Interpelación urgente relativa a la posición del Gobierno sobre el control público de los sectores estratégicos.

Gracias, presidente. Buenas tardes, señora ministra. El pasado 28 de abril, como todo el mundo sabe, nuestro país sufrió el peor apagón de su historia. Asistimos a un colapso en toda regla del sistema eléctrico, un colapso que puso a prueba nuestros servicios públicos y que también sirvió para demostrar nuestra dependencia respecto a un sistema eléctrico muy privatizado y de cuyas fallas ya habían advertido numerosos expertos. Hoy, señora ministra, le proponemos sacar algunas lecciones políticas de este acontecimiento, sobre todo porque, si no se sacan las conclusiones correctas, no solamente volveremos a las mismas recetas erradas, sino que estaremos abocados a repetirlas. Ya no cabe duda de que lo que falló el lunes fue el sistema eléctrico, un sistema eléctrico que en su mayor parte está en manos de muy pocas empresas, el llamado oligopolio eléctrico. Solamente cinco empresas, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y Acciona, operan este mercado eléctrico, en forma de casi monopolio o trust. Estas empresas, gracias a este diseño oligopólico, que fue fruto de las privatizaciones de los años noventa de los partidos Socialista y Popular, obtienen cada año beneficios estratosféricos. En 2024, sin ir más lejos, ganaron, conjuntamente, 11 000 millones de euros de beneficios. Y, mientras que a muchas familias españolas les cuesta un gran esfuerzo pagar la factura de la luz, este Congreso de los Diputados decidió en el pasado mes de enero derogar el impuesto a las energéticas que en la legislatura pasada consiguió Unidas Podemos y perdonar así mil millones de euros, una décima parte de esos beneficios extraordinarios de las eléctricas. Y es normal que esto pase, no nos sorprende; durante años ese oligopolio eléctrico ha comprado a expresidentes del Gobierno y a exministros tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, también a algún presidente del PNV para que fueran sensibles a las peticiones de las energéticas de ir más rápido en su proceso de acumulación de capital y no tener que afrontar gastos extras. Lo ocurrido el lunes pasado es el fruto maduro de este modelo que ustedes han implementado, el fruto maduro de un modelo energético que siempre ha priorizado los intereses de este oligopolio eléctrico del capital por encima de las inversiones necesarias para garantizar la estabilidad del sistema. ¿Por qué decimos esto? Lo ha explicado muy bien en estos días el científico del CSIC Antonio Turiel. La energía renovable es la energía que resulta más barata de producir, pero, a la vez, son tecnologías que necesitan estabilizadores para que el sistema no caiga, unos estabilizadores que, sin embargo, parece que el oligopolio decidió ahorrarse para maximizar beneficios. El apagón del lunes 28 pudiera estar relacionado con el hecho de haber conectado al mismo tiempo un gran número de plantas fotovoltaicas, sin haber construido simultáneamente los elementos necesarios para estabilizar la red ante la presencia de este tipo de tecnologías, es decir, este apagón es el resultado directo de la codicia de las energéticas. La búsqueda de maximización del beneficio y el reparto de dividendos entre accionistas es, en efecto, lo que nos permite entender decisiones empresariales como el no mantenimiento de procesos activos para ahorrar costes o la no realización de inversiones necesarias para la estabilización en el sistema de generación.

Pero es esta misma lógica capitalista la que supone un riesgo inaceptable para la seguridad de nuestro país. Por eso, señora ministra, me gustaría comenzar planteándole una primera medida muy sencilla, pero, a nuestro juicio, muy necesaria: recuperen el impuesto a las energéticas, ese impuesto al que se comprometieron con Podemos en el mes de diciembre pero que dejaron caer en el mes de enero, porque apenas hicieron nada para llevar a sus socios nacionalistas, tanto vascos como catalanes, hacia el sí. Volvamos a recuperar ese impuesto y hagámoslo permanente y financiemos con ese dinero las reformas necesarias y los estabilizadores para evitar futuros apagones. Seguramente una decisión de este calado no gustaría demasiado ni a Ignacio Galán ni a Josu Jon Imaz ni a Francisco Reynés, pero sería hacer lo que ustedes tendrían que hacer, es decir, defender el interés general y la función social de la propiedad.

El mismo presidente del Gobierno ha señalado a los operadores privados como los responsables del apagón, y entre ellos esta Red Eléctrica. Este señalamiento pasaba por alto que el regulador de todo el sistema, Red Eléctrica de España, es una entidad semipública, donde el principal accionista, con el 20 %, es el Estado a través de la SEPI. El segundo mayor accionista, por cierto, de esta empresa es el millonario gallego Amancio Ortega, a través de Pontegadea Inversiones, con un 5 %. Y el tercer inversor, con un 4,6 %, es el mayor fondo de inversión del mundo, BlackRock. En cualquier caso, parece que las empresas generadoras, como la propia Red Eléctrica, se están mostrando renuentes a dar al Gobierno toda la información, y de ahí que ustedes nos planteen que van a tardar incluso seis meses en poder conocer las causas finales.

Nosotros pensamos que estas empresas se están saltando el artículo 7.1 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que afirma ―y cito―: «Las entidades privadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen y en todo caso cuando sean operadoras de servicios esenciales y de infraestructuras críticas que puedan afectar a la seguridad nacional, deben colaborar con las administraciones públicas». Por eso, señora ministra, lo segundo que yo les solicitaría es que cumplan esa ley y que, si se niegan a dar la información, que intervengan las entidades privadas del sector eléctrico para recabar toda la información de que dispongan sobre el apagón, en cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional, y, si es necesario, que intervengan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la sede de estas compañías para recabar esta información, y ello por una sencilla razón, y es porque un bien esencial para la vida y el sostenimiento de la sociedad debe estar guiado por el interés general, y no por el ánimo de lucro.

La entrega de un sector estratégico como la energía a multinacionales y fondos de inversión se ha revelado como uno de los peores errores del bipartidismo. Este apagón demuestra que la entrada de capital privado en sectores estratégicos, como en la energía, las telecomunicaciones o el transporte, no garantiza un mejor funcionamiento. Se ha visto en el país guía del capitalismo, como es Estados Unidos. En 2003 la superpotencia sufrió un apagón que afectó a cincuenta millones de personas en Nueva York y otras urbes tanto de ese país como de Canadá. La causa, como después revelarían muchas investigaciones periodísticas e incluso investigaciones del Congreso, fue la falta de inversión y mantenimiento por parte de las empresas energéticas privadas. Y también nos dijeron en los años noventa, en los años de la privatización, que la competencia fomentaría la bajada del recibo, pero esto también ha sido falso. La realidad es que la factura de la luz se ha convertido en un problema para decenas de miles de familias trabajadoras, obligadas a no encender la calefacción en invierno o a no poner el aire acondicionado en verano ante unas facturas eléctricas cada vez más abultadas.

Pero el oligopolio eléctrico no supone solamente un riesgo para la sociedad, sino también para el mismo medioambiente. En julio y agosto de 2021, Iberdrola vació dos embalses en provincias como Zamora y Cáceres para beneficiarse con la venta de energía con la que dejó sin agua a los pobladores y ocasionó pérdidas millonarias a los sectores turístico y agrícola. Y en el mismo periodo, Iberdrola y Naturgy vaciaron pantanos de la Comunidad Autónoma de Galicia. Así, al desecar los embalses, estas empresas generaron energía a precio bajo, para vender a los precios inflados por los costes internacionales del gas natural, con un coste ecológico y social que nada tiene que ver con la sostenibilidad que venden en los anuncios de la televisión estas empresas.

Ante esta irresponsabilidad manifiesta del oligopolio eléctrico y sus prácticas antisociales y antiambientales, desde Podemos planteamos abiertamente que el control público del sector de la energía y las telecomunicaciones debe ser una prioridad absoluta para nuestro país. Por eso, señora ministra, la tercera propuesta que le hago esta tarde es la creación de una empresa pública de generación de energía, que garantice el control público y democrático sobre el sector energético en la integridad del proceso, desde la generación de energía hasta la comercialización. No somos ingenuos; sabemos que el Partido Socialista se ha negado a poner en pie una compañía eléctrica pública en muchas otras ocasiones ―lo ha hecho cada vez que se lo hemos pedido―, pero también creemos que las circunstancias han cambiado dramáticamente. Hoy España es un país más vulnerable y, desgraciadamente, el oligopolio eléctrico les está echando a ustedes un pulso.

En este caso, no les van a servir los anuncios, va a servir algo que realmente modifique la estructura del mercado, y eso se hace con un pool público de energía. Yo les pediría que por una vez abandonen, al menos en este sector, los dogmas neoliberales que ustedes vienen practicando desde los años noventa. Sé que no lo harán en el mercado de la vivienda y que tampoco lo van a hacer con la sanidad, derogando la Ley 15/1997, del Partido Popular, que abrió la puerta a la privatización, pero les pediría que, al menos, se atrevan con la energía y las telecomunicaciones. Estoy seguro de que, si mañana el CIS hiciera una encuesta en la que se preguntara a los españoles, con independencia de su ideología, qué les parece esta propuesta, habría una mayoría que piensa que el Estado tiene que controlar servicios esenciales y estratégicos como la energía. Seguramente, nos dirán que eso es muy costoso y, por supuesto, que no hay dinero, y, en realidad, es lo que nos han dicho siempre. Desde Podemos ya planteamos una iniciativa muy similar en el año 2022 ―creación de empresa pública―, y entonces el Partido Socialista votó en contra, junto con el Partido Popular, VOX y PNV, que son sus socios naturales cuando hablamos de temas de energía. En aquella ocasión nos dijeron que pedíamos un imposible y que de dónde pensábamos sacar los ocho mil millones de euros que harían falta para nacionalizar la red eléctrica, como proponíamos. Supongo que ahora, cuando ustedes han encontrado sin demasiada dificultad 10 500 millones de euros para comprar armas y aumentar nuestra contribución a la OTAN, ya no les parecerá tan difícil movilizar esa inversión para garantizar la seguridad energética de los españoles y de las españolas.

Termino. El lunes pasado, a las 12:33, los operadores privados del oligopolio antepusieron la fórmula de combinación energética más rentable a la que resultaba más segura para la red. La cuarta economía del euro y la única gran economía europea que no tiene una empresa pública de energía se apagó por completo. Hoy, como decía al principio, ustedes deberían sacar las lecciones adecuadas. La seguridad de este país no va a de rearme y va de fortalecer los servicios públicos y de aumentar el control público de sectores estratégicos de la economía, y, en especial, de una mayor implicación del Estado en la energía de la que depende el funcionamiento de la sociedad.

Muchas gracias.

Gracias, presidente. Señora ministra, le agradezco la respuesta y el tono, pero realmente me parece inaudito que la respuesta que ustedes ofrecen hoy aquí sea la misma que ofrecieron el lunes por la noche. Transcurrida una semana desde el mayor apagón que hemos tenido en nuestra historia, la única propuesta política es un comité de investigación, y no hay política, todavía no hay ninguna actuación planificada ni que ustedes traigan a debate. Yo les traía tres propuestas, pero no se ha pronunciado sobre ninguna de ellas. En primer lugar, proponía recuperar ese impuesto a las energéticas, sobre unos beneficios extraordinarios que obtuvieron no por mejorar sus servicios, como se ha visto, sino más bien por la crisis de Ucrania. La segunda cuestión era invocar la Ley de Seguridad Nacional para que esas empresas dieran toda la información que ustedes mismos han venido a decir que no están dando y que en un primer momento no querían dar. Y la tercera cuestión era abrir el debate relativo a si este país debe tener una empresa pública de energía; por cierto, como tienen muchos otros países de nuestro entorno. En los últimos días he leído que ustedes están ultimando un mecanismo con el que garantizar la seguridad del suministro eléctrico. ¿En qué consiste ese sistema? Creo que lo resumen bien varios editoriales de algunos diarios de la editorial Prensa Ibérica, que dicen que el Gobierno acelera el nuevo sistema de antiapagones, que incluye pagos millonarios a las eléctricas, es decir, ayudas a las compañías que puedan garantizar inyecciones de electricidad extra cuando sea necesario. Dicho de otro modo, las van a pagar una millonada por hacer lo que tienen que hacer y hacer lo que tendrían que hacer por ley, en ese sector que usted dice que está tan regulado; o eso, o que, al final, los españoles también lo noten en la factura de la luz. Ante este tipo de titulares, me gustaría que usted nos diga qué hay de verdad y qué de mentira en ello, dado que entiendo que esas informaciones vienen de su ministerio. Es curioso que usted no se haya referido en ningún momento a recuperar el impuesto a las energéticas que impulsó Unidas Podemos en el año 2022, lo que nos permitió recaudar 1164 millones de euros que ahora serían fundamentales para garantizar los estabilizadores de esas energías renovables. Bueno, creo que al final eso se nota. Solo tres años después, con Podemos fuera del Gobierno, parece que van a ser las clases medias, las clases trabajadoras las que al final acaben pagando la fiesta del oligopolio eléctrico. Nuestro partido es una formación muy humilde en este Congreso, pero fíjese si cambia o no cuando estamos en el Gobierno. Creo que ustedes hoy no se han mojado con ninguna de las medidas que permitirían un cambio de raíz en el sistema eléctrico, en el oligopolio eléctrico. Me fastidia decírselo, pero creo que al final son las mismas medidas que tomaría un Gobierno del Partido Popular y que están muy lejos de lo que serían unas medidas valientes, que cambiaran la estructura de ese sistema oligopólico. Después del apagón del pasado lunes, con unos operadores privados negando al Gobierno toda la información, quedó claro para mucha gente la necesidad de recuperar el control sobre sectores estratégicos de generación y distribución de la electricidad. Por eso nosotros planteamos que el debate clave aquí tiene que ser el de la creación de una empresa pública de energía que desarrolle un rol activo en la producción eléctrica del dominio público hidráulico, la instalación de energías renovables y las labores de distribución y comercialización de la energía. Dice usted que el Gobierno considera que las energías renovables son un sector estratégico, pero es un sector estratégico que, en último término, se está repartiendo el mismo oligopolio y que su poder democratizador no se está concretando, porque sigue siendo el monopolio de las energéticas de siempre.

Ministra, España es uno de los pocos países que, como le he dicho, no cuenta con una empresa pública de energía. De hecho, España tiene el segundo mercado eléctrico más privatizado de la OCDE, después de Portugal. Nosotros vemos necesaria la creación de esta empresa pública para revertir esta situación y converger con países de nuestro entorno, como Francia, Italia, Austria, Holanda o Finlandia. Hoy hay una realidad, y es que ahora mismo tiene un mayor control sobre el mercado eléctrico español Italia que este Gobierno, porque no tenemos esa empresa pública energética.

Deberían pensárselo; yo le digo que deberían pensárselo, sobre todo porque hay una mayoría social que con este apagón ha visto la luz y está harta de pagar la fiesta a las compañías eléctricas y las puertas giratorias al bipartidismo.

Muchas gracias. (Aplausos).