Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación de cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Muchas gracias, presidenta. Egun on, jaunandreok. Buenos días, señorías. Como ustedes conocen y nos recuerda el Consejo de Estado, la Corte Penal Internacional es un tribunal instituido por un tratado internacional, el Estatuto de Roma de 1998, cuya competencia se extiende a la ciudadanía de los Estados parte, siendo su función la creación de una justicia penal internacional para reprimir los crímenes de guerra más graves con trascendencia para la comunidad internacional, como los de genocidio y lesa humanidad, y los crímenes de guerra y de agresión, en una relación de complementariedad con las jurisdicciones de los Estados parte, ejerciendo su competencia cuando estas jurisdicciones o no la ejercen o no están en condiciones de hacerlo, resultando así que la Corte Penal Internacional, sus precedentes tribunales penales internacionales, sea la primera jurisdicción penal internacional competente para juzgar a personas físicas y depurar su responsabilidad penal internacional en relación, como les decía, con los crímenes más graves para la comunidad internacional. Y precisamente en estos tiempos de crisis del orden internacional y de los valores que lo sustentaban, la Corte Penal es de vital importancia tanto para reforzar la dimensión de los valores humanizadores del derecho internacional contemporáneo, ya no limitado exclusivamente a las relaciones entre sujetos internacionales, como para garantizar la observancia y coactividad de ese derecho internacional de valores humanizadores, como les decía, con mecanismos jurisdiccionales supraestatales regidos por el principio de complementariedad con las jurisdicciones de cada Estado parte. Por todo ello, el Estado, a la vista del valor que representaba la Corte Penal Internacional para la comunidad internacional, ratificó en octubre de 2000 el Estatuto de Roma ― este estatuto entró en vigor en el Estado en julio de 2002― y también ha ido ratificando sucesivamente todas las reformas que se han producido respecto a ese tratado internacional. Y nuestro grupo parlamentario, el del Partido Nacionalista Vasco, coherente con su compromiso en la lucha contra los crímenes más graves de trascendencia internacional, siempre ha votado favorablemente las distintas leyes orgánicas en las que se articula la autoorganización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado para obligarse tanto, en su día, a la ratificación del tratado como con sus respectivas reformas a lo largo del tiempo.

Leyes orgánicas como la que ahora tramitamos son necesarias, señorías, puesto que, mediante la ratificación del Estatuto de Roma o de sus reformas, se produce una transferencia de las potestades jurisdiccionales, en determinados casos y condiciones, de los tribunales españoles hacia la Corte Penal Internacional, por lo que se requiere, por mandato del artículo 93 de la Constitución, la autorización previa de las Cortes mediante ley orgánica.

Ahora, señorías, como les decía, tramitamos la autorización para la ratificación de cuatro enmiendas por las que se amplían las conductas tipificadas como crímenes de guerra en el artículo 8.2 del Estatuto de Roma, y, por ello, se transfieren las potestades de los tribunales españoles hacia la Corte Penal Internacional en relación con el uso, en el caso de las tres primeras enmiendas, de armas bacteriológicas y toxinas y de ciertas armas convencionales, como los láseres que produzcan ceguera o cuyos fragmentos no sean localizables mediante rayos X, que tengo que señalar que ya se contemplaban en tratados internacionales ya ratificados por España, como la convención sobre la prohibición de armas bacteriológicas y toxinas o los protocolos sobre uso de armas que constituyen crímenes de guerra. En el caso de la cuarta enmienda, relativa a hacer padecer intencionadamente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, incluidos objetos indispensables de supervivencia y suministros de socorro, hay que señalar, señorías, que no tenemos palabras para describir el horror de los efectos que causan estas conductas criminales, a la vista de lo que sucede en Gaza con la población palestina a manos del ejército y el Gobierno de Israel, así como con la población de Ucrania a manos del ejército ruso y del presidente de la Federación Rusa, el señor Putin.

presidenta, finalizo señalando que apoyaremos la autorización para que el Estado ratifique las cuatro enmiendas al apartado 2 del artículo 8 del Estatuto de Roma, por las que se amplían las facultades de la Corte Penal Internacional respecto a conductas tipificadas como crímenes de guerra. También, como partido político humanista que es el Partido Nacionalista Vasco, ratificamos, una vez más, nuestro apoyo a la Corte Penal Internacional, que supone, como les decía, un avance fundamental en el proceso de un orden internacional basado en valores humanizadores.

Nada más y muchas gracias.

Muchas gracias, presidenta. Señorías, jau-andreaok, egun on. Alarma global por la escalada bélica entre India y Pakistán. Este era el único titular―alarmante, nunca mejor dicho― del diario La Vanguardia de hoy y de otros periódicos de tirada nacional e internacional. Yo creo que este titular refleja bien cuál es la realidad que se está viviendo en el mundo actual: el multilateralismo, creado después de la Segunda Guerra Mundial y uno de los pilares fundamentales del orden internacional, está en crisis; hay una erosión permanente del derecho internacional, especialmente del derecho internacional humanitario, y no hay más que ver cada día las terribles imágenes de cualquier informativo, a las que no nos podemos acostumbrar, y cifras terribles que tampoco podemos tolerar. En este contexto, en el que hay un aumento de los conflictos armados y cuya intensidad no se conocía desde hace más de cincuenta años, tanto en conflictos clásicos, Estado a Estado, como también en conflictos asimétricos o en conflictos internos, la ratificación de España de estas cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma representa un avance en el derecho penal internacional y también fortalece un gesto y una estandarización de lo que deben ser las actuaciones en la protección de los derechos humanos. Estas enmiendas se propusieron hace más de una década en un contexto en el que estaban desapareciendo los conflictos clásicos de Estado a Estado, pero en el que había un aumento peligroso de los conflictos asimétricos, como el de Yemen, el de Sudán del Sur o el de Siria, y toda la legislación y el Estatuto de Roma no tenían una aplicación práctica ante estos hechos que se estaban produciendo. Porque si bien el derecho internacional humanitario durante un siglo había previsto situaciones para conflictos clásicos, no lo había hecho para conflictos internos. De igual forma, el avance de las tecnologías, no siempre en el mejor de los sentidos, estaba produciendo una aplicación de unas municiones y unas armas que también quedaban fuera de la previsión. Qué decir de la hambruna y de su utilización como elemento de guerra, que estaba previsto evitarla para conflictos internacionales, pero no para los conflictos internos. La hambruna que se inició en Yemen en el año 2016 llevó a Naciones Unidas a calificarla en el año 2020 como la mayor crisis humanitaria del mundo.

Si bien es cierto que estas enmiendas llegan tarde, sí pueden servir que se eviten en el futuro situaciones de este tipo, porque, como decía, no solamente tipifican nuevas conductas como crímenes de guerra, sino que también uniformizan el tratamiento jurídico de armas prohibidas en todo tipo de conflictos internacionales o internos, avanzando en esa estandarización, coherencia y universalización del derecho penal internacional.

Hay una anécdota. No sé si ustedes han estado alguna vez en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. Cuando se entra en las instalaciones justo enfrente está el muro de Isaías y en él hay una frase del Libro de Isaías de prácticamente 3000 años que dice que se convertirán las espadas en arados y las lanzas en hoces, que no levantará espada nación contra nación y no se instruirán en la guerra. Es una frase muy bonita que nos lleva a que la humanidad no debe dejarse tentar por los conflictos, sino que debe ser la paz la que rija las relaciones internacionales y que también todas esas tecnologías que se aplican para los conflictos se apliquen para el avance de las sociedades. Pues bien, hoy, curiosamente, estamos en un mundo en donde se hace lo contrario: estamos aumentando el gasto militar y estamos aplicando la tecnología para lo peor, para aplicar más daño y generar armas más mortíferas.

Por eso creo que no solamente nos debemos quedar en esta ratificación de estas situaciones para evitar daños en el futuro, sino que también debe ser un gesto y una voz para avanzar en la diplomacia, en la paz y en la negociación como instrumentos para evitar esos conflictos y debe quedar ―como digo, estamos en una situación compleja, inestable y peligrosa― como recuerdo de que no puede haber impunidad ante hechos que se cometan por quien sea en cualquier lugar.

Acabo señalando lo que decía antes, que la negociación, el diálogo y la mediación deben ser los instrumentos para la resolución pacífica de los conflictos y que, por ello, es esencial adherirse a estos instrumentos del derecho penal internacional para reforzar un mundo más justo y la defensa de los derechos humanos siempre y en todo lugar. Es cierto que puede haber peligros en el futuro y, por tanto, al igual que estamos regulando en este momento proposiciones que se hicieron hace más de una década, hoy en día ya hay debates abiertos sobre qué se debe hacer con las armas autónomas o con instrumentos de guerra como el ecocidio. Es positivo que vayamos avanzando en esta línea. Pero como decía quien me ha precedido en el uso de la palabra, el Estatuto de Roma, de aplicación para los Estados que son firmantes, limita su aplicación a muchos de los Estados que no son miembros del tratado y que están cometiendo tropelías tanto a nivel interno como a nivel externo. Esto de alguna forma limita la aplicación, aunque no la impide, porque ahí también puede haber un mandato de Naciones Unidas. Ahora bien, crea un estándar de cuál debe ser la aplicación en caso de conflictos y en defensa del derecho humanitario y en reforzamiento del derecho penal internacional.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

Presidenta, senyories, molt bon dia. Avui parlem, encara que no sempre ho tinguem present, d’una de les fites de la humanitat. Avui parlem dels principis de les normes del dret humanitari internacional i dels mecanismes que, com a mínim, que com a mínim, permeten tenir l’esperança que aquests principis i aquestes normes puguin tenir alguna coercitivitat, puguin tenir alguna efectivitat. Parlem del Dret Penal Internacional i la Cort Penal Internacional, el tribunal permanent que jutja els responsables dels crims més greus contra la humanitat, els genocidis, els crims de lesa humanitat, crims de guerra i crims d’agressió. Amb les seves mancances, la creació de la Cort Penal Internacional per l’Estatut de Roma el 1998 és el resultat de dècades d’esforços per assolir alguna cosa semblant a una justícia internacional que impedeixi els pitjors crims contra la humanitat. No obstant, aquest esforç per tal que l’únic que quedi el món no sigui l’ús de la força, la crua violència, la llei de la selva, el tots contra tots, no viu els seus millors moments. L’Ordre mundial en què es va crear l’Organització de les Nacions Unides, que és el medi del dret internacional humanitari i, en definitiva, de la Cort Penal Internacional, ha mutat. Ja no és la globalització, que formalment mantenia el respecte pel dret internacional, sinó que som davant d’una nova realitat internacional en la qual el conflicte i la violència, les de sempre i les noves, s’obren pas amb força. Les grans potències, com els Estats Units, Rússia, la Xina o Israel, no han volgut mai ratificar el Tractat de Roma. Però ja no som aquí. Ara som en un nou escenari en el qual l’estat de dret mundial és rebutjat explícitament i s’ataca frontalment la justícia internacional. L’exemple més recent és l’ordre executiva del president Trump de febrer passat, que imposa sancions contra la Cort Penal Internacional i els seus responsables, en resposta a les ordres d’arrest emeses contra el primer ministre israelià, Netanyahu. Una mesura que no només es dirigeix al tribunal, sinó també a testimonis, supervivents, empreses i organitzacions que treballen pels drets humans i que, per tant, afectarà negativament totes les investigacions de la CPI, no només aquelles a les quals s’oposa el Govern dels Estats Units, sinó també, per exemple, les d’Ucraïna, Uganda o Darfur.

Davant d’aquest embat contra la justícia internacional, avui, si més no, podem donar un senyal de resistència amb la proposta que tenim sobre la taula. Les quatre esmenes a l’article 8 de l’Estatut de Roma que avui ratifiquem, adoptades per l’Assemblea d’Estats part el 2017 i el 2019, comporten una ampliació material de les potestats, de les competències de la Cort Penal Internacional. Una ampliació de competències absolutament necessària. Es tracta, com ha exposat el diputat Mikel Legarda, d’ampliar en quatre nous supòsits la tipificació de crims de guerra. Les noves conductes prohibides en conflictes armats són l’ús d’armes biològiques que disseminen agents biològics o toxines, l’ús d’armes que alliberen fragments que no poden ser detectats en el cos humà, l’ús d’armes làser que provoquen la ceguesa i l’ús intencionat de la fam com a mètode de guerra, és a dir, privar deliberadament a la població civil de l’indispensable per a la seva supervivència. Aquestes conductes, que en realitat són un nou catàleg de la perversió humana, ja estan prohibides en tractats internacionals vigents, com els protocols de la Convenció de Ginebra, però la seva inclusió explícita en l’Estatut de Roma reforça la seva persecució a nivell internacional.

L’evolució del dret internacional és un imperatiu humanitari. Ho és el dret penal, però també és un imperatiu humanitari que evolucioni, si no es volen deixar impunes els nous crims contra la humanitat. La naturalesa dels conflictes i la violència ha canviat molt des de la creació de les Nacions Unides després de la Segona Guerra Mundial. Ho ha comentat el diputat Iñárritu. Els conflictes es continuen lliurant entre estats, fins i tot en el nostre continent, però també cada cop més es lliuren dins de fronteres estatals entre grups nacionals, religiosos o d’altres tipus. A més, s’han produït una sèrie..., si em disculpen dir-ho així, d’avenços tecnològics, com són la intel·ligència artificial, la guerra híbrida, els ciberatacs, la utilització de vots i una renovació de les armes que inclou drons, armes biològiques, làsers i un llarg etcètera de ginys que minimitzen la intervenció física humana, i que fins i tot prenen decisions letals de forma autònoma. I aquests nous mètodes, a més a més, s’utilitzen, com dèiem, en conflictes cada vegada més fragmentats en entorns on el poder estatal ha desaparegut, on l’estat de dret és inexistent. Conflictes regionals on es barregen qüestions polítiques amb els interessos econòmics més bruts, on els grups armats proliferen mesclats amb el crim organitzat, on els conflictes prenen noves formes i s’eternitzen, i les formes tradicionals de resolució de conflictes fracassen i són incapaces de fer front a una violència que s’estén a tota la societat, no només als combatents, i que acaba afectant molt especialment les dones.

Permetin-me acabar amb una referència a l’ús de la fam com a recurs, com a arma bèl·lica. Des del genocidi armeni de 1915 i 1916, des de la Gran Fam a l’Holodomor ucraïnès dels anys 1930, el Hunger Plan nazi contra els presoners soviètics, passant per Etiòpia, Darfur, Burkina Faso, i arribant fins als nostres dies amb la guerra de Gaza, la fam ha estat utilitzada per estats totalitaris i grups terroristes per destruir la població enemiga, subjugar-la o assolir els seus objectius: l’ocupació de territoris, la neteja ètnica. La fam és una arma de guerra més, una d’especialment perversa, i per això la seva inclusió com a crim de guerra castigat pel dret internacional és un pas en el qual ens enorgulleix participar.

Moltes gràcies. Gràcies, presidenta.

Presidenta, señorías, muy buenos días. Hoy hablamos, aunque no siempre lo tengamos presente, de uno de los hitos de la humanidad. Hablamos de los principios y las normas del derecho humanitario internacional y de los mecanismos que, como mínimo, permiten tener la esperanza de que estos principios y normas puedan tener alguna coercitividad, alguna efectividad. Hablamos del derecho penal internacional y de la Corte Penal Internacional, el tribunal permanente que juzga a los responsables de los crímenes más graves contra la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión. Con sus carencias, la creación de la Corte Penal Internacional por el Estatuto de Roma en 1998 es el resultado de décadas de esfuerzos para conseguir algo parecido a una justicia internacional que impida los peores crímenes contra la humanidad. No obstante, a pesar de este esfuerzo para que lo único que quede en el mundo no sea el uso de la fuerza, la cruda violencia, la ley de la selva y el todos contra todos, no vive sus mejores momentos. El orden mundial en el que se creó la Organización de Naciones Unidas, que es el medio del derecho internacional humanitario y, en definitiva, de la Corte Penal Internacional, ha mutado. Ya no es la globalización que formalmente mantenía el respeto por el derecho internacional, sino que estamos ante una nueva realidad internacional en la que el conflicto y la violencia, las de siempre y las nuevas, se abren paso con fuerza. Las grandes potencias, como los Estados Unidos, Rusia, China o Israel, no han querido nunca ratificar el Tratado de Roma, pero ya no estamos ahí. Ahora estamos en un nuevo escenario en el que el Estado de derecho mundial se rechaza explícitamente y se ataca frontalmente la justicia internacional. El ejemplo más reciente es la orden ejecutiva del presidente Trump de febrero pasado que impone sanciones contra la Corte Penal Internacional y sus responsables en respuesta a las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro israelí Netanyahu. Es una medida que no solo se dirige al tribunal, sino también a los testigos, supervivientes, empresas y organizaciones que trabajan por los derechos humanos y que, por tanto, afectará negativamente a todas las investigaciones de la CPI, no solo a las que se opone el Gobierno de Estados Unidos, sino también, por ejemplo, a las de Ucrania, Uganda o Darfur.

Ante este embate contra la justicia internacional, hoy, cuando menos, podemos dar una señal de resistencia con la propuesta que tenemos sobre la mesa. Las cuatro enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma que hoy ratificamos, adoptadas por la Asamblea de Estados parte de 2017 y 2019, comportan una ampliación material de las potestades y competencias de la Corte Penal Internacional, una ampliación de competencias absolutamente necesaria. Se trata, como ha comentado el diputado Mikel Legarda, de ampliar en cuatro supuestos nuevos la tipificación de crímenes de guerra. Las nuevas conductas prohibidas en conflictos armados son el uso de armas biológicas que diseminan agentes biológicos o toxinas, el uso de armas que liberan fragmentos que no pueden detectarse en el cuerpo humano, el uso de armas láser que provocan ceguera y el uso intencionado del hambre como método de guerra, es decir, privar deliberadamente a la población civil de lo indispensable para su supervivencia. Estas conductas, que en realidad son un nuevo catálogo de la perversión humana, ya están prohibidas en tratados internacionales vigentes, como los protocolos de la Convención de Ginebra, pero su inclusión explícita en el Estatuto de Roma refuerza su persecución a nivel internacional.

La evolución del derecho internacional es un imperativo humanitario, lo es el derecho penal, pero también es un imperativo humanitario que evolucione si no se quieren dejar impunes los nuevos crímenes contra la humanidad. La naturaleza de los conflictos y la violencia han cambiado mucho desde la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial ―lo ha comentado el diputado Iñarritu―. Los conflictos se siguen librando entre Estados, incluso en nuestro continente, pero también cada vez más se libran dentro de las fronteras estatales, entre grupos nacionales, religiosos o de otro tipo. Además, se han producido una serie ―permítanme que lo diga así― de avances tecnológicos, como son la inteligencia artificial, la guerra híbrida, los ciberataques, la utilización de bots y una renovación de las armas que incluye drones, armas biológicas, láseres y un largo etcétera de artilugios que minimizan la intervención física humana y que incluso toman decisiones letales de manera autónoma. Esos nuevos métodos, además, se utilizan, como decíamos, en conflictos cada vez más fragmentados, en entornos donde el poder estatal ha desaparecido o el Estado de derecho es inexistente, en conflictos regionales donde se mezclan cuestiones políticas con los intereses económicos más sucios, donde los grupos armados proliferan mezclados con el crimen organizado, donde los conflictos adoptan nuevas formas y se eternizan, y las formas tradicionales de resolución de conflictos fracasan y son incapaces de hacer frente a una violencia que se extiende a toda la sociedad, no solo a los combatientes, y que acaba afectando muy especialmente a las mujeres.

Permítanme terminar con una referencia al uso del hambre como recurso, como arma bélica. Desde el genocidio armenio de 1915 y 1916, desde la gran hambruna, el Holodomor ucraniano de los años treinta, el Hungerplan nazi contra los prisioneros soviéticos, pasando por Etiopía, Darfur, Burkina Faso y llegando hasta nuestros días con la guerra de Gaza, el hambre ha sido utilizada por Estados totalitarios y grupos terroristas para destruir a la población enemiga, para subyugarla o conseguir sus objetivos, la ocupación de territorios o la limpieza étnica. El hambre es un arma de guerra más, una especialmente perversa. Por eso, su inclusión como crimen de guerra castigado por el derecho internacional es un paso en el que nos enorgullece participar.

Muchas gracias.

Presidenta, senyories, bon dia. És una evidència que els crims de guerra es multipliquen i que la realitat sempre va per davant del legislador i del dret. Val a dir que els crims de guerra es multipliquen amb usos nous de velles armes o amb usos d›armes noves sobre poblacions civils i sobre combatents. I m›agradaria subratllar d›aquestes esmenes que avui votarem especialment l›ús intencionat de la fam sobre els civils com a mètode de guerra en conflictes en aquest cas interns, perquè en conflictes internacionals això ja es contemplava en l’Estatut de Roma. M’agradaria, senyories, introduir una reflexió paradoxal. Es parla molt dels avenços tecnològics, de les guerres híbrides, dels drons, però l’ús de la fam és un mètode antiquíssim utilitzat ja pels imperis antics egipcis, romans. Tots ells havien utilitzat el setge de la fam. Vivim una època paradoxal de drons i de pràctiques antigues. Som a la vegada moderns i som primitius. I, per tant, és de sentit comú, senyories, aquest compromís amb la pau que farem explícit avui votant aquestes quatre esmenes que comprometen l’Estat espanyol en aquest punt tan sensible. Però aquest no és un context qualsevol. Vivim un context especialment greu i dolorós. N’han fet esment els portaveus que m’han precedit. És un context abonat per a la impunitat. La impunitat és la paraula clau. Pensin: impunitat a Gaza, a Ucraïna, al Sudan, al Iemen, a la República Democràtica del Congo, a Etiòpia i fins fa dos dies a Síria també. Entenem que aquesta acció que avui fem parlamentària en votar aquestes esmenes intentaran reduir la impunitat. I aquest és el combat de la civilització contra la barbàrie. Reduir la impunitat i els impunes. Però, senyories, aquesta impunitat va lligada també a una certa obscenitat de la guerra, a una obscenitat de la destrucció. És l’obscenitat de personatges com Netanyahu o com Putin. És una obscenitat que exhibeix el mal i se’n vanta. I també legislem contra aquest horror, contra aquesta estètica de la mort. Les imatges que ens arriben diàriament des de Gaza o d’Ucraïna són un document esfereïdor. I només he de lamentar que no ens arribin imatges també d’Àfrica i d’altres llocs on els atacs sistemàtics contra els civils, contra les dones violades, contra els nens és realment un testimoni de la pitjor humanitat que podem exhibir en aquest segle XXI.

Presidenta, señorías, buenos días. Es una evidencia que los crímenes de guerra se multiplican y que la realidad siempre va por delante del legislador y del derecho. Hay que decir que los crímenes de guerra se multiplican con nuevos usos de las armas antiguas y de las armas nuevas sobre poblaciones civiles y sobre combatientes. Me gustaría especialmente subrayar de estas enmiendas que hoy votaremos el uso intencionado del hambre sobre los civiles como método de guerra en conflictos, en este caso internos, porque en conflictos internacionales eso ya se contemplaba en el Estatuto de Roma. Señorías, me gustaría introducir una reflexión paradójica. Se habla mucho de los avances tecnológicos, de las guerras híbridas, de los drones, pero el uso del hambre es un método antiquísimo que ya se utilizaba en los imperios antiguos, en el egipcio o en el romano; todos ellos habían utilizado el hambre. Vivimos en una época paradójica, de drones y armas antiguas, somos modernos y somos primitivos. Por lo tanto, es de sentido común este compromiso con la paz, que haremos explícito hoy votando estas cuatro enmiendas que comprometen al Estado español en este tema tan sensible. Pero este no es un contexto cualquiera, vivimos en un contexto especialmente grave y doloroso, lo han comentado los portavoces que me han precedido, es un contexto regado por la impunidad; la impunidad aquí es la palabra clave, piensen en la impunidad en Gaza, en Ucrania, en Sudán, en Yemen, en la República Democrática del Congo, en Etiopía y, hasta hace dos días, en Siria. Entendemos que esta acción parlamentaria que hacemos hoy al votar estas enmiendas tiene como objetivo reducir la impunidad. Esta es la pelea de la civilización contra la barbarie: reducir la impunidad de aquellos que quedan impunes. Pero esta impunidad, señorías, va ligada también a una obscenidad de la guerra, una obscenidad de la destrucción; es la obscenidad de personajes como Netanyahu o como Putin, una obscenidad que exhibe el mal y que también ahora legislamos contra ese horror, contra la estética de la muerte. Las imágenes que nos llegan a diario desde Gaza o Ucrania son un documento aterrador, y lamento que no nos lleguen también imágenes de África y de otros lugares del mundo en los que los ataques sistemáticos contra los civiles, contra las mujeres violadas, contra los niños y niñas es realmente un testimonio de la peor humanidad que podemos exhibir en este siglo XXI.

Decía el pensador liberal o conservador ―que en esto hay un debate― Edmund Burke algo que cada día debemos repetirnos: «Para que triunfe el mal solo es necesario que los buenos no hagan nada». Esa es una frase cierta, que era tan cierta cuando la escribió Burke como hoy. Repito, señorías, porque quizás estamos dispersos: «Para que triunfe el mal solo es necesario que los buenos no hagan nada». Este es el sentido del Estatuto de Roma y de las enmiendas que hoy ratificamos. Esperemos ―subrayo― que todos los grupos de esta Cámara voten a favor de estas enmiendas, no sería comprensible lo contrario más allá de las guerras. Por cierto, no nos gustan las guerras ni cuando son justas e inevitables, por ejemplo, las guerras que se derivan de la invasión de un pueblo imperialista contra un pueblo tranquilo. Está claro nuestro compromiso contra los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios. Esa, señorías, es la gran lección del siglo XX, la que surgió de los campos de exterminio, la que surgió de Auschwitz. Por cierto, a propósito de esto, recordemos las palabras de Adorno sobre Auschwitz, decía el pensador: «Debemos descubrir los mecanismos que vuelven a los hombres capaces de tales atrocidades, mostrárselos a ellos mismos y tratar de impedir que vuelvan a ser así, a la vez que se despierta una conciencia general respecto de tales mecanismos».

Senyories, la consciència també es fabrica amb el dret. Es fabrica des d’aquesta cambra. Té un caràcter d’exemple i de símbol. Quan perseguim i jutgem criminals de guerra, fem també consciència política, consciència cívica, a més de buscar la justícia i la reparació per a les víctimes.

El passat 11 de maig, per cert, vam celebrar el 80 aniversari de l’alliberament del camp nazi de Mauthausen, on van ser assassinats tants republicans, hem de dir-ho amb la connivència de Franco, hem de dir-ho, amb la connivència de Franco. Des de la memòria parlem del present. Des de la memòria ens preparem pel demà per evitar aquelles atrocitats similars a les del passat. I m’agradaria afegir que com a grup republicà d’Esquerra celebrem que la Fiscalia General comenci diligències per investigar els crims contra els espanyols deportats als camps nazis, repeteixo, amb la complicitat de la dictadura franquista. Però quina llàstima, senyories, i miro especialment les senyories del PSOE, que tenen el Govern. Quina llàstima, senyories del PSOE, que això que fa la Fiscalia General arribi tan tard. Quina llàstima. Quina llàstima que tants deportats no es puguin beneficiar d’això. Quina llàstima que la justícia arribi tard. I quan la justícia arriba tard no és justícia.

Acabo passant per Mauthausen. En el Jurament de Mauthausen, els deportats alliberats van escriure el següent: «Un cop reconquerida la nostra llibertat i la dels nostres països, volem conservar en la nostra memòria la solidaritat internacional del camp». I els deportats van afegir això: «No ho oblidarem mai els sacrificis de sang que els pobles van haver de fer per reconquerir la felicitat de tothom». Perquè, en definitiva, quan lluitem contra la impunitat dels criminals de guerra, volem la felicitat i la pau de tothom. Legislem per evitar l’horror, legislem per tornar el més negre de la història. En tenim el deure, senyories, en tenim l’obligació.

Moltes gràcies.

Señorías, la conciencia también se fabrica a base de derecho desde esta Cámara, tiene un carácter de ejemplo y de símbolo. Cuando perseguimos y juzgamos a criminales de guerra, creamos también conciencia política, conciencia cívica, además de buscar la justicia y la reparación para las víctimas. El pasado 11 de mayo, por cierto, celebramos el 80.º aniversario de la liberación del campo de Mauthausen, donde fueron asesinados tantos republicanos con ―debemos decirlo― la connivencia de Franco. Desde la memoria hablamos del presente, desde la memoria nos preparamos para el futuro para evitar atrocidades similares a las del pasado. Y me gustaría añadir que, como grupo republicano de izquierdas, celebramos que la Fiscalía General empiece las diligencias para investigar los crímenes contra los españoles deportados a los campos nazis; repito, con la complicidad de la dictadura franquista. Pero qué lástima, señorías ―y miro especialmente a las señorías del PSOE que ocupan el Gobierno―, qué lástima, señorías del PSOE, que esto que hace la Fiscalía General llegue tan tarde, qué lástima, qué lástima que tantos deportados no puedan beneficiarse de esto, qué lástima que la justicia llegue tarde, y cuando la justicia llega tarde no es justicia.

Acabo pasando por Mauthausen. Los deportados liberados en Mauthausen escribieron lo siguiente: Una vez reconquistada nuestra libertad y la de nuestros países, queremos conservar en nuestra memoria la solidaridad internacional del campo. Y los deportados añadieron lo siguiente: Nunca olvidaremos los sacrificios de sangre que los pueblos tuvieron que hacer para reconquistar la felicidad de todos. Porque, en definitiva, cuando luchamos contra la impunidad de los criminales de guerra queremos la felicidad y la paz de todos y todas, legislamos para evitar el horror, legislamos para dejar atrás lo más negro de la historia, tenemos la obligación de hacerlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el Estatuto de Roma fue adoptado en 1998, fue ratificado por España en el 2000 y entró plenamente en vigor en 2002. Su artículo 121 establecía que, al séptimo año, los Estados parte podrían presentar enmiendas, y así ocurrió, en 2017 y 2019, y son las cuatro enmiendas que estoy seguro de que hoy aprobaremos. El Estatuto de Roma codificó por primera vez los crímenes de guerra de manera orgánica y detallada en los artículos 6 al 8. Se aceptó como premisa que no se deberían crear nuevas figuras penales sin incluir en el Estatuto aquellas que ya estaban consagradas en el derecho internacional. Sin embargo, la lista de crímenes de guerra incluyó innovaciones importantes: en primer lugar, se extendió el concepto de crimen de guerra a las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en conflictos armados no internacionales; en segundo lugar, se incluyeron nuevas categorías de actos que hasta entonces no se consideraban crímenes de guerra. La codificación así efectuada representó un progreso considerable para la represión y sanción de las violaciones del derecho internacional humanitario, en especial tras la creación de los tribunales especiales para la ex-Yugoslavia y Ruanda. Como es conocido, en la lista inicial de armas prohibidas figuraban las armas bacteriológicas, biológicas, las armas químicas, las armas nucleares, las minas antipersonales y las armas láser cegadoras, pero no hubo un consenso necesario entre los Estados parte para incluirlas en la redacción final. En lo relativo a las minas antipersonales y las armas láser, ocurría que no habían entrado todavía en vigor las convenciones que las abordaban; por lo que se refiere a las armas nucleares, las potencias nucleares se opusieron frontalmente a incluir dichas armas de destrucción masiva indiscriminada en el artículo 8. Por eso no se pudieron incluir, y tampoco las otras, porque los países pobres tenían como una condición sine qua non que se pudieran incluir las armas nucleares para también hacerlo con las bacteriológicas y las clínicas. La barbarie de la destrucción mutua asegurada y la lógica del equilibrio geopolítico basado en esa destrucción mutua asegurada campaba ya a sus anchas y, desgraciadamente, lo sigue haciendo. Las enmiendas acordadas en 2017 incluyen precisamente esos crímenes de guerra que quedaron excluidos, y la enmienda de 2019 nos retrotrae a una situación todavía más salvaje y primitiva, que es la utilización del hambre y la sed para negar la supervivencia de las poblaciones afectadas y bloquear la ayuda de socorro. Todas estas enmiendas de 2017 se adoptaron antes de que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas denunciara su utilización por última vez en Siria, en la ciudad de Al Lataminah, en marzo de 2017, por el régimen de Al-Assad, y ello provocó una campaña contra el presidente de la organización, el español Fernando Arias González. La enmienda de 2019 fue adoptada antes de que, el 23 de marzo pasado, el Gobierno de Netanyahu rompiese la tregua en Gaza e hiciese que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunciara la utilización por parte de las Fuerzas Armadas israelíes del hambre y la sed como un mecanismo de exterminio y de limpieza étnica. Miles de personas se han sumado a la lista de víctimas, el 68 % de ellas son mujeres, niños y ancianos. Vamos con retraso ―reconozcámoslo― en la ratificación de la prohibición de estos horrorosos crímenes de guerra. La barbarie de la lógica de la destrucción masiva ―reconozcámoslo también― sigue campando a sus anchas. Hoy, tenemos una buena oportunidad para ponerles algún coto con nuestro voto. Tres aspectos más, relativos al artículo 8 del Estatuto de Roma, podrían ser abordados y España debería proponer enmiendas en relación con ellos en la próxima Asamblea de los Estados parte. La primera propuesta que hago es que se refieran a las minas antipersonales, porque el Tratado de Ottawa de 1997 está siendo denunciado por nuestros socios de la OTAN, en la parte este de nuestro continente, y se está levantando un auténtico telón de acero de minas antipersonales que están dividiendo a Europa en una nueva guerra fría. La segunda propuesta que hago es que se aborde el tratamiento de las armas autónomas letales ―LAW en inglés―, los llamados robots asesinos o las armas centinela automáticas, porque son una parte muy importante de los escudos antimisiles que hoy operan, en gran medida, a partir de nuestra propia península. En cuanto a las armas nucleares, las armas de destrucción masiva están en manos de nueve potencias y son capaces de destruir el planeta varias veces. El Tratado de No Proliferación no ha sido capaz de frenar estos programas de desarrollo nuclear. Las armas nucleares siguen siendo la mayor amenaza concreta contra la humanidad. No solo hay que declarar su uso táctico como un crimen de guerra, sino que España debería adherirse también al Tratado sobre la Prohibición de las Armas

Nucleares, el tratado TPAN, como lo han hecho otros Estados parte también del Tratado de No Proliferación. (Aplausos).

Por último, el 6 de noviembre de 2004, SUMAR, a través de las diputadas Julia Boada y Aina Vidal, registró una PNL para la inclusión del ecocidio como quinto crimen internacional en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de acuerdo con las propuestas de Vanuatu, Fiji y Samoa, de 9 de septiembre de 2024. En el 50.º aniversario de la liberación de Saigón y del fin de la Guerra de Vietnam, donde la destrucción de la naturaleza y el medioambiente se convirtió en un arma de guerra masiva a través del defoliante agente naranja, el Gobierno de España debería adherirse a apoyar estas propuestas, que implican la trasposición de la Directiva de la Unión Europea 1203 de 2024 y la inclusión del delito de ecocidio en el Código Penal español.

Señorías, en una época en la que los Estados se deslizan otra vez hacia la barbarie del militarismo y la lógica de la destrucción mutua asegurada, hoy podemos hacer esta pequeña aportación para reiterar nuestro compromiso con la paz, el multilateralismo y el derecho internacional.

Muchas gracias. (Aplausos).

Con la venia. Ha hecho muy bien el orador del Grupo Popular, en el punto del orden del día relativo al Proyecto de Ley sobre Navegación Aérea, en reprochar contundentemente al jefe del Gobierno por su comportamiento de ayer en este Pleno, que ha calificado de frívolo. Claro, es el portavoz del Grupo Popular y, por lo tanto, la moderación le exige decir frívolo. Yo lo calificaré de otra manera, relativa a su carencia de vergüenza. (Rumores). ¡Es inadmisible que, en un asunto como el de ayer, este señor venga aquí a reírse y a hacer momios a las ministras que estaban sentadas a su lado, siquiera sea porque ha habido cinco víctimas mortales! (Aplausos). Tramitación directa en lectura única de este proyecto de ley orgánica. El pasado martes se votó dicha tramitación sin debate, señora presidenta. El artículo 150.1 del Reglamento dice que es el Pleno quien decide acerca de esta modalidad de tramitación, pero no se pidió el asentimiento de la Cámara por la Presidencia, entonces desempeñada por el vicepresidente, con arreglo al artículo 83 del Reglamento, y tampoco hubo turno de explicación de voto, con arreglo a los artículos 89.1 y 89.3 del Reglamento, este último apartado a contrario sensu, y, por consiguiente, se puede afirmar que cabe explicación de voto cuando no todos los grupos parlamentarios hayan tenido oportunidad de intervenir en el debate precedente, como quiera que no lo hubo, pues ningún grupo parlamentario tuvo oportunidad de decir absolutamente nada. ¿Por qué se infringió el Reglamento, señora presidenta? No lo sé. (Rumores). Adicionalmente, el artículo 150.1 dice que puede haber tramitación directa y en lectura única cuando lo aconseje la naturaleza del proyecto o lo justifique su simple formulación. Es cierto que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que estos son conceptos jurídicos indeterminados y que, por lo tanto, en síntesis, se trata de una decisión discrecional del Pleno ―del Pleno―, no de la Presidencia de la Cámara. (Rumores). Es decir, no procede de ninguna manera excluir el debate acerca de esta modalidad de tramitación como se hizo el martes pasado. En nuestra opinión nada lo justifica: ni la naturaleza de este proyecto aconseja su tramitación directa y en lectura única ni su simplicidad de formulación, porque es tan simple o menos como otros tantos proyectos de ley que no se tramitan directamente y en lectura única. Es decir, arbitrariedad, lo característico de este Gobierno, que sabemos que es quién ordena e instruye a la Mesa del Congreso. (Aplausos). Por lo tanto, es lo característico de un Gobierno que desprecia sistemáticamente la legalidad. Bien, este proyecto de ley orgánica tiene por propósito utilizar la ratificación de cuatro enmiendas al Estatuto de la Corte Penal Internacional, según sabemos, sobre cuatro crímenes de guerra y con arreglo al artículo 8.1 vigente del estatuto, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. (Rumores). Se trata de delitos ―en este caso los que introducen las enmiendas― en conflictos armados internacionales o internos y también en conflictos no internacionales, equiparándolos así a aquellos que tienen carácter internacional, para los que el Estatuto de la Corte Penal Internacional ya prevé una norma idéntica. (Rumores). Tales modificaciones han sido aprobadas en 2017 y 2019 por la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional. (Rumores).

Señora presidenta, le pido que ruegue silencio a los diputados socialistas, que están emulando a su jefe de filas y están hablando sin parar. Debe ser que también les hace mucha gracia esto de los crímenes de guerra. (Rumores.―Protestas). ¡Si siguen así, yo no continúo!

Pues me estará corriendo el tiempo, pero, como siguen hablando sin parar, me están perturbando y no voy a seguir hablando, porque no tengo por qué hablar perturbado. ¡Perturbado por perturbados! (Rumores.―Aplausos).

La solicitud de autorización de la ratificación se hace por tratarse de ley orgánica, con arreglo al artículo 93 de la Constitución. Y el artículo 93 es relativo a tratados que suponen cesión de competencias soberanas. Nosotros, el partido de VOX y su grupo parlamentario, no somos partidarios, con carácter general, de cesiones de soberanía a organizaciones de carácter supranacional. Otros partidos, todos o casi todos, declinan o han decaído, lamentablemente, en ese postulado de cesiones sin límite.

La corte existe desde 1998, como es sabido, y España firmó el tratado ese mismo año y lo ratificó en 2000, siempre durante el Gobierno del señor Aznar, del Partido Popular. Por lo tanto, con carácter general, aquí no hay ninguna novedad salvo la ampliación de competencias de la corte para juzgar otros delitos, pero esos delitos, calificados como crímenes de guerra, podrían ser igualmente juzgados por los tribunales penales nacionales sin que esto supusiera que dejasen de ser castigados ni perseguidos. Además, podrían ser juzgados por dichos tribunales penales nacionales de modo cada vez más expansivo debido a la expansión que conoce el concepto de jurisdicción universal desde el caso Pinochet de 1998, causado por un magistrado ―cuyo nombre omito― que posteriormente y por otro motivo fue condenado a inhabilitación especial por el Tribunal Supremo y expulsado de la carrera judicial.

En síntesis, debo recordar además lo siguiente: la corte, en contra de lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, no se constituye en relación con nada relativo a los crímenes del nazismo; se constituye debido a las insuficiencias conocidas en la doctrina penal de los tribunales ad hoc instituidos por razón del genocidio de Ruanda y el genocidio en la antigua Yugoslavia en los años 1993 y 1994. Los Estados Unidos no suscribieron el Estatuto de Roma que constituye la Corte Penal Internacional ni lo han hecho después, como tampoco lo hicieron Rusia, China, India o Israel, entre otros, y siguen sin hacerlo. Ningún presidente de los Estados Unidos ―salvo de una forma simbólica el señor Clinton el último día de mandato, impidiéndose así la ratificación por el Senado―, ni demócrata ni republicano, ha promovido adherirse al Estatuto de Roma. Y entonces, cuando este fue negociado, ya se dijo por el representante de los Estados Unidos en la negociación lo siguiente ―leo entrecomillado―: Sigue existiendo el temor a que el tribunal investigue realmente la perpetración de crímenes atroces, dada la proyección militar de ambos países a escala regional y mundial y el temor a ser procesados por motivos políticos y no basados en pruebas. (El señor Arribas Maroto: ¡Tiempo!). Ese temor se ha revelado fundado, como los hechos posteriores y recientes han puesto de relieve. (Rumores). Comunicado oficial de la Casa Blanca cuando era presidente el señor Biden con motivo del conflicto de Gaza: Estados Unidos rechaza…

Gracias, presidenta. Señorías, hoy esta Cámara no aprueba un simple texto legislativo; aprueba una afirmación de principios, una afirmación que nos define como nación, como democracia y como parte activa de una comunidad internacional que aún cree en la ley cuando otros la olvidan, la ignoran o la violan. Ratificamos hoy cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Con ellas, declaramos crímenes de guerra prácticas que representan lo peor de la guerra: el uso de armas biológicas, el empleo de proyectiles imposibles de detectar por la medicina, el recurso a láseres diseñados para cegar permanentemente y el uso deliberado del hambre como herramienta de castigo colectivo. Sí, señorías, del hambre. (Aplausos). No se trata de nuevas atrocidades, se trata de atrocidades antiguas a las que ahora llamamos por su nombre para que no vuelvan a encontrar refugio en el silencio legal o en la indiferencia política.

Señorías, en la actualidad hay más de cincuenta conflictos armados activos en el mundo. Algunos ocupan portadas, muy pocos, otros no aparecen ni en un tuit; algunos con más cámaras, otros con más muertos, pero en todos ellos hay algo en común: una constante erosión de los límites humanitarios. Los civiles han dejado de ser víctimas accidentales para convertirse en instrumentos del terror. La destrucción ya no es una consecuencia, es un lenguaje. Y vemos en Gaza la máxima expresión de ese lenguaje. En Gaza el hambre no es un daño colateral, es un arma; se está usando para rendir a la población, para castigarla por resistir, por existir. Los convoyes humanitarios son bloqueados; los niños y niñas mueren antes de que llegue el pan y el mundo mira hacia otro lado. Pero nosotras y nosotros no podemos (aplausos), porque usar el hambre como castigo colectivo no es defensa, es barbarie; y frente a eso la ley tiene que hablar más alto que el silencio, señorías.

Señorías, hay momentos en los que una votación parlamentaria vale más que cualquier discurso y este es uno de ellos, porque hoy trazamos una línea clara: incluso en tiempos de guerra hay límites, incluso las guerras tienen normas y quienes los cruzan deben saber que no lo harán impunemente. La Corte Penal Internacional es uno de los pocos espacios en los que la humanidad se ha atrevido a decir: esto no se puede hacer. Es verdad que a veces no funciona; es verdad que a veces llega y otras veces no llega a tiempo, pero cada vez que un país como España se suma a reforzar su legitimidad, la justicia avanza; aunque sea un paso, ese paso importa, porque el derecho internacional no es un instrumento de poder, es un freno a su abuso, señorías. (Aplausos).

Sabemos que hay Gobiernos que no reconocen a la corte, que hay potencias que desprecian sus fallos y que hay crímenes que seguirán sin castigo, pero la respuesta a todo eso no puede ser el abandono, no puede ser la renuncia. Cuando el sistema es imperfecto, se mejora, no se abandona; cuando la justicia tarda, se refuerza, no se debilita, porque el día que renunciemos al derecho internacional, ese mismo día comenzará la cuenta atrás del orden global y lo que venga después no tendrá reglas, señorías.

Estas enmiendas convierten el dolor en ley, convierten lo intolerable en delito, convierten la memoria en protección, y eso no es solo útil, es necesario. Y lo hacemos por principios, porque creemos que la política no debe rendirse ante el cinismo, que la fuerza no debe ser el último argumento y que incluso en los momentos más oscuros el derecho puede seguir siendo una luz; una luz modesta, una luz frágil, pero una luz, al fin y al cabo. Con esta ley España reafirma su compromiso con una idea sencilla y muy poderosa: que el poder, para ser legítimo, debe estar limitado por la ley y que el futuro solo será justo si es capaz de proteger a quienes no tienen poder.

Señorías, ninguna sociedad que se respete puede permitir que se usen el hambre, la ceguera y el silencio como herramientas del combate y ningún Parlamento que se respete puede mirar hacia otro lado. Al votar hoy decimos que el dolor no puede ser invisible, que las armas no pueden tener licencia para el terror, que la guerra no puede convertirse en una excusa para la deshumanización. Es verdad que no podemos evitar todas las injusticias, pero sí podemos elegir de qué lado estamos, y hoy elegimos el lado del derecho, el lado de la justicia y el lado de quienes aún creen que las normas, cuando se respetan, pueden cambiar destinos. Y es verdad que esta ley no será portada de periódicos, no será trending topic y no generará titulares, pero sí creará un precedente, sí dejará una huella y sí dirá con toda la firmeza de esta Cámara que aún hay causas que merecen una ley, que aún hay principios que valen un voto y que aún hay esperanzas que merecen una defensa. (Aplausos).

Señorías, cuando nuestros hijos e hijas pregunten qué hicimos en este tiempo incierto, esta ley será parte de la respuesta y será una buena respuesta, porque no responde al interés, sino al deber, y en política pocas respuestas valen más que esa. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista votará sí: sí al Estatuto de Roma, sí al derecho internacional, sí a la memoria como ley, sí a la ley como límite y sí a la justicia como promesa. Y no votaremos a favor hoy por nosotros y nosotras, sino por las que no fueron escuchadas, por los que no pudieron huir y por los que aún esperan que el mundo diga: Esto fue un crimen y esto no debe repetirse.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el debate de hoy nos interpela, apela a nuestra responsabilidad como legisladores de un Estado democrático de derecho y que es parte activa de la comunidad internacional que lucha contra la impunidad y en defensa de la dignidad humana. Ratificamos cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma, adoptado en 1998 y en vigor desde el 2002. Este estatuto fue uno de los grandes avances de la historia del derecho penal internacional y es uno de los mejores ejemplos del multilateralismo. Dio lugar a la Corte Penal Internacional y es el primer tribunal permanente encargado de juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y, más recientemente, el crimen de agresión. España lo ratificó en el año 2000 bajo el Gobierno del presidente Aznar, consolidando nuestro compromiso con la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos. Hoy le toca a este Parlamento reforzar nuestra capacidad de respuesta ante formas de violencia particularmente crueles que siguen empleándose en los conflictos armados. Las enmiendas que debatimos, aprobadas en 2017 y 2019 por la Asamblea de los Estados parte, buscan incluir en el Estatuto de Roma los cuatro nuevos crímenes de guerra a los que han hecho referencia todos los intervinientes con anterioridad: el uso de armas biológicas o tóxicas, el uso de armas que hieren con fragmentos imposibles de detectar por rayos X y de armas láser concebidas para causar ceguera permanente, y el uso del hambre como método de guerra, al privar intencionadamente a la población civil de los medios indispensables para sobrevivir. Todas esas prácticas no solamente violan las leyes de la guerra, sino que también son una afrenta directa a la dignidad humana. Criminalizarlas de forma expresa en el Estatuto de Roma, como haremos a partir de hoy, es un paso urgente y coherente con los principios que inspiran a las democracias liberales. Sabemos que el proceso de reforma del estatuto es lento, pues cada enmienda necesita una ratificación individual de los Estados, pero esa lentitud responde a una lógica diplomática, que es garantizar un consenso amplio, evitar imposiciones y reforzar la legitimidad del sistema. Señorías, hablar de justicia internacional exige también coherencia política, porque, mientras hoy debatimos reforzar el Estatuto de Roma y cómo hacerlo, el Gobierno mantiene una política exterior complaciente, cuando no permisiva, con regímenes autoritarios como los que llevan décadas en Cuba, Nicaragua o Venezuela. El Gobierno lleva una política exterior permisiva, por ejemplo, con los invasores sobre los ocupados en el conflicto del Sáhara Occidental, contraviniendo el derecho internacional más elemental y las resoluciones de la ONU y de los tribunales. Señorías, no se puede condenar a Putin y, al mismo tiempo, financiar su invasión y sus guerras, comprándoles el gas. (Aplausos). No se puede condenar a Putin y actuar como defensores de Nicolás Maduro y trabajar, como se hizo, para que el vencedor de las elecciones tuviese que abandonar el país en el que las ganó. La Corte Penal Internacional ha dado un paso valiente al emitir órdenes de arresto contra responsables de crímenes en Ucrania, incluyendo al propio presidente ruso. La pregunta que debemos hacernos es si el Gobierno va a exigir que avance en la investigación sobre Venezuela iniciada en el 2018, si va a instar a la Fiscalía del Tribunal de la Corte Penal Internacional a actuar o si va a reclamar a la Sala de Cuestiones Preliminares que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro. Esta Cámara se lo ha pedido y el Gobierno tiene la obligación política y moral de actuar cuanto antes. (Aplausos). La lucha contra la impunidad no se elige a conveniencia y los principios no se defienden unos días sí y otros no, en unas causas sí y en otras no; la política exterior hay que sostenerla con principios, con decisiones y con decencia, sobre todo en los casos que afectan a los más desfavorecidos. Señorías, apoyamos estas enmiendas, porque refuerzan el Estatuto de Roma, protegen a la población civil y nos alinean con los valores fundamentales del derecho internacional humanitario, pero insistimos, no basta con ratificar textos, la verdadera defensa de la justicia internacional se demuestra con hechos, y hasta ahora, desgraciadamente, el Gobierno está lejos de esta exigencia y de practicar una política exterior decente. Nada más y muchas gracias. (Aplausos).