Pedro Sánchez Pérez-Castejón
GobiernoPresidente del Gobierno.Página 7Vídeo
Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señoras y señores diputados. También doy los buenos días a los medios de comunicación y a los ciudadanos que sigan esta comparecencia por las redes sociales y por los distintos medios de comunicación.
Como bien ha dicho la presidenta, comparezco ante ustedes para compartir información, también ideas, sobre dos cuestiones que son distintas, pero que están vinculadas tanto por la actualidad como por su naturaleza. Estamos hablando del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que, como saben, el Gobierno aprobó en un reciente Consejo de Ministros y enviamos a Bruselas el pasado 23 de abril, y también estamos hablando de la crisis eléctrica que afectó a la península ibérica una semana más tarde. Si les parece, empezaré transmitiéndoles con absoluta transparencia lo que sabemos, por el momento, del corte de suministro eléctrico que sufrimos el pasado 28 de abril.
Como saben, el 28 de abril, en concreto a las doce y treinta y tres minutos de la mañana, se produjo una concatenación de anomalías que en pocos segundos desestabilizó nuestro sistema eléctrico y provocó un corte masivo de suministro. La información técnica preliminar nos dice que primero se registró una perturbación en el sur de España, que podría haber generado esa pérdida de generación, y que pocos segundos después se dieron otras dos más, esta vez en la zona sudoeste de nuestro país. El sistema logró superar esas dos primeras perturbaciones ―creo que es muy importante recordar esto―, pero evidentemente no pudo contener la tercera, que se fue extendiendo por el sistema eléctrico peninsular, pese al aporte extra de la potencia a través de la interconexión, en particular con Francia, y pese a la intervención de los llamados, como dicen los técnicos, relés de deslastre de demanda. ¿Qué es el relé de deslastre de demanda? Para que los ciudadanos se hagan una idea, estos relés son unos mecanismos de seguridad similares a los plomos que tenemos en nuestras casas. Están diseñados precisamente para eso, para evitar daños permanentes en la red mediante una reducción abrupta de ese suministro. La activación de estos cortafuegos evitó ―y esto también es importante recordarlo para demostrar la resiliencia y la robustez de nuestro sistema de distribución eléctrica― que se produjeran pérdidas estructurales en el sistema y facilitó la posterior reposición. Desgraciadamente, lo que no impidió fue que el sistema se fuese a cero, que es lo que ocurrió el pasado 28 de abril.
Instantes después de que se produjese ese apagón, las instituciones competentes activamos todos nuestros protocolos de emergencia. Los operadores privados, es decir, las empresas energéticas, se centraron, ¿en qué?: en reenergizar la red para restablecer el suministro, una operación que es sumamente compleja ―en otros países que han afrontado este tipo de apagones ha durado días― y también muy delicada y, además, nunca se había hecho a la escala y a la velocidad que se hizo en nuestro país. ¿Cómo se llevó a cabo? Se llevó a cabo mediante la reactivación secuencial de las interconexiones eléctricas que tenemos con Francia, también con Marruecos, con las centrales hidroeléctricas y con el ciclo combinado en toda la península ibérica. Mientras, el Ejecutivo y el resto de Administraciones públicas nos centramos en asistir a la población y en mantener o recuperar el funcionamiento de los servicios públicos afectados por este corte de suministro; labores que fueron orquestadas por el Consejo de Seguridad Nacional y que se llevaron a cabo en buena coordinación con la amplia mayoría de los Gobiernos autonómicos de nuestro país, también con la amplia mayoría de ciudades de nuestro país, a quienes, de nuevo, quiero agradecer públicamente su trabajo, su lealtad y su cooperación en esos momentos tan críticos. (Aplausos).
Como se pueden imaginar, mantuvimos un contacto permanente con los líderes de la Comisión Europea, también con la OTAN, con Francia, con Portugal y con Marruecos, así como con todos los presidentes y presidentas autonómicos, de distinta orientación política, y evidentemente también con sus señorías, con los representantes de los grupos parlamentarios, al menos con la amplia mayoría de los grupos parlamentarios que están aquí presentes. Además, nos reunimos en tres ocasiones con los equipos técnicos de la empresa Red Eléctrica y con los representantes de las energéticas, y celebramos seis reuniones del Consejo de Seguridad Nacional en poco más de cuarenta y ocho horas.
Señorías, es evidente que fueron muchos los bancos, el tejido productivo, los negocios y los supermercados que tuvieron que cerrar como consecuencia de este apagón cuando se produjo el corte de suministro, pero también la buena noticia es que los servicios públicos, como los hospitales, los centros de salud y las residencias para mayores, continuaron funcionando sin grandes incidencias durante todo el día, gracias precisamente a sus sistemas de generación autónoma. En las escuelas, sin ir más lejos, las clases se mantuvieron hasta que se garantizó la recogida segura de los menores por parte de sus familiares. Y en las calles, el buen hacer de conductores, policías nacionales, guardias civiles, policías municipales y policías autonómicas permitió gestionar las retenciones y la falta de señalización sin apenas incidentes. Todos los semáforos y radares del país se apagaron de golpe y, aun así, ese día hubo un 24 % menos de siniestros en nuestras carreteras que el lunes de la semana anterior. (Rumores).
Los tráficos marítimo y aéreo también supieron capear bien la crisis. Los puertos operaron con normalidad, afortunadamente, y solo se cancelaron, fíjense, 460 de los más de 6200 vuelos que estaban programados para esa jornada del 28 de abril, apenas un 7 %, en uno de los países con más tráfico aéreo del mundo por el turismo internacional que tenemos. Como es lógico, y lo vimos además a través de los medios de comunicación, fueron las redes ferroviarias donde se produjeron los mayores problemas. En concreto, 116 trenes se quedaron parados en mitad del campo y 35 000 viajeras y viajeros tuvieron que ser evacuados, y muchos de ellos fueron auxiliados incluso por los vecinos de los mismos pueblos. Quiero poner en valor el trabajo de vecinos y vecinas de pueblos como Alcanadre, Flix, Hornachuelos, Malagón, Mesas de Guadalora o Tocón. Señorías, me gustaría que el nombre de estas localidades quedara recogido en el Diario de Sesiones como evidencia histórica de que la mal llamada España vaciada está en realidad llena de personas solidarias y generosas. (Aplausos).
En todo caso, señorías, cinco horas después, tan solo cinco horas después de la caída del suministro este se había reestablecido en áreas tan importantes para nuestro país como Aragón, Cataluña, País Vasco, Galicia, La Rioja, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. (Rumores). A las siete y media de la tarde casi la mitad de las subestaciones de la red de transporte peninsular ya tenían tensión y se había recuperado más de una quinta parte de la potencia. A las 22:45, es decir, a las once menos cuarto de la noche, se había restituido más del 50 % del suministro y a las seis de la mañana del día siguiente, del 29 de abril, se alcanzó el 99,5 %. A esa misma hora, a las seis de la mañana, del día siguiente, del 29 de abril, la telefonía móvil y la fibra óptica ya operaban al 90 % y, en consecuencia, la práctica totalidad de los negocios se disponían de nuevo a abrir sus puertas y, afortunadamente, la mayoría de los ciudadanos se preparaban para recuperar su vida cotidiana, algo que se logró de forma plena a las cuatro y media de la tarde de ese 29 de abril, cuando todos los trenes del país volvieron a circular con absoluta normalidad. (Rumores).
Señorías, como ven, nuestros servicios públicos, las empresas, los empresarios, las empresarias, los trabajadores y trabajadoras estuvieron una vez más a la altura de las circunstancias, como también lo estuvieron nuestros servidores públicos y el conjunto de la ciudadanía española. Es cierto que en las series de ciencia ficción de Netflix nos habían contado que bastaría un apagón para que el civismo se esfumara y el orden social entrara en colapso. (Rumores). Quizás sea verdad en otros países, pero afortunadamente no ha sido así en el caso de España. En España ocurrió todo lo contrario: los españoles y españolas sacaron lo mejor de sí mismos durante las horas de corte de suministro. (Rumores). La gente circuló con prudencia, ayudó a sus vecinos y vecinas, se reunió con sus familiares y con sus amigos, y en nuestras calles se mantuvo un clima de seguridad y de confianza. Tanto es así, señorías, que el número de delitos reportados en los primeros tres días de la semana pasada fueron un 50 % inferior a los de la semana anterior. (Aplausos.―Rumores). Es decir, señorías, sea cual sea la adversidad, nuestros conciudadanos siempre responden de manera unida, dando un ejemplo no solamente al conjunto de la sociedad y, en particular, a los representantes políticos, sino también al mundo. (Rumores). Lo hicieron durante la pandemia, en la respuesta solidaria a la dana de Valencia, ante la invasión de Ucrania y también la derivada energética de esa invasión, y frente a la guerra comercial que ahora mismo estamos padeciendo en Europa y en el mundo como consecuencia de las acciones unilaterales al otro lado del Atlántico, y de nuevo lo ha vuelto a hacer el día del corte de suministro.
Señorías, yo estoy convencido de que muy pocas sociedades hubieran respondido mejor que la nuestra a esta situación. Por tanto, sobre todo a los ciudadanos, además de darles las gracias, les quiero reiterar una convicción, y es que España es un país extraordinario. (Aplausos). Por eso quiero dar las gracias al conjunto de la ciudadanía y, en particular, a todos los empresarios, trabajadores y servidores públicos, hombres y mujeres, que una vez más dieron lo mejor de sí mismos. Frente a la visión apocalíptica ―que la hubo y estoy convencido de que vamos a poder debatir a lo largo y ancho de este día sobre ello― y también la visión catastrofista de los que nunca creen en España, la sociedad española demostró, otra vez más, su grandeza.
Además, señorías, gracias a todo lo anterior ―la recuperación rápida, el comportamiento calmo y también solidario de la ciudadanía española en cualquiera de los ámbitos en que desempeñaron su día a día en ese momento tan crítico―, el impacto económico del apagón fue limitado. Señorías, el 28 de abril ―lo dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo― las compras cayeron en 415 millones de euros respecto a un lunes habitual. Estos datos no me los invento, son datos de Redsys. (Risas). Repito, 415 millones de euros. (Rumores). Yo sé que hay grupos parlamentarios a los que los datos les dan igual. (Aplausos). Vamos a verlo, sin duda alguna, a lo largo de este debate, pero ya entraremos en ello. Hablamos de 415 millones de euros, según los datos de Redsys. Sin embargo, y esto creo que es lo importante, en los días posteriores el consumo repuntó con fuerza, siendo muy superior al de un martes y un miércoles normal. (Rumores). ¿Qué quiero decir con eso? (Un señor diputado: A ver). Que en solo dos días más de tres cuartas partes de la caída del consumo sufrida ese lunes 28 de abril ya se había recuperado completamente.
Señorías, dice el refranero universal que la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en saber levantarse cada vez que caemos. (Rumores). El sistema eléctrico español no se había caído a escala nacional nunca. En todo caso, a lo largo de los últimos cincuenta años se han sufrido apagones masivos en muchos países altamente desarrollados, como puedan ser Estados Unidos o Canadá, y también en otros países como Chile, Croacia, Italia, Islandia o Nueva Zelanda. (Rumores). En España, insisto, nunca había pasado. Es verdad que había ocurrido en determinadas localidades o en determinados territorios, pero es cierto que nunca lo había hecho a nivel estatal. Y es así porque tenemos uno de los sistemas más seguros y garantistas del mundo (risas), y tenemos que reconocerlo y reivindicarlo. De hecho, señorías, la rápida recuperación del suministro eléctrico es la prueba misma de la fortaleza del sistema, hecho que además ha sido reconocido por los propios reguladores europeos. Aun así, lo que nos dicen los expertos es que evidentemente el riesgo cero no existe y que los sistemas alguna vez fallan. Por eso nuestra prioridad, la del Ejecutivo, es averiguar qué sucedió y poder plantear las medidas para que esto no vuelva a ocurrir.
Como saben, ese mismo martes, 29 de abril, el Gobierno pidió a la empresa Red Eléctrica y al resto de empresas energéticas que llevaran a cabo un examen exhaustivo de lo que llaman los técnicos sus telemetrías, examen cuyos resultados ya estamos recibiendo y analizando en el Gobierno. Al mismo tiempo, pusimos en marcha un comité de análisis técnico, liderado por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el que participan varios organismos competentes, entre ellos, por ejemplo, la CNMC, que evidentemente emitirá su informe. Este comité —para que lo sepan los ciudadanos y ciudadanas y, por supuesto, también sus señorías— consta de dos grupos de trabajo: el primero, dedicado a la ciberseguridad y, el segundo, a examinar la operación desde el punto de vista eléctrico. Además, ¿qué hemos hecho? Hemos solicitado al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, que depende de la Comisión Europea y también de los reguladores independientes, que elabore un informe independiente de Bruselas, que será redactado por un panel de expertos independientes. Es verdad que los plazos de la comisión son mucho más largos, mucho más extensos que los nuestros; estamos hablando de que será a partir de seis meses cuando empecemos a conocer algunos de los detalles de este informe. En todo caso, señorías, nosotros estamos trabajando ya en ese informe con absoluta rigurosidad, cautela, prudencia y también absoluta transparencia. Y, además, como saben ustedes, en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro la Audiencia Nacional ha abierto una causa para investigar el origen del apagón, depurar responsabilidades y, lógicamente, el Gobierno de España colaborará con la Audiencia Nacional en esta cuestión.
Yo sé, señorías, y el Gobierno sabe y es plenamente consciente de que los ciudadanos quieren saber qué sucedió, y quiero transmitirles que el Gobierno, también. Por eso se está trabajando, como he dicho antes, con prudencia, rigor, transparencia y en colaboración con aquellas empresas energéticas y operadores desde la misma mañana del incidente. Todos los actores involucrados en el sistema eléctrico están colaborando, y eso quiero también agradecerlo, para esclarecer qué provocó esas tres oscilaciones de las que he hablado y determinar si fueron fenómenos independientes o, efectivamente, estaban relacionados. Y puedo asegurarles, señorías, que todo lo que descubramos desde el punto de vista de la comisión técnica de análisis se va a hacer público, con absoluta transparencia.
Pero también tengo que decirles, señorías, y creo que además es de puro sentido común y lo entenderán aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta comparecencia, que el proceso va a llevar su tiempo, porque para hacerlo habrá que examinar, para que nos hagamos una idea, de forma minuciosa unos 756 millones de datos, que son los valores que generaron las 4200 plantas del sistema entre las 12:15 y las 12:35 del 28 de abril; es decir, 756 millones de datos que tenemos que investigar de manera escrupulosa, que generaron las 4200 plantas del sistema entre las 12:15 y las 12:35 del 28 de abril.
Por tanto, señorías, nosotros lo que no vamos a hacer es cerrar ningún debate en falso. No vamos a precipitarnos en las conclusiones precisamente porque queremos resolver el problema y queremos anticipar cualquiera de las vulnerabilidades que haya podido sufrir el sistema. No vamos a trabajar en conclusiones superficiales o incluso interesadas, como estamos viendo por parte de algunas de sus señorías y también de grupos de interés en los medios de comunicación. Nosotros lo que vamos a hacer es llegar al fondo del asunto porque queremos asumir esas responsabilidades políticas, exigirlas también y, sobre todo, porque queremos usar esta experiencia para mejorar y hacer de nuestro sistema eléctrico un sistema aún más fiable de lo que es hoy. (Aplausos). En cada crisis, señorías —y ya llevamos unas cuantas—, hay un aprendizaje valioso y debemos aprovechar que ese aprendizaje valioso se pueda materializar en políticas concretas para el bienestar y la seguridad de nuestros conciudadanos.
Pero, insisto, y es lo que quisiera trasladar a sus señorías y también a los ciudadanos, para hacer bien su trabajo los técnicos necesitarán el tiempo que requieran, y nuestra responsabilidad, la del Gobierno de España, es dárselo, respetar la complejidad del asunto, que lo tiene, señorías, y no aprovechar este tiempo de investigación y análisis para generar ruido o para escorar ciertos debates de forma interesada, como ya están haciendo algunos. No deja de ser paradójico —se lo planteo a los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia y también a sus señorías— que los mismos que acusan al Ejecutivo de no haber dado aún ninguna información sobre el apagón llevan días recomendando una solución. Una solución ―insisto, una solución― que consiste, ¡qué casualidad!, en su agenda ideológica y en los intereses de algunas empresas energéticas que tienen propiedad en las centrales nucleares. (Aplausos). No presentan datos, no esperemos datos ni pruebas (rumores), solo pontifican con la certeza de quienes no entienden nada o de quienes no quieren entender, porque no les interesa entender, porque han vendido su espíritu crítico a un buen pagador.
Y a este respecto, me gustaría recomendar algo a la ciudadanía en este debate que vamos a tener hoy y también en los debates que vamos a tener a lo largo de las próximas semanas hasta que sepamos exactamente qué sucedió ese 28 de abril, y es que desconfíen de quienes les dicen que esto va de renovables o de nucleares porque no es así. (Protestas.—Aplausos). Hoy quisiera decirles a los ciudadanos para su tranquilidad, también a sus señorías y a aquellos que quieran escuchar, evidentemente, y dar peso específico a los datos y a la evidencia empírica, que no hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de centrales nucleares en España. De hecho, conviene saber, y es lo que quisiera trasladarles, que el lunes 28 de abril, el día de autos, nuestro sistema eléctrico estaba operando con niveles de renovables inferiores a los que se habían producido en muchísimos días anteriores. Me temo, por tanto, señorías, que el asunto es un poco más complejo, que no es blanco o negro, es un poco más complejo, por no decir mucho más complejo, y que vincular este apagón al debate de las nucleares, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, no solamente es irresponsable, sino que además es una gigantesca manipulación. ¿Por qué? Primero, porque gracias a las innovaciones que habrán escuchado decir en los medios de comunicación a muchísimos técnicos, la electrónica de potencia permite que las renovables puedan cumplir el mismo papel en la generación de inercia y mantenimiento de la tensión que el resto de las energías síncronas, que son aquellas que producen electricidad mediante la rotación de turbinas. De hecho, para que nos hagamos una idea, señorías, con datos específicos, el 50 % de las plantas fotovoltaicas de nuestro país ya incorporan esta tecnología y van a poder contribuir a la estabilidad del sistema tan pronto como la CNMC culmine la regulación y sean habilitadas por Red Eléctrica. La clave, por tanto, es apostar por ellas y que los operadores privados hagan las inversiones necesarias.
En segundo lugar, porque, entrando de lleno en el debate sobre la energía nuclear, si nos atenemos a los hechos de esos pasados 28 y 29 de abril, la energía nuclear ha demostrado no ser ―insisto, no ser― una solución efectiva en situaciones como las que vivimos el pasado 28 de abril. De hecho, señorías, las centrales nucleares tuvieron que pararse, y quiero compartir con los ciudadanos y ciudadanas, y también con sus señorías, el siguiente dato: antes de las 12:33 del 28 de abril, que fue el momento del suministro eléctrico absolutamente cortado, la nuclear aportaba al sistema 3000 megavatios y tras el incidente la nuclear cayó a cero. (Rumores). ¿Para evitar qué? El sobrecalentamiento de las centrales nucleares, de sus núcleos. Y añado, para tranquilidad de los ciudadanos, que las nucleares tampoco contribuyeron a la recuperación del suministro eléctrico porque, de hecho, hasta las 3:15 de la madrugada del 29 de abril, fecha en la cual el suministro eléctrico ya había recuperado más del 60 % de su capacidad, hasta las tres y cuarto de esa madrugada del 29 de abril el parque nuclear no desactivó sus protocolos de emergencia. ¿Se imaginan ustedes lo que estaría diciendo la oposición si en lugar de horas hubieran sido días para la recuperación del total del suministro eléctrico en la península ibérica? (Aplausos). Señorías, no fueron las centrales nucleares, fueron las centrales de ciclo combinado y las interconexiones con Francia y Marruecos y las presas hidroeléctricas las que permitieron esta pronta recuperación en esos primeros instantes. (Rumores). Y, señorías, estas afirmaciones que hago no son ideológicas, son científicas. (Varias señoras y señores diputados: ¡Nooo!). Son científicas. Son científicas. (Aplausos). Son científicas y se pueden demostrar.
Es verdad ―y lo vamos a ver hoy aquí en el debate― que la oposición de los señores Feijóo y Abascal intenta proyectar al Gobierno como un ultra antinuclear ―podemos llamarlo así―, pero es importante que los ciudadanos y ciudadanas sepan al respecto la verdad, y la verdad es que la posición del Gobierno de España en esta materia es muy racional y muy razonable. Lo es, y no ha cambiado en estos últimos siete años, señorías.
Fíjense, para su información. En 2019, las grandes empresas energéticas, que son propietarias de estos núcleos, de estas centrales nucleares, pactaron entre ellas mismas ―no el Gobierno de España, entre ellas mismas― un calendario de cierre para las centrales nucleares que aún estaban operativas, un calendario de cierre que se iba a iniciar en el año 2027 y que iba a prolongarse hasta el año 2035. El Gobierno, lógicamente, apoya su decisión y desde entonces hemos dicho siempre lo mismo: si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario distinto que prorrogue la vida de estas centrales nucleares más allá del año 2027, nosotros les escucharemos, como escuchamos a todos los sectores, porque somos un Gobierno dialogante. (Risas). Ahora bien, señorías, lo haremos siempre y cuando se cumplan tres requisitos que, a mi juicio, son de absoluto sentido común. El primero de ellos, que esa prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos. Creo que podemos estar todos de acuerdo, ¿o no, señorías? Segundo, que sea económicamente viable. Es decir, que no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino a costa del bolsillo, por cierto, de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas, que son propietarios de las centrales nucleares. (Aplausos). Creo que podemos estar también de acuerdo. Y tercero, que la medida sea conveniente para garantizar la seguridad del suministro eléctrico. Son tres criterios que me parecen absolutamente de sentido común. Ya me dirán lo ideológico que es esto. Uno, seguridad ciudadana; dos, seguridad en el suministro eléctrico; y tres, que lo paguen las empresas, no el contribuyente pagando más factura de la luz. (Rumores).
En todo caso, señorías, la realidad ―y también se lo quiero decir a los ciudadanos― es que en este momento, por mucho que escuchen a los medios de comunicación y las declaraciones que vamos a escuchar en esta tribuna, estamos muy lejos de que esos tres requisitos se cumplan. De hecho, en primer lugar, quiero decirles que ninguna de esas empresas ha solicitado formalmente que se prorrogue el calendario de cierre. Insisto, ninguna de esas empresas ha solicitado formalmente que se prorrogue el calendario de cierre. Ninguna. Por tanto, ni el Consejo de Seguridad Nuclear ni el operador del sistema han realizado los informes preceptivos sobre la idoneidad de la medida. Es que no hay ninguna que lo haya hecho, señorías. Las propias empresas todavía dicen que están estudiando si tiene sentido hacerlo, lo que demuestra que la cuestión no es tan evidente como algunos lobistas amateurs que tenemos en estas Cortes Generales quieren proyectar, sobre todo cuando se tiene en cuenta que estas tecnologías son mucho menos competitivas que las energías renovables. Lo son. De hecho, ¿qué ocurre cuando aquellos grupos parlamentarios dicen, por ejemplo, en el debate de aranceles con el ministro Cuerpo: no queremos apoyar las medidas contra los aranceles de Estados Unidos? Las dos primeras medidas son: uno, prolongar la vida de las centrales nucleares; y dos, rebajar el impuesto a la generación eléctrica y también de Enresa. Yo no sé en miles de millones, señorías, cuánto supone esto de pérdida de recaudación, pero una cosa y la otra van juntas, porque lo que quieren estas grandes empresas propietarias de las centrales nucleares es que sea la clase media y trabajadora y no ellos quien pague el coste de prolongar la vida de estas centrales nucleares. (Aplausos).
Pero el debate tiene mucha más sustancia. El debate tiene mucha más sustancia, porque los mismos Gobiernos autonómicos que exigen que las centrales ubicadas en su territorio se mantengan operativas miran hacia otro lado cuando se les pregunta si estarían dispuestas a pagar la factura o si estarían dispuestas a localizar un cementerio nuclear en su territorio. Y los mismos que se muestran partidarios de prorrogar el cierre de las nucleares, como he dicho antes, omiten deliberadamente la cara B de esa propuesta, que es exigir una bajada sustantiva del impuesto energético y de la tasa Enresa. Es decir, que lo paguen no los grandes empresarios, sino los consumidores. Además, con un coste de oportunidad bien importante de merma de recaudación de los ingresos públicos que podría afectar, efectivamente, a políticas públicas muy importantes para este país, como pueden ser, por ejemplo, la política social o la política educativa.
Esta es parte de la realidad que se oculta tras este debate deliberado e interesado por parte no solamente de los lobistas legítimos que hay fuera de estas Cortes Generales y que defienden los intereses de las grandes empresas energéticas propietarias de estas centrales nucleares, sino también de los lobistas políticos que tenemos en estas Cortes Generales, y vamos a tener algunos que otros ejemplos interesantes a lo largo de esta sesión del Congreso.
En todo caso, señorías, lo cierto es que en la actualidad no hay un solo estudio serio ―insisto, ni un solo estudio serio― que diga que las nucleares son imprescindibles en España. Puede que lo sea en otros países. (Risas). Sí, sí, puede que lo sea en otros países, por sus realidades climáticas, por su geografía o, efectivamente, por sus cuestiones y condiciones sociales, muy distintas a las nuestras, pero aquí, en España, el futuro de la energía reside en otras fuentes, afortunadamente: en la hidroeléctrica, en la solar, en la eólica y en el hidrógeno verde. Y esto no lo dice el Partido Socialista Obrero Español o sus señorías de SUMAR. Tampoco lo dice SUMAR, si me permiten que hable en su nombre, aunque sea en esta única cuestión. Lo dice una amplísima mayoría de expertos y de expertas. (Risas). Lo dice la propia Unión Europea. Ayer mismo veíamos lo que decía el comisario de Energía. Lo dicen los propios mercados. Lo dicen los propios inversores extranjeros, que, por cierto, no son comunistas, créanme, y están apostando masivamente en nuestro país por esas fuentes y no por otras. Y a mí me parece, señorías, que esta consideración es esencial para el debate que vamos a tener hoy en el hemiciclo. Este Gobierno de coalición progresista, señorías, apoya las energías limpias no por ideología o por oscuros intereses económicos; lo hace porque sabe que el futuro energético de España o es verde o no será. (Aplausos).
En este momento, después de lo sucedido, y después de lo escuchado y de lo que vamos a escuchar, creo que es importante poner las cosas en su sitio. Cuando nosotros llegamos al Gobierno en el año 2018, nuestro país tenía un modelo energético absolutamente obsoleto, poco competitivo ―no hacía falta más que hablar con las empresas, no digo las grandes, las pequeñas y medianas empresas, para saber cuál era la factura energética que pagaban en sus presupuestos anuales―, altamente contaminante y muy injusto, porque ese mercado energético estaba absolutamente dominado por una serie de nombres y apellidos concretos. Era un modelo que gravaba fiscalmente al sol, señorías, un modelo que volcaba a la atmósfera millones y millones de toneladas de gases de efecto invernadero y que descansaba principalmente en el consumo de unos hidrocarburos ―aquellos que hablan de soberanía nacional― que teníamos que importar del exterior, gastándonos, señorías, anualmente la friolera de 42 500 millones de euros cada año. Repito la cifra: 42 500 millones de euros cada año de transferencia de riqueza de España a los países productores del petróleo y del gas. Es decir, para que los ciudadanos se hagan una idea, estamos hablando de que esos 42 500 millones de euros de transferencia de riqueza a terceros países anual, con ese sistema que puso en pie una Administración conservadora, estábamos gastando el doble de lo que gastamos en prestaciones por desempleo y ocho veces más de lo que gastamos en educación. Imagínense ustedes el coste de oportunidad que esto representa para el bienestar, la prosperidad y el progreso de nuestro país.
Aquel modelo energético generaba tres efectos terribles para España que quisiera compartir con ustedes y con los ciudadanos. En primer lugar, nos hacía extraordinariamente vulnerables y dependientes del contexto internacional. En segundo lugar, causaba un inmenso impacto ambiental. Habrá grupos parlamentarios que no presten atención a esto, que no crean en la evidencia científica de la emergencia climática, pero este Gobierno sí cree en el asesoramiento técnico y en la evidencia científica y, por tanto, sí presta atención a lo que dicen las alarmas sobre la emergencia climática. Y, finalmente, nos condenaba a tener unos precios de electricidad que eran los más caros de Europa ―los más caros de Europa― y, por tanto, la industria, los hogares y las pequeñas y medianas empresas se veían condenados a pagar facturas mucho más altas como consecuencia ―esto sí― de un modelo energético absolutamente ideológico y de interés y beneficio para unos pocos, algo que a su vez, además, provocaba un hecho adicional que me gustaría compartir con ustedes, y en el que me gustaría entrar luego, y es que nos impedía atraer inversión extranjera para nuestra industria porque restaba competitividad a nuestras empresas y, por tanto, frenaba las posibilidades de crecimiento económico en nuestro país.
Evidentemente, nosotros desde 2018 hemos ido abandonando progresivamente este modelo anticuado, absolutamente injusto y carente de cualquier interés para nuestro país y para nuestros conciudadanos, salvo para tres o cuatro, para adaptarnos a uno nuevo, propio del siglo XXI, un modelo que apuesta por la mayor tarea que tenemos pendiente no solamente entre la península ibérica y Francia, sino también entre la península ibérica y el conjunto de Europa ―esta es una cuestión que ha afectado no solamente a Administraciones socialdemócratas o progresistas, como es el caso de esta, sino también a Administraciones conservadoras―, que es la mayor interconexión eléctrica con Europa, la mayor integración tanto desde el punto de vista energético como eléctrico con el continente europeo, algo que se ha exacerbado y se ha evidenciado de manera mucho más dramática como consecuencia de la invasión de Putin a Ucrania. Y además de esa mayor interconexión, el uso de tecnologías de última generación, el empleo de un mix energético que, si queremos que sea más seguro, necesariamente tiene que ser más diversificado, en el que energías renovables autóctonas, como pueda ser el sol ―tenemos esa bendición― representaron el año pasado nada más y nada menos que el 57 % de la producción eléctrica total. (Aplausos).
Se puede decir que esta es una apuesta que solamente hace España, que esta es una apuesta que hace solamente el Gobierno chavista del malvado Sánchez. Bueno, pues es una apuesta que están haciendo países desarrollados con Administraciones tanto socialdemócratas como con Administraciones del Partido Popular. No somos el único país desarrollado que está acometiendo esta transformación, esta necesaria transición energética de nuestra economía; otros muchos lo están haciendo. De hecho, conviene recordar que economías que tampoco son sospechosas de no ser desarrolladas, como, por ejemplo, Alemania, Dinamarca, Austria, Suecia o Noruega, los países nórdicos, que en numerosas ocasiones miramos como gran ejemplo de muchas cosas a seguir, tienen ya una mayor presencia de renovables que nosotros. Y conviene recordar también que es la propia Comisión Europea, liderada por una presidenta del Partido Popular Europeo ―es verdad que hay distintas almas en el Partido Popular Europeo―, la que está animando y cofinanciando este esfuerzo de transformación energética y de transición hacia energías verdes. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque primero existe un consenso global sobre su idoneidad. Y, de nuevo, no son opiniones; son datos, son hechos. Los datos demuestran que nuestro nuevo modelo energético es mucho más eficiente y sostenible que el que teníamos antes. Y esto no lo digo yo; lo dice, por ejemplo, el último ranking global del Consejo Mundial de Energía, que, para que nos hagamos una idea y los ciudadanos lo sepan, mejora nuestra puntuación respecto a hace siete años, en el año 2018. Yo creo que esto es un enorme motivo de orgullo para las señorías que han apoyado esta transformación energética desde el plano legislativo y también, lógicamente, para el Ejecutivo, y espero que para una amplia mayoría de los ciudadanos. El Consejo Mundial de la Energía mejora nuestra puntuación ―repito― respecto al año 2018 y nos ubica como el decimotercer país con el sistema más robusto y sostenible del mundo. (Aplausos). Esto es lo que hemos hecho en siete años, señorías.
Y esto, ¿en qué se traduce en céntimos de euro para que los ciudadanos y ciudadanas que estén escuchando esta intervención digan: muy bien, pero esto en qué se traduce en mi día a día, en mi bolsillo y en mi factura de la luz? Se traduce, señorías, en que hoy España tiene una de las electricidades no más altas, como tuvimos en 2018 como consecuencia del modelo energético de otros, sino de las más baratas de Europa. (Aplausos). Se traduce en que, en todo ese crecimiento económico, en toda esa reindustrialización que estamos acometiendo durante estos años de Gobierno de esta Administración, hemos aumentado casi un 30 % más la potencia instalada en nuestro país respecto a la que había cuando gobernaba el Partido Popular. Un 78 % más de energía renovable. Y algo importante para aquellos soberanistas, que nosotros también lo somos, defendemos la autonomía y la soberanía nacional como el primero. Gracias a esta transformación energética, la dependencia energética del exterior en nuestro país se ha reducido en 6 puntos y produce un 60 % menos de gases de efecto invernadero al planeta. Esto, señorías, son resultados concretos, son resultados prácticos, no son consignas políticas, que es lo que vamos a escuchar esta mañana.
Me gustaría decirles también a sus señorías y a los ciudadanos que este dato me parece que es de los más importantes, porque no deja de ser llamativo que, en un país que ha sufrido una dana en Valencia, con una situación absolutamente dramática, y en una península como la nuestra, la península ibérica, que hace dos semanas el panel de científicos de Naciones Unidas situó como uno de los lugares, no de Europa, sino del mundo, potencialmente más afectados como consecuencia de la emergencia climática, la emergencia climática haya desaparecido del debate público y de las principales preocupaciones de algunos grupos parlamentarios. Ya no hablan ni de ello. La derecha no dice que exista o no exista, simplemente actúa como si no existiera la emergencia climática, y la ultraderecha ―lo vamos a escuchar aquí, porque ya les adelanto que el señor Abascal va a decir que todo es culpa de la Agenda 2030― directamente niega esa emergencia climática.
Yo quisiera trasladar a los ciudadanos lo siguiente. A mí me parece que es un gran acto de cortoplacismo indignarse por esos 400 millones de euros perdidos este 28 de abril como consecuencia del corte de suministro eléctrico y no pensar en los más de 150 000 millones de euros que se perderán en las próximas décadas si no nos adaptamos y mitigamos la emergencia del cambio climático. (Aplausos). Y qué gran acto de cinismo es lamentar las cinco vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de ocho mil que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático. (Rumores).
Señorías, nunca olvidaré un comentario que me hizo uno de los principales CEO de una industria automovilística europea con fuerte presencia e importantes inversiones en nuestro país. Me dijo, textualmente, que apostaban por España y que creían en España, no tanto por los fondos europeos, que sin duda alguna son importantes para apalancar inversión privada como estamos haciendo, sino por nuestro capital humano, por nuestro ecosistema industrial vinculado a la industria del automóvil y también ―me dijo y lo subrayo― por nuestros precios energéticos. Y es así. Los ciudadanos tienen que saber que, si España explica hoy el 40 % del crecimiento económico de la zona euro y el 30 % de su creación de empleo, también es por la transformación energética que estamos impulsando Gobierno y empresas. (Aplausos). Y los ciudadanos también deben saber que, si hoy España es, tras Estados Unidos, que es la primera economía, el segundo país del mundo en atraer proyectos de hidrógeno verde, es por la transformación energética que está poniendo en marcha el Gobierno con las empresas durante estos últimos siete años. Y que si Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Andalucía, la Comunidad Valenciana, todos y cada uno de los territorios, particularmente aquellos llamados de la España interior, se están reindustrializando, es también por la política energética de este Gobierno. (Aplausos).
Por tanto, señorías, quiero asegurarles que no vamos a desviarnos ni un solo milímetro de la hoja planificada en materia energética desde el año 2018. Las renovables no son solo el futuro energético de nuestro país, son nuestra única y mejor opción. Son la única manera de reindustrializar España. Son la única manera de modernizar y de recuperar sectores tradicionales que son fundamentales para el crecimiento económico y el empleo de nuestro país, como es, por ejemplo, el sector del automóvil. Es la única manera de crear oportunidades en territorios de la España interior. Es la única manera de evitar la catástrofe medioambiental. Y es la única manera de construir una Europa autónoma que no dependa del gas, del petróleo o del uranio de Rusia. Porque mucho hablan de las centrales nucleares, pero poco de que en España no hay uranio y, por tanto, tendremos que importarlo. ¿De dónde, señorías? Esa es también la soberanía nacional de aquellos que defienden las centrales nucleares. (Rumores).
Por eso, señorías, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en la dirección que hemos tomado, porque la transición hacia un modelo eléctrico va a ser compleja, pero exige determinación. No basta con instalar más paneles solares o molinos de viento, hay que ampliar y modernizar las interconexiones con Europa. Creo que esta es una de las lecciones que hemos aprendido desde hace ya mucho tiempo, desde la invasión de Putin a Ucrania. Hay que continuar reforzando las infraestructuras de almacenamiento y de distribución. Hay que seguir invirtiendo en tecnologías. Hay que desarrollar marcos regulatorios que permitan a las renovables contribuir al mantenimiento de la tensión del sistema, como hacen las energías síncronas. En definitiva, señorías, esto es lo que llevamos haciendo desde hace siete años a esta parte. Les doy algunos datos, porque en este debate también se va a hablar de inversiones. Desde el año 2018 hemos aumentado en un 55 % las inversiones en la infraestructura del transporte eléctrico respecto a la planificación que hizo el señor Rajoy cuando estaba en el Gobierno. Se han invertido nada más y nada menos que 522 millones de euros en digitalizar la red de distribución. Se han adjudicado ayudas para crear más de 4,4 gigavatios de almacenamiento para aportar robustez y flexibilidad al sistema y se han realizado trabajos que nos van a permitir aumentar las interconexiones con el extranjero en 1000 megavatios a finales de este año.
Evidentemente, vamos a seguir optimizando el sistema con las acciones recogidas en la nueva planificación para el periodo 2026-2030, que presentaremos en breve, y, por cierto, con una revisión exhaustiva gracias a la información que obtengamos del corte de suministro eléctrico que se produjo la semana pasada, para que, como he dicho antes, a los ciudadanos les quede claro qué falló y poder aportar las soluciones necesarias. ¿Y qué me gustaría, señorías, de ustedes? Desde el Gobierno pedimos colaboración y responsabilidad. Colaboración y responsabilidad, porque cuando hablamos de energía no estamos hablando de un debate ideológico, aunque algunos lo pretendan situar en el debate ideológico, sino que estamos hablando del futuro del país. Estamos hablando de la actividad económica, de la prosperidad social, de la cohesión territorial y de soberanía nacional. Por eso hay que abandonar cualquier tacticismo político y hay que hacer caso a los técnicos y a la ciencia para, posteriormente, poder tener un debate político como se merece este tema. Es lo que hace el Gobierno.
Señorías, el ejemplo que debemos seguir los miembros de esta Cámara es el que está ahí fuera, en las calles. Lo vimos el pasado 28 de abril y también el 29 de abril. Nuestra ciudadanía no se dejó arrastrar por el miedo, por el interés individual o por la ira; al contrario, apostó por la responsabilidad, por el civismo, por la solidaridad y por la calma. (Aplausos). Es decir, el cero de suministro eléctrico hizo también que tuviéramos una sociedad de diez. Por tanto, somos nosotros los que debemos estar a la altura.
Señoras y señores, presidenta, ocurre lo mismo con el otro asunto que abordaremos en esta sesión y en esta comparecencia, que es el fortalecimiento del espacio europeo de seguridad y defensa. Creo que es una evidencia para todo aquel que se aproxime al debate político ―ya no digo nacional, sino también internacional y europeo― que el contexto internacional ha cambiado bruscamente en estos últimos meses. Todos lo sabemos. Llevamos tres años sufriendo el neoimperialismo de Putin y la inestabilidad en el Sahel, que ha sido objeto de múltiples comparecencias por parte del Gobierno y también de intervenciones por parte de sus señorías, a la cual se ha sumado un giro de 180 grados en la estrategia política y geopolítica de la nueva Administración estadounidense, un país, para que nos hagamos una idea, que supone el 60 % ―repito la cifra, el 60 %― de la financiación total de la Alianza Atlántica y que había tenido hasta ahora, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un papel absolutamente central en la política de seguridad de la Unión Europea. Podremos mirar hacia otro lado, podremos hacer la técnica del avestruz, pero creo que España y Europa debemos adaptarnos a esta realidad. Nos guste o no, debemos adaptarnos y anticiparnos a las consecuencias de esta nueva realidad.
Por eso el pasado 22 de abril fue objeto de debate y aprobación en el Consejo de Ministros el informe sobre el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España, un plan que tiene tres objetivos principales y que me gustaría compartir con ustedes y con los ciudadanos. El primero, lógicamente, es garantizar la seguridad de los españoles y españolas, de todos nuestros territorios, en un nuevo contexto geopolítico y tecnológico. Lo hemos dicho en muchas ocasiones cuando hemos hablado de la invasión de Putin a Ucrania. Es evidente que Europa está sometida a unas nuevas amenazas que durante muchas décadas parecían ajenas a Europa y a su entorno, amenazas que, por cierto, no se limitan solo al uso de tanques y de misiles, como desgraciadamente estamos viendo en el suelo ucraniano, y que adoptan, como consecuencia de la revolución tecnológica, nuevas formas, como el sabotaje a infraestructuras críticas, la instrumentalización que estamos viviendo en algunas partes de Europa del Este sobre los flujos migratorios o el uso de redes sociales para propagar desinformación y para erosionar y crear desafección entre los ciudadanos con las instituciones democráticas. En definitiva, señorías, creo que hay un amplio elenco de medidas que se están poniendo en pie por parte de estos enemigos de Europa que, evidentemente, tenemos que poner de relieve para poder explicar las decisiones que están detrás de este plan industrial y tecnológico.
¿Qué es lo que debe hacer España? Creo que lo que debe hacer España, en línea y en coherencia con aumentar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, es neutralizar estas amenazas. Por tanto, debemos ser capaces de ayudarnos, de ayudarnos a nosotros mismos y de ayudar a los aliados europeos a hacerlo, porque, a fin de cuentas, la Unión Europea no puede acabar dividiéndose ―creo que sería un absoluto error histórico― entre quienes viven con miedo porque están cerca del frente de guerra, como es el caso de muchos países en el este y en el oriente de Europa, y aquellos otros que observan ese temor desde la distancia geográfica y, por tanto, desde una indiferencia mayor de la que puedan tener estos países. Yo, señorías, también he sido el presidente del Gobierno que tuvo que gestionar la pandemia, y tengo muy presente ese momento. (El señor Tellado Filgueira: Y los españoles también). Sé que nuestros vecinos del este y del norte de Europa nos apoyaron durante esa crisis, y ahora lo que nos piden es que nosotros les ayudemos a ellos y, por tanto, debemos hacerlo, primero, por solidaridad; segundo, por compromiso con Europa, y también ―y esto me parece importante― porque la seguridad en el frente oriental y el este de Europa es también la seguridad y la prosperidad de nuestro propio país.
Junto con este primer objetivo, que es el de la seguridad y, por tanto, neutralizar las amenazas que, derivadas no solamente de un cambio del contexto geopolítico, sino también de la revolución tecnológica que no es que sufriremos, sino que estamos sufriendo ya los españoles y españolas, el segundo objetivo de este plan es consolidar a España como un miembro fiable y central de la OTAN y, sobre todo, de la Unión Europea, cumpliendo con nuestras obligaciones y con nuestros compromisos.
Se ha hablado mucho del 2 %. Es verdad que siempre, de manera interesada, hay quienes obvian que hay otros dos compromisos que se asumieron en el año 2014 y que España cumple con creces. Lo dice en muchas ocasiones la ministra de Defensa, Margarita Robles. No solamente está ese 2 % del producto interior bruto vinculado al gasto en defensa, sino también está la participación en misiones internacionales por parte de España y también está el que, del total de ese presupuesto, al menos el 20 %, se destine a inversión en nuevo equipamiento. Nosotros estamos en el 30 %. Por tanto, de los tres objetivos, dos los cumplimos de sobra y nos faltaba el compromiso del 2 % del producto interior bruto. Es cierto, señorías, que este compromiso de Gales fue legítimamente asumido por un Gobierno ―el señor Rajoy era presidente del Gobierno entonces― allá por el año 2014. Y, como en otras muchas ocasiones, cuando hablamos del señor Rajoy y de Administraciones del Partido Popular, asumen compromisos para que otros los cumplan. Y no es solamente una valoración política y un reproche político que legítimamente podríamos hacer, es que ahí están los datos. En 2014 el señor Rajoy se comprometió a cumplir con el 2 % del PIB en presupuesto en defensa y, cuando nosotros llegamos al Gobierno en el año 2018, el presupuesto en defensa estaba en el 0,9 % del producto interior bruto. Es decir, lejos de acercarse, se alejó aún más de ese 2 % del producto interior bruto. (Rumores).
Desde entonces, ¿qué hemos hecho? Tanto en la pasada legislatura como en esta, el Gobierno ha ido escalando la inversión para cumplir con sus compromisos. Al fin y al cabo, estamos hablando de una ecuación y su resultado, que es el gasto en defensa partido por el producto interior bruto. Afortunadamente, además, España ha tenido un desempeño económico absolutamente extraordinario. Hemos sido la mejor economía del mundo en el año 2024, con un crecimiento superior al 3 %. Este mismo año, el Fondo Monetario Internacional ha rebajado las previsiones de crecimiento económico de todas las principales economías del mundo salvo una, la de España, que no solamente la ha mantenido, sino que la ha aumentado en dos décimas del producto interior bruto. (Aplausos). Quien quiera simplemente hacer una ecuación de división verá que, evidentemente, aun con todo el esfuerzo que hemos hecho de aumento durante la pasada legislatura en más de 10 000 millones de euros en el gasto en defensa, hemos llegado, según las estimaciones que hace el Gobierno de España, en el año 2024 al 1,4 % de nuestro producto interior bruto, pero es como consecuencia también de una gran noticia, y es que España está creciendo, como no lo están haciendo otras muchas economías en un contexto geopolítico tan complejo como el que saben los ciudadanos y también saben sus señorías.
Este plan, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir cumplir con lo que aquellos otros comprometieron y no cumplieron, que es el llegar al 2 % del producto interior bruto no en el año 2029, como acordamos, sino este año, en el año 2025. Esto, en términos de cifras, para que lo sepan sus señorías y también los ciudadanos, representa un incremento considerable que va a movilizar más de 10 000 millones de euros, en concreto, 10 471 millones de euros este año. Es un incremento considerable, como he dicho antes, pero creo que es un incremento proporcional a los desafíos a los que nos estamos enfrentando como consecuencia de la nueva tecnología y del cambio geopolítico que estamos experimentando desde Europa.
El plan tiene un tercer objetivo, que explicité precisamente en esa rueda de prensa cuando comparecí después del Consejo de Ministros y ministras y que entronca, por cierto, señorías, con la política económica y con la política social de este Gobierno. ¿De qué se trata? Se trata de impulsar una nueva ola de innovación y también de reindustrialización que genere las condiciones para un crecimiento económico aún más potente y que genere también las condiciones para una mayor reindustrialización de nuestro país desde el punto de vista tecnológico y, por tanto, también la creación de empleo en todo el territorio. Como en todo, señorías, no elegimos las crisis, pero sí la respuesta que damos a esas crisis. Lo hicimos con la pandemia, lo hicimos durante la guerra y la crisis energética, lo hicimos con la dana, lo hicimos con el volcán de la isla de La Palma y lo estamos haciendo también cuando hablamos de seguridad y de defensa. Lo que vamos a hacer es aprovechar esta crisis securitaria que han causado otros, este giro copernicano ―si me permiten la expresión― en la política internacional de alguna gran potencia ¿para seguir haciendo qué? Modernizando nuestro tejido productivo y seguir convirtiendo a nuestro país en la locomotora económica de Europa.
Para cumplir con estos tres objetivos, el de la seguridad, el de desarrollo económico y el de la centralidad que debe tener España en Europa y en la Alianza Atlántica, el plan articula cinco grandes partidas de inversión, esos 10 471 millones de euros para este año 2025 adicionales a los ya actuales que destinamos a la inversión en seguridad y en defensa. Hay cinco grandes partidas de inversión. Yo creo que son cinco grandes partidas que si reflejan algo es la visión integral y coherente que tiene el Gobierno sobre la seguridad y la defensa y, por cierto, que guardan una coherencia absoluta con los contextos, los marcos de los que nos hemos dotado, uno, en Europa, con la brújula estratégica que fue definida por un alto representante español, en este caso por Josep Borrell, y también por el concepto estratégico de la OTAN aprobado en Madrid en el año 2022.
La primera partida de esas cinco grandes partidas, y que representa un 35 % del total, de esos 10 471 millones adicionales, ¿a qué se va a destinar? Los ciudadanos tienen que saber que se va a destinar, en primer lugar, a mejorar las condiciones laborales de la tropa y de la marinería. Se va a destinar a mejorar la preparación y a modernizar el equipamiento de nuestra tropa y de nuestra marinería. Nuestros militares, señorías, contarán con mejores salarios, que esta era una de las demandas absolutamente insatisfecha por Administraciones previas (aplausos), con una formación renovada y con un equipamiento más avanzado. Y serán más, porque además vamos a aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas. Un 35 % para la mejora de las condiciones de la tropa y la marinería y un aumento de nuestras Fuerzas Armadas. En torno a 7600 nuevos soldados, ministra. Si no me fallan las cifras, entre 7400 y 7600 soldados.
La segunda partida, que representa el 31 % del total del plan, ¿a qué se va a destinar? Se va a destinar a adquirir nuevas capacidades en telecomunicaciones y en ciberseguridad. Lo he dicho en otras muchas comparecencias, señorías, España sufre más de mil ciberataques a infraestructuras críticas, y cuando hablamos de infraestructuras críticas estamos hablando de hospitales, de aeropuertos o de servicios financieros. No aparece en los medios de comunicación, no forma parte de las principales portadas de los periódicos en nuestro país, pero, aunque no esté ahí presente, existe y es real. Más de mil ciberataques a infraestructuras críticas como servicios financieros, aeropuertos u hospitales en nuestro país. El plan, ¿qué va a hacer? Va a destinar 3000 millones de euros a combatir esa clase de amenazas mediante el desarrollo de sistemas de ciberseguridad basados en la inteligencia artificial y en la computación cuántica, donde España afortunadamente está bien posicionada. Lo que vamos a hacer también es reforzar nuestras capacidades en telecomunicaciones de nuestras Fuerzas Armadas, con nuevos satélites, comunicación satelital, para no depender de alguno ―y no quiero mencionarlo―, con radares y también redes 5G. Precisamente ayer mismo el Consejo de Ministros y ministras dio un importante paso en este sentido y aprobó, ministro, un primer paquete de inversión con 1157 millones de euros para desplegar las acciones que ya están recogidas en el Plan Nacional de Ciberseguridad.
Por tanto, el 35 % de esos 10 471 millones de euros irá destinado a mejorar las condiciones de la tropa y la marinería; el 31 % a mejorar la capacidad en telecomunicaciones y ciberseguridad de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestro país; y una tercera partida supone un 19 % de la inversión total y va a centrarse en la modernización de nuestras capacidades de defensa y de disuasión. No se trata, señorías, de tener más buques, de tener más tanques, se trata de actualizar y de reemplazar los que ya tenemos, y de contar con medios más punteros para que nuestras Fuerzas Armadas puedan operar en las mejores condiciones y con la mayor seguridad posibles.
Señorías, España cree en la diplomacia. No somos un país belicista. España es un país pacifista; lo ha demostrado en múltiples ocasiones. Pero ahí fuera, evidentemente, no todos comparten esa misma visión de España y de Europa y, por tanto, no podemos ser ajenos ni debemos obviar esa realidad. Y debemos, en consecuencia, actuar en consecuencia ―perdón por la redundancia― para disuadir a aquellos que nos quieren mal. Así pues, 35 %, 31 % y 19 %. Y ahora una cuarta partida del plan, de esos 10 471 millones de euros, que yo creo que es de puro sentido común en un país que sufre el desgarro de la emergencia climática como lo hace nuestro país, y que tan orgulloso se siente, precisamente, de nuestra Unidad Militar de Emergencias. Vamos a aumentar un 17 % la inversión para mejorar las capacidades duales de nuestras Fuerzas Armadas, especialmente en la gestión de emergencias y desastres naturales. ¿Esto qué va a incluir? Va a incluir, por ejemplo ―para que me entiendan los ciudadanos y ciudadanas y sus señorías―, mejores helicópteros de rescate, va a incluir un nuevo buque hidrográfico, otro de apoyo logístico, y el refuerzo de efectivos, y también de materiales, de la UME. Esto es el 17 %, y resta un 3 % ―que yo creo que, en fin, es de puro sentido común, y que la amplia mayoría de ciudadanos y ciudadanas que estén escuchando esta comparecencia compartirán con el Gobierno―, que representa un 3 % de ese total de 10 471 millones de euros adicionales, ¿y a qué va a destinarse? Pues se va a destinar a optimizar las condiciones de despliegue de nuestras Fuerzas Armadas en las misiones de paz.
Lo he dicho antes, España, en su política de defensa, tiene tres pilares: uno es nuestra participación en las misiones de paz de Naciones Unidas; el segundo es nuestra participación en las misiones de la Alianza Atlántica, y el tercero es en las misiones de la propia Unión Europea. Nosotros, cuando hablamos de las misiones de paz de Naciones Unidas, somos el séptimo contribuyente en número de efectivos y el onceavo del mundo en número de recursos destinados. (Rumores). El número once, perdón. (Un señor diputado: ¡El onceavo!). Discúlpeme, discúlpeme. Ya está el señor… Segundo, en relación con la OTAN, somos el número once también en contribución de números de efectivos. (Rumores.―Risas). Bueno, permítanme, señorías, el poder explicarme ante los ciudadanos y también ante ustedes. Y somos el segundo a nivel europeo. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay 3000 militares españoles que participan en dieciséis misiones de paz bajo banderas de Naciones Unidas, de OTAN y de la Unión Europea. 3000 militares que están arriesgando su vida por nosotros, por nuestros valores, y que, en consecuencia, merecen disponer de los mejores recursos que podamos darles.
Estas son las cinco partidas en las que se va a distribuir esa cantidad adicional de 10 471 millones de euros que hemos enviado a Bruselas bajo el marco de ese Plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa; 10 471 millones de euros ―que es un esfuerzo considerable― que se van a sumar a lo ya invertido en años previos, hasta alcanzar una cifra, en concreto este año, de 33 123 millones de euros en seguridad y en defensa; es decir, el 2 % del PIB español.
Quiero reiterar a los ciudadanos que nuestro objetivo no es amenazar a nadie ni, por supuesto, alentar ninguna carrera armamentística. Nuestro objetivo es protegernos, disuadir a aquellos que nos quieren mal. Nuestro objetivo es modernizar nuestras Fuerzas Armadas con capacidades de disuasión y de seguridad, para que España y Europa continúen adelante en su proyecto de derechos, libertades y democracia. Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de nuestras Fuerzas Armadas, la modernización de nuestros equipos, como consecuencia también de los avances tecnológicos, y el desarrollo propio de las nuevas tecnologías, con un enfoque absolutamente prioritario en aquellas aplicaciones y dispositivos de doble uso que van a poder servir no solamente para el ámbito militar, sino también para el ámbito civil.
Ese esfuerzo adicional va a estar a la altura del momento que vive el mundo, de las amenazas que enfrenta Europa, pero también estará, señorías, a la altura de los intereses de España y de los valores y principios del Gobierno de coalición progresista. (Aplausos). Unos valores e intereses que se materializan en cuatro compromisos que adquirí ante la ciudadanía ese pasado 22 de abril cuando comparecí ante los medios de comunicación, y que me gustaría repetir hoy aquí.
El primero de ellos es que este plan se va a financiar con recursos que no van a implicar ni una merma; insisto, no vamos a tocar ni un céntimo de euro de gasto social ni tampoco de política medioambiental. No vamos a acometer nuevas subidas de impuestos ni tampoco a incurrir en un mayor endeudamiento público. El grueso de la financiación prevista para el año 2025, ¿procederá de dónde? Procederá de la reorientación de algunas partidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ―el ejemplo es el que acabo de explicar sobre las telecomunicaciones y la ciberseguridad―; de los ahorros generados por el buen desempeño de nuestra economía ―afortunadamente, hemos creado un colchón de ahorro, por ejemplo, en el ámbito del pago de intereses de la deuda de 3000 millones de euros, por poner otro ejemplo―, y del margen que nos dan ciertas partidas de un presupuesto prorrogado, como es el del año 2023, y que ya no tienen mucho sentido porque fueron definidas, precisamente, para responder a una crisis afortunadamente solventada como fue la de la COVID-19. Esto nos va a permitir cumplir con Europa y va a permitir reforzar nuestra seguridad sin renunciar ―sin renunciar― al avance social ni a nuestro bienestar. Algo que, por cierto, señorías, quiero recordar a los ciudadanos y ciudadanas ―porque llevamos siete años gobernando― que no hemos hecho durante estos últimos años; no hemos renunciado a ninguna de esas partidas. De hecho, les recuerdo que, desde el año 2018, este Gobierno, gracias a sus compromisos y, también, al acierto de su política económica, ha incrementado en 12 000 millones de euros la inversión en seguridad y en defensa y, al mismo tiempo, hemos aumentado la inversión en servicios públicos y en prestaciones sociales la friolera de 120 000 millones de euros. Han sido 12 000 millones de euros; 120 000 millones de euros, y más de 30 000 millones de euros en el apoyo a la transición energética.
Quienes se obcecan en presentar un escenario de, en el que hay que elegir entre una cosa u otra ―y eso lo vamos a ver también en este debate― o quieren desinformar, o no saben cómo funcionan las cuentas públicas. Cuando la economía crece ―afortunadamente, la economía española está creciendo con muchísimo vigor, y este plan, precisamente, lo que va a hacer es mejorar las previsiones de crecimiento económico porque aporta positivamente al crecimiento entre 0,4 y 0,7 puntos al producto interior bruto― y cuando, además, se gestionan los recursos públicos con responsabilidad y con rigor fiscal, se pueden hacer distintas cosas a la vez. Hemos venido haciéndolo siete años y lo vamos a seguir haciendo hasta el año 2027, el final de la legislatura. Por tanto, no vamos a tocar un céntimo de euro ni del gasto social ni del gasto medioambiental.
Nuestro segundo compromiso es que la mayor parte del dinero movilizado se quedará en Europa y, particularmente, en España. Estimamos que ocho de cada diez. En concreto, si me apuran, casi nueve, el 87 % del plan ―en torno a unos 9000 millones de euros, para que se hagan una idea―, irá a parar a empresas de todo volumen y dimensión y, por tanto, a trabajadores y trabajadoras localizados en la práctica totalidad de los territorios de España, en sectores muy diversos y, por tanto, se quedará aquí, en España, porque creemos en la autonomía estratégica, porque defendemos que tenemos que desarrollar aquello en lo que nos hemos quedado atrás respecto a Estados Unidos y respecto a China. Lo digo cuando hablamos de Europa. Por tanto, lo que vamos a hacer es canalizar los fondos hacia los corredores industriales de seguridad y de defensa que ya están consolidados con el objetivo de crear más empleo y de modernizar sus procesos productivos; vamos a extender la inversión a sectores estratégicos muy vinculados con las tecnologías digitales, con las telecomunicaciones y también con aquellos más vulnerables, desde esta perspectiva, a la política arancelaria unilateral impuesta por la Administración estadounidense; y vamos a exigir algo muy importante de esas empresas extractoras de unos y otros sectores, señorías, y es que involucren a las pequeñas y medianas empresas porque lo que queremos es que haya cadena de valor en España y en Europa. En España y en Europa. (Aplausos). Finalmente, lo que vamos a hacer, junto con la ministra de Educación, Formación Profesional y con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, es lanzar un gran programa de formación profesional, también de colaboración con las universidades para que los jóvenes y aquellos que no son tan jóvenes y que están desempleados puedan ver en esta apuesta tecnológica e industrial que estamos haciendo una oportunidad laboral, o bien para crear empresas, o bien para poder ser empleado.
En total, señorías, estimamos que estas acciones van a contribuir a incrementar nuestro producto interior bruto entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales. Van a permitir algo muy importante también en un país donde necesitamos seguir aumentando la inversión en I+D+i. Se trata, precisamente, de aumentar la I+D+i estatal, la del Gobierno de España, nada más y nada menos que en un 18 %. Se prevé que se van a crear más de 36 000 empleos directos y 60 000 indirectos; es decir, casi 100 000 empleos de los cuales muchos de ellos van a tener unos niveles de cualificación y salarios superiores a la media. Por tanto, la principal meta del Gobierno es, y ha sido siempre, se pueden imaginar, mejorar la condición de vida de nuestros conciudadanos, crear riqueza, repartir esa riqueza, tanto a nivel social como también a nivel territorial, y creo que con esto también lo vamos a poder lograr. Crecemos muy por encima de la media europea, creamos más empleo que ningún otro país de Europa, estamos reduciendo la pobreza y la desigualdad, aunque nos queda todavía pendiente el tema de la vivienda, y ese estímulo yo creo que permitirá seguir haciéndolo. Por tanto, no vamos a recortar políticas de gasto. En segundo lugar, vamos a aprovechar esta crisis para dar un nuevo impulso tecnológico e industrial a nuestro país que contribuirá a la cohesión territorial, al desarrollo económico y también a la creación de empleo.
El tercer compromiso que adquiero ante ustedes y que adquirí el pasado 22 de abril cuando presenté este plan a la ciudadanía en la rueda de prensa del Consejo de Ministros es que vamos a trabajar de forma participativa y absolutamente transparente. Creo que lo estamos haciendo. A lo largo de estas últimas semanas nos hemos reunido con todas las empresas de los sectores afectados; con los representantes de casi todos los grupos parlamentarios y con numerosos expertos nacionales e internacionales. Hemos hecho públicos los detalles técnicos que están a disposición no solamente de sus señorías, sino visitando la página web para que, lógicamente, los ciudadanos y ciudadanas que tengan interés en saber exactamente el detalle concreto de este plan lo tengan a su disposición; y, evidentemente, hemos acudido a las Cortes para rendir cuentas sobre el mismo. Hoy, señorías, lo que voy a hacer es tratar, como siempre, de responder con la mayor precisión a todas las preguntas que me planteen sus señorías y les iremos informando, por cierto, puntualmente de todos los avances que se realicen, como no podía ser de otro modo.
En fin, nuestra Constitución, nuestras leyes, en un Estado democrático, social y de derecho como es el nuestro, son bastante claras al respecto en este asunto. ¿Qué es competencia del Ejecutivo? ¿Qué es competencia también del Legislativo? La competencia del Gobierno es diseñar y desplegar la política de seguridad y de defensa. Y es competencia del Parlamento fiscalizarla. Nosotros vamos a proporcionar toda la información que sea necesaria, como hemos hecho siempre y como continuaremos haciendo, con absoluta transparencia.
Hay un cuarto y último compromiso que sí quisiera recordar porque creo que es muy importante para el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas. Probablemente, de todos ellos, a mi juicio, es el más importante, porque no estamos hablando de defensa y de disuasión, estamos hablando sobre todo de seguridad. La seguridad, señorías, también es reivindicar la diplomacia y el multilateralismo como principales herramientas para articular un orden internacional que estamos viendo que se está desestabilizando por todos lados. Ayer mismo por la noche vimos como dos potencias nucleares, India y Pakistán, se atacaban mutuamente. India, en este caso, a Pakistán. Pakistán ha propuesto una medida de respuesta proporcional. En definitiva, diplomacia, reivindicación del orden multilateral y reivindicación de la paz. De hecho, señorías, me comprometo a que, de la misma forma que no tocaremos un céntimo de euro de gasto social para financiar el fortalecimiento de nuestra seguridad, tampoco vamos a tocar un céntimo de euro en la inversión en diplomacia ni tampoco en cooperación al desarrollo. (Aplausos). Como ya dije públicamente este pasado 22 de abril, el Gobierno se compromete a presentar un plan a la ciudadanía y también a sus señorías para el fortalecimiento del sistema multilateral dotado de acciones concretas y de hitos específicos. El ministro Albares ya está trabajando en ello desde hace unas semanas.
En definitiva, señorías, a finales del próximo mes de junio y principios de julio, España va a albergar una de las principales conferencias multilaterales del sistema de Naciones Unidas, la financiación para el desarrollo, en la ciudad de Sevilla, en Andalucía, y este Gobierno, sin duda alguna, está comprometido con unas Naciones Unidas fuertes, eficaces, representativas y, por tanto, legitimadas ante este cambio tan drástico del orden internacional que estamos viviendo. El mundo lo que necesita es eso, unas Naciones Unidas cohesionadas; el mundo necesita unos bancos de desarrollo potentes; y el mundo necesita unos organismos de arbitraje internacional capaces como puede ser, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, que es la absoluta olvidada cuando estamos hablando de la guerra comercial iniciada por la Administración estadounidense. España va a contribuir, humildemente, conforme a su capacidad y recursos a lograr estos objetivos.
Señorías, termino ya diciendo dos cosas. La primera es que, como he dicho a lo largo de mi intervención, después de siete años en el Gobierno, después de haber trabajado y habernos enfrentado a múltiples crisis el conjunto de la sociedad, las Administraciones públicas y, por supuesto, también el Gobierno de España, no elegimos las crisis, pero sí elegimos cómo responder a esas crisis. Si algo he aprendido en estos siete años al frente del Gobierno es que gobernar es asumir la realidad tal y como es, sin renunciar al compromiso de transformarla, pero no mirar a otro lado, no esconder la cabeza. (Un señor diputado: ¿Noooo?) Eso ya lo hicieron otros y nos llevaron al desastre que tuvimos que recoger y que nos legaron en el año 2018. Nosotros somos un Gobierno que coge las cosas y el toro por los cuernos. Y es precisamente eso lo que viene haciendo el Gobierno de coalición progresista desde hace siete años. Nosotros tenemos claros los objetivos. Respondemos a la urgencia, pero tenemos muy claro cuál es el horizonte de lo importante para nuestro país, porque tenemos un proyecto de avance social y de modernización de nuestro país; un modelo que está dando sus frutos en plena tormenta geopolítica. Ahí están, de nuevo, los datos en crecimiento, en creación de empleo, en reducción de la desigualdad, en ganancias de poder adquisitivo a la clase media y trabajadora después de la crisis financiera y la respuesta neoliberal austericida que provocaron otros. Por tanto, vamos a perseverar en ello, no les quepa ninguna duda, a lo largo de estos años que restan de legislatura.
España yo creo que ha logrado convertirse en una democracia próspera y plena en muy pocas décadas si nos comparamos con otros países que han tenido y han sido testigos también de unas transiciones como la que nosotros, efectivamente, iniciamos hace ya cincuenta años. Pero para seguir siéndolo, debemos ser capaces de defender nuestro territorio físico y también de asegurar nuestro espacio digital frente a las amenazas crecientes como consecuencia de la revolución tecnológica. Por eso, hemos puesto en marcha este plan que les he presentado. Quiero trasladarles a los ciudadanos y ciudadanas, y también a nuestros socios europeos, que, por supuesto, España va a estar a la altura de este momento histórico, y lo vamos a estar, junto a nuestros socios europeos, para defender nuestros valores y nuestros intereses, porque no queremos ser, como algunos que están sentados en esta Cámara, ni apóstoles del caos ni vasallos de los oligarcas internacionales. (Aplausos). Nuestro deber como españoles y europeos es claro: proteger lo que somos, lo que hemos construido y lo que está por venir. En esa tarea, señorías, desde luego ―no va con mi carácter ni con el de los ministros y ministras de este Gobierno ni, por supuesto, con el de los grupos parlamentarios Socialista y SUMAR―, nosotros no vamos a eludir nuestras responsabilidades; todo lo contrario, y con esto termino, las asumimos con un alto grado de honor y con una gratitud eterna por la confianza depositada por la mayoría de los españoles y las españolas.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y de la mayoría de los miembros del Gobierno, puestos en pie).