Júlia Boada Danés
Grupo SumarDiputada.Página 40Vídeo
Gracias, presidente. Hoy el Grupo Plurinacional SUMAR presenta esta proposición no de ley para crear un impuesto que grave las emisiones de CO2 producidas por el uso de transportes de lujo. En primer lugar, quiero lanzar una pregunta. ¿Quiénes pueden permitirse un vuelo privado para ir a ver un concierto de un día para otro? ¿O un viaje en yate privado con todo tipo de lujos por la costa mediterránea? Señorías, sabemos de quiénes estamos hablando. No son muchos, pero el impacto de sus decisiones pesa como si lo fueran; son unos pocos con nombres y apellidos. No hablamos de movilidad cotidiana ni de necesidades básicas, hablamos de unas pocas personas que deciden recorrer el mundo en un jet o en yate generando una huella ecológica inmensa. No solo lo poseen todo, sino que sus hábitos destruyen lo que es de todas, lo que es común, y les sale gratis. En esta PNL proponemos que las personas propietarias o usuarias de jets privados y yates de lujo paguen más por la contaminación que ellos producen pero que todas sufrimos. La semana pasada, la revista Nature Climate Change, de reconocido prestigio internacional, lo dejaba claro: el 10 % más rico de la población mundial fue responsable de casi la mitad de las emisiones mundiales en 2019, mientras que el 50 % más pobre solo fue responsable de una décima parte de las emisiones mundiales. Repito: el 10 % más rico responsable del 50 % de las emisiones; el 50 % más pobre responsable del 10 % de las emisiones. (Aplausos). Nos parece que todas las señorías aquí presentes y que representan a todo el arco parlamentario estarán de acuerdo en que esto es injusto. Es una injusticia de causa y efecto ampliamente reconocida: hay una clara desigualdad en la emisión de CO2 y una clara desigualdad en la responsabilidad de esta. Hay una situación de injusticia social y climática por el aumento de los niveles de temperatura global y los fenómenos climáticos extremos que se derivan de este calentamiento. Tal y como nos recuerda la comunidad científica, quienes menos contaminan más sufren sus consecuencias, las más alarmantes son las que sufre el Sur Global. Países como Mali, Sudán o Níger padecen las peores sequías debido al aumento de las temperaturas. En Pakistán, la inundación de 2022 afectó a 33 millones de personas, dejando a más de 2 millones sin hogar. Las islas del Pacífico se enfrentan a problemas derivados de la subida del nivel del mar, a inundaciones costeras, erosión y escasez de agua. Estas situaciones desplazan y afectan profundamente a millones de personas provocando migraciones internas y transfronterizas, deviniendo muchas de ellas en refugiadas climáticas.
Pero no solamente el Sur Global paga las consecuencias de lo que otros han provocado. Aquí, las familias que menos viajan en avión y que más utilizan el transporte público son las que más sufren las olas de calor y las que están más expuestas a la contaminación.
Davant d’aquesta situació de desigualtat climàtica i injustícia social, hem d’actuar. El principi de «qui contamina paga» l’hem d’exercir amb valentia, fins a tal punt que també esdevingui una mesura dissuasiva. Per això avui portem aquí al Congrés dels Diputats una proposta que gravi l’ús dels jets privats i els iots de luxe. Som conscients que ja existeix l’impost als béns de luxe i que ja es graven els combustibles utilitzats en la navegació aèria i marítimes privades d’oci, com estableix la Llei 18/1992 d’impostos especials, només faltaria. Però cal anar més enllà.
La majoria dels vols amb jets privats efectuats dins la Unió Europea durant el 2023 es van dur a terme durant la temporada estival, entre l’1 de juny i el 30 de setembre, i en la meitat dels casos per fer trajectes inferiors a 500 quilòmetres. El total de quasi 118 000 vols analitzats van emetre 526 000 tones de CO2. El total d’emissions d’un vol mitjà, d’un sol vol mitjà d’un jet privat quasi iguala les emissions anuals de CO2 d’una persona normal i corrent que viu a la Unió Europea. Tres dels cinc aeroports amb més vols privats internacionals de tot l’Estat són catalans. Barcelona, Sabadell i Girona, per aquest ordre, són la tercera, la quarta i la cinquena instal·lació amb més operacions registrades.
Aquestes dades són tant o més sorprenents quan ens fixem en els iots de luxe. Els estudis situen la petjada ecològica anual d’aquestes embarcacions en 5700 tones de CO2 de mitjana. Aquesta xifra equival, atenció, a les emissions d’una persona durant 860 anys, durant 10 vides. Uns pocs multimilionaris contaminen més en un any que el que milers de ciutadans faran al llarg de tota la seva vida. Uns pocs també... Uns pocs multimilionaris agafen l’avió per recórrer menys de 200 quilòmetres, mentre més del 80 % de la població no ha volat ni volarà mai.
Uns pocs multimilionaris estan accelerant el canvi climàtic mentre les administracions públiques establim zones de baixes emissions, impulsem el pla MOVES III i atorguem subvencions per rehabilitar edificis i garantir que les famílies tinguin confort tèrmic a les seves llars. Aquest és el desequilibri brutal que volem posar sobre la taula avui aquí. Mentre una minoria viu per sobre de qualsevol límit ecològic, ambiental i fins i tot ètic, la majoria n’assumim les conseqüències. No és just que els que més tenen i que més contaminin més paguin per empobrir la nostra qualitat de l’aire i la pèrdua de biodiversitat? No és just que els que volen en jet privat i naveguen en iots de luxe paguin per l’ús d’aquests béns de transports de luxe i altament contaminants? No és just que els diners que precisament aquests diners que es recapten es destinin a la inversió ferroviària o a enfortir el sistema de sanitat pública? Com justificarà, i malauradament, no només parlo de la dreta d’aquesta cambra, no impulsar una mesura de justícia climàtica i social i també de sentit comú? Com s’entén que no s’avanci en una fiscalitat que recaigui en qui més té i més contamina? En avançar cap a una fiscalitat més justa i més verda.
Totes aquestes dades proporcionades per la comunitat científica i entitats ecologistes com Greenpeace, Oxfam, Ecologistas en Acción Transport & Environment, ens assenyalen el camí de cap a on hem d’anar, si volem fer front al repte més gran a què ens enfrontem com a humanitat: l’emergència climàtica. I fer-ho de manera justa.
Senyories, és hora que els superrics paguin per contaminar i empitjorar les nostres vides. És hora que assenyalem aquells que amb el seu poder adquisitiu empobreixen la nostra salut, contaminen l’aire que respirem, acceleren l’escalfament global i es carreguen la riquesa dels nostres ecosistemes. És hora d’acabar amb la impunitat. És hora de legislar seguint el principi de qui contamina paga.
Ante esta situación de desigualdad climática e injusticia social, tenemos que actuar. El principio de que quien contamina paga tenemos que ejercerlo con valentía, hasta el punto de que se convierta en una medida disuasoria. Por eso traemos hoy aquí, al Congreso de los Diputados, una propuesta que grave el uso de los yates y jets privados. Somos conscientes de que ya existe el impuesto a los bienes de lujo y de que ya se gravan los combustibles utilizados en la navegación aérea y marítima privadas, tal como establece la Ley de Impuestos Especiales, solo faltaría, pero hay que ir más allá. La mayoría de los vuelos de jets privados en 2023 en Europa se llevaron a cabo en la temporada estival, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, y en la mitad de los casos para hacer trayectos inferiores a 500 kilómetros. El total de los casi 118 000 vuelos analizados emitieron 526 000 toneladas de CO2; el total de emisiones de un vuelo promedio, de un solo vuelo en jet privado, iguala casi las emisiones anuales de CO2 de una persona normal y corriente que viva en la Unión Europea; tres de los cinco aeropuertos con más vuelos privados internacionales en todo el Estado son catalanes: Barcelona, Sabadell y Girona, las tercera, cuarta y quinta instalaciones con más operaciones registradas.
Y esto es aún más sorprendente cuando nos fijamos en los yates de lujo. Los estudios sitúan la huella de estas embarcaciones en 5700 toneladas de CO2 promedio. Esta cifra equivale —a tención— a las emisiones de una persona durante 860 años, durante diez vidas. Unos pocos multimillonarios contaminan más en un año que miles de ciudadanos en toda su vida.
Unos pocos multimillonarios cogen el avión para recorrer menos de 200 kilómetros, mientras que más del 80 % de la población no ha volado ni va a volar nunca. Unos pocos multimillonarios están acelerando el cambio climático mientras las Administraciones públicas establecen zonas de bajas emisiones, impulsamos planes Moves y damos subvenciones para garantizar que las familias tengan un aislamiento térmico.
Este desequilibrio brutal es el que ponemos sobre la mesa hoy. Mientras una minoría vive por encima de cualquier límite ecológico, ambiental e incluso ético, la mayoría asumimos las consecuencias de ello. ¿No es justo que los que más tienen y más contaminan más paguen también para nuestra calidad del aire y la pérdida de biodiversidad? ¿No es justo que los que vuelan en jet y yate paguen por el uso de estos bienes de transporte de lujo altamente contaminantes? ¿No es justo que el dinero que se recauda se destine a la inversión ferroviaria o a mejorar la sanidad pública? ¿Cómo justificar ―y, desafortunadamente, no solo hablo de la derecha de esta Cámara― no impulsar una medida de justicia climática y social y de sentido común? ¿Cómo se entiende que no se avance en una fiscalidad que recaiga en los que más tienen y más contaminan para avanzar hacia una fiscalidad más justa y más verde? Todos estos datos proporcionados por la comunidad científica y entidades ecologistas, como Greenpeace, Oxfam, Ecologistas en Acción y Transport & Environment, señalan el camino hacia el que hay que ir si queremos enfrentarnos al reto más grande al que nos enfrentamos como humanidad, la emergencia climática, y hacerlo de forma justa.
Señorías, es hora de que los superricos paguen por contaminar y empeorar nuestras vidas. Es hora de que señalemos a aquellos que con su poder adquisitivo atacan el aire y nuestra salud, aceleran el calentamiento global y se cargan la riqueza de nuestros ecosistemas. Es hora de acabar con su impunidad. Es hora de legislar siguiendo el principio de quien contamina paga.
Tax the rich, sí, porque no tenemos por qué pagar el despilfarro de los ricos. Votar en contra de esta PNL es votar en contra de la mayoría de la gente, es votar en contra de una fiscalidad verde justa y es votar en contra de la justicia social y de la justicia climática.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).