y especialmente con la inmigración ilegal, puestas en práctica desde hace muchos años. Sin embargo, ahora resulta que parece quererse atisbar un giro en esas posiciones como consecuencia de la presión de millones de europeos, hartos de aguantar en su vida cotidiana las consecuencias de inseguridad y problemas sociales que genera esa inmigración masiva, y también ante el peligro que supone el riesgo de islamización, que entraña pérdida en las identidades nacionales y una situación de amenaza para los propios fundamentos de la civilización europea. Esta situación es la que ha venido denunciando VOX desde hace muchos años, y este aparente, supuesto e hipotético cambio de actitud ahora de muchos países europeos, sin lugar a duda, tiene mucho que ver con el avance electoral en Europa de las fuerzas patriotas y con el reflejo de determinadas políticas valientes que han estado ejecutando Gobiernos como el de Meloni en Italia o el de Orbán en Hungría. Fíjese usted que en este momento hasta países que han sido adalides de esa política de permisividad apuntan un cierto cambio. La semana pasada, el nuevo ministro del Interior alemán decía literalmente ante el Bundestag que las ciudades están saturadas y que, por tanto, el nuevo debate migratorio tiene que girar necesariamente sobre las exigencias de control y seguridad. Y el primer ministro británico, el laborista Starmer, hace también solo unos días, manifestaba que urge tomar medidas drásticas para impedir que Gran Bretaña se convierta ―dijo él literalmente― en una isla de extranjeros. Así pues, señor ministro, esta última reflexión, muy sobrevenida, del señor Starmer ―porque unas semanas antes de hacerla había lanzado a su policía contra manifestantes que precisamente reclamaban eso, seguridad y control―, esta reflexión reciente del socialista Starmer podría hacérsela, sería urgente que se la hiciera el Gobierno español. En este momento residen en España nueve millones de extranjeros, lo que representa el 18,5 % del total de la población española, una de las tasas más altas del conjunto de países de la Unión Europea. Desde que Sánchez gobierna, el número de población extranjera en España se ha incrementado en 2,7 millones, mientras que ha descendido la población autóctona en 621 000 personas. Es decir, por mucho que usted ponga cara de guasa, aquí lo que se está produciendo es un proceso de sustitución demográfica que comporta también a la larga un proceso de sustitución cultural. (Aplausos). Y por eso también, aunque usted ponga cara de guasa, un reconocido sociólogo español, no de derechas, acaba de advertir que, de prolongarse esta tendencia, a partir del año 2045 habrá en España más extranjeros que españoles. Así que quizá convendría que ustedes empezaran a tomarse este asunto en serio. Según datos recientes, calentitos, tanto de Frontex como de ACNUR, en este primer trimestre, en el primer trimestre de este año, han entrado ilegalmente en España 13 000 personas; de ellas, 10 000 en Canarias. El año pasado lo hicieron 64 000; de ellas, 43 000 en Canarias. Este dato es muy evidente, señor ministro, este dato acredita que, como consecuencia de sus nefastas políticas, España se ha convertido en el destino preferencial de las mafias, hasta tal punto que en este momento las entradas por vía marítima a España superan ya a Italia y Grecia, y hasta el punto de que comienzan a entrar por Canarias, traídas por las mafias, determinadas nacionalidades que tradicionalmente entraban por Italia y Grecia, y eso es consecuencia evidente de la porosidad de nuestra frontera marítima. Mientras que todo esto sucede, señor ministro, a ustedes solo se les ocurre instar un mecanismo forzoso de reparto de esos inmigrantes ilegales entre todas las comunidades autónomas, cuando el debate verdadero no es cómo se gestiona a los que han entrado ilegalmente, sino cómo se les expulsa de inmediato (aplausos), naturalmente con todas las garantías de la ley. Y mientras esto sucede también, ustedes, señor ministro, continúan alentando sus políticas de efecto llamada. Lo hicieron hace muy pocos meses en esta Cámara, de acuerdo con el Partido Popular, dando tramitación a una ILP que pretende la regularización de quinientos mil inmigrantes ilegales que están en España. Pero ahora, ayer mismo, cuando entraba en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería, en el que se ha flexibilizado mucho la referencia al arraigo para que sea más fácil regularizarse, encima ustedes anuncian su propósito de regularizar en los próximos tres años a novecientas mil personas que residen ilegalmente en España, trescientas mil por año. Pues, señor ministro, enhorabuena. Eso se llama actuar al servicio del interés general, y eso desde luego no tiene nada que ver con el efecto llamada. Ya verá usted cómo empieza a temblar el suelo de África camino hacia las costas que enfrentan a Canarias.

Además, señor ministro, resulta que en este momento ustedes siguen empeñados no solamente en repartir forzosamente la inmigración ilegal y en mantener esa actitud perversa de efecto llamada, sino también en negar la realidad. Usted volverá a subir a esta tribuna a negar que la inmigración ilegal genera un mayúsculo agujero en las arcas del Estado, en detrimento de atender las necesidades de los españoles más necesitados (aplausos), por ejemplo, los enfermos del ELA; usted volverá a subir a esta tribuna a negar que la inmigración ilegal colapsa los servicios públicos; y, sobre todo, usted volverá a subir a esta tribuna a negar que la inmigración ilegal genera inseguridad y delincuencia. Pues muy bien, señor ministro, siga usted asumiendo ese discurso que choca profundamente con la realidad de nuestros barrios. Luego, si acaso, si cae usted otra vez en la demagogia de reiterar eso, le voy a dar algunos datos.

Señor ministro, la cuestión en este momento está en los siguientes términos, que precisamente afectan también a uno de los focos más sensibles de la inmigración ilegal, a los menores extranjeros no acompañados. Desde que Sánchez gobierna, han entrado cerca de tres mil menores extranjeros no acompañados, la mayoría de ellos provenientes de Marruecos. El 6 de abril de 2007, en Rabat, se firmó un acuerdo de cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos para prevenir ―prevenir― la inmigración ilegal de menores no acompañados y para el retorno inmediato a sus familias o a instituciones de tutela en sus países de origen. Ese acuerdo del 2007, que está en vigor, fue ratificado por esta Cámara en el año 2013. Pues bien, ese acuerdo no se ha cumplido nunca, y no es que lo diga yo, es que lo dicen ustedes, porque en una reciente respuesta a una pregunta escrita de mi grupo, el Gobierno ha contestado, literalmente, que en los últimos años no se ha materializado ningún retorno de menores al Reino de Marruecos. Fin de la cita. Oiga, señor ministro, ¿y por qué?, ¿por qué están ustedes incumpliendo la legalidad española? Puesto que, como usted muy bien sabe, en función de lo que determina nuestra Constitución, los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico español y obligan como ley. ¿Pero por qué, además, señor ministro, de las más de 330 000 personas que han entrado ilegalmente en España mientras que Sánchez gobierna, ustedes solamente han expulsado a 18 000? ¿Por qué, señor ministro?

Por mucha carita de broma que usted ponga, y el asunto no es de broma, lo cierto es que para hablar con rigor, solvencia y credibilidad en Europa sobre política migratoria lo primero que hay que tener es arreglada la propia casa, que es lo que el Gobierno no tiene. Y para encarar la emergencia que suponen la inmigración ilegal y la inmigración masiva hay que tener voluntad política y medidas contundentes, respetando, como es natural, toda la legalidad afecta a los derechos humanos. Pero voluntad política y medidas contundentes, que es lo que el Gobierno no tiene.

En cambio, señor ministro, VOX lo tiene muy claro. Frente a este problema, solo cabe afirmar rotundamente, primero, que quienes han entrado ilegalmente en España no pueden permanecer en territorio nacional; segundo, que quienes delinquen aun habiendo entrado legalmente en España no pueden permanecer en territorio nacional; tercero, que quienes demuestran que no están dispuestos a cumplir nuestras leyes no pueden permanecer en territorio nacional; y, cuarto, que todos ellos lo que no pueden es además recibir ayudas sociales (aplausos), ni pueden ser regularizados caprichosamente, ni se les puede permitir que se empadronen. A los menores hay que retornarlos inmediatamente a sus padres o a instituciones de tutela en sus países de origen, que en el caso de Marruecos es lo que determina ese convenio internacional vigente que ustedes se están pasando por el forro. Desde luego, hay que tener fronteras seguras y procedimientos rápidos, ágiles y eficaces de expulsión, y lo que no cabe es dar subvenciones a entidades que están fomentando la inmigración ilegal o que colaboran con los que trafican con ella. Y, por supuesto, señor ministro, hay que suspender toda cooperación técnica y económica con aquellos países de África que manifiestamente están permitiendo a las mafias utilizar su territorio para su negocio criminal. Esto es lo que hay, señor ministro, esta es la receta a aplicar en España y en Europa, si Europa no quiere verse más sumida en el abismo; ese abismo en el que usted está, señor ministro. Congreso, Senado, fuerzas y cuerpos de seguridad bajo su mando, todos los socios parlamentarios del Gobierno y la mitad del Gobierno, sus compañeros de SUMAR, han exigido reiteradamente su cese o su dimisión, y ya solo le faltaba a usted esta desautorización pública del presidente del Gobierno a propósito del asunto del contrato israelí.

Ha sido patética su intervención en esta Cámara, al establecer una especie de confesión pública de su responsabilidad, pero al mismo tiempo de la voluntad de no volver a hacerlo para volver a congraciarse con todas estas señoras y señores que sostienen al Gobierno y que, también a propósito del asunto del contrato, han vuelto a exigir su cese. Comunistas y separatistas, en definitiva, extrema izquierda, de los que Sánchez depende y de los que nuevamente este capítulo del contrato israelí es una prueba evidente.

Concluyo, señora presidenta. España tiene un problema: España se ha convertido en el epicentro de la inmigración ilegal en Europa; España tiene un problema con la política exterior de este Gobierno, que se convierte en adalid principal contra Trump; contra el Estado de Israel, al que ha llamado Estado genocida; avalista además de narcodictaduras criminales, como la de Maduro; amigo de Hamás y sumiso con la política de Marruecos. Pero todo eso es consecuencia, señor ministro, del problema principal: España tiene un Gobierno inútil...

Termino. ... y mentiroso. Por eso, señorías, cuanto antes, hay que echarles. Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Señora presidenta, señores diputados, más allá de un debate sobre contratos, esto es un debate sobre cómo cumplir lo ordenado por la justicia internacional y cómo frenar el holocausto palestino puesto en marcha en Gaza por Israel, para que Naciones Unidas nunca más tenga que advertir de la muerte de 14 000 bebés en un plazo inminente de cuarenta y ocho horas. (Aplausos). Sobran argumentos éticos y políticos, pero, sobre todo, sobran argumentos jurídicos para anular cualquier contrato que financie este genocidio. La justicia internacional ya ha llegado a la conclusión de que Israel comete crímenes internacionales, porque ya ha ordenado medidas para acabar con estos crímenes, para impedir que continúe el genocidio y para encarcelar a sus responsables. Y el Gobierno sabe que solo los Estados son los actores con capacidad coercitiva suficiente para hacer cumplir esas resoluciones de los tribunales internacionales. Sin la adopción de medidas ejecutivas concretas por países como España, es imposible detener el genocidio y los crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Y nos llena de orgullo que España haya reconocido el Estado palestino; que el presidente pida la salida de Israel de Eurovisión; que haya anunciado que solicitaremos una opinio iuris a la Corte Internacional de Justicia para que determine lo evidente, que la llegada de ayuda humanitaria a la población de Gaza es una obligación conforme al derecho internacional. (Aplausos). Todo ello son medidas políticas y diplomáticas imprescindibles, de las que somos coimpulsores al formar parte del Gobierno, pero no sirven para detener un genocidio al que Netanyahu y Trump le han puesto plazo: no más de seis meses para dejar a Gaza sin un palestino. La comunidad internacional no ha aprobado una sola sanción contra Israel por este nuevo holocausto y España debe tomar todas las medidas concretas para obstruir, dificultar e impedir cualquiera de las muchas ―muchas― acciones criminales que realiza Israel ―acciones militares, policiales y económicas― en ejecución de su plan de genocidio y exterminio del pueblo palestino.

Y la derecha ―la derecha extrema y la extrema derecha― debe dejar de usar a la Guardia Civil para justificar su apoyo a genocidios. Porque ya apoyaron a los genocidas nazis en el holocausto del pueblo judío y ahora están apoyando a Israel en este nuevo holocausto del pueblo palestino, sobre todo el Partido Popular, que a golpe de billetera y a golpe de voz se ha dedicado ―y así lo han reconocido― a conseguir que, en una grandiosa campaña de propaganda, Israel diera la victoria a los genocidas en Eurovisión. Es una auténtica vergüenza lo que han hecho.

Pero las medidas ordenadas por la comunidad internacional están claras en la resolución de Naciones Unidas del 13 de septiembre y las cuatro medidas cautelares ya ordenadas por la Corte Internacional de Justicia. Y esas medidas requieren el cese total de la financiación y de las transferencias de cualquier material militar o policial hacia Israel o desde Israel a España. Porque las empresas a las que estamos comprando material militar son empresas vinculadas directa o indirectamente a la realización de un genocidio, y eso es entregarles recursos para que continúe el genocidio.

Yo no me voy a explayar en las veces que el Gobierno ha anunciado que eso iba a acabar. El 19 de junio del año 2024 ya se dijo que íbamos a cumplir, como no puede ser de otra forma, las medidas de la Corte Internacional de Justicia y a adoptar todas las medidas necesarias para ello. El presidente del Gobierno lo ha reiterado en esta Cámara, pero ¿la realidad cuál es? Que nos encontramos con informes del Centre Delàs y de otros; sin ir más lejos, los datos del portal oficial de Comercio Exterior, que indican que en noviembre de 2023 se exportó desde España munición a Israel por valor de un millón de euros. Y según el Centre Delás, desde el 7 de octubre hasta julio de 2024 se ha acordado adquirir armamento a Israel por importe de 1000 millones de euros. España o la comunidad internacional todavía no han impuesto un embargo formal a la compra y venta de armas a Israel y por eso hemos presentado ―ha sido un orgullo― la iniciativa de la sociedad civil de RESCOP, admitida allá a trámite para garantizar el bloqueo, para garantizar el embargo, porque es un clamor de la sociedad española, esa es la realidad.

Y también estamos ya cansados de solicitar medidas de bloqueo, inspección e incautación de todas las armas que pasen por puertos o aeropuertos españoles. Los datos que hay de los propios aeropuertos y puertos españoles son demoledores. Entre mayo y septiembre de 2024, por Algeciras pasaron más de 1100 envíos de suministros militares para el Ministerio de Defensa de Israel procedentes de Estados Unidos. Los barcos hacen escala sistemáticamente en Cartagena, en Valencia o en Barcelona. Y ha tenido que ser a través de acciones judiciales ante la Fiscalía y ante los tribunales, impulsadas por el Grupo Parlamentario SUMAR, por los servicios jurídicos de Izquierda Unida, como hemos conseguido frenar un poco este tránsito, pero no se toman medidas concretas ni por la Unión Europea ni por Naciones Unidas. Y, francamente, la ausencia del ejercicio de la soberanía española en la base de Rota permite que Estados Unidos la utilice sistemáticamente para llevar armas a Israel y continuar el genocidio. O lo que está ocurriendo en la base de Zaragoza, con envíos constantes al menos hasta el año 2025. Todas estas son actuaciones que incumplen las medidas cautelares ordenadas por la Corte Internacional de Justicia.

Respecto al contrato famoso, lo de los dos lotes de munición por 6 millones de euros a una empresa israelí, que había sido anunciado sistemáticamente por la ministra de Defensa y por la ministra portavoz de que estaba cancelado, ya el propio ministro del Interior afirmó en el ministerio, en su momento, que se había abordado en diciembre el proceso para rescindir la adjudicación. Porque no es lo mismo iniciar el proceso para rescindir la adjudicación que iniciar el estudio sobre la posible rescisión del contrato. No es lo mismo. Lo que se nos dijo es que se había iniciado el proceso de rescisión y las empresas adjudicatarias de este contrato celebran en sus redes sociales las acciones criminales del ejército israelí en Gaza. Celebran en sus redes sociales los bombardeos a la población y a instalaciones civiles como hospitales o los arrestos masivos de población. Esas son las empresas con las que nos vienen a contar que, si no contratamos, se le genera un problema a la Guardia Civil. Si no contratamos, el problema no se le genera a la Guardia Civil; se le genera al ejército israelí, que está cometiendo el genocidio. (Aplausos). A ese es al que se le genera.

Señor ministro, yo quiero hacerle dos preguntas muy concretas. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno de España para cumplir lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia se encuentra dejar sin efecto, anular o suspender cualquier operación de compraventa de material a empresas israelíes, porque todas las empresas israelíes están colaborando en el genocidio con el ejército israelí, todas las que están en el negocio de las armas. Y segunda pregunta: ¿va a tomar medidas el Gobierno para que los suministros utilizados directa o indirectamente en el genocidio contra el pueblo palestino no vuelvan a atravesar nuestro territorio o a tocar nuestros puertos o aeropuertos? Porque, desde luego, las noticias que tenemos de otros contratos con empresas israelíes también, por mucho que estén ya formalizados o pendientes de trámites, tienen que quedar sin efecto. Mientras que en España haya un Gobierno de coalición de izquierdas, no es posible ninguna colaboración activa o pasiva con esa empresa criminal conjunta que ha organizado Israel y la Administración Trump para acabar con el pueblo palestino. (Aplausos). Y hay multitud de fundamentos jurídicos para ello. Están las resoluciones de los tribunales internacionales, pero también ―y cualquier jurista lo sabe perfectamente― los contratos, obviamente, se cambian cuando cambian las condiciones en las que se constituyeron. Y tenemos multitud de hechos para acreditar que esas circunstancias han variado sustancialmente porque se está cometiendo un genocidio. Además, tenemos la convención sobre el genocidio, que también nos da argumentos jurídicos para anular cualquier contrato, y las cuatro resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, que asimismo nos permiten anular cualquier contrato. E igualmente el Cuarto Convenio de Ginebra, del año 1949, que protege a las personas civiles en tiempo de guerra, nos permite anular cualquier contrato. Y aquí también quiero decir una cosa. Me pareció realmente tremendo que hubiese portavoces parlamentarios que justificasen el genocidio en

Gaza hablando de que hay una organización que ha cogido a la población civil como escudo humano. Eso es justificar lo que se llaman daños colaterales, y por muy escudos humanos que sean, que yo no voy a entrar si es escudo humano una población que no puede salir de un gueto mientras la bombardean (aplausos), lo que está claro es que a la población civil no se la puede bombardear sistemáticamente. Y también tenemos la Ley 53/2007, sobre el control de comercio exterior, que también nos permitiría resolver estos contratos, sobre todo sin obligar a indemnizar.

Señor ministro, creo que nos sobran brillantes juristas en este país para hacer que impere la razón jurídica con todos estos argumentos y anular y dejar sin efecto hasta el último contrato que continúe todavía en ejecución o pendiente de ser ejecutado. (Aplausos). Y, desde luego, en un mundo atravesado por la restricción y vulneración de derechos fundamentales, los pocos palestinos que consiguieran huir del exterminio al que son sometidos por Israel no pueden encontrarse serios obstáculos para conseguir la protección en la Unión Europea, que es lo que va a pasar si se aprueba en sus actuales términos el nuevo reglamento de retorno, porque limitaría gravemente las garantías fundamentales que ahora mismo existen en las leyes españolas y en la ley internacional.

Señor ministro, yo le hago una petición muy clara: España tiene que defender que permanezcan los estándares mínimos de atención y garantía de derechos que existen ahora mismo en las leyes españolas e internacionales, porque siempre tendrán que estar por encima de lo que nos diga un reglamento de la Unión Europea que no obliga a restringir derechos, que no obliga a restringir derechos. Y, desde luego, nos preocupan las limitaciones a la asistencia jurídica en todo el procedimiento y no solamente en los recursos que se han incluido en el proyecto de reglamento. Que el máximo de setenta y dos horas de detención que existe en nuestro país pase a convertirse en una excepción no es asumible; el derecho a recibir información adecuada y a un intérprete en cualquier procedimiento de protección internacional es un derecho que se tiene que consolidar y garantizar; las solicitudes de protección tienen que ser analizadas individualmente y no puede haber análisis colectivos; y las garantías de no devolución previstas en la Convención de Ginebra de 1951 son sagradas e intocables.

El reglamento restringe el derecho de las personas solicitantes de protección rechazadas, que, una vez rechazadas, pasan a ser consideradas migrantes y se les limita la posibilidad de recurrir de forma efectiva las decisiones que ordenen su expulsión o su detención. Tiene propuestas que introducen obstáculos más que significativos para las personas que incluso quieran retornar voluntariamente tras una decisión de retorno, porque establece un amplio abanico de circunstancias a las cuales no se les aplicaría el retorno voluntario, sino que directamente se aplicaría una expulsión vulneradora de derechos. Además, nos preocupa especialmente la ampliación de los destinos de retorno. La Comisión Europea propone una ampliación de los posibles países a los que las personas no nacionales de la Unión Europea podrían ser devueltas en contra de su voluntad, y es un catálogo que va mucho más allá de los países de origen de estas personas. Se incluyen países donde la persona haya sido recibida previamente, incluso de forma transitoria, o países donde la persona simplemente esté autorizada a entrar. Es decir, los solicitantes de protección internacional no son objetos para ir arrojándolos de un país a otro ―a cualquier tercer país con el que la Unión Europea firma un acuerdo sin considerar el arraigo, los vínculos familiares o los vínculos culturales de la persona deportada―, y por eso hay que definir cuáles son esos terceros países seguros para que las personas no queden atrapadas en una situación de máxima vulnerabilidad. Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué terceros países, fuera de la Unión Europea, van a aceptar participar en estos acuerdos? ¿Qué van a ser, acuerdos a cambio de dinero, como los que hace Bukele en El Salvador, poniendo precio a cada deportado, en una moderna trata de personas, como está haciendo la Administración estadounidense con los inmigrantes (aplausos) que expulsa a El Salvador y mete en un centro antiterrorista? Además, la expulsión rompe los núcleos familiares y hay que proteger también los derechos, especialmente los de los menores.

Señor ministro, acabo. Lo que le pido es que abran diálogo con las organizaciones de apoyo a inmigrantes y refugiados. Lo que nos han trasladado es que, hasta ahora, se les ha ido informando de lo que se avanzaba, pero no se han ido recogiendo sus criterios. Atiendan sus sabias consideraciones, porque el mundo está hecho una porquería. No lo dejemos en manos de fascistas, de racistas y de criminales de guerra.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Molt bon dia a totes i a tots. Senyor ministre. De fet, deixin-me començar dient que em sembla extremadament impossible, de fet, em sembla fins i tot delirant no començar aquesta compareixença sense parlar de la situació que es viu a Gaza, i bàsicament fer-ho per condemnar una vegada més els crims contra la humanitat que Israel segueix exercint. Hem de lamentar que, després d’un inici d’alto el foc, Israel ha reprès una campanya extremadament criminal. De fet, els 17 000 infants morts són una xifra insuportable. És una xifra que inclús fa mal només, només d’anomenar-la. No hi ha, senyor ministre, equidistància possible, no n’hi ha. En les últimes hores, els mitjans han recollit l’alerta extremadament esgarrifosa de Nacions Unides, que en les properes 48 hores podrien morir 14 000 infants més, 14 000 infants més, si se segueix bloquejant com fins ara l’entrada d’aliments i l’entrada de medicines. Estem vivint, diputades i diputats, una autèntica massacre en directe. Netanyahu ha declarat que només permetrà que arribi ajut per raons diplomàtiques, perquè els seus aliats, això sí, no vegin imatges de fam. I aquí no passa res. No passa absolutament res. Senyor ministre, això és maldat. És maldat. És que no es pot dir de cap altra manera. Gaza ja pràcticament no existeix. Quasi no hi queden escoles. Quasi no queden hospitals, refugis. La gent hi malviu, hi malviu atrapada entre els crims de guerra atroços d’Israel i, evidentment, també el bloqueig d’Egipte. A dia d’avui, a Gaza s’està cometent, de fet, un genocidi davant del silenci de bona part de la comunitat internacional. Un genocidi que se suma al del desplaçament forçat de la població i a l’ús d’ajuda humanitària com a mecanisme de guerra. I la pregunta és molt clara, i alhora molt simple, què hem de fer davant de tot això? Què hem de fer? Perquè és evident que no estem fent prou. A la llum dels crims que estem veient cada dia, penjar-se medalles, a mi personalment se’m fa extremadament ridícul. Evidentment, l’Estat d’Israel ha de ser jutjat pels crims contra la humanitat que ja fa temps que investiga el Tribunal Penal Internacional. Hem de reivindicar, senyor ministre, el sistema multilateral i exigir a tots els estats de la Unió Europea que compleixin, que compleixin amb les tres ordres de detenció emeses. També hem d’exigir que se segueixin posant damunt la taula solucions polítiques. El Govern ha d’exigir a la Unió Europea que forci ja un alto el foc a Gaza i després impulsi una pau justa per tot Palestina. Per aconseguir-ho, Espanya ha de condicionar tot acord en cimeres europees establir mesures de pressió a Israel, ho ha de fer així, no n’hi ha una altra, incloent-hi la suspensió de l’acord d’associació que es va discutir justament ahir a Brussel·les. També l’embargament d’armes, extremadament important, i l’establiment de sancions en sectors estratègics. Fins que no estiguem fent tot això, senyores i senyors diputats, fins que no estiguem fent tot això, sens dubte, no en tinguin cap dubte, no estarem fent prou. És justament en aquest context d’urgència humanitària, i també, ho vull dir així, d’inacció internacional, que hem rebut amb indignació les notícies que l’Estat espanyol ha incomplert amb els compromisos d›acabar amb les transaccions d›armes amb destí a Israel. Segons el Centre Delàs, el Govern espanyol ha adjudicat 46 contractes a indústries militars israelianes per valor de mil milions d’euros des del 7 d’octubre de l’any 2023, quan va començar justament l’ofensiva contra la Franja de Gaza. L’últim exemple el vam tenir justament el 16 d’abril, quan l’Estat va tancar un acord per comprar munició israeliana per més de 5 milions d’euros. Senyor ministre, com explica que Espanya mantingui en aquests moments contactes per comprar munició d’empreses israelianes? Tinguem tots clar, tots clar que la impunitat d’Israel ha d’acabar, perquè si no actuem, si no actuem ja, si no actuen, senyor ministre, no serem, no seran testimonis de tot plegat, seran directament còmplices del que està passant, directament còmplices del que està passant. Passo a un àmbit de nou a la intersecció del seu ministeri, també val a dir, d’Exteriors i de nou estretament vinculat al compliment dels drets humans, perquè tot això va, sí, de drets humans. Un àmbit que ens preocupa, val a dir, moltíssim, perquè la lluita contra l’extrema dreta, la defensa de la democràcia, no es fa adoptant l’agenda de l’extrema dreta, no es fa així, no es combat l’extrema dreta agafant i adoptant la seva agenda. I vostès ho estan fent. Ho fan avalant el Pacte Europeu de Migració i Asil. La darrera dècada, milers de persones han mort, han mort intentant creuar la Mediterrània. Moltes altres han mort intentant creuar la frontera de l’Estat espanyol, com va passar el passat mes de juny del 2022, quan almenys 37 persones van morir i més de 200 persones van resultar ferides a la tanca de Melilla. Segons va afirmar Nacions Unides, van ser víctimes de la intervenció de la policia fronterera en tots dos països. En comptes de vetllar pel respecte i el compliment dels drets humans, la Unió Europea ha aprovat un pacte de migració i asil que limita les vies segures, que permet les devolucions col·lectives i que no garanteix en cap cas la solidaritat entre els estats per acollir persones nouvingudes. Miri, que el Partit Popular propiciï un debat sobre aquest tema es deu a motius que entenc tots podem imaginar. Però el que hem de denunciar és que les famílies europees del Partit Popular, però també del Partit Socialista, s’hagin posat d’acord per tirar endavant el pacte de migració i asil. Això sí que és condemnable. I també hem de denunciar que el Partit Socialista ens vingui a defensar, senyor ministre, les bondats d’aquest pacte, com ja han fet en diverses comissions parlamentàries.

El Partit Socialista defensa que els reglaments que incorpora el Pacte de Migració i Asil amplien drets i respecten la dignitat humana. Doncs miri, permeti’m amb tota la humilitat del món, que digui que això no és veritat. I quan una cosa no és veritat vol dir que és mentida. És mentida perquè el Reglament per al sistema de retorns europeu presentat a la Comissió Europea directament, directament viola una llarga llista de drets humans. En primer lloc, preveu la creació de centres de deportació a fora de la Unió Europea. En segon lloc, permet l’expulsió a països on els sol·licitants d’asil no tenen cap vincle, absolutament cap vincle, fins i tot a països on els sol·licitants no tenen dret d’entrada. Allarga els períodes de detenció de les persones immigrades. Quart, imposa prohibicions de reentrada a la Unió Europea, prohibicions extremadament dures. I cinquè, dificulta el dret de recórrer decisions de deportació judicialment. Aquesta llista de mesures, val a dir que podríem seguir, és, senyor ministre, absolutament contrària al qual defensa qualsevol persona progressista. El dret d’asil per a persones que escapen de la guerra i de la fam, el respecte a la dignitat humana i el principi de no devolució. És així. És l’ABC. I el que aquí és trist, insisteixo, és que no només el PP compri l’agenda de l’extrema dreta, una cosa que es veu molt habitualment, sinó que el Partit Socialista també ho faci.

Aquesta proposta de reglament que els explicava segueix les passes absolutament del Govern d’ultradreta de Giorgia Meloni. Ella, que ha intentat establir centres de deportació a Albània, un Govern amb qui vostè mateix, senyor ministre, ha exhibit sintonia, sobretot a l’hora d’aplicar el Pacte de Migració i Asil en reunions com la del passat mes d’abril que es va celebrar a Nàpols. Vostè, senyor Marlaska, es considera una persona europeista? Ho dic perquè, al nostre entendre, perquè ja últimament aquí costa que algú s’assabenti d’alguna cosa, perquè tot és tan extremadament volàtil, però almenys el Grup Republicà així ho entenem. Nosaltres entenem que ser europeista vol dir respectar els valors i respectar els principis fonamentals de la Unió Europea, inclosa sobretot la solidaritat i també el respecte a la dignitat humana. També vol dir enfrontar-se als reptes comuns i fer-ho de forma comuna. Per desgràcia, en l’àmbit migratori, com també en l’àmbit de la crisi de l’euro, hem vist massa vegades una Europa dividida entre el nord i el sud. Des d’aquesta perspectiva, només hi ha espai per a la crítica al Pacte de Migració i Asil. I ho diem així de clar, senyor ministre. I nosaltres, de fet, ho hem expressat com Esquerra Republicana, i ho hem fet, al nostre entendre, de forma coherent a totes les cambres on hem estat representats. Miri, senyor ministre, deixin de fer el joc a l’extrema dreta i a la cultura de la por en l’àmbit migratori. Si us plau, situïn el Govern espanyol al costat dels drets humans i garanteixin, garanteixin que els drets d’aquestes persones es respectin.

Senyor ministre, aprofitant la compareixença i aquests 9 minuts que em falten, permeti’m recordar-li també que seguim esperant que es converteixi la comissaria de Via Laietana en un centre de memòria. Això és un compromís. La paraula «compromís» és una paraula meravellosa, el que passa és que vostès no sé si l’entenen massa, però això és un compromís seu. Un compromís de mínims, que aquesta sí que l’entenen més, un compromís de mínims amb els drets humans i també que el seu propi partit, en aquest cas, ha subscrit. Com bé sap, aquesta comissaria va ser un centre de tortura i va ser un centre mirall de la pitjor repressió del règim franquista. Durant 40 anys, va tenir com a objectiu la resistència antifranquista, els moviments socials o també la comunitat LGTBI. La petició que li fem des d’Esquerra Republicana és molt diàfana, és molt clara. De fet, la coneix perfectament. Transfereixi, senyor ministre, les instal·lacions i els fons necessaris per reconvertir l’edifici en un museu centre memorial documental i arxivístic de la repressió franquista al meu país, a Catalunya, amb una exposició permanent sobre la repressió, sobre les seves causes, els seus protagonistes i també les seves conseqüències durant la dictadura de Franco, així com la lluita per les llibertats democràtiques. Asseguri que la part de l’Arxiu Històric de la Prefectura corresponent a la Sisena Brigada Regional d’Informació Social es quedi a Catalunya. I tres, ofereixi a la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris per museïtzar aquest espai, incloent-hi una còpia, això sí, de tota la documentació incautada a la Prefectura entre l’any 1939 i l’any 1977, anys, evidentment, del terror franquista. Senyor ministre, la policia espanyola no pot continuar operant des d’aquest edifici, no pot. Dignificar aquest espai és un compromís ferm amb la memòria democràtica, 50 anys després de la mort del dictador. És un gest que es mereixen, un mínim gest que es mereixen les víctimes. Que, per cert, que, per cert, han aconseguit una gran victòria judicial, portar les tortures a la fiscalia. I és un pas que té, també li vull dir, un gran suport a Catalunya. De fet, el propi Partit Socialista de Catalunya també ho demana.

Vaig acabant. Ara amb un altre escàndol, perquè al final aquesta és la compareixença dels escàndols. L’escàndol de les infiltracions policials en moviments socials i espais de l’esquerra independentista a Catalunya. Vostè mateix, en diverses ocasions en aquest hemicicle o en altres fòrums, ha afirmat que les infiltracions necessiten sempre, i ens ha alertat, sempre necessiten autorització judicial quan es vulneren drets fonamentals, com l’accés a les comunicacions o a domicilis particulars. Ho ha dit obertament. Doncs aquests casos sembla que el contradiuen, senyor ministre, perquè gràcies, gràcies a les informacions periodístiques que els han revelat, els policies destapats, justament, han tingut accés sense control judicial a domicilis particulars, a seus d’entitats i fins i tot a despatxos d’advocats, sense cap autorització judicial, sense cap autorització judicial. També han tingut accés a telèfons mòbils, a adreces de correu electrònic i a bases de dades d’entitats, totes elles legals, tot en base a la relació de confiança establerta en el marc de l’operació d’infiltració. Això ha estat així. Tot plegat, sí, tot plegat és un absurd i no entenem com poden tenir aquestes proves davant, això que li estic dient que ho saben perfectament, i seguir escoltant la resta, sobretot, els independentistes i sobretot l’esquerra independentista del meu país, seguir escoltant per part del seu Govern que no s’ha vulnerat cap dret, que no s’ha vulnerat cap dret humà bàsic i que s’ha respectat la legalitat. Senyor ministre, que totes i tots, anava a dir hem fet la comunió, no ho sé, però en qualsevol cas hem superat l’edat de la comunió. Queda clar que aquestes operacions han estat il·legals i han estat motivades per motius profundament ideològics i prou. I això ho denunciem i ho diem clarament, per motius senzillament de dissidència política, per motius ideològics. I encara, i encara estem esperant respostes. Volem, senyor ministre, que, si us plau, les respongui.

I per acabar, un parell d’apunts, ara sí, sobre el sistema ES-Alert respecte a l’apagada del 28 d’abril. Un tema també greu, però que, davant de tot el que estem parlant, òbviament, pren importància. Set són les comunitats autònomes, ministre, que no varen poder enviar alertes a la població. De fet, el Centre Nacional d’Emergències i la Direcció General de Protecció Civil van quedar aquell dia parcialment inoperatives. De fet, els grups electrògens de la seu de protecció a Madrid, aquí a Madrid, a la capital d’aquest Estat, van fallar i van deixar òbviament la plataforma inutilitzada. Senyor ministre, el sistema depèn del Ministeri d’Interior. Sabem, sabem que les comunitats autònomes n’han d’executar l’ús. Però el que és evident és que aquesta dependència, que acaba sent una dependència, com no podria ser d’altra manera aquí, que ja ens tenen acostumats, una dependència extremadament centralitzada, entorpeix una resposta ràpida, i no només ràpida, sinó una resposta eficient de les emergències. I la paraula «emergència» requereix això: respostes ràpides i eficients. Perquè, si no donem respostes ràpides i eficients, és a dir, no entenem que allò és una emergència. Ens agradaria saber com és possible que, en una situació prevista i amb protocols establerts, els sistemes d’emergències alternatius no funcionen? O en aquell cas no funcionessin. Perquè estem parlant de la seu central, recordo, de la protecció civil de tot l’Estat.

Aprofito també per demanar-li com expliquen vostès la fallida en la recepció de les alertes a Catalunya durant la darrera emergència química, perquè alguns ciutadans dins la zona afectada no van rebre res, mentre d’altres ciutadans, en zones curiosament lluny d’aquest perill, sí que van rebre notificacions, és a dir, una mica el món al revés. S’han fet des de la posada en marxa del sistema auditories independents, li demano, proves de càrrega? S’han fet simulacres reals?

I ara sí que acabo regalant a tots els companys diputats dos minuts de vida. En definitiva, senyor Marlaska, són moltes les qüestions que avui es dirimeixen en aquesta compareixença i totes elles són d’un gran calat. Espero, senyor ministre, que les abordi totes. Però li demano, si us plau, que, per davant de tot, posi sempre, sempre, els drets humans.

Res més. Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas, a todos y al señor ministro. Permítanme empezar diciendo que me parece extremadamente imposible ―de hecho, me parece incluso delirante― no empezar esta comparecencia sin hablar de la situación que se vive en Gaza, y hacerlo básicamente para condenar una vez más los crímenes contra la humanidad que sigue ejerciendo Israel. Debemos lamentar que, tras un inicio del alto el fuego, Israel haya retomado una campaña extremadamente criminal. De hecho, los 17 000 niños muertos son una cifra insoportable. Es una cifra que incluso duele solo nombrarla. Aquí no hay equidistancia posible, señor ministro, no la hay. Los medios de comunicación han recogido en los últimos días que en las próximas cuarenta y ocho horas podrían morir 14 000 niños más ―lo ha dicho Naciones Unidas―, 14 000 niños más si se sigue bloqueando, como hasta ahora, la entrada de alimentos y de medicinas.

Estamos viviendo, diputadas y diputados, una auténtica masacre en directo. Netanyahu ha declarado que solo permitirá que llegue ayuda por razones diplomáticas, para que sus aliados no vean imágenes, eso sí, de hambre. Y aquí no pasa nada, no pasa absolutamente nada, señor ministro. Eso es maldad, es maldad. Es que no se puede decir de otra manera. Gaza prácticamente ya no existe: casi no quedan colegios, casi no quedan hospitales ni refugios. La gente malvive allí, malvive atrapada entre crímenes de guerra de Israel y también, evidentemente, por el bloqueo de Egipto. Hoy en Gaza se está cometiendo, de hecho, un genocidio ante el silencio de buena parte de la comunidad internacional, un genocidio que se suma al desplazamiento forzado de la población y al uso de ayuda humanitaria como mecanismo de guerra.

La pregunta es muy clara y la respuesta es muy simple. ¿Qué tenemos que hacer ante todo esto? Está claro que no estamos haciendo bastante. A la luz de los crímenes que vemos cada día, colgarse medallas es algo que a mí personalmente se me hace extremadamente ridículo. Evidentemente, el Estado de Israel tiene que ser juzgado por crímenes contra la humanidad, cosa que investiga desde hace tiempo ya el Tribunal Penal Internacional. Tenemos que reivindicar, señor ministro, el sistema multilateral y exigir en todos los Estados de la Unión Europea que cumplan con las tres órdenes de detención que se han dictado. También hay que exigir que se sigan poniendo sobre la mesa soluciones políticas. El Gobierno debe exigir a la Unión Europea que fuerce ya un alto el fuego en Gaza y después debe impulsar una paz justa para toda Palestina. Para conseguir eso, España tiene que condicionar cualquier acuerdo en cumbres internacionales a que se adopten medidas contra Israel ―no hay otra manera de hacerlo―, incluyendo la suspensión del acuerdo de asociación, que precisamente se debatió ayer en Bruselas, también el embargo de armas ―extremadamente importante esto último― y la importancia de sanciones en sectores estratégicos. Hasta que no hagamos todo eso, señoras y señores diputados, hasta que no estemos haciendo todo eso, no tengan duda, no estaremos haciendo suficiente. Y justamente en este contexto de urgencia humanitaria y ―también lo quiero decir así― de inacción internacional, hemos recibido con indignación las noticias de que el Estado español ha incumplido con los compromisos de acabar con las transacciones de armas con destino a Israel. Según el Centro Delàs, el Gobierno español ha adjudicado cuarenta y seis contratos a industrias israelíes por valor de 1000 millones de euros desde el 7 de octubre del año 2023, cuando empezó precisamente esa ofensiva contra la Franja de Gaza. El último ejemplo lo tuvimos justamente el 16 de abril, cuando el Estado cerró un acuerdo para comprar munición a Israel por más de 5 millones de euros. Señor ministro, ¿cómo explica usted que España mantenga en estos momentos todavía recursos para comprar munición de empresas israelíes? Tengamos todos claro que la impunidad de Israel tiene que acabar, porque si no actuamos, si no actúan ya, señor ministro, no serán testigos de todo esto; serán directamente cómplices de todo lo que está pasando, directamente cómplices de lo que pasa. (Aplausos).

Paso de nuevo al ámbito de intersección de su ministerio y del de Exteriores, algo que está estrechamente vinculado al cumplimiento de los derechos humanos, porque todo esto, sí, va de derechos humanos, un ámbito que nos preocupa muchísimo ―hay que decirlo― porque la lucha contra la extrema derecha en la defensa de la democracia es algo que no se hace adoptando la agenda de la extrema derecha. No se hace así, no se combate a la extrema derecha cogiendo y adoptando su agenda, y ustedes es lo que están haciendo. Lo hacen alabando el Pacto Europeo de Migración y Asilo. En la última década, miles de personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo y muchas otras han muerto intentando cruzar la frontera del Estado español, como pasó el pasado mes de junio de 2022, cuando más de treinta personas murieron y más de doscientas personas resultaron heridas en la valla. Según Naciones Unidas, fueron víctimas de la intervención de la policía fronteriza de los dos países.

En lugar de velar por el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, la Unión Europea ha aprobado un Pacto de Migración y Asilo que limita las vías seguras, que permite las devoluciones colectivas y que no garantiza en ningún caso la solidaridad entre Estados para acoger a personas. Y que el Partido Popular propicie un debate sobre este asunto se debe a motivos que entiendo que todos podemos imaginar, pero lo que tenemos que denunciar es que las familias europeas del Partido Popular, y también del Partido Socialista, se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante este Pacto de Migración y Asilo. Eso sí que es condenable. Y también tenemos que denunciar que el Partido Socialista nos venga ahora a defender, señor ministro, las bondades de este pacto, como ya han hecho en varias comisiones parlamentarias.

El Partido Socialista defiende que los reglamentos que incorpora el Pacto de Migración y Asilo amplían el derecho y el respeto a la dignidad humana. Pues mire, permítame, con toda la humildad del mundo, que le diga que eso no es verdad, y cuando algo no es verdad quiere decir que es mentira. Es mentira, porque el reglamento para el sistema de retorno europeo presentado por la Comisión Europea directamente es algo que viola una larga lista de derechos humanos. En primer lugar, prevé la creación de centros de deportación fuera de la Unión Europea. En segundo lugar, permite la expulsión a países donde los solicitantes de asilo no tienen ningún tipo de vínculo ―ningún vínculo absolutamente―, incluso a países donde los solicitantes ni siquiera tienen derecho a entrar. En tercer lugar, alarga los periodos de detención de las personas migradas. En cuarto lugar, impone prohibiciones de reentrada a la Unión Europea, prohibiciones extremadamente duras. Y, en quinto lugar, dificulta el derecho de recurrir decisiones de deportación de forma judicial. Esta lista de medidas ―podríamos seguir, hay que decirlo― es, señor ministro, absolutamente contraria a lo que defiende cualquier persona que sea progresista: el derecho de asilo para personas que escapan de la guerra y del hambre, el respeto a la dignidad humana y el principio de no retorno, de no devolución. Es así: a, b y c. Y lo que aquí es triste ―insisto en ello― es no solo que el PP compre la agenda de la extrema derecha, algo que se ve muy habitualmente, sino que el Partido Socialista lo haga también. Esta propuesta de reglamento que les contaba sigue los pasos del Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni ―ella, que ha intentado establecer centros de deportación en Albania―, un Gobierno con el que usted, señor ministro, ha exhibido cierta sintonía, sobre todo en esto del pacto de asilo, en reuniones como la del pasado mes de abril que se celebró en Nápoles.

Usted, señor Marlaska, ¿se considera un europeísta? Lo digo porque, a nuestro entender… Bueno, es que últimamente aquí cuesta que alguno se entere de alguna cosa, porque todo es tan volátil, tan extremadamente volátil, pero al menos el Grupo Republicano lo entendemos así. Entendemos que ser europeísta significa que hay que respetar los valores y los principios fundamentales de la Unión Europea, incluida, sobre todo, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana. También quiere decir enfrentarse a retos comunes y hacerlo de forma común. Por desgracia, en el ámbito migratorio, como también en el ámbito de la crisis del euro, hemos visto demasiadas veces una Europa dividida entre el norte y el sur y desde esta perspectiva solo queda espacio para la crítica del Pacto de Migración y Asilo. Y así de claro lo decimos, señor ministro. Nosotros, de hecho, lo hemos expresado como Esquerra Republicana y lo hemos hecho ―creemos― de forma coherente en todas las Cámaras en las que tenemos representación. Mire, señor ministro, dejen de hacerle el juego a la extrema derecha y a la cultura del miedo en la inmigración. Por favor, sitúen al Gobierno al lado de los derechos humanos y garanticen ―garanticen― que los derechos de estas personas se respeten.

Señor ministro, aprovechando la comparecencia y estos nueve minutos que me quedan, permítame recordar también que seguimos esperando que se convierta la comisaría de Via Laietana en un centro de memoria. Eso es un compromiso. La palabra compromiso es una palabra preciosa, pero lo que pasa es que no sé si ustedes la entienden demasiado. Es un compromiso de ustedes, un compromiso de mínimos ―eso sí que lo entienden, de mínimos, de mínimos con los derechos humanos―, y también de su propio partido, que lo ha suscrito. Como saben, esa comisaría fue un centro de tortura y fue un centro espejo de la peor represión del régimen franquista. Durante cuarenta años tuvo como objetivo la resistencia antifranquista de los movimientos sociales y también de la comunidad LGTBI.

Lo que pedimos desde Esquerra Republicana es algo muy diáfano, muy claro; de hecho, lo conoce usted muy bien. Transfiera, señor ministro, las instalaciones y los fondos necesarios para reconvertir ese edificio en un museo centro memorial, documental y de archivística de la represión franquista en mi país, en Cataluña, con una exposición permanente sobre la represión, sobre las causas, sobre sus protagonistas y también sobre las consecuencias que tuvo durante la Dictadura de Franco, así como en las libertades democráticas, en la lucha por ellas. Permita que la parte del archivo histórico de la prefectura correspondiente a la VI Brigada Regional de Información Social se quede en Cataluña. Y, tres, ofrezca a la Generalitat de Catalunya los recursos necesarios para que se pueda hacer un museo de este espacio, incluyendo una copia ―eso sí― de toda la documentación incautada en la prefectura entre 1939 y 1977, años del terror franquista, evidentemente. Señor ministro, no puede ser se siga operando desde este edificio por la policía, hay que dignificar ese espacio. Ese es un compromiso firme con la memoria democrática, cincuenta años después de la muerte del dictador. Es un gesto mínimo que se merecen las víctimas, que, por cierto, han conseguido, en una gran victoria judicial, llevar las torturas a la Fiscalía. Y es un paso que tiene ― también se lo quiero decir― un gran apoyo en Cataluña. De hecho, el propio Partido Socialista de Cataluña también lo pide.

Voy acabando, y paso ahora a otro escándalo, porque al final esta es la comparecencia de los escándalos: el escándalo de las infiltraciones policiales en movimientos sociales y espacios de la izquierda independentista en Cataluña. Usted mismo en varias ocasiones, en este hemiciclo o en otros foros, ha afirmado que las infiltraciones ―nos alertan de ello― siempre necesitan autorización judicial cuando se vulneran derechos fundamentales, como el acceso a las comunicaciones o a domicilios particulares. Lo ha dicho usted abiertamente. Pues bien, estos casos son casos que parece que le contradicen, señor ministro, porque, gracias a las informaciones periodísticas que han revelado todo esto, los policías destapados justamente tuvieron acceso sin control judicial a domicilios particulares, a sedes de entidades e incluso a despachos de abogados, sin ningún tipo de autorización judicial. También tuvieron acceso a teléfonos móviles, a direcciones de correo electrónico y a bases de datos de identidades, todas ellas legales, con base todo ello en la relación de confianza establecida en el marco de la operación de infiltración. Eso ha sido así. Todo junto, sí, es un absurdo, no entendemos cómo pueden tener estas pruebas delante, eso que le estoy diciendo, que lo saben ustedes perfectamente, y seguir escuchando al resto, sobre todo a los independentistas y sobre todo a la izquierda independentista de mi país, y que sigamos escuchando que, según ustedes, no se ha vulnerado ningún derecho humano básico y que se ha respetado la legalidad.

Señor ministro, todos y todas hemos hecho ya la comunión. Bueno, no lo sé, pero en cualquier caso hemos superado la edad de la comunión. Estas operaciones han sido ilegales y han sido motivadas por futuros ideológicos, y eso es algo que denunciamos y lo decimos muy claramente: por motivos sencillamente de disidencia política, por motivos ideológicos. Aún estamos esperando respuestas. Queremos, señor ministro, que, por favor, responda a todas estas preguntas.

Para concluir, unos apuntes, sí, sobre el apagón del 28 de abril, un tema grave pero que, ante todo lo que estamos comentando aquí hoy, pierde algo de importancia. Hay siete comunidades autónomas que no pudieron enviar alertas a la población, señor ministro. De hecho, el Centro Nacional de Emergencias y otros quedaron parcialmente inoperativos. De hecho, los grupos electrógenos de la sede de protección en Madrid, en la capital de este Estado, fallaron y dejaron obviamente la plataforma inutilizada. Señor ministro, el sistema depende del Ministerio del Interior. Sabemos que las comunidades autónomas tienen que ejecutar el uso, pero lo que es evidente es que esta dependencia —‌porque termina siendo una dependencia, no puede ser de otra manera, ya nos tienen acostumbrados a ello‌— es extremadamente centralizada y entorpece que se dé una respuesta rápida, y que además sea eficiente, de las emergencias. Y la palabra emergencia requiere eso, respuestas rápidas y eficientes, porque si no damos respuestas rápidas y eficientes no entendemos que eso sea una emergencia. Nos gustaría saber cómo es posible que, en una situación prevista y con protocolos establecidos, el sistema de emergencias no funcionase o que no funcione en otras ocasiones, porque estamos hablando de una cosa central de protección civil de todo el Estado.

También aprovecho para preguntarle cómo explican ustedes el fallo en la recepción de las alertas en Cataluña durante la última emergencia química, porque algunos ciudadanos en la zona afectada no recibieron nada y, curiosamente, ciudadanos que estaban en zonas alejadas de este riesgo sí que recibieron notificaciones. Eso es un poco el mundo al revés. ¿Se han hecho desde la puesta en marcha algunas auditorías independientes, pruebas de carga, se han hecho simulacros reales desde entonces?

Y ahora sí que acabo regalándoles dos minutos de vida a todos los compañeros diputados y diputadas1. En definitiva, señor Marlaska, son muchas las cuestiones que se dirimen hoy en esta comparecencia y todas ellas tienen un gran calado. Espero, señor ministro, que las aborde todas, pero le pido, por favor, que ante todo ponga siempre, siempre por delante los derechos humanos. Muchas gracias. (Aplausos).

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bon dia a tothom. Senyor ministre, l’hem estat escoltant atentament, senyor Grande-Marlaska, com fem sempre. I també hem estat escoltant, òbviament, algunes de les intervencions d’altres grups parlamentaris que ens han precedit. I també hem estat escoltant els darrers dies algunes intervencions que han fet a mitjans alguns dels grups que encara no han tingut l’oportunitat d’intervenir en aquesta compareixença. I, sincerament, la primera conclusió que crec que en podem extreure és que ningú advoca per vostè, senyor ministre, ni per la seva gestió. I suposo que no serà cap sorpresa que li diguem que nosaltres tampoc. Junts per

1  Nota del Diario de Sesiones: Se refiere a que no va a agotar el tiempo previsto reglamentariamente para su intervención.

Catalunya fa molt de temps que li diem, de fet, cada vegada que tenim oportunitat, que vostè i la seva gestió no és de fiar.

Li posaré alguns exemples. Ho vam constatar ara fa pocs mesos, que descobríem, tota l’opinió pública, nosaltres també, estupefactes, el darrer dels casos d’infiltració, en aquest cas, era una policia nacional infiltrada en entorns independentistes, en aquest cas gironins. Una policia infiltrada, no en entorns criminals per lluitar contra la delinqüència, no, perquè ja sabem que, òbviament, qualsevol estat democràtic pot permetre, òbviament, amb la preceptiva autorització judicial, doncs infiltrar policia per fer front a màfies, que n’hem parlat en ocasions, o per fer front a temes de tràfic d’estupefaents o de tràfic de persones o terrorisme, etc. Això és usual. Però no, a l’Estat espanyol, la policia de la qual vostè n’és el darrer responsable, o principal responsable, es va infiltrar per espiar entorns socials i d’activistes independentistes. Senyor Marlaska, sota la seva responsabilitat directa, s’han utilitzat mètodes policials propis de règims totalitaris, com el de les dictadures comunistes, igual que precisament excel·lien en el seu sexpionatge, aquí van fer el mateix. Vostè ha autoritzat i validat una vulneració gravíssima dels drets fonamentals de molts ciutadans catalans. Perquè una cosa és infiltrar-se en una assemblea, que ja estaria malament, i l’altra, molt diferent, és dedicar-se a intervenir políticament en elles, a condicionar estratègies de l’activisme social i, sobretot, afectar greument la vida privada de persones innocents, com així va estar. Vostè ha beneït que agents de la policia manipulin la vida familiar, sentimental, emocional, de persones innocents amb noms i cognoms, persones que no eren delinqüents de cap de les maneres. I això ho ha autoritzat vostè. Maniobrar amb falsedats i enganys les vides emocionals, les vides privades de les persones, mai de la vida pot ser una actuació policial legítima. Mai de la vida.

I com a jutge que vostè és, bé que se n’ha d’adonar que estem davant d’una vulneració flagrant dels drets fonamentals. Que no estem parlant de VOX, a més, que estem parlant d’un jutge i d’un govern PSOE-Sumar. No ho veu que aquesta pràctica, un cop coneguda, hauria de ser castigada severament? No ho veu que el seu Govern hauria de reparar tots i totes les afectades i les seves famílies, perquè aquestes pràctiques han suposat un immens dany moral i un immens menyspreu a la seva intimitat i dignitat? I què ha fet vostè? Res. Quina enorme diferència de la reacció que va tenir l’Estat britànic en el cas Spycops scandal. Quina gran diferència. Quina diferència tan abismal que hi ha entre els laboristes britànics i els socialistes espanyols.

Un altre exemple. Quants anys fa que des de Junts per Catalunya l’advertim de la forma de fer de la UDEF? Aquí ni m’hi referiré als milions que van trobar darrere la paret del seu responsable, de casa del seu responsable principal, no. De la UDEF i de l’UCO. Amb informes directament falsos, novel·les de ciència-ficció contra els independentistes, autoerigint-se en els preservadors de la unitat patriòtica espanyola, encara que haguessin de corrompre, d’estirar, d’esquinçar les costures de l’estat de dret i de la democràcia. Què van fer vostès tot aquest temps respecte d’aquesta policia patriòtica? Què han fet durant tots aquests anys? De nou, res. A casa nostra, senyor ministre, tenim una dita: ja pots xiular si l’ase no vol veure. I vostè no volia veure, senyor ministre. I ara què? Ara l’UCO ha ampliat el seu objectiu. Vostès ho estan sentint bé. Ara sí? Ara per fi faran cas del que fa tant de temps que els independentistes catalans, que Junts per Catalunya els estem exigint? Ara sí que faran neteja a la cúpula de l’UCO? Així hauria de ser. Però van molt tard. Comencin a desballestar d’una vegada la cúpula de l’UCO.

Un altre exemple, la derogació promesa de la Llei Mordassa, derogació que ha acabat quedant en modificació. Modificació que ha acabat essent una modificació diluïda, ridículament light de la llei. Ni la reformula, òbviament, no la deroga, no replanteja seriosament els fonaments antidemocràtics de la llei que va fer el PP i que es va aprovar, això sí, amb la connivència del PSOE, en un context en què l’Estat espanyol va articular tota una bateria legislativa que ha servit durant anys i encara serveix, els ressorts institucionals, policials i judicials de l’Estat per criminalitzar amb total impunitat els moviments d’activisme social i, com sempre, especialment els de l’independentisme català. Per no parlar també de la seva pota policial, batejada com a la Llei Morrió, perquè va néixer amb l’única voluntat de posar a la seva disposició, a disposició del ministre de l’Interior, tots els instruments necessaris per a criminalitzar la llibertat d’expressió, els drets de reunió, els drets de manifestació. Què en queda d’aquella derogació promesa de la Llei Mordassa? Tercera cosa que li he demanat. Què en queda? Res, de nou.

Senyor ministre, vostè i el seu Govern estan fent les coses malament. Li hem dit des de fa molt temps des de Junts per Catalunya, li ha dit al PP amb diverses propostes de reprovació que han portat contínuament en aquest hemicicle, avui li estan dient socis seus del Govern. Si fins i tot el mateix president Sánchez fa pocs dies li va haver d’esmenar la plana públicament, pel tema dels contractes. Parlem d’aquest tema, de les exportacions d’armes espanyoles. Recordem, s’han incrementat un 29 % els darrers cinc anys i, especialment, el que volia recordar és que els principals importadors d’armes espanyoles, en aquests mateixos darrers cinc anys de tant d’augment, han estat països, en primer lloc, com l’Aràbia Saudí o com Turquia, també Kuwait, el Marroc, etc., règims autoritaris on es conculquen de forma flagrant els drets humans. Alguns només s’escandalitzen de l’exportació d’armes si es fa depèn de quin Estat, però no, quan s’exporta a països com Iran, on les dones pateixen la violència més extraordinària cada dia de les seves vides, a Síria o al Sudan, que estan donant suport armamentístic a les organitzacions terroristes com Hamas o Hezbollah.

I tal com va dir ahir molt ben dit el meu company Gavin, Junts per Catalunya no farem, no utilitzarem, ni ho pretenem fer mai, utilitzar aquest tema com una arma ni ideològica ni política. I ho diem perquè sembla que per a alguns no existeixi, per exemple, la repressió marroquina vers el poble sahrauí, ni la xinesa vers els uigurs o al Tibet o a Hong Kong, ni la repressió turca vers els kurds. Sembla que no existeixi. Per a nosaltres sí que existeixen, perquè no diferenciem entre víctimes. Nosaltres ens solidaritzem i donem tot l’escalf i suport i volem protegir totes les víctimes de totes les violències.

Junts per Catalunya exigirem, en la nova regulació que ahir va començar a caminar, que es desenvolupin polítiques responsables, més enllà de mocions d’improvisacions polítiques motivades per res, per cap tipus de pressió temporal de cap tipus, cap reacció impulsiva ni decisions que poden acabar essent precipitades o incoherents. Junts per Catalunya sabem que cal clarificar i estandarditzar els criteris per a la venda d’armes. Per això hi vam donar suport, perquè se’n parli, perquè es faci una bona proposta. Clarificar els criteris per a la venda d’armes, tant en països en conflicte com, òbviament, en tots aquells en què s’estiguin violant els drets humans de la seva població. Calen normes prefixades i no reaccionar davant d’un únic cas concret, depenent de la major o menor pressió existent en un moment donat. Cal dotar de coherència els criteris i, òbviament, que siguin comuns en el si de la Unió Europea.

I finalment, i pel que fa a la crisi migratòria, saben que aquest és un tema, n’hem parlat a vegades aquí també, que ens preocupa molt a Junts per Catalunya, perquè a Catalunya tenim una fotografia que ara els hi diré, perquè la volem deixar palesa sempre que abordem aquest tema, perquè creiem que, quan s’han d’abordar reptes, s’han d’abordar amb molt de rigor i fent-ho de forma desacomplexada. Jo avui vull dir aquí que un 18,3 % de la població a Catalunya avui és estrangera. A l’Estat espanyol només ho és un 13,5 %. Nosaltres hi estem inclosos, és a dir, que estem fent pujar aquest 13,5 %. De tota la població estrangera de l’Estat espanyol, el 22,4 % és a Catalunya. A Madrid, el 17. A València, el 15. A Andalusia, el 13. Durant la crisi migratòria de Canàries, l’octubre de 2023, Catalunya va acollir 1988 migrants, un 17, més d’un 17 % del total. Insolidaris Catalunya? Per favor. Andalusia, un 6. Madrid, un 3,9. Euskadi, un 0,3. Del total de transferits a la Península, Catalunya en va acollir un 36,7 %, més del doble del qual representa la nostra població, la població catalana en relació amb l’Estat. Insolidaris Catalunya?

Amb aquestes dades, algú d’aquest hemicicle es pot estranyar que vulguem gestionar el fet migratori des de Catalunya? A vostè li pot estranyar? Perquè hi va posar moltes dificultats. No sé si encara les està posant, al fet que des de Catalunya puguem gestionar el fet migratori que ens afecta. És en aquest marc en què s’emmarca la nostra voluntat de fer una gestió integral del fet migratori, en el qual li acabo de dir, en les dades que li acabo de dir. Això és insolidaritat? Junts per Catalunya fa temps que entonem..., l’entomem aquest debat, sense por, el debat del repte demogràfic, i qui no ho faci s’estarà equivocant molt. I nosaltres el volem entomar pel nostre país i per la nostra gent. Perquè calen respostes decidides dels governs per afrontar les situacions tan complexes generades pel seu impacte en moltíssims dels àmbits de la nostra societat. Catalunya acabarà, i ho farà, assumint la gestió de la immigració per dos motius, perquè Junts volem totes les competències en tots els àmbits de tot el que ens afecti al nostre país, totes per Catalunya, totes. I la immigració n’és una. Però, en aquest cas, perquè sobretot la gestió que n’ha fet fins ara l’Estat, la qual ha fet fins ara, ha conduït el meu país, ha conduït Catalunya a una situació que posa en perill la seva pròpia cohesió.

I ja n’hi ha prou. I sí, tinc una mala notícia per a vostès, ja els ho va anunciar el diputat Cervera, els tornem a reiterar que, ara quan gestionem la immigració, des de Junts per Catalunya, no renunciarem de cap de les maneres a integrar en català, perquè ens hi va el futur de la nació, i ens hi va el progrés i el benestar de tota la nostra gent.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos. Le hemos estado escuchando atentamente, señor Grande-Marlaska, como siempre hacemos, y también hemos estado escuchando, obviamente, algunas de las intervenciones de otros grupos parlamentarios que nos han precedido, como también hemos estado escuchando los últimos días algunas intervenciones que han hecho en los medios algunos de los grupos que aún no han tenido la oportunidad de intervenir en esta comparecencia. Y sinceramente, la primera conclusión que creo que podemos sacar es que nadie aboga por usted, señor ministro, ni por su gestión, e imagino que no será ninguna sorpresa que nosotros tampoco lo hagamos. Junts per Catalunya hace mucho tiempo que ya se lo dice. De hecho, cada vez que tenemos la oportunidad le decimos que usted y su gestión no son de fiar. Le pondré algunos ejemplos. Lo constatamos hace pocos meses cuando descubríamos toda la opinión pública ―nosotros también―, sorprendidos, el último de los casos de infiltración, que en este caso era una policía nacional infiltrada en entornos independentistas, en este caso de Gerona. Una policía infiltrada no en entornos criminales para luchar contra la delincuencia, no, porque ya sabemos que obviamente cualquier Estado democrático puede permitir, con la preceptiva autorización judicial, infiltrar policías para hacer frente a mafias, que ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, o para luchar contra el tráfico de estupefacientes o de personas, terrorismo, etcétera. Esto es usual, es habitual, pero no, en el Estado español la policía de la cual usted es el principal responsable se infiltró para espiar ambientes sociales y de activistas independentistas. Señor Marlaska, bajo su responsabilidad directa se han utilizado métodos policiales propios de regímenes totalitarios, como los de las dictaduras comunistas, que precisamente se excedían en su espionaje. Aquí hicimos lo mismo. Usted autorizó y validó una vulneración gravísima de los derechos fundamentales de muchos ciudadanos catalanes, porque una cosa es infiltrarse en una asamblea, que ya estaría mal, y otra muy diferente es dedicarse a intervenir políticamente a condicionar estrategias del activismo social y, sobre todo, a afectar gravemente la vida privada de personas inocentes, como fue el caso. Usted ha bendecido que agentes de la policía manipulen la vida familiar, sentimental y emocional de personas inocentes con nombres y apellidos, personas que no eran delincuentes de ninguna manera, y esto usted lo ha autorizado. Maniobrar con falsedades y engaños las vidas emocionales y las vidas privadas de las personas nunca puede ser una actuación policial legítima, nunca, y como juez que usted es se tiene que dar cuenta de que estamos ante una vulneración flagrante de los derechos fundamentales. No estamos hablando de VOX, estamos hablando de un juez y de un Gobierno PSOE-SUMAR. ¿No ve que esta práctica, cuando ya se conoce, tiene que ser castigada severamente? ¿No ve que su Gobierno debería reparar a todos y todas las afectadas y a sus familias porque estas prácticas han supuesto un inmenso daño moral y un inmenso menosprecio a su persona y dignidad? ¿Y qué ha hecho usted? Nada. ¡Qué gran diferencia con la reacción que tuvo el Estado británico en el caso de ‘spy cops’ scandal! ¡Qué gran diferencia! ¡Qué diferencia tan abismal hay entre los laboristas británicos y los socialistas españoles!

Otro ejemplo. ¿Cuántos años hace que Junts per Catalunya le advertimos de la forma de funcionar de la UDEF —y‌ aquí ni haré referencia a los millones que encontraron detrás de la pared de su responsable principal‌—, del Gobierno y de la UCO, con informes directamente falsos, novelas de ciencia ficción contra los independentistas basándose en los preservadores de la unidad patriótica española, aunque tuvieran que corromper y romper las costuras del Estado de derecho y de la democracia? ¿Qué hicieron ustedes todo este tiempo respecto a esta policía patriótica? ¿Qué han hecho durante todos estos años? De nuevo, nada. En nuestra casa tenemos una frase que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver, y usted no quería ver, señor ministro. Ahora la UCO ha ampliado su objetivo, lo están oyendo bien y ahora lo ven bien, ¿sí? ¿Ahora sí por fin harán caso a lo que hace tanto tiempo que los independentistas catalanes y Junts per Catalunya les estamos exigiendo, ahora sí harán limpieza en la cúpula de la UCO? Así tendría que ser, pero van tarde. Empiecen a desballestar de una vez por todas esa cúpula.

Otro ejemplo. La derogación prometida de la ley mordaza, derogación que ha acabado quedando en modificación, modificación que ha acabado siendo una modificación diluida, ridículamente ligera de la ley, ya que ni la reformula, tampoco la deroga evidentemente, ni replantea seriamente los fundamentos antidemocráticos de la ley que hizo el PP y que se aprobó, eso sí, con la connivencia del PSOE en un contexto en que el Estado español articuló toda una batería legislativa que ha servido durante años ―y aún sigue sirviendo― y los resortes institucionales, policiales y judiciales del Estado para criminalizar con total impunidad los movimientos de activismo social y, como siempre, especialmente los del independentismo catalán. Por no hablar de que la ley puso a disposición del ministro del Interior todos los instrumentos necesarios para criminalizar la libertad de expresión, los derechos de reunión y los derechos de manifestación. ¿Qué pasa con esa ley mordaza ―tercera cosa que le pido―? Nada de nuevo.

Señor ministro, usted y su Gobierno están haciendo las cosas mal, se lo hemos dicho desde hace mucho tiempo en Junts per Catalunya, se lo ha dicho el PP con diferentes propuestas de reprobación que han traído constantemente a este hemiciclo, hoy se lo están diciendo socios suyos del Gobierno e incluso el mismo presidente Sánchez hace algunos días le tuvo que hablar públicamente por el tema de los contratos. Hablemos de este tema, hablemos de las exportaciones de armas españolas, recordémoslo. Se han incrementado un 29 % durante los últimos cinco años y especialmente quería recordar que los principales importadores de armas españoles en estos últimos cinco años han sido países como, en primer lugar, Arabia Saudí o Turquía, también Kuwait, Marruecos, etcétera. Regímenes autoritarios donde se vulneran de forma flagrante los derechos humanos. Algunos se escandalizan de la exportación de armas solo si lo hacen en algunos Estados, pero no cuando se exporta a países como Irán, donde las mujeres sufren la violencia más extraordinaria cada día de sus vidas, en Siria o en Sudán. Están dando apoyo armamentístico a organizaciones como Hamás o Hizbulá. Tal como dijo ayer, muy bien dicho, mi compañero Gavin, Junts per Catalunya no usará ni pretenderá nunca usar este tema como un arma ideológica ni política. Y lo decimos porque parece que para algunos no exista, por ejemplo, la represión marroquí versus el pueblo saharaui o China versus Hong Kong, el Tíbet o de Turquía versus los kurdos, parece que no exista. Para nosotros sí existe porque no diferenciamos entre víctimas, nosotros nos solidarizamos y damos todo el apoyo y queremos proteger a todas las víctimas de todas las violencias. Junts per Catalunya exigirá con la nueva regulación que ayer empezó a andar que se desarrollen políticas responsables más allá de improvisaciones políticas motivadas por cualquier tipo de presión temporal, por cualquier reacción impulsiva ni decisiones que pueden terminar siendo precipitadas o incoherentes. Junts per Catalunya sabe que hay que estandarizar los criterios para la venta de armas, por ello dimos apoyo, para que se hable de ello, para que se haga una buena propuesta.

Es necesario clarificar los criterios para la venta de armas en países en conflicto, como, obviamente, en todos aquellos en que se estén violando los derechos humanos de su población. Necesitamos normas prefijadas y no reaccionar ante un único caso concreto dependiendo de la mayor o menor presión existente en un momento concreto. Tenemos que dotar de coherencia los criterios y, evidentemente, tienen que ser comunes en la Unión Europea.

Finalmente, y en relación con la crisis migratoria, ya saben que este es un tema que hemos hablado aquí y que nos preocupa mucho en Junts per Catalunya. En Cataluña tenemos una fotografía que ahora les explicaré, porque queremos siempre dejar clara esta imagen cuando hablamos de este tema. Creemos que cuando tenemos que enfrentarnos a retos lo tenemos que hacer con mucho rigor y de manera desacomplejada. Yo quiero decir aquí que el 18,3 % de la población en Cataluña hoy en día es extranjera; en el Estado español solo lo es un 13,5 ―nosotros nos incluimos en ello así que estamos haciendo subir ese 13,5 %―. De toda la población extranjera del Estado español el 22,4 % está en Cataluña; en Madrid, el 17; en Valencia, el 15, y en Andalucía, el 13. Durante la crisis migratoria de Canarias en octubre de 2023, Cataluña acogió 1988 migrantes, más de un 17 % del total. ¡Solidaria Cataluña! Andalucía, un 6; Madrid, un 3,9; Euskadi, un 7,3. Del total de transferidos a la Península, Cataluña acogió un 36,17 %, más del doble de lo que representa nuestra población, la población catalana en relación con el Estado. ¿Insolidarios los catalanes? ¿Insolidaria Cataluña? Con estos datos, ¿alguien en este hemiciclo se puede extrañar de que queramos gestionar el hecho migratorio desde Cataluña? ¿A usted le puede extrañar esto? Porque puso muchas dificultades ―no sé si aún las pone―, a que desde Cataluña podamos gestionar el hecho migratorio que nos apremia.

Es en este marco en el que se encuentra nuestra voluntad de hacer una gestión integral de dicho hecho migratorio. Con estas cifras que le acabo de mencionar, ¿esto es insolidaridad? En Junts per Catalunya hace tiempo que abordamos este debate sin miedo, el debate demográfico, y quien no lo haga se estará equivocando. Nosotros lo queremos abordar por nuestro país y por nuestra gente, porque necesitamos respuestas decididas de los Gobiernos para enfrentar la situación tan compleja generada por su impacto en muchísimos de los ámbitos de nuestra sociedad. Cataluña acabará ―y lo hará― asumiendo la gestión de la inmigración por dos motivos. Uno, porque Junts quiere todas las competencias en todos los ámbitos de todo lo que nos afecta en nuestro país, todos, por Cataluña, y la inmigración es una de ellas; pero, en cualquier caso, porque sobre todo la gestión que ha hecho hasta la fecha el Estado ha conducido a mi país, ha conducido a Cataluña a una situación que pone en peligro su propia cohesión, y ya basta. Y sí, tengo una mala noticia para ustedes, ya se lo dijo el diputado Cervera: le reiteramos de nuevo que ahora, cuando gestionemos la inmigración desde Junts per Catalunya, no renunciaremos de ninguna manera a integrar en catalán, porque ahí va el futuro de nuestra nación, el progreso y el bienestar de toda nuestra gente.

Muchas gracias.

Señora presidenta, señorías. Señor ministro, le confesaré que resulta difícil no sucumbir a toda la lista de temas que uno podría querer sacar en una comparecencia del ministro de Interior porque no son pocos los litigios o conflictos que mantenemos vivos ―algunos vienen de atrás― y que perduran y se mantienen en el tiempo, pero yo voy a intentar ceñirme a las dos solicitudes de comparecencia, específicamente y más concretamente a la que hemos hecho nosotros, la que tiene que ver con la compra de armamento y de munición a Israel. Sobre lo que tiene que ver con migraciones ―porque voy a ser más breve en esta―, le voy a decir cosas muy sencillas y concretas. Si no quiere parecerse al PP y a VOX, no ponga en pie las mismas políticas que PP y VOX. Si lo que usted plantea en política migratoria se parece a aquellos aventados que defienden la teoría del gran reemplazo, mal vamos porque eso es la antítesis, la antinomia de lo que significa cualquier valor de izquierda. Y sé que lo que significa la izquierda no es materia de obligado cumplimiento para muchos de los que están aquí, y sé perfectamente que ni siquiera tienen por qué conocer la trayectoria, la dimensión y los valores de la izquierda, pero de manera muy sencilla, de manera casi analógica en estos tiempos digitales, quédense con una frase: como en los tapones de rosca, la izquierda libera y la derecha aprieta, oprime. A partir de ahí, no entendemos que, cuando se habla de crisis migratoria en esta Cámara, se haga un esfuerzo muy evidente para no hablar nunca de las causas y centrarnos solo en las consecuencias, y fundamentalmente, entre las consecuencias, en aquellas que nos generan alguna situación de conflicto, bien sea por falta de inclusión o inserción, bien sea por los propios conflictos sociales derivados de la escasez material con la que vienen aquellos que emigran en muchas de las ocasiones. Nunca nadie habla de las causas, probablemente porque desnudaría nuestra naturaleza expoliadora, desnudaría nuestra actitud para con ellos en sus territorios durante siglos, y probablemente porque tampoco queremos entender que eso que llaman crisis migratoria y algunas veces, cuando están más tranquilos, flujos migratorios es algo que ha acompañado a la humanidad desde el inicio de los tiempos y que, desde luego, en cualquier caso, las políticas que se han puesto en pie y encima de la mesa, desde la Europa fortaleza hasta la externalización de fronteras, no han hecho sino agravar el problema. Es bastante cínico, por no decir delirante, que se hable de un control de fronteras más férreo y que lo hagan aquellos que decidieron externalizar las fronteras pagando dinero a Libia, que era un estado fallido, para que Libia hiciera lo que está haciendo con la población migrante que atraviesa África para poder llegar a Europa. Desde luego, eso sí es deleznable. El único debate que nosotros estamos interesados que se dé en esta Cámara sobre esta materia, porque creo que se lo debemos a muchísima gente, es el que tiene que ver con la regularización de las personas migrantes, con las más de medio millón de personas que están esperando que se desbloquee su situación, para que nadie olvide todo lo que han aportado a esta sociedad y todo lo que siguen aportando a esta sociedad. A partir de ahí, lo demás es palabrería y discursos que únicamente acentúan la dificultad, que nunca buscan soluciones inclusivas y de convivencia. Me centro ya en el objeto de nuestra comparecencia. Aludía el señor ministro al inicio de su intervención, para contextualizarla, a la dramática pero posible muerte de catorce mil bebés en el plazo de muy pocas horas si no se deja entrar material y suministros a la franja de Gaza, y es verdad, hay que tenerlo en mente, pero eso tendría que ser un estímulo para hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Habría que actualizar todavía más esa noticia y hablar del ataque que ha sufrido una delegación europea por parte de las tropas israelíes; no de sujetos israelíes fuera de control, sino de las tropas israelíes a una delegación europea esta misma mañana. Entiendo que no es porque han quedado segundos en Eurovisión. Entiendo que obedece a una lectura bastante más compleja; que sin duda obedecerá a su voluntad de exterminar y que no haya ojos, que no haya testigos de lo que van a hacer: el exterminio de toda la población palestina; el exterminio, el genocidio que quieren practicar con los y las palestinas. No valen las medias tintas. ¿De qué sirve que estemos midiendo los pasos que dar con un Estado que niega cualquier legalidad internacional que pase por encima de sus propósitos o sus deseos? ¿De qué sirve que estemos aquí apelando a la necesidad de no generar un daño al Estado en la búsqueda de consensos internacionales, a la diplomacia y al diálogo con alguien que ha dicho que no la quiere? Es que en boca de sus portavoces ―de los portavoces del partido Netanyahu― lo que se oye, lo que están diciendo es que hay que matar a todos los niños y las niñas palestinas, que esa es la única garantía que tienen de que su proyecto nunca más sea alterado o molestado. Lo han dicho ellos, no pongo en mi boca palabras que no sean suyas, de los portavoces del partido del señor Netanyahu. Por lo tanto, esa es la realidad.

Quiero poner en valor lo que aprobamos ayer aquí, no porque sea suficiente, sino porque es un primer paso necesario. Al final, les pido que haga un ejercicio de memoria muy fácil, que es tan sencillo como acordarnos de lo que votamos ayer aquí. Ayer aquí, en esta Cámara, las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno y que permiten que este Gobierno esté gobernando decidieron votar un embargo total a Israel en lo relativo a la venta de armas o componentes electrónicos para tecnología militar. Decidieron no comprar armas ni componentes tecnológicos de doble uso. Decidieron que el territorio del Estado español no sea base logística para traslados de armas, municiones o componentes para uso militar hacia Israel. Y decidieron no cooperar en régimen de coproducción para hacerles más fuertes. Eso es lo que se votó en esta Cámara por mayoría; fueron 180 votos si mal no recuerdo. Esa fue la voluntad mayoritaria de este Congreso ayer, creo que en consonancia con lo que opina la inmensa mayoría de la sociedad vasca, y creo que no estaré muy equivocado si digo que también la mayoría de la sociedad del Estado español. Es verdad que esa votación no fue unánime porque el Grupo Popular y VOX decidieron votar en contra; decidieron que el señor Netanyahu todavía tenía briznas de legitimidad suficientes como para brindarle su apoyo.

Pero es que ayer también conocimos un informe del Ministerio de Economía que es altamente preocupante; un informe que hablaba de una opinión desfavorable sobre lo que se iba a votar ayer, sobre esa proposición de ley. En ese informe se decían cosas difíciles de comprender. Se decía que la proposición de ley que acabo de relatar no señalaba razones de interés general. ¿Seguro? ¡Si el propio ministro acaba de hablar aquí de las catorce mil muertes de bebés que pueden darse en los próximos días! ¿Eso no es interés general? ¿Están seguros de que eso no preocupa a la opinión pública vasca y a la opinión pública del Estado español en su conjunto mucho más que determinadas tramas que están todo el día sacudiendo en los medios de comunicación? Decía más: que no creía que el mecanismo de control fuera insuficiente. ¿Está seguro de que el mecanismo de control no es insuficiente cuando ha tenido que ser el Centro Delàs, Olga Rodríguez y otras periodistas las que han puesto encima de la mesa los incumplimientos sistemáticos que el Gobierno del Estado español estaba llevando a cabo contra una decisión del propio Gobierno del Estado español tomada en octubre de 2024? ¿De verdad el Ministerio de Economía cree eso? Y decía más: Si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de ese material. Supongo que el uso debido de un material militar es emplearlo en estrategias militares. No me imagino que alguien compre balas para regalarlas o lanzarlas al aire con la mano, las comprará para percutirlas con alguna arma. Ese es el marco en el que estamos debatiendo hoy esto.

Nosotros pedimos su comparecencia, señor ministro, porque para nosotros se había producido un hecho de gravedad, y todavía hoy, pese a sus explicaciones, el hecho sigue teniendo gravedad. Nosotros no tenemos la pretensión de dibujar un Gobierno en crisis. Creo que hemos dado sobradas muestras de nuestra voluntad de que los señores del PP y VOX no alcancen el Gobierno, aunque sea por el mero instinto de supervivencia de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. Por lo tanto, no nos alimentan ninguna voluntad de dibujar o agrandar crisis o imágenes de crisis en el Gobierno, lo que no queremos es apoyar a un Gobierno que carezca de credibilidad. Y no se puede decir una cosa y hacer otra a espaldas de este hemiciclo. No se puede declarar solemnemente, en un anuncio gubernamental, que se va a prohibir la compra y venta de armas y, a la vez, en el largo transitar de los asuntos por despachos y burocracias, se sigan manteniendo esas líneas de negocio. Desde nuestro punto de vista, en la acción que le toca, su ministerio hizo caso omiso de esa decisión que se tomó en octubre de 2024, porque desde octubre de 2024 hasta abril de 2025 transcurrieron meses y en esos meses sucedieron cosas. Entre las cosas que sucedieron, aparte de los estudios y los sesudos análisis que pudieran llevar a efecto para ver cuál era la manera de cumplir con ese anuncio, sucedió que se confirmó ese acuerdo. No se anuló, no se rechazó, se confirmó. Y si se confirmó, hubo una decisión política y esa decisión política contraviene el anuncio del Gobierno de octubre de 2024 que decía que no. Yo no entiendo qué dificultad hay en que la Abogacía del Estado diga que hay que formalizarlo porque, si no, hay un daño a las arcas del estado. Entiendo que nadie quiera generar un daño económico a las arcas del Estado, lo entiendo, porque todo el mundo quiere lucir una buena gestión, pero no es la primera vez que sucede, el Estado español ya ha pagado indemnizaciones por negocios cesantes. ¿Qué pasa? ¿Que si es Castor no es problema y no genera toda esta dificultad y, sin embargo, si es un contrato de 6 millones de euros pero con una empresa israelí sí lo genera? Por tanto, la pregunta fundamental es por qué se hizo caso omiso. Si era una orden del Gobierno para todos sus ministerios, ¿por qué se hizo caso omiso y, después de darle vueltas ―que puedo creérmelas― y buscar fórmulas ―que puedo entenderlo―, se decidió, porque la Abogacía del Estado señalaba que lo mejor es formalizar el acuerdo, formalizarlo? Porque el acuerdo solo es rechazado por la acción y la protesta lanzada primero en medios de comunicación por algunos periodistas y luego recogida por diferentes grupos parlamentarios, que lo ponen como un elemento de primer orden o exigencia para con el Gobierno, que recuerdo que está gobernando porque tiene, entre otros, nuestros votos, así como los de otras formaciones políticas. Ponga a trabajar a su gente para ver qué ha fallado en esa cadena de mando, no puede ser tan difícil, y además no puede alegar falta de recursos. Parece que recursos para investigar hay. Si uno atiende a los medios de comunicación, descubre todos los días informes de investigaciones de la UCO sobre diferente gente, por cierto, del partido mayoritario del Gobierno. Salvo que esas comunicaciones sean falsas y esos informes no existan, que tendría oportunidad de decirlo aquí, desde luego demuestran que hay gente dispuesta a investigar cosas. Investiguen también esta, porque, si no, van a parecer una UCO patriótica en el recuerdo de aquella otra ‘policía patriótica’ que hace no tantos años vivimos por aquí.

Queremos, en definitiva, respuestas claras y no nos vale tampoco que se hable de un error puntual. Y entiéndame, señor ministro, cuando desde el Ministerio del Interior, y da igual quién haya sido el ministro o ministra del Interior, se nos dice que algo que se ha hecho mal ha sido debido a un error puntual, en Euskal Herria nos ponemos a temblar, porque sabemos que lo que se tapa como error puntual acaba siendo práctica general.

Pero voy más allá, más importante que el qué pueden hacer para ver qué ha pasado sería mirar al presente también y al futuro. ¿Nos puede garantizar que esto no va a volver a ocurrir? ¿Nos puede garantizar que el anuncio hecho en octubre del año 2024 se va a mantener a rajatabla y que eso supondrá la anulación o cierre de cualquier contrato que pudiera estar firmado previamente? ¿Porque no tendrá el ministerio más contratos en vigor con empresas armamentísticas o de seguridad israelí? ¿Nos puede asegurar que es así, que no hay más contratos en vigor? ¿Nos puede asegurar que no hay colaboración alguna en marcha a día de hoy entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las empresas israelíes? Yo creo que son tres preguntas que aclararían mucho y nos dibujarían también bastante cuál es el horizonte al que nos enfrentamos y quizás hacerlo, si es en un plano satisfactorio, de negación de todas estas posibilidades, la capacidad de colaborar para hacerlo mejor. Y lo queremos fundamentalmente porque, desde que se hizo el anuncio de octubre del año 2024 al que vuelvo a hacer referencia, según el Centro Delàs, que no parece que goce de poca credibilidad, teniendo en cuenta incluso quiénes sostienen económicamente su labor, y hablo de instituciones públicas en Cataluña, se han producido diez adjudicaciones y diez formalizaciones, alguna en el Ministerio de Defensa, incluso y pese a la carta de la ministra de Defensa en sentido contrario.

En definitiva, nosotros lo que pedimos es que se haga con todos los contratos que hay en la actualidad en vigor con Israel lo mismo que se ha hecho con esas balas que se iban a comprar, esos millones de euros gastados en balas 9 milímetros que se iban a emplear. Que no haya lugar a que ninguno de los 41 contratos firmados desde octubre del año 2023 tenga visos de salir. Por citarle alguno, le citaré los que preocupan más: el del láser Litening, el de los misiles Spike, el del programador SETTER, el de los lanzacohetes SILAM, el de las torretas Mini Samson o el de los morteros Cardom. Todos esos todavía no han sido anulados. Todavía están en esa especie de latencia que permite que puedan ser anulados o que puedan finalmente formalizarse y llevarse a efecto. Por favor, sean sensatos y anúlenlos. Creemos que eso es atender al sentir mayoritario de esta Cámara y al sentir mayoritario de la población. Creemos que no hay grieta ni fisura entre la sociedad y esta Cámara en esta decisión y en lo que tiene que ver con la postura genocida de Israel. Queremos, en definitiva, que las empresas israelíes como Rafael, Elbit Systems y otras, ya sea en trabajo único o de colaboración o cooperación con empresas españolas y también ―por qué no― vascas, dejen de hacer negocio a costa de lo que está pasando en Palestina. Porque cada negocio que hacen es un negocio que refuerza a quien está practicándolo en el genocidio, y nadie que diga defender los derechos humanos puede mirar hacia otro lado cuando esto sucede o se perpetra.

Besterik ez. Mila esker. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Eguerdi on guztioi, ministro jauna.

Muchas gracias por las explicaciones sobre los asuntos por los que ha comparecido en la Cámara. En cuanto a la propuesta de la Comisión de la Unión para su tramitación por el Parlamento y el Consejo de un sistema europeo para los retornos de nacionales de terceros países en situación irregular en la Unión que se presenta como complemento del Pacto sobre Migración y Asilo cuya aplicación integral, ya lo ha dicho usted, está prevista para mediados del año que viene, nuestro grupo parlamentario considera imprescindible, con carácter general, el dotarnos como Unión de un marco jurídico común para el sistema de migración europeo, tanto para la gestión de la protección internacional como para los retornos de la inmigración irregular; es clave para una gestión de las fronteras exteriores de un espacio común sin fronteras interiores. En concreto, y en relación con el proyecto de reglamento de retorno ―que no olvidemos que es una propuesta de la Comisión que debe pasar por el trámite de negociación del Consejo y por el trámite de enmiendas del Parlamento―, entendemos que la existencia de un marco jurídico común es en sí mismo imprescindible, más allá de sus contenidos concretos aún por definir, pues la existencia de veintisiete sistemas nacionales de retorno diferentes, cada uno con su propio enfoque y sus propios procedimientos, socava un espacio común sin fronteras interiores, erosiona el respaldo público a las políticas migratorias, incentiva la llegada de personas en situación irregular, exponiéndoles también a condiciones precarias y a su explotación, y es injusto para quienes han respetado las normas y difumina, además, la gestión de las fronteras exteriores de la Unión que ya he señalado. Y en esto coincidimos con la exposición de motivos, con la razón de ser de un marco común para los retornos de nacionales de terceros países en situación irregular. Es necesario un marco regulatorio común que permita agilidad en los retornos para que los sistemas no se vean desbordados y a su vez las personas no queden en un limbo. Un marco también común, necesario, para detener los movimientos posteriores a otros Estados, una vez se ha producido una orden europea de retorno por un Estado miembro, por mor, usted lo ha señalado, del principio de reconocimiento mutuo, pues las órdenes de retorno de cada Estado habrán de ser emitidas con procedimientos y regulación comunes. Normas comunes también para identificar a los nacionales de terceros países que supongan un riesgo para la seguridad y así también posibilitar retornos rápidos. Y, asimismo, normas comunes para establecer salvaguardas de los procedimientos, garantías de los derechos fundamentales de los retornados, controles de las órdenes de retorno, con especial atención a las personas vulnerables, a las familias con menores y a los menores no acompañados; y normas claras, garantistas y ultima ratio para el internamiento en caso de riesgo de fuga y alternativas a la misma. Como les decía, señorías, aunque aún es pronto para posicionarse, porque estamos en un proyecto pendiente de debates y modificaciones, nuestro grupo parlamentario estará especialmente vigilante sobre estos últimos aspectos garantistas señalados. Pero sobre lo que sí queremos manifestar desde ahora nuestra más rotunda oposición es a la externalización de la gestión de las órdenes de retorno en terceros países. Se diga lo que se diga, señorías y señor ministro, es un procedimiento para eludir las normas y procedimientos, los derechos ―también los fundamentales― que conforman y definen nuestro entorno civilizatorio. Señorías, el Partido Nacionalista Vasco y su grupo parlamentario nunca lo aceptará. Pasando a la segunda cuestión, la que hace referencia a la compra de material de defensa y seguridad a empresas armamentísticas israelíes, visto el inaceptable comportamiento, se mire como se mire, del Gobierno y del Ejército israelíes en los territorios palestinos, en respuesta desproporcionada, por cierto, a la barbarie de Hamás el 7 de octubre del año 2023, hay que recordar que la polémica trae causa de las reiteradas declaraciones del presidente Sánchez y de distintos miembros de su Gobierno manifestando que no existía compraventa de material de defensa y seguridad con Israel o empresas de ese país desde el 7 de octubre del año 2023, ni tránsitos ni transbordos en España de ese material con destino a Israel, salvo contratos de mantenimiento de material adquirido en el pasado por las Fuerzas Armadas a ese país. Sin embargo, señoría, tenemos que recordar que esas tajantes afirmaciones siempre venían precedidas de informaciones que las cuestionaban, como las denuncias de tránsitos y/o transbordos en curso o previstos en nuestros puertos y aeropuertos, o tras consultas a portales de contratación del Estado o de Israel, y entonces las negaciones rotundas de transferencia, que afirmaban que se habían congelado todas las compraventas y suspendido las adjudicaciones, se modulaban, señalando que podría tratarse de algún contrato bianual o marcos todavía vigentes, o que no se trataba de armamento, o que estas operaciones eran para programas estratégicos del Ministerio de Defensa para uso propio o para cubrir necesidades de la defensa nacional. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Y todo ello, señorías y ministro, en un contexto en el que, según pasa el tiempo, desde el 7 de octubre de 2023, aumenta el horror en la comunidad internacional, en la española y en la vasca por el inaceptable comportamiento de Israel en Palestina, por los crímenes y atrocidades masivas del Gobierno y Ejército de Israel en Palestina, por los niveles insostenibles de violencia, que tienen toda la apariencia de constituir violaciones graves del derecho internacional humanitario; por la actuación del Gobierno y el Ejército de Israel en la Franja, que se nos representan prima facie como conducente al desplazamiento y sustitución de la población palestina y, si no se remedia, al exterminio mediante la hambruna y la sed con la aplicación de una política de guerra de hambre.

Y no es esta, señorías, una apreciación de parte. Así se ha pronunciado el relator especial de la ONU en su último informe de octubre de 2024, y también en el anterior, de marzo de 2024, sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos. La Corte Internacional de Justicia, respondiendo a la demanda de Sudáfrica, ha afirmado en enero de 2024 que es plausible que Israel esté violando la Convención internacional sobre el genocidio y ha adoptado medidas provisionales que, por cierto, Israel no cumple. Por su parte, la Corte Penal Internacional, el 20 de mayo de 2024, a instancias de su fiscal general, emitió orden de detención contra el primer ministro de Israel, el ministro de Defensa y tres líderes de Hamás por actos ―así los clasifica― plausibles de ser calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad, por causar inanición a la población civil de Gaza. La opinión consultiva, por su parte, de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 declaró la ilegalidad de la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados, exigiendo su finalización y la reparación de los daños causados a las personas físicas y jurídicas afectadas, y también la Asamblea General de la ONU, en septiembre pasado, instó a los Estados a cumplir con sus obligaciones internacionales y con la opinión reflejada por la Corte Internacional de Justicia y a no prestar ningún tipo de ayuda o asistencia que mantenga la situación de ocupación. Por último, la comisión de investigación independiente internacional sobre el territorio palestino, incluido Jerusalén Oriental, que se suma también al dictamen de la Corte Internacional de Justicia, considera por su parte que Israel puede estar cometiendo actos internacionalmente ilícitos en las operaciones militares en Gaza y en la ocupación ilegal de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y que, por tanto, debe cesar cualquier ayuda directa o indirecta a Israel.

Todas estas consideraciones, señorías, de tribunales internacionales y de organismos internacionales están realizadas antes de los hechos que están sucediendo este año y muy significativamente en las últimas semanas, en que ya ―ya lo he dicho en alguna ocasión en la Cámara― no es que sobren las palabras, es que ya no tenemos palabras para describir el horror de lo que está pasando en los territorios ocupados palestinos a manos del Gobierno y el Ejército israelíes. Por situaciones como esta dimos ayer nuestro apoyo a favor de tramitar una modificación de la Ley 53/2007, a fin de introducir en la misma los embargos de material de defensa y doble uso a un Estado demandado ante un tribunal internacional por vulneración del derecho internacional humanitario.

Por todo esto que está sucediendo en Palestina a manos del Gobierno y el Ejército israelíes no entendemos la falta de coherencia del Gobierno entre las declaraciones y actos que realiza con respecto a Palestina, los palestinos y el Gobierno y el Ejército israelíes y la falta de transparencia, medias verdades y regate en corto cuando se publican adjudicaciones y formalizaciones de contratos a empresas armamentísticas de Israel, siendo paradigma de ello, señor ministro ―tenemos que señalárselo―, la adquisición y posterior resolución de un contrato de cartuchería para la Guardia Civil, previa negación de la existencia del contrato en otoño pasado, cuando lo que realmente se hizo fue simplemente corregir el adjudicatario, vendiéndose como una revocación del contrato de suministro en sí, en vez de señalar que se iniciaban con el nuevo adjudicatario los trámites para la revocación, cosa que finalmente no hizo su ministerio hasta que lo detectaron los medios de comunicación.

Tampoco entendemos, señor ministro, como miembro del Gobierno, que hagan estas afirmaciones tan sin matices de que todas las adjudicaciones de compra de armamento y material de doble uso a empresas israelíes están suspendidas y, cuando se publican las informaciones que lo desmienten, como les señalaba, vienen las matizaciones, que precisamente además no son en origen, son sobrevenidas y justificatorias, como ciertos contratos de seguro en los que, frente a lo que parece asegurado, cuando se produce el siniestro aparecen las cláusulas en letra pequeña que echan por tierra lo que creíamos. Pues mire, ministro, con su Gobierno y en esta cuestión está pasando lo mismo, pero no es que sea la letra pequeña, como se dice popularmente, es que es letra nueva, y el culmen fue la comparecencia del presidente ante este Pleno el 7 de mayo pasado cuando, contestando a la portavoz de SUMAR y después de criticar distintos informes de ONG, vuelve a repetir que todas las adjudicaciones a empresas de armamento o material de doble uso a empresas israelíes están suspendidas, y luego nos dice a continuación que las no suspendidas lo son porque cumplen alguna de unas condiciones que a su juicio son razonables.

Señor ministro, no es que sean razonables o no, es que se nos ha asegurado durante tiempo que no se compraba material producido por las empresas armamentísticas israelíes, y ahora el Gobierno, con posterioridad, nos cuenta excepciones al criterio general.

Señor ministro, tengo que señalarle también que las empresas armamentísticas israelíes contribuyen a las acciones del Ejército israelí, incluso hacen propaganda de sus acciones en territorios palestinos ―ya se lo ha señalado el señor Santiago―, testan su material en las campañas militares de Israel y en el laboratorio de la ocupación en Palestina. Las empresas armamentísticas israelíes tienen fuertes vínculos con el poder político israelí y buena parte de estas empresas están formadas o fundadas por ex altos cargos militares o de inteligencia y son además un instrumento de la política exterior de Israel. De ahí que parte de su política haya sido adquirir empresas armamentísticas, entre otras españolas, como filiales, como plataformas de penetración en otros mercados, incluso en el español, o para el desarrollo y fabricación de estos productos.

Señor presidente, señor ministro, voy finalizando. ¿Cómo hemos de valorar la opacidad y falta de transparencia del Gobierno en esta cuestión, las rectificaciones sobre la marcha, las matizaciones posteriores a rotundas declaraciones previas y lo que significa y supone la compra y colaboración con las empresas armamentísticas israelíes? Solo podemos concluir de una manera, que nuestro crédito con el Gobierno en esta cuestión está quebrado y que solo hay una manera de restaurarlo, suspendiendo efectivamente y siendo transparente con todas las adjudicaciones en concreto que se suspenden y también promocionando una tramitación rápida de la reforma a la ley de transferencia de material militar y de doble uso para introducir el embargo con aquellos países que están denunciados o para los que al menos, como dijimos, un tribunal internacional ha decretado medidas cautelares.

Nada más. Muchas gracias.

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señor Marlaska, hoy comparece en el Congreso de los Diputados por un contrato de 6 millones de euros en balas que ustedes concedieron a una empresa israelí, Guardian Homeland Security, en octubre del año pasado, cuando ya entonces dijeron que lo iban a cancelar. En plena Semana Santa nos enteramos de que ustedes no solo no habían cancelado el contrato, sino que la tramitación había continuado con total normalidad hasta la adjudicación definitiva del contrato en pleno abril. Lo primero que querría saber es cómo podemos creerle hoy que van a cancelar ese contrato si ustedes ya mintieron la primera vez. Y lo segundo que me gustaría saber es cómo pueden ustedes subir a esta tribuna y mentir de manera tan descarada sin despeinarse. Ustedes no solo han seguido comprando y vendiendo armas al Estado terrorista de Israel después del 7 de octubre, sino que, además, como denuncia el Centre Delàs, las conexiones armamentísticas de España con el Estado de Israel están más vivas y son más abundantes y lucrativas que nunca. Ustedes no solo no han aplicado un embargo de armas a Israel, sino que han comerciado con Israel más que nunca. El propio informe de la sociedad civil independiente lo dice nítido: nunca antes tantas empresas españolas o asentadas en España habían desarrollado tantos proyectos conjuntos con empresas israelíes y nunca antes la industria israelí se había adjudicado tantos contratos del Ministerio de Defensa español en semejante cantidad, en número de contratos y en volumen económico. Hay más de mil millones de euros en contratos armamentísticos comprometidos por el Gobierno de España con empresas israelíes. Es dinero de nuestros impuestos, señor Marlaska. Nuestro dinero. Dinero ganado con el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras españolas que se está usando para matar de hambre a niños y niñas inocentes, para bombardear, para masacrar, para quemar vivas a personas refugiadas que no tienen dónde ir y para destruir cada vivienda, cada escuela, cada hospital y cada universidad de la Franja de Gaza. Dinero de los españoles y las españolas que se está usando para financiar cárceles donde se tortura de manera inhumana a la gente. Y se les detiene de forma totalmente arbitraria. Míreme, ya sé que no le importa mucho este tema, pero creo que es importante que le prestemos atención. Se lo digo claro, señor Marlaska, me da auténtico asco que se esté usando el esfuerzo de la gente trabajadora de este país, que es solidaria con Palestina, para financiar un genocidio. Ustedes votaron ayer a favor del embargo de armas y hoy siguen comprándole, vendiéndole y permitiéndole el tránsito de armas con destino a Israel. (Aplausos).

Hoy no le voy a permitir que mienta, como hizo el presidente del Gobierno la semana pasada. Ustedes han firmado cuarenta y seis contratos de gasto militar a Israel desde el 7 de octubre del año 2023, por valor de 1044 millones de euros. De esos contratos, ministro, hay diez que todavía no están formalizados, es decir, que no han generado derechos en el vendedor, y que, por tanto, son perfectamente cancelables. Para que no me diga que no es verdad, se los voy a leer. Son datos públicos de la plataforma de contratación del sector público que ha extraído el Centre Delàs y que ha contado esa periodista valiente, que es Olga Rodríguez. Contrato número uno, suscrito por el Gobierno de España: Suministro del Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad, SILAM, adjudicado a las empresas Escribano y Expal, el 15 de diciembre de 2023, por valor de 576 millones de euros. Contrato número dos, suscrito por su Gobierno, ministro: 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2, adjudicado a la empresa PAP Tecnos, filial de la empresa israelí Rafael, que tiene las manos manchadas de sangre, el 22 de noviembre de 2023, por valor de 237 millones de euros. Contratos número tres y cuatro: adquisición del programador M339 SETTER, adjudicados a la empresa IMI Systems, el 14 de marzo y el 25 de noviembre del año 2024, por valor de 1,85 millones de euros. Contrato número cinco: adquisición de bienes complementarios de los sistemas inhibidores de frecuencia de las Fuerzas Armadas, adjudicado a la empresa Netline, por valor de 1,3 millones de euros, el 22 de noviembre del 2023. Y otros cinco contratos menores, por valor de varios miles de euros, para repuestos de pistolas y fusiles, estructuras para entrenamiento de tiro, baterías, fundas de pistola o blancos estáticos. Miren sus teléfonos, sí, porque a mí me daría vergüenza estar sentada en esa bancada. En total, diez contratos por valor de más de 800 millones de euros que ustedes podrían cancelar hoy mismo si no fueran auténticos colaboracionistas con el Hitler del siglo XXI, que es Netanyahu. Igual que hoy mismo podrían impedir que nuestro país fuera un punto estratégico de tránsito de armas con destino a Israel. Sin los puertos de Algeciras, Cartagena, Valencia o Barcelona, Estados Unidos nunca podría haberle mandado a Israel todas las armas que sirven para masacrar a niños y niñas inocentes. Y ustedes no han movido ni un dedo en veinte meses de genocidio.

¿Sabe, señor Marlaska, que hay dos capitanes de barcos Maersk que están en estos momentos investigados por la justicia española por comerciar con armas? Ojalá algún día veamos a todas las personas que han sido cómplices de este genocidio y han permitido el comercio de armas con Israel sentados en un banquillo por permitir esta atrocidad. (Aplausos). Lo que están haciendo no solo es inmoral, es abiertamente ilegal, según la propia ley de comercio exterior de armas española. Ministro, lo legal y lo moral es parar los barcos, inspeccionar la carga y retenerla para que no llegue nunca a servir para masacrar a niños y niñas inocentes. Y lo diré tantas veces como sea necesario. Hoy mismo, si quisiera hacerlo, el Gobierno de España podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario y acordar un embargo formal de armas a través de un real decreto, que no necesita el refrendo de esta Cámara, pero ustedes lo que buscan es el titular y quedar bien, pareciendo que apoyan al pueblo de Palestina, cuando no hacen lo que tienen que hacer. Embargo de armas ya, ministro. Embargo de armas ya. Embargo de armas ya. Si no lo hacen, es porque su relación con Israel es estratégica, estable y muy profunda, y esa relación comercial y política va mucho más allá del comercio de armas.

La tecnología militar y civil que utilizan los Estados Unidos y sus socios, incluida España, ganan valor por haber sido probadas en combate, es decir, masacrando al pueblo de Palestina. Esta tecnología se perfecciona asesinando a niños inocentes y después se utiliza en España para dejar morir a las personas migrantes en el Mediterráneo y para perseguir a la disidencia política y social en España. En concreto, señor Marlaska, hoy queremos exigirle también que Indra rompa la relación estratégica que tiene con la empresa israelí Israel Aerospace Industries, una empresa que desarrolla tecnología de drones que sirven para asesinar a gente y para atacar a la Flotilla de la Libertad, como vimos hace unas semanas. Y le exijo que también se prohíba el uso en nuestro país de las tecnologías de vigilancia y espionaje Pegasus y Celebrity, que se desarrollan contra el pueblo de Palestina, pero después ―señorías, no lo olviden nunca― se utilizan contra todos y contra todas. El que crea que el genocidio que los sionistas están perpetrando no le afecta, se equivoca de manera definitiva. ¡Basta ya!

Muchas gracias. (Aplausos).

Grazas, señor presidente. Moi boa tarde, señor ministro.

Onte este Congreso aprobou a admisión a trámite dunha proposición de lei recollida da RESCOP e impulsada por diversas forzas políticas, entre elas o BNG, para modificar a Lei de 2007, de 28 de decembro sobre o control de comercio exterior, de material de defensa e de duplo uso, introducindo a figura do embargo e o seu réxime xurídico. No texto recóllense tanto as situacións en que pode ser aplicado un embargo como os materiais que poden ser obxecto del e evidentemente inclúese, para alén de armamento e material militar, material policial e antidisturbios, incluíndo pezas de reposto, municións e mesmo tecnoloxía de duplo uso. Con esta lei na man e —e‌ speramos que sexa aprobada canto antes‌— vostedes non terían cometido o erro lamentábel, como cualificou o presidente do Goberno, de continuar cun contrato de compra de munición para a Garda Civil a unha empresa israelí. Porque, señor ministro, hoxe é evidente que continuar comerciando con Israel é colaborar nun xenocidio terríbel e cada día máis atroz que está a cometer a entidade sionista contra a poboación de Palestina en Gaza. É xa unha esixencia non só política democrática, senón tamén ética e moral facer fronte aos crimes de guerra de lesa humanidade israelís, ao exterminio planificado de crianzas e da poboación de Gaza para provocar para provocar unha limpeza étnica e posibilitar a ocupación dese territorio.

Onte o exdeputado israelita Moshe Feiglin no Canal 14 da televisión de Israel afirmaba: «todas as crianzas, todos os bebés en Gaza, son inimigos. O inimigo non é Hamás. Precisamos de conquistar Gaza e colonizala e non deixar alá nin unha única crianza de Gaza. Non hai outra vitoria». E eu pregunto, que diferencia isto dos nazis? Se callar, si hai unha diferenza que é o descaro brutal e a naturalidade con que se enuncia o propósito de eliminar toda a poboación de Gaza, crianzas incluídas. Porén, o máis terríbel non é que o anuncien é que o están a facer. Bombardearon escolas e hospitais, incluídas as da ONU, destruíron os servizos básicos como o de subministración de auga e bloquean a entrada de axuda humanitaria. Onte mesmo, a ONU advertía que ou entra axuda ou en 48 horas poden morrer 14 000 bebés. É absolutamente terríbel e ata agora o chamado mundo occidental asistiu impertérrito ao masacre, sen actuar, nun silencio cómplice. Mais como alguén acertadamente dixo: o silencio debe ser para que as crianzas poidan durmir, non cando as están a asasinar. E as crianzas palestinas‌— coma as do mundo todo, en toda a parte‌— deben poder durmir en seguranza e con tranquilidade sen o ruído das bombas, sen o apertar da fame extrema, sen angustia de saber que poden ser asasinadas en calquera momento.

Até agora, na actitude da civilizada Europa, a existencia de dous pesos e dúas medidas foi evidente. Leo dous titulares de hoxe: «A UE redobra as sancións a Rusia ante a falta de avances na tregua» en La Voz de Galicia. Outro: «Europa comeza a tomar medidas contra Israel ante a inaceptábel situación en Gaza», El País. Comeza? Ao e medio despois de que Israel iniciase o masacre xeneralizado en Gaza? Mais o subtítulo aínda é máis revelador: «A UE revisará o seu acordo de asociación con Israel por posíbeis violacións de dereitos humanos». Posíbeis? Como que posíbeis? Máis de 60 000 mortos e 16 000 crianzas asasinadas despois, toda Gaza destruída e convertida nun verdadeiro campo de exterminio? Pódese ser máis hipócrita do que está sendo a Unión Europea? A Corte Internacional de Xustiza xa determinou que se estaban a producir violacións dos dereitos humanos e por iso a Corte Penal Internacional...

Gracias, señor presidente. Ayer, señor ministro, este Congreso aprobó la admisión a trámite de una proposición de ley recogida en la RESCOP, impulsada por diversas fuerzas políticas, entre ellas el BNG, para modificar la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, introduciendo la figura del embargo y su régimen jurídico. En el texto se recogen tanto las situaciones en las que se puede aplicar el embargo como los materiales que puede ser objeto de él. Evidentemente, se incluye el armamento militar y también el material policial y antidisturbios, que incluye piezas de repuesto, municiones e, incluso, tecnologías de doble uso. Con esta ley en la mano, esperamos que se apruebe cuanto antes y, así, ustedes no habrían cometido el lamentable error ―como así lo calificó el presidente del Gobierno― de continuar con un contrato para comprar munición para la Guardia Civil a una empresa israelí. Porque, señor ministro, es evidente que seguir comerciando con Israel es colaborar con un genocidio terrible, que es cada día más atroz, y lo está cometiendo una entidad sionista contra la población de Palestina en Gaza. Es ya una exigencia no solo política y democrática, sino ética y moral enfrentarse a los crímenes de guerra y de lesa humanidad israelíes, el exterminio planificado de niños y de la población de Gaza para provocar una limpieza étnica y ocupar ese territorio. Ayer, el exdiputado israelí Moshe Feiglin, en el Canal 14 de la televisión de Israel, afirmó: Todos los niños, todos los bebés en Gaza son enemigos; el enemigo no es Hamás; necesitamos conquistar Gaza y colonizarla, y no dejar allí ni un solo niño gazatí; no hay otra victoria. Así que me pregunto: ¿qué diferencia esto de los nazis? Quizás sí hay una diferencia: el descaro brutal y la naturalidad con la que anuncian el propósito de eliminar a toda la población de Gaza, incluidos los niños. Sin embargo, lo más terrible no es que lo anuncien, es que ya lo hacen. Bombardearon colegios y hospitales, incluidos los de la ONU; destruyeron servicios básicos, como el suministro de agua, y bloquean la entrada de ayuda humanitaria. Ayer, la ONU advirtió: O entra ayuda en 48 horas o pueden morir 14 000 bebés. Es terrible.

Hasta ahora, el llamado mundo occidental ha asistido impertérrito a la masacre, sin actuar, en un silencio cómplice, pero ―como se ha dicho― el silencio debe ser para que los niños puedan dormir, no para que los asesinen. Los niños palestinos, como los de todo el mundo, deben poder dormir con seguridad y tranquilidad, sin el ruido de las bombas, sin sufrir el hambre extrema y sin la angustia de saber que los pueden asesinar en cualquier momento. Hasta ahora, la actitud de la Europa civilizada ha reflejado dos varas de medir. Hoy leo dos titulares: «La Unión Europea redobla las sanciones contra Rusia por falta de avances en la tregua», en La Voz de Galicia, y «Europa empieza a tomar medidas contra Israel ante la inaceptable situación en Gaza», en El País. ¿Empieza? ¿Un año y medio después de que Israel iniciase una masacre generalizada en Gaza? Pero su título es aún más revelador: «La Unión Europea revisará su acuerdo de asociación con Israel por posibles violaciones de derechos humanos». ¿Posibles? ¿Más de 60 000 muertos y 16 000 niños asesinados después, con toda Gaza destruida y convertida en un campo de exterminio? ¿Se puede ser más hipócrita? La Corte Internacional de Justicia ya determinó que se estaban cometiendo violaciones de derechos humanos, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Ditou orde de arresto contra Netanyahu e aínda fala de posíbeis violacións?

Por iso, señor ministro reclamamos ao seu goberno coherencia. Esiximos que se impliquen para que poida entrar a axuda e sexa evitada a morte por fame de nutrición de millares de crianzas. Insistimos na ruptura total de relacións con Israel, incluído evidentemente o comercio de armas, mais non só e no seu illamento internacional para comezar a enxergar o fin da ocupación de Palestina. Porque as crianzas de Gaza, toda a poboación de Palestina, ten dereito a vivir en paz e liberdade na súa terra e no seu estado, nunha Palestina libre.

Finalizo. Es más, la Corte Penal Internacional dictó una orden de detención contra Netanyahu por ese motivo.

Por eso, señor ministro, reclamamos a su Gobierno coherencia. Exigimos que se implique para que pueda entrar ayuda y se evite la muerte por inanición y desnutrición de miles de niños. Insistimos en la ruptura total de las relaciones con Israel y su aislamiento internacional para empezar a ver el final de la ocupación de Palestina. Los niños de Gaza y la población de Palestina tienen derecho a vivir en paz y libertad en su tierra y en su Estado. Una Palestina libre.

Señorías, esta comparecencia es casi desde el inicio una gran oda a la doble moral, porque entre los hechos y las palabras hay una enorme distancia cuando hablamos de lo que opinamos de Israel y de lo que hacemos con Israel. Pero, también, porque a lo largo de toda la comparecencia he escuchado casi en la misma frase conceptos como solidaridad, reparto equitativo, garantía de derechos fundamentales y retorno; casi en la misma frase.

El pacto europeo de asilo que España defiende establece esa solidaridad, esa equidad y esos derechos fundamentales que, por cierto, en España no se cumplen. Y no se cumplen porque unos (señala hacia los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) están llevando a los tribunales los acuerdos que alcanzamos en esta Cámara para una distribución solidaria, corresponsable, de los menores que llegan por la frontera sur, y otros (señala hacia los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) ya tienen dos llamadas del Supremo para que cumplan el auto que les obliga a acoger a los menores con derecho a asilo y a protección internacional. Pero quien nos oyera hoy diría que somos un ejemplo de humanidad, de solidaridad, de preocupación por la infancia y por las personas más vulnerables. En fin.

Ministro, usted dijo que tenía tres ochomiles a sus espaldas; usted sabe bien cuál es mi ochomil, cuál es el ochomil de los canarios: una situación migratoria que sigue sin ser comprendida. No solo no se responde como debiera, sino que sigue sin ser comprendida. Hoy escucho aquí soluciones tan fáciles como coger a los niños, meterlos en un avión y devolverlos. Eso ni son derechos fundamentales ni lo permite la ley, ni los países de origen los admiten ni los países de origen los reconocen. Es imposible. Estamos vendiendo un discurso que habla de cosas que no se pueden hacer! ¡Hablemos de lo que sí se pueda hacer! ¡Ah!, pero eso no les interesa, porque entonces ¡a lo mejor tienen que comprometerse a hacer algo! y, claro, si están en Canarias, déjenlos allí para evitarnos problemas. Una periodista canaria escribió hace pocos días: «Aprendimos como quien aprende a cocinar o a rezar a contar muertos sin nombre, a hablar de cifras y no de historias, a tragarnos el dolor con papas arrugadas y a seguir». Así es. A eso nos han acostumbrado entre todos y todas.

Señor ministro, voy a terminar, porque el tiempo que tengo, como sabe, es muy corto. Le quiero pedir un compromiso: no solo que haga este ochomil con nosotros y que haga que se cumpla la ley y el auto del Supremo, también le quiero pedir que atienda una reunión que le ha pedido el Cabildo de Fuerteventura por escrito con los máximos dirigentes del ministerio. Porque venimos reclamando hace mucho tiempo ese refuerzo de cuerpos y fuerzas de seguridad y los datos de criminalidad que se han publicado en el caso de Fuerteventura dan la razón a la Administración insular. Mírelos, han crecido un 20 %. Y no estoy hablando de inmigración africana, ¿eh? La población ha crecido de una forma importantísima en Canarias con inmigrantes blancos, europeos y latinoamericanos. No vuelvan a mirar a los pobres africanos, a los que vienen del sur y a los que tienen otro color de piel.

Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Catalán Higueras.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días o muy buenas tardes. Una vez más, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, quiero manifestar nuestra exigencia para que se cumpla el derecho internacional, en este caso concreto vulnerado por el Estado de Israel. Con ello, también deseo manifestar nuestro rechazo al sufrimiento injusto que está padeciendo la población civil de Palestina. Junto a ello, es lógico que nosotros también volvamos a condenar el atentado del 7 de octubre y el que todavía haya ciudadanos de Israel que estén secuestrados por una banda terrorista como es Hamás. También, debemos condenar los conflictos bélicos y la usurpación de los derechos humanos que se dan en otras partes del mundo. Ahí tenemos todo lo que está ocurriendo en Ucrania con la invasión de Rusia o la vulneración de los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Por lo tanto, hay que ser coherentes y, sobre todo, justos en el mundo. Por otro lado, señor Marlaska, ¡qué papelón! ¡Qué papelón, señor Marlaska! Usted, una vez más, ha vuelto a ser humillado por el Gobierno y por sus compañeros de Gobierno, como lo fue en su día también por parte de una exministra. Usted, que ha sido un juez admirado y respetado, hoy es un ministro despreciado. ¡Quién le ha visto y quién le ve! ¿De verdad merece la pena, señor Marlaska, tanta humillación? Ustedes apoyaron y respaldaron un contrato de armas con Israel y ahora, a los meses, dicen que se podía rescindir y lo van a anular. ¿Eso es normal, señor Marlaska? Sabemos que el propio ministro del Interior ha venido afirmando una cosa y haciendo otra completamente diferente. Este Gobierno ha caído en su propia hipocresía, demagogia y mentira; y en el engaño y la falsedad como forma de hacer política, que hemos venido denunciando; en el bulo permanente, diciendo una cosa y haciendo la contraria. Pero es que también fueron ustedes los que dijeron que no se iban a vender armas a Israel y que no iban a comercializar con ellos, y lo hicieron, adoptando además una postura partidista sin tener en cuenta las consecuencias y los perjuicios que podía tener para España; y lo hicieron con la prepotencia y la soberbia que les viene caracterizando. ¿Y ahora qué, señor ministro? ¿Quién va a asumir responsabilidades? ¿Lo va a hacer usted? ¿Lo va a hacer alguien del Ministerio del Interior? Alguien lo tendrá que manifestar y también asumir. ¿Quién lo va a afrontar? ¿Quién va a afrontar las consecuencias que pueda tener no sabemos si en el tema de seguridad para nuestro país o en la administración de fondos públicos? Porque estamos hablando también de fondos públicos, y la malversación de estos es un riesgo del que ustedes están muy cerca. Pero es que, además, usted, señor ministro, tuvo la desfachatez de no salir al paso rápidamente, de manera inmediata, y dar las explicaciones oportunas sobre esta situación. Fueron los medios de comunicación y algunos grupos parlamentarios los que denunciaron ese incumplimiento de la palabra dada por el propio Gobierno.

Evidentemente, nosotros hoy también tenemos que ratificar y tener muy claro que el Gobierno de España, cuando se apruebe definitivamente el nuevo reglamento de retorno de la Unión Europea tendrá que asumirlo y cumplirlo. Se ha venido demandando y exigiendo una política común en materia migratoria de la Unión Europea. Se ha venido demandando una participación en esta situación, que los diferentes países de la Unión Europea han venido planteando y afrontando de manera unilateral, descoordinada y también desordenada. Por lo tanto, es algo que habrá que hacer, porque este Gobierno carece de una política real y efectiva en materia de inmigración; las consecuencias son más que evidentes. El tiempo dará y quitará razones; lo que es evidente es que con este Gobierno nunca podemos fiarnos, y tampoco, mucho menos en política migratoria.

Muchas gracias.

Muchas gracias, presidente. Bueno, ya ven lo que le interesa al Grupo Popular hablar de política migratoria: hay más de cien diputados y diputadas del Grupo Popular que no están ocupando sus sitios. ¡Y fueron ustedes los que pidieron al ministro que hoy viniera a hablar de política migratoria! Ustedes, ustedes han sido. (Aplausos). Fíjense, señorías, que ha habido varias intervenciones que han criticado la gestión que está haciendo el ministro del Interior al frente del ministerio. Solo les voy a dar algunos datos ―creo que los conocen perfectamente, pero como no les gustan los obvian―: nunca antes en el Ministerio del Interior ha habido tantos policías, tantos guardias civiles ni tantos trabajadores de Instituciones Penitenciarias. Nunca antes los trabajadores del Ministerio del Interior han tenido en sus nóminas un incremento salarial tan alto como el que hay ahora. Nunca antes se ha invertido tanto en infraestructuras: más de 1000 millones de euros. Y nunca antes en el Ministerio del Interior, por lo menos en los últimos años, se ha perseguido al delincuente en vez de tapar al corrupto, como hacían ustedes al frente del ministerio. (Aplausos). Señorías, hoy hemos venido aquí a hablar de una tragicomedia que consta de dos actos: el primero, el Pacto europeo sobre Migración y Asilo; y el segundo, el papel de España ante la masacre que está ejecutando Israel en Gaza. Cualquier persona que esté siguiendo ahora este Pleno se dará cuenta de que son dos temas que tienen poco que ver, así que creo que lo que toca ahora es intentar establecer un hilo conductor en todo esto, algo que a quien nos esté viendo ahora le permita seguir el debate y nos permita seguir el relato. Les propongo que trabajemos sobre un concepto: el de liderazgo. Claro, la primera cosa que surge es dónde uno busca una definición de liderazgo, de líder, porque, como cualquier institución en este país, según ustedes, está manchada del tremendo sanchismo, intentemos buscar una que, al menos de momento, no está tapada por este sanchismo que dicen ustedes. Vamos a la RAE. Según la definición de la RAE, liderazgo es «condición de líder». Empezamos mal para ustedes, es justo lo que no tiene Alberto Núñez Feijóo, condición de líder. Así que vamos a intentar otro concepto: valentía política. Tampoco les pega a ustedes. Pero, claro, la cuestión es que si queremos hablar de migración y queremos hablar de Gaza, tenemos que hablar de liderazgo para posicionar un país y de valentía política para tomar decisiones. (Aplausos). Y eso, señorías, es lo que tiene este Gobierno, y eso es de lo que carecen ustedes, de valentía y de liderazgo. Vamos a por el primer acto de esta tragicomedia de hoy: el pacto sobre inmigración. Señorías del Grupo Popular, ¿saben cuál es su drama en esta cuestión? Que hace tiempo que VOX decide por ustedes. Se han convertido en el portavoz de lo que podríamos llamar el sí pero no migratorio, o, si lo prefieren por cercanía geográfica, en el pimiento de Padrón, que unas veces pica y otras, no. Porque la cuestión aquí es: ¿ustedes apoyan el Pacto europeo de Migración y Asilo? En Bruselas dicen que sí, pero aquí en Madrid lo critican. ¿Quieren reparto de responsabilidad entre Estados? En el Parlamento Europeo dicen sí, pero cuando toca hablar de solidaridad territorial en España, entonces lo que dicen es que no, que las competencias tienen que ser del Gobierno de España. ¿Saben cómo se llama eso, señorías? Hipocresía. A eso juegan: a decir una cosa en Europa para que sus colegas del Partido Popular Europeo no les riñan, pero, claro, aquí tienen que decir la contraria para que VOX no se enfade. Por cierto, abro un pequeño paréntesis: lo del señor Feijóo con VOX ya es algo más que un problema político, es una relación tóxica, pues le impide hablar con claridad de inmigración, le impide hablar con dignidad de derechos humanos y, sobre todo, le impide ejercer liderazgo. Porque, señorías del Grupo Popular, Feijóo es como un reloj de cuco: si no le das cuerda ni se mueve ni canta. Y esto lo ha aprendido VOX y lo ha aprendido la señora

Ayuso. Bruselas se ha convertido para ustedes en Las Vegas: lo que pasa en Bruselas se queda en Bruselas. Allí votan a favor del reglamento de retorno, pero cuando este Gobierno lo defiende aquí, ustedes lo llaman barra libre para la inmigración ilegal. En Bruselas votan a favor del reparto solidario de personas refugiadas, pero aquí exigen el cierre de fronteras, y si es con barcos de guerra, mejor. Allí votan para reforzar Frontex y los mecanismos de control, aquí hablan de invasión y falta de control. ¿En qué quedamos, están a favor o en contra? ¿O simplemente están a favor de lo que en cada momento les dé más votos? Al final, votan en Bruselas lo que VOX no les deja defender aquí. Ya ven, lo que les decía: falta de liderazgo y de valentía política.

Pero sobre la cuestión migratoria les propongo un reto: abandonen el tacticismo, propongan algo útil, porque si lo único que tienen que ofrecer al país es miedo, discursos incendiarios y dobles raseros, están renunciando a ser una oposición seria. Aprovechen su congreso, señorías del Grupo Popular, no solo para salvar el match point de liderazgo que tiene Feijóo, presenten una política migratoria seria y, sobre todo, autónoma de VOX.

Frente a esta política titubeante de la derecha, este Gobierno ha actuado con claridad y con coraje. Hemos defendido un modelo europeo que respeta los derechos humanos y a la vez reclama responsabilidad compartida, porque los países del sur de Europa no podemos ser los únicos en gestionar una crisis estructural de todo el continente. ¿Es perfecto? No, señorías, no lo es, pero al menos hay dirección, hay coherencia y hay política real. No hay teatro, no hay silencio y, sobre todo, no hay cinismo. ¿Saben qué pasa? Que este Gobierno lidera. Este Gobierno no improvisa, como ustedes, y eso ―por lo que sea― les tiene bastante desconcertados. El Gobierno ha asumido sus responsabilidades y lo ha hecho en cinco ejes: aplicación del Reglamento de procedimientos de asilo, colaboración con Frontex, hemos desarrollado el mecanismo de solidaridad voluntaria, hemos reformado el sistema nacional de acogida ―a pesar de ustedes― y hemos entablado relaciones de cooperación con los países de origen y tránsito. No soportan que España hoy tenga más voz en Europa que nunca. No soportan que, cuando hay un presidente socialista al frente de España, no solo nos protegemos de amenazas externas, también lideramos. Pero lo que menos soportan es no tener el poder. Lo que menos soportan es que haya un Gobierno progresista en este país, señorías del Grupo Popular.

Hoy han vuelto a montar aquí un teatrillo con la excusa de fiscalizar al Gobierno. Pero ¿dónde están sus propuestas? ¿Qué modelo migratorio proponen? ¿Dónde están sus enmiendas al Reglamento europeo? ¿Cuál es su posición sobre la reubicación obligatoria? Silencio. Donde ustedes se mueven bien es en el ruido y en el fango. ¿De verdad quieren darnos lecciones, señorías del Grupo Popular? Gestión firme, lo han dicho hoy aquí. Gestión firme contra la inmigración, dicen. Oiga, ¿pero ustedes son conscientes de que tienen al líder con las piernas más flojas de toda la Unión Europea? (Aplausos). Si le presiona el IBEX, flojera. Si le presiona la patronal, flojera. Y si le presiona Ayuso, flojera intestinal. (Risas). Nadie puede aspirar a gobernar España copiando los discursos de VOX ni sometido a lo que le soplan desde la Puerta del Sol. Uno lidera asumiendo riesgos, señorías, marcando posición y defendiendo principios, aunque no den un rédito inmediato.

Señorías de la derecha y de la extrema derecha: migrar no es un delito; huir de una guerra, tampoco; buscar un mejor futuro, menos aún. Defender los derechos de las personas migrantes no es debilidad, es humanidad. Y este Gobierno, a pesar de ustedes, va a seguir haciendo una política migratoria que mire a los ojos de los que llegan, no como ustedes. (El señor Argüelles García: Abandonados en la calle los tenéis). No como ustedes, señorías, que hacen política migratoria con un ojo en las encuestas. Señorías, el contexto internacional exige altura, exige que España como país se coloque donde le corresponde: junto a los que construyen Europa, no junto a los que la sabotean; junto a los que trabajan por la paz, no junto a los que replican el discurso de odio de la extrema derecha; junto a los que entienden que defender nuestras fronteras no es incompatible con defender los derechos humanos. Pero para eso hace falta liderazgo. Y el señor Feijóo, por mucho que lo intente, no lidera ni su sombra. Un día se camufla entre los moderados, otro entre los ultras, y al final no sabe si es el jefe de la oposición o el secretario general de VOX en su pueblo.

Empiezo ya con la segunda parte, que tiene que ver con Gaza. Con sinceridad, después de la comparecencia del presidente del Gobierno la semana pasada, después de las declaraciones que se han ido sucediendo esta semana, después de la votación que hubo ayer aquí en el Congreso, hoy me esperaba escuchar otro tipo de declaraciones y de intervenciones en esta tribuna. Pero es que a veces la superioridad moral con la que parte de la izquierda de este país aborda la situación de Palestina provoca situaciones como las que nos encontramos cada semana, con un tuit amenazante con no sé qué; cada día, con una condena maximalista; eso sí, ni una sola propuesta que sea viable diplomáticamente. Créanme, debatir en el Congreso de los Diputados sobre cómo ampliar la protección de derechos humanos en cualquier parte del mundo, desde la calle del barrio Garrido en Salamanca ―donde me crie― hasta el último rincón de Gaza, siempre será mucho más edificante que una conversación o un debate entre Mazón y VOX para desmantelar la unidad de emergencias en Valencia, que costó más de doscientas vidas, o un debate entre Mañueco y VOX para anular derechos a las mujeres en Castilla y León, o un debate entre Azcón y VOX abriendo de par en par la puerta a la privatización de la sanidad pública. (Aplausos). Porque los debates de la izquierda salvan vidas; los de la derecha nos cuestan vidas.

Pero, más allá de las advertencias que mi grupo recibe en cada Pleno sobre la prueba del algodón de izquierdas a la que algunos nos someten constantemente, quiero exponer qué es lo que ha hecho el Gobierno presidido por Pedro Sánchez respecto a la masacre en Gaza. Junto con Irlanda, fuimos el único país europeo que decidió paralizar la compra y venta de armas y munición a Israel. Nos hemos sumado a la causa contra Netanyahu impulsada por Sudáfrica en la Corte Penal Internacional. Reconocimos al Estado de Palestina en plena ofensiva israelí. Hemos incrementado la aportación de España a la Agenda de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Somos el mayor donante europeo para Oriente Medio. Vamos a presentar un proyecto de resolución en Naciones Unidas para que se pronuncie sobre lo que está ocurriendo en Gaza.

Ahora, en concreto, sobre el comercio de armas y munición con Israel, el 7 de octubre del 2023, el presidente del Gobierno anunció que España no compraría ni vendería munición o armamento a Israel. Se paralizaron dos licitaciones en el año 2024. Sobre el resto de contratos: unos no implican ni armamento ni munición; otros son de compra de componentes necesarios para el funcionamiento de equipamientos, y otros también son necesarios para la reparación de estos equipamientos. Y sí es cierto, lo hemos reconocido, claro que sí: hubo un contrato cuya licitación se produjo en octubre del 2024, pero cuya rescisión ya ha empezado a tramitarse. Ayer mismo apoyamos una proposición de ley que supone el embargo total de armas a Israel, lo que deja en el aire varios contratos por un importe mayor a los 500 millones de euros. Ahora en serio, ¿todo esto les parece insuficiente, señorías? ¿Creen que se puede mejorar el grado de influencia de nuestro país sin romper el tablero? Si de verdad lo creen, creo que están muy alejados de la realidad.

Y no puedo acabar este punto sin señalarles que, atendiendo al contexto internacional, es necesario empezar a generar desde la izquierda nuevos espacios que nos alejen del buenismo sobre la inversión en defensa y nos acerquen a la necesidad de ser autosuficientes en este asunto. Porque si ustedes creen que no dependemos de Israel y no deberíamos depender, ¿de quién deberíamos de depender, de otros o de nosotros mismos? Pero ese debate conviene hacerlo otro día.

Ya sabemos, señorías del Grupo Popular ―no puedo olvidarme de ustedes en este punto―, que lo suyo es hacer oposición al Gobierno de España en cualquier cuestión. Pero ¿van a sorprendernos con un acto de valentía política en su congreso y van a aprobar una resolución de apoyo a los hombres, mujeres y niños que están siendo asesinados en Gaza? Porque destacados miembros del Partido Popular Europeo ya lo han hecho. Les recuerdo algunas cifras, por si les vienen bien para esa propuesta resolución: más de 35 000 personas asesinadas; 14 000 niños que pueden morir en las próximas horas; hospitales destrozados; periodistas asesinados; una delegación diplomática tiroteada hace unas horas. ¿Hasta cuándo van a seguir callando ustedes, señorías del Grupo Popular?

Concluyo. España no se merece una derecha que niega en Madrid lo que firma en Bruselas, ni una izquierda que no reconoce el papel de liderazgo que este Gobierno está jugando en Gaza. España merece un Gobierno que actúe con principios y al que no le tiemble la voz para llamar a las cosas por su nombre. Este Gobierno lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y si a ustedes les incomoda no es porque no digamos la verdad, es porque ya no saben distinguirla.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, creo que entenderán ―y evidentemente no es en modo alguno mi deseo faltar a la cortesía parlamentaria― que divida mi intervención no por grupo parlamentario, sino en los dos bloques a los que hemos hecho referencia, porque creo que se han compartido muchos de los argumentos al respecto y puedo ―con alguna salvedad― tratar en unidad cada uno de dichos apartados.

Si les parece bien, comenzaré con la cuestión de la comisión, por sus capacidades de iniciativa legislativa, del nuevo reglamento de retorno, y también, como se ha referido en esta tribuna, como acompañamiento normativo del resto de instrumentos, reglamentos y una directiva, que conforman el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

En primer lugar, me gustaría decir ―porque ya hubo un debate al respecto en alguna otra ocasión aquí, en el Congreso― que el Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado durante la presidencia española del Consejo no es el Pacto Europeo de Migración y Asilo que todos hubiéramos querido o, por lo menos, el que España y el Gobierno de España en su integridad hubieran querido, pero hay que llegar a un mínimo común, ese mínimo común que entendemos aceptable, porque conforma el espíritu y los valores de la Unión Europea, sobre todo, tras más de ocho años de discusiones, en las que se estaba en todo momento dando la vuelta a los mismos conceptos, sin avanzar y sin crear un marco normativo preciso y único dentro de la Unión para poder abordar de una forma común, decidida y ―entendemos― más operativa el fenómeno migratorio. Por lo tanto, aquí no hay que estigmatizar, sino todo lo contrario.

Ahora estamos en un proceso importante, relevante, en el que hay muchos servidores públicos trabajando, que es la implementación de ese pacto europeo, con muchas exigencias en el caso de nuestro país, de España, como país de primera entrada; un suplemento en cuanto a lo que debemos abordar tanto en el plano normativo como en el plano operativo. Estamos trabajando en ello y, por eso, quiero agradecer el esfuerzo importante que están realizando muchos funcionarios públicos y muchos departamentos de distintos ministerios del Gobierno de España concernidos en tal materia, siempre, evidentemente, bajo las directrices que, con un plan general de implementación, nos giró la Comisión Europea, un plan del cual derivan los planes nacionales de implementación.

A este respecto, me gustaría hablar —y‌ dejaré los principios a los que se ha hecho referencia de la iniciativa legislativa del nuevo reglamento de retorno‌— del fenómeno migratorio, porque creo que, como también se ha dicho, a veces se trata en este hemiciclo, sobre todo por los grupos parlamentarios de la derecha, con demasiada simpleza, permítanme la expresión. El fenómeno migratorio es un fenómeno que está ahí, que ha venido y que hay que gestionar, y hay que gestionarlo en todo su ámbito, en un ámbito integral, holístico, como se dice ahora, tanto en el terreno de la migración regular como en la lucha contra la migración irregular ―porque una cosa no es incompatible con la otra― y bajo los principios comunes en el marco de la Unión Europea.

Dentro del fenómeno migratorio, no solo es importante ese marco normativo al que hago referencia y que conforma el texto del pacto y cómo quede finalmente el reglamento de retorno como complemento al mismo, sino también lo que llamamos nosotros la dimensión exterior. Esa dimensión exterior es ―y me lo han oído decir muchas veces― la cooperación permanente y estable al desarrollo con los países de origen y tránsito; lo que podemos llamar adelantar fronteras. ¿Qué quiere decir? Que la gente no tenga la necesidad imperiosa de salir para salvar sus vidas en cualquiera de los conceptos —‌en el concepto político, por persecución; en el concepto climático, por los riesgos del cambio climático, o por riesgos económicos o laborales‌—, es decir, que no tenga que migrar para poder vivir. Esta es una realidad importante que no se puede extraer del pacto migratorio, es un elemento importante del mismo por el que en España seguimos apostando. Esto no quiere decir que no haya cooperación con estos países en el ámbito de la seguridad o para ayudarles a segurizar sus fronteras y a luchar contra las mafias que trafican con migrantes. Eso también lo estamos haciendo, pero tiene que ser en esa integridad. Claro, lo que no se puede decir es, como dice VOX ―y se suma el Partido Popular―: control de fronteras. Es que en el mar no hay fronteras. Es decir, se pueden controlar las fronteras terrestres ―esto es una obviedad, pero hay que decirlo― o las fronteras aéreas, pero en el mar, cuando ya enfrentamos la llegada del cayuco, lo que hay es cumplimiento de la ley internacional, de la que hoy estamos hablando porque es necesario hacerlo más que nunca con lo que está pasando en Gaza. En ese sentido, lo que dice la ley internacional es que hay que asistir a las personas que están en riesgo en el mar. Es verdad que VOX habla de llevar a la Armada. No sé con qué finalidad. Supongo que será con la de asistir a los migrantes y trasladarlos a tierra, pero eso lo hacen nuestros servicios de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. Pero seguimos luchando y, por eso, hemos incrementado la cooperación con esos países de origen y de tránsito y, como digo, hemos evitado el 40 % de las salidas irregulares. Esto es objetivable y esto es ―lo repito también porque va en consonancia― salvar vidas. O sea, menos soluciones mágicas en un fenómeno como este al que estoy aludiendo. Además —‌también me lo han repetido, pero habrá que recordarlo―, África va a duplicar su población para 2050, y para 2030 ―ya saben que todo lo tenemos para 2030; nos queda mucho trabajo hasta 2030― van a pasar de 1350 a 1750 millones con un producto interior bruto diez veces inferior al de Europa. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la solución? ¿Cómo se para eso? Eso se para con lo que he dicho anteriormente de la dimensión exterior y una cooperación real y efectiva. No hay soluciones mágicas al respecto.

Hoy no he visto que me hayan hablado ―igual el señor Gil Lázaro sí― de las políticas italianas. Italia el año pasado redujo el 62 o el 65 %. Bueno, pues en este año, que habían empezado bien, ya ha subido un 2 %; nosotros, España, estamos reduciendo un 29 % respecto al año pasado. En números absolutos, Italia, que este año había empezado por debajo de nosotros, ya tiene más. A fecha de hoy, tiene más de 17 000 migrantes irregulares llegados por vía marítima, y nosotros, 14 000. Grecia está en nuestros niveles de reducción de acuerdo con el año 2024. Vuelvo a decir que esto es muy relativo, porque en la migración, en la presión, en la lucha no hay soluciones mágicas que sean distintas de las que digo de cooperación al desarrollo y de políticas activas con los países para luchar contra la criminalidad organizada y protección de fronteras. Esta es la realidad. Por eso, en España estamos trabajando en la modificación de la regulación de Frontex, para que, con esa modificación, se puedan concluir mucho más fácilmente acuerdos de estatuto con países de origen y tránsito, con el fin de colaborar y cooperar en la política migratoria.

Yendo a la cuestión del reglamento, comparto —‌perdonen que lo individualice‌— las cosas que han dicho tanto el señor Santiago como el señor Legarda. Hay cuestiones que España y el Gobierno de España vienen mirando desde hace tiempo con cautela. Me refiero, por ejemplo, a los centros de internamiento en terceros países una vez concluido el procedimiento de retorno. Lo miramos con cautela esencialmente desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista político; es decir, las consecuencias que puede tener en nuestra relación con terceros países. Vemos que no está muy bien definido. Cuando acabamos de aprobar el pacto, en lo que tenemos que estar preocupados es en implementarlo como está, no en soluciones muchas veces innovadoras que vemos lo que han conllevado. En relación con el tratado de Italia con Albania, hemos visto cómo el Poder Judicial italiano lo ha paralizado, además, con un traslado de un número mínimo de migrantes en las dos o tres ocasiones en las que se ha aplicado. Con lo cual, en el objetivo que se pretendía —q‌ ue yo lo discuto‌‌— tampoco ha tenido ningún efecto. Pero yo tampoco vengo aquí a debatir o a contradecir las políticas migratorias de Italia. Lo que yo hago y lo que hace el Gobierno de España en el Consejo Europeo es intentar unificar criterios, evidentemente, con respeto a los valores y a los derechos fundamentales que definen la Unión Europea. Ese es nuestro trabajo.

El reglamento, en eso sí tiene razón el señor Gil Lázaro —‌es lo único en lo que estoy hoy de acuerdo con usted, señor Gil Lázaro‌‌—, está en sus inicios, en sus albores, con lo cual hay que esperar al desarrollo. Ahora ya estamos en esa conformación y desarrollo legislativo. Evidentemente, como también se ha expresado, en materia de retorno de los más vulnerables —‌de los menores, de las familias con menores no acompañados y familias con menores‌—, en el periodo de detención, que en nuestro caso tiene rango constitucional, también —e‌so lo he subrayado ahora‌‌— hay que tener cuidado con los derechos de asistencia letrada y de información. Es cierto que un nuevo reglamento de retorno que establezca la orden europea de retorno es importante por lo que ha dicho también el señor Legarda, en el contexto de ese reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales que se dicten en el marco de la Unión Europea. Quiero decir que es importante y que estamos en esa materia.

Quiero terminar con una cuestión sobre el reglamento. Claro que hay fronteras, y nuestras fronteras, que son las fronteras exteriores de la Unión, tienen que ser objeto de defensa, hay que defenderlas. He dicho que no hay fronteras marítimas, salvo que un barco llegue de manera regular y vaya al puerto con un puesto fronterizo. Lo decía, como bien entienden, desde el punto de vista de los cayucos, porque, evidentemente, ahí no hay fronteras. La señora Acedo conoce bien, porque, como melillense, ha sido testigo de primera mano, la inversión en la frontera inteligente, que tiene los mayores avances tecnológicos, con una inversión de más de 30 millones de euros. Evidentemente, nosotros trabajamos en esas cuestiones.

Permítanme hablar de los retornos, porque esto siempre me llama la atención. Uno de cada cinco. Permítanme que lo diga: o quieren malinterpretar la realidad o es falta de información o ignorancia. Uno de cada cinco. Pues somos de los países de la Unión Europea que más retornos hacemos. Miren los parámetros de otros países de la Unión Europea. Y sobre el reglamento de retorno, sobre la orden europea de retorno les voy a decir dos cosas. Si no se coopera al desarrollo con los países de origen y tránsito, estará siempre abocada al fracaso. Lo ha dicho muy bien la señora Valido. ¿Ustedes qué se creen, que esto es cuestión de llenar un avión con 300 personas? ¿Y dónde las llevamos? ¿Dónde? ¿A su país de origen? ¿Ustedes se creen que los aceptan así, que les dan el salvoconducto para que entren? Si no hay cooperación y colaboración… ¿Saben ustedes, lo repito mil veces, que entre el 15 y el 20 % del PIB de muchos países africanos, como puede ser Senegal, vienen de las remesas que mandan los migrantes, de esos migrantes que llegan de forma irregular a distintos países de la Unión Europea? ¿Ustedes se creen que van a dar salvoconductos si no hay realmente una política? Y eso no es un chantaje, entiéndanme, no lo tomen como un chantaje de esos países; si hablamos de solidaridad, es simplemente un compromiso de trabajar conjuntamente en el desarrollo de países que tienen unas situaciones económicas y sociales mucho más desventajosas, menos privilegiadas. Eso, como se dice ahora, es un win win, ganamos unos y ganamos los otros, gana todo el mundo: mejores condiciones de vida para ellos y, para nosotros, posibilidades de gestionar correctamente la migración legal que tanto necesitamos para poder seguir avanzando. Esa es la prueba. Hablaba la señora Madrenas de que la población migrante representa un 18 % en Cataluña y un 13 % en España sobre la población, lo que implica que podamos ir creciendo. Otra vez la OCDE ha dicho que creceremos un 2,6 %. Somos el único país al alza –3 % el año pasado‌‌— y con más creación de empleo. A ese crecimiento económico están ayudando ese 18 % en Cataluña y ese algo más del 13 % en el conjunto de España. Con lo cual, no hablemos a ese respecto.

Si les parece bien, paso a la segunda de las cuestiones, relativa a los contratos de armamento con Israel o con empresas israelíes. El compromiso del Gobierno de España es palmario y el compromiso del presidente del Gobierno, que es quien marca la línea, ha sido absolutamente claro y evidente desde el primer momento, desde el 7 de octubre de 2023, en una cuestión muy clara: condenar el atentado del 7 de octubre de 2023 —e‌ videntemente, de Hamás‌—, pero, naturalmente, defender la aplicación de la ley internacional y el derecho humanitario y criticar la desproporción desde un primer momento de la respuesta de Israel, evidentemente, a un ataque absolutamente deleznable. Y esa crítica ha sido mayor cuando ha ido avanzando —‌permítanme que utilice la palabra‌‌— la maldad humana a unos niveles difíciles de entender. Esos 14 000 menores están en peligro vital si no llega la asistencia. Vuelvo a decir que el presidente del Gobierno fue al paso de Rafah para tomar conciencia y hacer todo lo posible para garantizar un paso para que todos los suministros necesarios pudieran llegar a aquellos que los necesitaban; no como acontece ahora, desgraciadamente.

En ese sentido, me gustaría que ustedes, sobre todo, el Grupo Popular y VOX, que lo han dicho hoy aquí aprovechando el uso de la réplica, pidieran también una respuesta internacional contundente, exigiendo que esos puestos sean abiertos de una forma decidida y necesaria, porque no nos podemos permitir en ningún caso más masacre humana ni más muertes de bebés, de menores, de vulnerables, de sociedad civil: más de 53 000 personas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

Creo que es ya el momento de que incluso los que han sido más reacios en ese sentido digan basta. Con matices, pero ayer la Unión Europea ya dio un paso que tenemos que ver en sentido positivo. Al menos diecisiete países han asumido la necesidad de reevaluar el acuerdo de asociación con Israel basándose en la vulneración de derechos humanos. Dicen ustedes lo de posible vulneración de derechos humanos, pero yo creo que eso es en el marco de la Unión Europea. Pero ahí estuvo España y estuvo el Gobierno de España desde el primer momento con otros Gobiernos como el irlandés, el noruego y el esloveno. En ese sentido, vuelvo a decir que hay que ser tajante. Y, dicho lo otro, entenderán que me remita a la comparecencia del presidente del Gobierno del pasado 7 de mayo, donde dejó muy clara cuál era la postura del Gobierno de España desde el 7 de octubre de 2023 en cuanto a la compraventa de armamento, tanto al Estado de Israel como a sus empresas.

Y respecto al contrato aludido ―a los dos lotes de ese contrato―, ya he expuesto lo que aconteció. Me remito a mis propias manifestaciones en los términos que he indicado. Hubo un error, un defecto. Evidentemente, no hubo falta de transparencia, porque para eso está el portal de transparencia de la contratación pública, es decir, no hubo opacidad, sino transparencia. Y sí, llamémosle defecto o error, que lo asumo, pero, gracias a haberlo objetivado en un momento, hemos podido, desde distintos departamentos ministeriales, encontrar esa vía de rescisión o resolución del contrato en los términos más favorables. Evidentemente ―también lo ha dicho el señor Santiago―, hay vías jurídicas para que la rescisión o la resolución no resulte gravosa para las arcas públicas a las que ustedes se referían. Pero dejemos el desarrollo de esa rescisión y resolución; lo que sí puedo anticipar es eso, pero no más acontecimientos. Por tanto, la rescisión o la resolución no va a ser tan gravosa como se podía pensar en un primer momento.

Señor Matute, yo reconozco y asumo el error. No me gusta asumir un segundo error; lo asumiría en otro sitio y en otro lugar, por lo menos ese es mi carácter, mi personalidad y mi forma de entender el servicio público.

Finalmente, déjenme que refiera algunas cuestiones que no estaban en el debate de hoy, pero que, como ministro del Interior, tendré que repetirlas las veces que sean necesarias. En primer lugar, respecto a nuestra Policía y nuestra Guardia Civil, cuando realizan sus funciones, en todo momento y en todo caso, lo hacen en cumplimiento de la ley. No sé en otros sitios, pero nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad cumplen la ley escrupulosamente. Cuando pueda haber un incumplimiento de la ley, están todas las vías legales para actuar ante los hechos que se consideren, y ahí está la autoridad judicial para resolver. Nosotros también tenemos nuestros servicios internos ―asuntos internos― en cada uno de los cuerpos, y si hay algún tipo de irregularidad, se actúa, porque, evidentemente, somos los primeros interesados en que no exista ninguna y en que la calidad, aptitud y profesionalidad sean las máximas. Eso es lo que nos interesa. Lo sabe muy bien el Partido Popular, porque como siempre digo ―y creo que es lo que más les fastidia―, este Ministerio del Interior es todo lo contrario a los ministerios del Interior del Partido Popular. Creo que es obvio, porque nosotros ―quizá por la procedencia de la gente que dirige la seguridad pública― solo exigimos una cosa a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; eso sí, se lo exigimos con absoluta taxatividad. ¿Qué quiero decir? Que la profesionalidad, tanto de la Policía como de la Guardia Civil, se base en los criterios de objetividad y neutralidad y que siga las directrices que les marcan los jueces y los fiscales de quienes dependen en las distintas investigaciones. Repito, objetividad y neutralidad. Por eso, yo estoy convencido de que esas filtraciones ―y lo digo porque no sé si lo ha dicho el señor Oskar Matute― no pueden venir de ningún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones, porque sería delictivo y sería faltar a la objetividad y a la neutralidad. Mi confianza en la Guardia Civil, en la Policía Nacional y en todas sus unidades es absoluta, del cien por cien. Lo que me llama la atención es que haya gente que les impute eso diciendo que reciben esas informaciones, porque no se dan cuenta de que les están imputando algo muy grave, que es faltar a sus deberes; quizá sea porque tienen el recuerdo de otros ministerios del Interior y de otra gestión. Lo reitero, solo pido ― pero lo pido taxativamente y con firmeza― que sus funciones sean realizadas con objetividad, neutralidad y bajo las directrices de los jueces y fiscales, que son quienes deben garantizar nuestros derechos y libertades y el cumplimiento de la ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señor vicepresidente. Señor Santiago, usted, un comunista radical y sectario que nos acusa a los demás, no decepciona nunca, pero los únicos que avalan exterminios, matanzas y hambruna son ustedes. La historia del comunismo está ahí, la de justificar asesinos y, además, defenderlos. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Si no tiene moralidad, por lo menos tenga un poquito de vergüenza en esta Cámara, un poquito, y deje de practicar la aberración. Señor Matute, usted pertenece a Bildu, heredero de ETA, estos sí apretaban y mataban también, ¿eh? Se lo recuerdo para cuando hable de apretar y apretar. (Aplausos). Señoría socialista, se nota que usted no tiene ni idea de inmigración. No se lo voy a achacar a su lugar de procedencia, porque no tiene nada que ver; es usted, que no tiene ni idea de lo que ha venido a hablar hoy aquí. Por cierto, para tener el líder más flojo, como usted decía, el Partido Popular les ha arrasado en todas las elecciones. Ustedes tienen al líder más corrupto y al partido más corrupto también. (Aplausos). Señor ministro, faltan a la verdad, y usted lo ha hecho hoy aquí; faltan a la verdad, y lo hacen continuamente. Son incapaces de mantener la coherencia con cualquier planteamiento porque vienen haciendo malabarismos al socaire de los caprichos de sus socios. Para esos amigos de Putin ―se lo repito, sí, sí, esos amigos de Putin― que ponen apellidos a las guerras, no todas las víctimas son iguales: son buenas o malas dependiendo de si les interesan para su estrategia política. Es inmoral, pero sí, esos son los socios de su Gobierno, la izquierda radical —‌los de SUMAR, los de Podemos, Esquerra, Bildu‌—, que montan un espectáculo mediático contra Israel, disimulan arremetiendo dialécticamente, pero después apoyan al Gobierno que sigue firmando contratos millonarios con empresas israelíes. (Aplausos). Sí, señor ministro. ¿Son todos ustedes los señores de la guerra? ¿Financian ustedes la guerra, señorías? ¡Qué vergüenza! Son unos hipócritas todos, desde el primero hasta el último, porque todas las vidas valen igual, todas, señorías, todas. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!―Aplausos).

Y ante los grandes desafíos internacionales, nos encontramos con un Gobierno débil, sin proyecto político, chantajeado por minorías separatistas y por Bildu e incapaz de aprobar unos presupuestos que apoyen económicamente nuestros compromisos; en definitiva, oscurantismo, falta de transparencia y desprecio a todo lo que no tape la corrupción de su Gobierno. Son incapaces de defender en España lo que defienden fuera de nuestras fronteras.

Hablaba la señoría del Partido Socialista de protección internacional. Fíjese, aprueban un reglamento de extranjería que abandona a los solicitantes de protección internacional dejándolos en la más absoluta vulnerabilidad. Llame al ministerio y pregunte lo que están haciendo en estos días. Se dicen humanos; ustedes se dicen humanos, pero cierran a cal y canto el CETI de Melilla y dejan en la calle tirados, anegados de agua a solicitantes de protección internacional (aplausos), y tiene que ser un Gobierno del Partido Popular, del presidente Imbroda, el que les ofrezca un techo por humanidad. ¿Esa es su solidaridad, señoría socialista? Exigen solidaridad a las comunidades y a las ciudades autónomas para repartir miles de menores extranjeros no acompañados, sin financiación y sin recursos, a la vez que se niegan —‌se niegan‌‌— a atender a más de 1200 menores extranjeros solicitantes de protección internacional a dos llamadas del Supremo. (Aplausos). ¿Se puede ser más hipócrita? ¿Se puede faltar más a la verdad en esta tribuna? Se lo digo precisamente, señor ministro, porque ha aludido a mi circunstancia de que soy de Melilla; sí, soy de Melilla y lo vivo diariamente. Por cierto, la frontera inteligente que se atribuye usted a sí mismo empezó en el año 2018, con los presupuestos del señor Mario Rajoy, no sé si lo sabe, porque, además, era una imposición de la Unión Europea. Ya nos fulminaron ustedes en el primer presupuesto que aprobaron 300 millones de euros para la ampliación del puerto de Melilla; ya está bien, con eso fue suficiente, no hacía falta que nos quitasen la frontera inteligente. No le voy a agradecer lo que es su obligación hacer: apoyar a todos los territorios de nuestro país, porque usted es ministro del Gobierno de España, no del Partido Socialista. (Aplausos).

Señor ministro, finalizo. Inmigración sí, pero regular, para que puedan trabajar, residir, estudiar e investigar en nuestro país; que puedan ser autónomos; que puedan crecer, integrarse en nuestra sociedad. Pero no la inmigración irregular, que aboca al inmigrante a la miseria, a la pobreza y a la indigencia. Entiendo que su Gobierno ya no está para esto ni para nada importante. Están ustedes acabados, asolados por la corrupción; el partido y el Gobierno. No alarguen más la agonía. Váyanse antes de que les echen.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, claro que no existen soluciones mágicas para una cuestión tan grave como esta. Lo que existe son soluciones sensatas, comprometidas y realistas, especialmente realistas. (Aplausos). Es decir, soluciones que no nieguen la realidad. Soluciones como las que VOX ha venido proponiendo desde hace mucho tiempo y he vuelto yo a reiterar en esta tribuna. Claro que, probablemente, esas soluciones a ustedes no les gustan. A usted le gusta más recalar en esa vieja demagogia de siempre de decir que, porque se proponen soluciones sensatas y realistas y se retrata exactamente la realidad, lo que se está haciendo es promover el odio y mantener posturas xenófobas y racistas. ¿Se acuerda usted, señor ministro, del episodio de Rotherham, en Inglaterra? Pues se lo voy a recordar. Durante años, un grupo de islamistas musulmanes emigrantes ilegales de origen pakistaní estuvieron violando hasta a 1400 niñas de aquella localidad. Cuando finalmente el asunto estalló y se supo, las autoridades locales dijeron ―literalmente― que lo conocían, pero que no habían querido denunciarlo ―literalmente― para no parecer que eran políticos racistas. Eso es, señor ministro, cobardía e hipocresía. (Aplausos). Y es la misma cobardía e hipocresía con la que usted trata de escudar esa realidad, la de su fracaso; la de su fracaso para garantizar la seguridad en nuestras calles y barrios frente a esa inmigración ilegal que genera delincuencia. Mire, el caso de Cataluña, simplemente Cataluña: en Barcelona, ocho de cada diez detenidos son extranjeros, que a las pocas horas ya están en la calle. Muchos de ellos acumulan más de cien detenciones, especialmente la ola de carteristas que asola el barrio del mercado de La Boquería. En Cataluña, en Barcelona especialmente, y en toda el área metropolitana, el 91 % de los hurtos y el 83 % de los robos con violencia son perpetrados por extranjeros. El 50 % de los reclusos en cárceles catalanas son extranjeros, y ese porcentaje se incrementa hasta el 71 % si hablamos de la población reclusa en Cataluña menor de 30 años. Recientemente, turbas de delincuentes islamistas han protagonizado gravísimos incidentes en muchos municipios de Barcelona. El año pasado, de los 2550 casos de agresiones a policías en Cataluña, el 54 % fueron cometidos por extranjeros. Estos son datos oficiales de la Guardia Urbana y de los Mossos. ¿Me va a decir usted también que, porque la Guardia Urbana y los Mossos publican estos datos, están cometiendo una incitación al odio o adoptando una actitud racista o xenófoba? Pues no, señor ministro. Lo que no puede ser son muchas cosas; por ejemplo, que ustedes hayan mandado a Bruselas a fin de año el documento de implementación del Pacto sobre Migración sin que conozcan ese documento todos los grupos políticos y ―lo peor― sin que lo conozca una parte del Gobierno, la parte de SUMAR, como reconoció ayer en una reunión pública el señor Santiago. Lo que no puede ser es que ustedes se nieguen a decirles a los españoles cuánto está costando sufragar y mantener la inmigración ilegal, que algunos gabinetes y servicios de estudio cifran ya en más de 30 000 millones de euros. Lo que no puede ser es que intenten ustedes ―intenten ustedes― producir una alteración capciosa del censo electoral a través de una cadena de regularizaciones, como esta última anunciada de los 900 000 inmigrantes en tres años. Porque, señor ministro, muchos españoles y, desde luego, mi grupo parlamentario, pensamos que, revestidos en un falso buenísimo, lo único que están pretendiendo es producir esa alteración del censo electoral.

Termino, señor presidente. Por eso, a ustedes hay que echarles cuanto antes, a ver si otros se enteran. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señor presidente. Señora Acedo, sí, soy el secretario general del Partido Comunista de España. Es decir, soy comunista por la gracia de Nelson Mandela y Marcos Ana (aplausos), dos comunistas que pasaron en la cárcel cincuenta años entre los dos, encarcelados por sus correligionarios: unos, racistas y otros, fascistas. Esa es la realidad. Y lecciones de ustedes, pocas. Lecciones solo, como dice el señor Bendodo, de corrupción. Esas sí se las aceptamos, que saben ustedes mucho de eso. (Aplausos). Israel esta mañana ha tiroteado a una delegación diplomática de la Unión Europea en la que había un diplomático español. Esta es la continuación de los crímenes sistemáticos que está perpetrando en Gaza y en Cisjordania. Porque no lo olvidemos, después de Gaza viene Cisjordania, donde realizan un plan de limpieza étnica y desplazamiento forzoso de los palestinos, que la derecha nunca condena; donde se cometen crímenes de lesa humanidad de forma permanente, que la derecha nunca condena; donde se encarcela arbitrariamente, sin acusación, sin juicio y sin condena, a niños, mujeres o ancianos, y la derecha nunca lo condena; donde se somete a la población palestina a tratos inhumanos, crueles y torturas. Israel es el único Estado creado por una resolución de Naciones Unidas y, por no cumplir, no ha cumplido ninguna, ni siquiera esa. Porque esa también reconocía al Estado palestino y no les da la gana cumplirla. (Aplausos). Nosotros hemos condenado innumerables veces los ataques del 7 de octubre a la población civil israelí y nos solidarizamos, tantas veces como haga falta, con las víctimas de cualquier crimen de guerra, cualquier crimen de lesa humanidad y cualquier genocidio, lo cometa quien lo cometa. Pero ni lo que ocurrió el 7 de octubre ni ningún acto terrorista va a justificar nunca nunca nunca lo que Israel está haciendo en Gaza y en Cisjordania. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque tienen armas y una poderosa industria de guerra. Ya les vale. Empiecen a criticar, así sea una sola vez, o pensaremos que no fueron ni a una de las clases de catecismo a las que tenían que haber ido. (Aplausos). En todo caso, nosotros continuamos afirmando que esos contratos con cualquier empresa israelí son ilícitos y que España tiene la obligación internacional de cumplir las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a estar muy pendientes de ello. Porque, además, las injerencias de Israel son permanentes, como hemos visto en el caso de Eurovisión, que hasta Televisión Española ha tenido que pedir una auditoría de los resultados, claramente manipulados por la unidad de propaganda del ejército israelí y a golpe de talonario por la derecha internacional, que eso también ha quedado claro. Y esperamos que ahora la Unión Europea vaya por fin a dar los pasos para romper el acuerdo de asociación de Israel con la Unión Europea y vaya por fin a imponer sanciones a Israel, como hizo la Unión Europea desde el primer día de la invasión de Ucrania respecto a Rusia. Señor ministro, acabemos de una vez con nuestra dependencia de los sistemas de armamento o de defensa de Israel, porque, si no lo hacemos, vamos a seguir financiando a ese Gobierno que ha pagado el resultado de Eurovisión o que ha pagado el cartel llamando corrupto al presidente que han puesto aquí, en la puerta del Congreso. Lo que estamos haciendo es financiar la reacción internacional.

Sobre lo del reglamento de retorno, simplemente quiero añadirle que presten especial atención respecto a la situación de los menores en los triajes, porque los procesos de selección de los triajes son tan breves que dejan en situación de vulnerabilidad especialmente a las unidades familiares y a los menores. Los menores no pueden acabar en situación de detención durante los procesos de triaje; esa es una línea que no se puede sobrepasar. Y cuidado con el concepto de declaración de crisis, porque obviamente se puede convertir en la práctica en un mecanismo que suspenda sí o sí las garantías y que sí o sí ponga todavía en más difícil situación a los niños, las niñas y las personas vulnerables. Propongamos a la Unión Europea un sistema de acogida dimensionado, preparado y, sobre todo, financiado por toda la Unión Europea y no solamente por los países de la frontera sur. Estaremos muy vigilantes para que se garanticen todos los derechos de la legislación internacional y para que la Unión Europea no dé ni un solo paso atrás en el incumplimiento de obligaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Acedo, por citarme varias veces. En general, bien, creo que le irá bien en la vida citándome. A unas semanas o apenas unos meses del Congreso del PP, igual no le viene tan bien, pero bueno, ahí lo dejo. (Aplausos). Voy a reconocerle un mérito, señora Acedo; le voy a reconocer un mérito muy importante. Hoy ha hecho un intento ―no sé si le ha salido bien o no― de blanquear la política migratoria del Partido Popular. Porque, fíjese, llevan comprando el discurso de VOX desde hace muchísimo tiempo, ese de igualar inmigración con delincuencia; muchísimo tiempo, tanto tiempo, que dicen lo mismo. Y fíjese, detrás de todos los recursos de inconstitucionalidad que ustedes están presentando en las comunidades autónomas hay ese tufillo un poco xenófobo que igual deberían de controlárselo ustedes. Porque, claro, es como si yo les dijera a todos y cada uno de ustedes, empezando por usted, que es una corrupta, que dijera a todos los militantes del Partido Popular que son unos corruptos, del primero al último. Piense en una cosa, señora Acedo, piense en lo que a usted le puede suponer que yo le diga que es una corrupta ―que creo que no lo es―, y piense en lo que le puede suponer a una persona inmigrante que se parte la espalda en un invernadero de Almería recogiendo fruta. Piense en qué le puede suponer a una persona inmigrante que le pone a usted un café detrás de la barra de un bar creer que hay un partido que le está llamando delincuente. Piense en un menor no acompañado que está huyendo de la guerra o que está huyendo del hambre en su país y que alguien le diga que es un delincuente. Eso es lo que están haciendo ustedes, porque han comprado todo el paquete a VOX. (Aplausos.―La señora Acedo Reyes pronuncia palabras que no se perciben). Lo están haciendo ustedes, señora Acedo, ustedes. Y una pregunta, señorías del Grupo Popular, porque aquí se trata de ir a lo concreto: ¿se va a contar con su voto para regularizar a miles de personas que pueden quedarse sin su permiso de residencia o trabajo? ¿Van a preferir hacer oposición al Gobierno o van a dejar que más de cuatrocientas mil personas se queden sin papeles? Hoy, después de escuchar el debate sobre estas dos cuestiones, uno tiene la sensación de que asiste a un episodio de Black mirror, a un casting de esa serie. Aquí todo suena distorsionado, todo suena impostado y todo suena algo alejado de la realidad. Pero lo que está más alejado de la realidad es oír al Partido Popular hablar de inmigración y de respeto de fronteras; ustedes, que llevan cruzando la línea roja del oportunismo político desde el primer día de esta legislatura. Hoy ustedes han intentado una vez más disfrazar su falta de modelo migratorio con su retórica patriótica. Pero se les olvida lo de siempre, que detrás de las pulseras, detrás de las banderas y detrás del discurso hay que tener muy claro qué hay que hacer con este país, y ustedes no lo saben, porque tienen un líder flojo, porque les falta valentía política. Pero también a nuestro lado ―y lo tengo que decir― nos encontramos con fuerzas políticas de izquierda que, una vez más, siguen pasando el algodón a este partido, si es un partido de izquierdas o es menos de izquierdas. Nosotros no repartimos carnés de izquierda; nosotros legislamos, nosotros tenemos el BOE, nosotros tenemos 146 años de historia, nosotros hemos tenido tres presidentes a lo largo de la historia de esta democracia, y todos, absolutamente todos los avances políticos, económicos y sociales de este país se han hecho bajo mandatos del Partido Socialista Obrero Español. (Aplausos).

Señorías, el Gobierno no pide aplausos; el Gobierno pide responsabilidad, pero si hay algo que no vamos a tolerar, es la arrogancia de quienes critican lo que no entienden y boicotean lo que funciona. Hoy, desde esta tribuna, reafirmamos nuestro compromiso con Europa, con los derechos humanos, con una política migratoria realista y solidaria y con la defensa de la paz en Oriente Medio sin convertir a esta Cámara en una asamblea universitaria.

Finalizo ya. La diferencia entre ustedes, señorías del Grupo Popular, y nosotros es muy simple: ustedes hacen lo cómodo; nosotros hacemos lo correcto.

Muchas gracias. (Varios señores y señoras diputadas: ¡Muy bien!).

Si no les importa, solo querría decir tres cosas ya desde el escaño.

En primer lugar, quiero agradecer la intervención de todos los grupos parlamentarios, especialmente al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.

En segundo lugar, también me gustaría sacar una conclusión final sobre el compromiso que ya hemos adquirido algunos, pero necesitamos el de todos, para poner fin a esa tragedia humana que está sucediendo principalmente en Gaza, con todos los medios a disposición de todos los Gobiernos y de todas las fuerzas políticas. No podemos permitirnos más tragedias humanas.

Y, en tercer lugar, permítame que lo individualice en el señor Gil Lázaro, porque se me había olvidado decírselo antes. Usted, el islamismo y los islamistas. Mire, las religiones no delinquen; delinquen las personas, y creo que tenemos alguna profesión religiosa más cercana histórica y culturalmente que quizá eso también se lo pueda hacer ver. No delinquen las religiones, las religiones son un elemento sustancial en la vida espiritual de mucha gente; quienes delinquen son las personas.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).