Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas reguladas en sus disposiciones adicionales 18ª y 19ª.

Muchas gracias, presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista asume hoy ante esta Cámara la responsabilidad de promover un acto de justicia largamente esperado, y lo hacemos a través de la herramienta más poderosa que ofrece nuestra democracia y que encarna este Parlamento: una proposición de ley. Porque hoy no venimos simplemente a debatir un texto legal, venimos a dignificar trayectorias, a reconocer esfuerzos y a reparar una deuda histórica. Venimos a reconciliar al país con hombres y mujeres que durante décadas ejercieron progresiones liberales reguladas. Nos referimos, sobre todo, a profesionales de la abogacía, de la procura, de la arquitectura o de la medicina, quienes han desarrollado su labor con responsabilidad y vocación de servicio y son parte esencial del funcionamiento de nuestro país. Además, conviene recordar que muchos de estos profesionales estuvieron en la vanguardia de las libertades de nuestro país. El Congreso de la Abogacía celebrado en León en 1970 está en la mejor historia de España: los abogados defendieron las libertades en plena Dictadura y pusieron las bases de nuestro Estado de derecho. Hoy, más de medio siglo después, seguimos avanzando sobre este legado, y con esta iniciativa damos un paso firme para construir una España más justa, más igualitaria y más digna donde vivir. (Aplausos). Señorías, este camino no lo hemos recorrido solos. A lo largo de estos meses, hemos mantenido decenas de reuniones con plataformas de mutualistas, con colegios profesionales, con consejos generales y también con las propias mutuas. Hemos recogido sus demandas, sus preocupaciones, sus propuestas y, sobre todo, sus anhelos de justicia. Hoy, en la tribuna de invitados, nos acompañan muchos de sus representantes. Su presencia aquí no es un gesto simbólico, es la prueba de que esta proposición de ley surge de un trabajo compartido, de una construcción colectiva entre la sociedad civil y las instituciones. En el Grupo Parlamentario Socialista queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento por su perseverancia, por su implicación y por haber defendido con rigor y convicción una causa justa. (Aplausos). Precisamente por eso, señorías, hoy no solo ejercemos nuestra función legislativa, hoy honramos la palabra dada, hoy honramos la confianza depositada en la política como instrumento transformador de la sociedad.

Pero, para entender la trascendencia del paso que hoy damos, debemos recordar de dónde venimos. Durante una parte del siglo XX, en una España aún en construcción social, algunas profesiones liberales se organizaron a través de mutualidades profesionales: sistemas que, bajo esquemas de capitalización colectiva, ofrecían una red básica de protección cuando el Estado no llegaba. Fueron respuestas válidas en su momento, fueron estructuras necesarias en una época de carencias y desigualdades profundas, pero, a medida que España avanzó, a medida que la democracia se consolidó y nuestro estado de bienestar echó raíces, aquellas mutualidades evolucionaron hacia modelos de capitalización colectiva e individual, donde cada cual dependía de sus propias aportaciones y del azar de su vida laboral. Y así, poco a poco, se abrió una brecha; una brecha que separó a quienes disfrutaban de la protección del sistema público frente a los que estaban atrapados en mecanismos alternativos, desprovistos de solidaridad e inseguros frente a la incertidumbre.

No es cuestión de señalar responsables. Las mutualidades cumplieron su papel histórico, pero, hoy, señorías, sabemos que aquel modelo, en su dimensión alternativa al régimen público, está agotado. Sin perjuicio, eso sí, de que estas mutualidades puedan seguir desempeñando funciones verdaderamente propias del mutualismo y aseguramiento privado, porque en el siglo XXI no podemos tolerar que profesionales que han servido a la sociedad durante toda su vida enfrenten su jubilación en condiciones de desigualdad y desprotección. Por eso queremos dejar definitivamente atrás un régimen alternativo, corporativo, fragmentado y nacido en el siglo XX para abrazar plenamente un sistema de protección social universal, solidario y digno, propio de una España moderna, democrática y orgullosa de su gente. Lo hacemos desde la convicción profunda en el valor inmenso de nuestro sistema público de Seguridad Social, un sistema que representa uno de los mayores logros colectivos de nuestra democracia, un sistema que garantiza a millones de personas la seguridad de saber que, ante la enfermedad, la vejez o la adversidad, no estarán solas. (Aplausos). Un sistema basado en la solidaridad entre generaciones, en la justicia social y en la dignidad humana. Porque el sistema público de Seguridad Social no es solo una estructura administrativa, es la expresión viva de los valores que compartimos como país, es el compromiso de todos con todos, es la certeza de que el esfuerzo de cada persona será reconocido, de que su vida laboral tendrá una protección justa, de que nadie quedará abandonado en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Hoy, señorías, reafirmamos nuestro compromiso con este pilar esencial de nuestra convivencia; hoy reforzamos su universalidad; hoy ensanchamos su cobertura; hoy honramos su historia y proyectamos su fortaleza hacia el futuro. Y lo hacemos, porque miles de mutualistas perciben pensiones muy inferiores a las mínimas garantizadas por el sistema público. Lo hacemos, porque miles de mutualistas no tienen asegurada la revalorización anual de sus prestaciones. Y lo hacemos, porque miles de mutualistas no disponen de cobertura suficiente ante contingencias graves, como la incapacidad permanente, la viudedad o la orfandad. Y esta situación golpea especialmente a quienes han tenido trayectorias laborales más irregulares, precarias o interrumpidas. Golpea especialmente a las mujeres, porque el sesgo de género se manifiesta en este modelo. En igualdad de condiciones, muchas mujeres han recibido durante años prestaciones inferiores, no solo por trayectorias laborales más discontinuas o condicionadas por cargas que históricamente han recaído sobre ellas, sino también porque se les ha aplicado una mayor esperanza de vida como un factor corrector actuarial, una injusticia silenciosa, pero profundamente estructural. Por eso, esta ley es también una ley feminista, porque luchar contra la desigualdad social es luchar contra la desigualdad de género; porque proteger a quienes han sido más olvidadas es un acto de justicia feminista. (Aplausos). El Partido Socialista ha estado al lado de quienes luchan por sus derechos históricamente. Así lo hicimos bajo el Gobierno del presidente Zapatero, garantizando a los mutualistas alternativos la prestación y la asistencia sanitaria pública. Hoy, bajo el liderazgo del presidente Sánchez, culminamos esa senda. Hoy aseguramos también su protección social plena. Hoy damos un paso más en la construcción de una España que honra el esfuerzo de sus gentes, de sus profesionales.

Por eso, esta proposición de ley establece tres grandes pilares: el fin de la alternatividad obligatoria. A partir del día 1 de enero de 2027, todos los profesionales que inicien su actividad por cuenta propia deberán darse de alta obligatoriamente en el sistema de Seguridad Social. La futura mejora de las condiciones de los mutualistas actuales, tanto en lo que se refiere a la cuota mínima a ingresar como al porcentaje mínimo que recibirán de sus prestaciones, que no podrá ser inferior al 80 % de la pensión mínima; y la creación de una pasarela voluntaria al RETA para que quienes así lo deseen puedan trasladar sus derechos acumulados al sistema público.

Señorías, sabemos que esta transición también requiere rigor, requiere responsabilidad, requiere seguridad jurídica para todas las partes. Por eso, esta proposición de ley incorpora mecanismos de evaluación que permitirán medir su impacto, su desarrollo y su sostenibilidad. Porque cuando los socialistas ampliamos derechos, lo hacemos sin poner en riesgo la estabilidad del sistema, lo hacemos con visión de país, lo hacemos para fortalecer lo que es de todos: nuestra Seguridad Social. Y conviene subrayarlo. Este grupo parlamentario ha sido el primero en dar el paso, el primero en traducir la reivindicación de tantos colectivos que nos acompañan hoy en una propuesta legislativa concreta; el primero en decir que sí hay solución y que esa solución puede y debe construirse desde el compromiso con la justicia social, la responsabilidad institucional y la equidad.

Señorías, venimos con la mano tendida, venimos dispuestos a escuchar, venimos dispuestos a debatir, venimos dispuestos a mejorar y a enriquecer el texto en el trámite parlamentario. Porque esta ley debe ser un acuerdo de país, porque no hay causa más noble que proteger la dignidad del trabajo y de la vida. Y esta ley se fundamenta en valores esenciales para los socialistas: la justicia, porque es de justicia reparar una discriminación histórica para estos profesionales; la dignidad, porque los poderes públicos están obligados constitucionalmente a garantizar pensiones dignas y sostenibles; y la defensa de lo público, ya que a través de un Estado social se incluye a todas y a todos y no se deja a nadie atrás. Y porque, hoy, señorías, cerramos una etapa. Hoy dejamos atrás un modelo gremial y alternativo para avanzar hacia un sistema universal e igualitario. Hoy no miramos hacia otro lado, hoy miramos a los ojos. Miramos a los ojos de quienes durante años confiaron en su país. Miramos a los ojos de quienes trabajaron toda su vida con honestidad, con entrega y con pasión. Miramos a los ojos de quienes tejieron día a día el progreso de España desde sus despachos, desde sus consultas, desde las obras o desde los juzgados. Y, hoy, a quienes durante años cumplieron con su labor, sirvieron a la sociedad desde sus profesiones, les damos una respuesta, una respuesta basada en el reconocimiento, la seguridad jurídica y el compromiso con lo público; una respuesta que busca reparar una desigualdad, reforzar el sistema y garantizar certezas para el futuro.

Señorías, con esta ley damos un paso razonable, necesario y justo. Con esta ley damos un paso que fuerza y refuerza nuestro modelo de Seguridad Social sin romper sus equilibrios. Damos un paso que reconoce trayectorias profesionales muchas veces invisibilizadas. Y lo hacemos con responsabilidad, sin estridencias, desde el diálogo y con consenso. Por eso, señorías, les pido a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara que apoyen hoy esta toma en consideración, que dialoguemos y hagamos un texto que haga justicia a tantos profesionales que han hecho tanto por el futuro y por la dignidad de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, debemos ser conscientes de la ilusión, de la esperanza que abrimos hoy a tantísimos mutualistas cansados de pelear, de pedir, de llamar la atención en las calles de este país durante casi dos años. Debemos ser conscientes de que hoy estamos abriendo una puerta importantísima para avanzar en las respuestas que requieren. Y ya les digo, contarán con nosotros si son ciertas esas palabras que hemos escuchado: si no se queda nadie atrás, si se visibiliza la trayectoria, quiero decir, la vida laboral, todos los años trabajados y pagados. Además, de manera obligatoria. Y, cuando digo a todo el mundo, digo también a los ya jubilados que se encuentran en una situación de discriminación y de pobreza lamentable, después de cuarenta o treinta y ocho años de ejercicio. Tenemos que ser justos, porque lo que nos piden no es más, es igual. Lo que nos piden es acabar con una discriminación que les fue impuesta. Lo que les piden es no tener que elegir entre diez o quince años a 600 euros o veinticinco a 850, que es la situación en la que se encuentran hoy muchos mutualistas. Si planteamos una pasarela que sea optativa y también universal, yo no me puedo imaginar que a cualquiera de ustedes, después de cuarenta años, se les diga que todo lo no cotizado, aunque se les ha obligado a hacerlo con una mutualidad, no aparezca en su vida laboral, que no tengan derecho a pensión de orfandad, de viudedad o que no tengan otros servicios vinculados a la sanidad, a la compra de medicinas, como ha sido su caso durante mucho tiempo.

Hoy se abre un tiempo para el trabajo riguroso, para el compromiso, que vaya más allá de las palabras en este estrado, para debatir las enmiendas que nos proponen, para profundizar y hacer realidad eso que se ha dicho aquí: que se haga justicia, que se les reconozca, que se acabe con la discriminación y que no se deje a nadie atrás. Si esto es así, contarán con nuestro apoyo.

Gracias.

Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde. Estamos aquí para resolver un problema que afecta a millares de persoas e que é de xustiza, ademais, resolver. Desde o primeiro momento o BNG deu o seu apoio e colaboración a distintas plataformas e colectivos que defenden a necesidade de dar unha solución á situación do mutualista da avogacía, da procuradoría, tanto no Parlamento de Galiza como aquí no Congreso, presentamos diferentes iniciativas ao longo do 2023 e 2024 en que reclamabamos cando menos, igual que fan as persoas afectadas, o recoñecemento do dereito de opción, base de mutualistas activas, pasivas ou actualmente integradas no RETA, da avogacía da procuradoría, para que as súas achegas á mutualidades profesionais, así como á totalidade dos seus dereitos económicos nesas entidades puidesen ser transferidas á seguranza social. Tamén que computen a totalidade das cantidades que deben ser obxecto de transferencia e considerar como períodos cotizados os de alta efectiva nas mutualidades, ademais de reformar o tratamento fiscal das cotizacións realizadas ás mutualidades e mellorar as condicións de xubilación das persoas profesionais. Porén, até agora non se lograron avances neste sentido, pois o goberno non foi sensíbel para aceptar unha grande parte das reclamacións das plataformas de persoas afectadas. Agora tráese a cuestión como unha proposición de lei do PSOE, en vez de traer, como sería lóxico, un proxecto de lei do Goberno negociado e consensuado previamente co sector. O resultado é que máis unha vez os colectivos afectados consideran inadecuada esta proposta por excesivamente restritiva e, por tanto, por deixar fóra moitas persoas. Como exemplo, a esixencia de carecer de cotizacións na Seguridade Social nos últimos 15 anos, que só se aplique aos activos e non aos pasivos, que non se poida ter recoñecida ningunha pensión, que se negue a aplicación do cómputo de un por un, as porcentaxes para incrementos, aa achega de fondos propios ou a falta de regulación do tratamento tributario, entre outras cuestións. En consecuencia, e co ánimo que sempre tivemos de buscar unha solución efectiva da man dos colectivos afectados, o BNG votará a favor da toma en consideración mais anunciamos que presentaremos como emendas ao texto o conxunto das melloras que formulen as plataformas co obxectivo de lograr unha verdadeira pasarela e unha solución definitiva para millares de persoas traballadoras da avogacía e a procuradoría afectadas. Moito obrigado.

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Vamos a resolver un problema que es de justicia resolver y que afecta a millones de personas. Desde el principio, el BNG dio su apoyo y colaboración a todas las plataformas que quieren dar una solución a esta situación de los mutualistas de la abogacía y la procuraduría. Para ello, nosotros presentamos diferentes iniciativas, sobre todo en el 2023 y en el 2024, cuando reclamábamos el reconocimiento del derecho de que se pasase… a la abogacía y a la procuraduría para que todas sus contribuciones profesionales y todos sus derechos económicos se pudiesen transferir a la Seguridad Social. También queríamos que se computasen todas las cantidades que fuesen objeto de transferencia, y que se considerasen como periodos cotizados los periodos de alta efectiva en las mutualidades. Además, nosotros queríamos reformar el tratamiento fiscal de estas cotizaciones realizadas. Lo cierto es que hasta ahora no se logró avance alguno, porque el Gobierno no fue sensible a la hora de aceptar una gran parte de las reclamaciones de las plataformas. Ahora esta cuestión se presenta como una proposición de ley del Grupo Socialista, en vez de aportar un proyecto de ley del Gobierno negociado y consensuado con el sector. El resultado es que, una vez más, los colectivos afectados consideran que esta propuesta es inadecuada por ser muy restrictiva y dejar fuera a muchas personas. Por ejemplo, se exige que se haya cotizado en los últimos quince años a la Seguridad Social, que solo se aplique a los activos y no a los pasivos, que no se pueda reconocer ninguna pensión, que se niegue la aplicación del cómputo del uno por uno, de los porcentajes para aumentos, de las contribuciones a fondos propios, etcétera.

En consecuencia, nosotros queremos votar a favor, porque pensamos que beneficia a muchos, pero vamos a presentar enmiendas y un conjunto de mejoras que realmente puedan dar una verdadera pasarela y una solución definitiva para millones de personas trabajadoras del sector de la abogacía y la procuraduría que están afectadas.

Gracias, presidenta. Por parte de nuestro grupo vamos a votar a favor de la tramitación de la propuesta porque consideramos que debe abrirse este debate. También queremos dejar claro que si sale adelante, vamos a defender con firmeza cambios sustanciales en el texto. En especial, queremos alzar la voz por las abogadas y abogados mutualistas que durante años han sufrido una situación de discriminación laboral. Hasta el año 1995, no podían ni siquiera cotizar al sistema público, se les obligó a hacerlo a una mutualidad. Cuando ya años después se les permitió la elección, se siguió promoviendo, se siguió fomentando activamente la mutualidad. De hecho, les decían que si aportaban a la mutualidad, iban a tener incluso prestaciones mejores que si lo hacían al sistema público. Hoy sabemos que esto no era cierto. La mayoría de estos compañeros y compañeras se enfrentan a pensiones ridículas y muchos de ellos ni siquiera van a poder jubilarse. Están atrapados en un sistema que no garantiza ni siquiera los derechos básicos y que han evolucionado a lo que sería un mero plan de pensiones individual, sin cobertura suficiente y sin un control público real y transparente. Lo que nos parece más grave es que aun ahora, cuando vamos a promover unas reformas que aumentan las aportaciones, sigue sin resolverse el problema de fondo. Esto es porque no se está contando con los colectivos afectados, y lo principal sería escucharlos. Señorías, esto no se va a arreglar con parches. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a pedir en la tramitación es una pasarela justa y real al RETA, con un sistema de equivalencia de uno por uno: cada año cotizado a la mutualidad debe computar como un año cotizado al RETA, para que así haya justicia con los colectivos afectados. Como les decía, vamos a apoyar la toma en consideración de esta propuesta, pero no nos vamos a quedar calladas ni tampoco vamos a aceptar una reforma que se quede en la superficie y que finalmente no termine de solucionar los problemas que ha traído este sistema. Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Pensiones dignas y pasarela RETA para integrar a profesionales autónomos que han cotizado en mutualidades privadas, eso es lo que hoy está en juego. Eso es lo que hoy vamos a empezar a tramitar: una solución para que los colectivos afectados tengan una pensión digna y tengan esa pasarela. Quiero dar la bienvenida a la amplia representación profesional afectada por esta problemática que hoy ha sido presentada aquí y que pretendemos solucionar y que, además, ustedes han venido reivindicando y por la que han peleado durante mucho tiempo. Mi grupo parlamentario, el Grupo Nacionalista Vasco, ya se hizo eco de esta problemática en el 2024. Realizó una pregunta al respecto y votó a favor de una PNL en su día del Grupo Parlamentario Popular que recogía también la necesidad de abordar una solución a este problema. Es cierto que también se presentó por parte del Grupo Parlamentario Socialista una enmienda en su día, no hace mucho, en la ley de eficiencia de la justicia, que no salió adelante precisamente porque los grupos parlamentarios queríamos que hubiese un debate mucho más amplio acerca de esta problemática para llegar a un acuerdo y dar satisfacción a sus reivindicaciones. Hoy daremos un paso hacia delante votando a favor de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, como he dicho, para comenzar una posible solución para que estos colectivos puedan tener, además, una jubilación digna. Lo cierto es que en muchos casos, como ya nos han comentado, hay gente que tiene 500 euros mensuales, que no es, desde luego, ninguna cantidad digna tras haber cotizado durante muchos años. Se trata de solucionar un problema que afecta, como he dicho, a miles de profesionales colegiados que optaron por mutualidades de previsión social alternativas al régimen general y que perciben pensiones inferiores a la mínima garantizada por el sistema público, que, además, no tienen asegurada una revalorización anual de estas, ni tampoco una cobertura suficiente ante contingencias graves como pueden ser la incapacidad o la viudedad.

Además, los mutualistas han confiado en las recomendaciones de su mutua: pagaron cuotas que la mutua fue estableciendo, se guiaron por indicaciones en las que se les afirmaba que se trataba de un sistema con prestaciones superiores. Y sucesivas reformas e incluso informaciones inexactas sobre las previsiones de la cuantía de la pensión a recibir y deficiencias en la gestión han hecho que estos colectivos se encuentren con pensiones muy inferiores a una no contributiva. Ante esta situación, lo que han hecho hasta ahora es defender sus derechos y sus reivindicaciones. Solicitan que se pueda pasar al régimen general de autónomos, una pasarela RETA, con el dinero que habían destinado a su mutua para tener unas pensiones dignas. La proposición de ley no recoge todas sus reivindicaciones ―somos conscientes de ello―, pero es un comienzo para buscar una salida a esta situación, un punto de partida para buscar consensos entre el colectivo y las fuerzas políticas y, en definitiva, para trabajar, debatir y buscar acuerdos en torno a esta propuesta.

Zuen aldarrikapenari bidea eman behar diogula uste dugu. Bidezko konponbidea bilatu behar dugu mutualista hauentzat, eta horretarako, talde desberdinen arteko akordioen bidez testu bateratua lortu behar dugu. Gaur zuzenketa konponbide bat hasten da eta, beraz, Eusko Alderdi Jeltzaleak aldeko bozka emango du.

Eskerrik asko.

Debemos responder a sus reivindicaciones, debemos resolver esta situación de los mutualistas y, por tanto, tenemos que alcanzar un texto unificado entre los distintos grupos. Hoy empieza una vía para la resolución y, por tanto, el Partido Nacionalista Vasco va a votar a favor.

Gracias.

Eskerrik asko, mahaiburu anderea. Arratsalde on guztioi eta bereziki gaur hemen gurekin zaudeten kaltetuen elkarteetako ordezkari guztiei. Hasieratik esan nahi dugu lege proposamen hau tramitera onartzearen alde egingo dugula, baina baita esan nahi dugu aurkeztutako testua urrats bat izanda ere, ez dela inondik inora ere nahikoa. Testu motz bat irakurriko dizuet errealitatearekin talka egiten duen testu bat. Talka handia gainera. Eta ziur nago zuetariko askok berehala ezagutuko duzuela. Honela dio:

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y todos y, en especial, a todos los representantes de las personas perjudicadas que nos acompañan hoy aquí. Para empezar, queremos decir que vamos a apoyar la tramitación de esta proposición de ley, pero también queremos decir que, aunque el texto presentado suponga un avance, no es de ninguna forma suficiente. Les voy a leer un texto breve, un texto que choca con la realidad frontalmente, y estoy segura de que muchos de ustedes lo reconocerán enseguida. Dice así:

«Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio».

Efectivamente, el enunciado que les he leído es el del artículo 50 de la Constitución de 1978, esa con la que a la mayoría de ustedes se les llena la boca, sobre todo cuando se trata de combatir el independentismo, pero que olvidan, por lo que sea, cuando se trata de derechos sociales. Es más que evidente que este enunciado ―de obligado cumplimiento, por cierto― choca frontalmente con la realidad de miles de profesionales, mutualistas por obligación ―arquitectos, arquitectos técnicos, médicos, ingenieros de construcción y químicos, gestores administrativos, abogadas y procuradoras―, que están en situación de jubilación o de prejubilación, a quienes por ley en su día se les impidió injustamente acceder al régimen de autónomos de la Seguridad Social y que hoy sienten que han sido estafadas. Después de estar contribuyendo de buena fe al sistema de previsión que les imponía la ley para poder ejercer su profesión, las mutualidades, y que impedía a las personas adscritas a estos sistemas incorporarse al sistema de autónomos, se quedaron allí atornilladas. Han pasado los años y ha habido modificaciones legales, pero esa situación, a priori provisional, dejó en una situación de perpetuidad a miles de personas, que ahora se ven abocadas a pensiones con doce pagas de 601 euros que no van a ser objeto de revisión ni con el IPC ni con nada.

Lo cierto es que desde 1978 ha llovido mucho y, sin lugar a dudas, los textos legales necesitan una lectura acorde a los tiempos, actualizada. Esta lectura actualizada la tenemos en este caso en las proposiciones no de ley promovidas por diversas asociaciones afectadas en diferentes Parlamentos autonómicos del Estado y que se han ido aprobando por unanimidad.

Euskal Herria Bildutik uste dugu ahobatezko izpiritu horri eutsi beharko litzaiokeela ganbera honetan ere, eta beharrezko neurriak gehitu eta ezarri behar direla profesional horiek guztiek gutxieneko pentsioa lor dezaten, ihardunean edo egoera pasiboan daudela, dagokien mutualitatearen bidez dagoeneko egin duten ekarpenaren arabera.

Desde Euskal Herria Bildu consideramos que ese espíritu unánime debería mantenerse también en esta Cámara y habilitar e implementar las medidas necesarias para que todos estos profesionales alcancen una pensión mínima, estén en activo o en situación pasiva, en función de la aportación que hayan hecho a través de la mutualidad que les corresponda.

Hablamos de miles de profesionales que han aportado a la mutualidad de buena fe, y ahora corresponde que la Seguridad Social habilite una pasarela para que, de forma voluntaria, quien lo necesite pueda pasar de la mutualidad al régimen especial de trabajadores autónomos y que los ahorros depositados en la mutualidad reviertan en las arcas públicas.

Gehien gehienak bulego txikiak dituzten profesionalak dira, hurbiltasunetik lan egiten dutenak, multinazionaletatik urruti. Eta edozein arrazoi dela eta, zaurgarri sentitu garenean edo euren laguntza behar izan dugunean beti hor egon diren pertsonak.

La mayoría son profesionales con despachos pequeños que trabajan desde la cercanía, lejos de las multinacionales. Son personas que siempre han estado ahí cuando por la razón que fuere nos hemos sentido vulnerables o hemos necesitado su ayuda.

Todas estas personas, todos estos profesionales y estas profesionales, ahora deben tener el amparo y la protección de las instituciones. En este sentido, como he dicho al principio en euskera, vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, pero ya adelantamos que, en nuestra opinión, el texto propuesto es un paso que se queda muy corto y, por lo tanto, en su tramitación vamos a buscar que estos profesionales y estas profesionales tengan los máximos índices de protección posible. Deberíamos, cuando menos, acercarnos a las soluciones que se dieron a otras profesiones, como pueden ser los notarios y las notarias, porque se puede hacer y se debe hacer.

Ez dugu erantzukizunik eskatuko orain arte egindako kudeaketagatik. Egon badaude, baina etorkizunari begiratzearen aldeko apustua egiten dugu. Etorkizun hurbil horri, dagoeneko erretiratuta dauden pertsonek eta datozen hilabeteetan, edo datozen urteetan, erretiroa hartuko dutenek prestazioak jasoko dituztelako nahikoa lasaitasun eta segurtasun izan dezaten, erakunde pribatu batean mutualitatean egindako ekarpena oinarri hartuta. Orain Gizarte Segurantzaren kutxetara itzuli beharko litzatekeena.

No vamos a exigir responsabilidades por la gestión realizada hasta ahora. Existen responsabilidades, pero apostamos por mirar al futuro y que las personas ya jubiladas y las que se jubilarán en los próximos años tengan la suficiente tranquilidad y estén seguras de que van a recibir las prestaciones basadas en su aportación a una entidad privada como es la mutualidad y que ahora debería devolverse a las cajas de la Seguridad Social.

Porque si de verdad se apuesta por un Estado social, ya toca poner fin a este tipo de entidades. Hay elementos y prestaciones que jamás debieron estar en manos privadas, y esta es una de ellas. No podemos permitir que las pensiones de jubilación queden en manos de entidades privadas.

Izan ere, badakigu zer gertatzen den erakunde horiekin. Etekinak daudenean, gutxi batzuen poltsikoetara joaten dira, baina galerak daudenean, denen artean banantzen dira.

Porque, en efecto, ya sabemos lo que ocurre con ese tipo de entidades: cuando hay beneficios van a los bolsillos de unos pocos, pero cuando hay pérdidas se reparten entre todos.

Permítanme, para terminar, que haga alusión a una parte de los colectivos profesionales que se ven afectados, no por ningún motivo especial, sino porque es el que más conozco, aunque estoy convencida de que la situación del resto de los colectivos profesionales es o ha sido muy parecida. Me refiero a las abogadas y las procuradoras, y utilizo el femenino porque la mayoría de los profesionales de este colectivo son mujeres. Es una profesión que ha sido eminentemente feminizada y, por lo tanto, son mujeres quienes están sufriendo en mayor proporción esta situación de penuria económica al llegar a la edad de jubilación. La verdad es que, hoy por hoy, hay una cuestión bien clara: cuando se trata de repartir beneficios, el género imperante suele ser el masculino, pero cuando se trata de repartir pobreza, quienes nos llevamos la mayor parte solemos ser del género femenino.

Y queríamos aprovechar esta intervención para hacer un pequeño homenaje a todas aquellas abogadas y procuradoras que, por no tener una protección social básica, por tener una mutualidad que no les daba ni cobertura ni amparo en su maternidad, han tenido que amamantar a sus hijas e hijos casi literalmente en estrados o buscando un sitio en el entorno para poder hacerlo en las mejores condiciones. Estoy segura de que esto también vale para las mujeres del resto de colectivos afectados que ya he mencionado antes. Desde aquí vaya nuestro apoyo a todas vosotras.

Horregatik guztiagatik, profesional horiengatik, lege proposamen hau izapidetzearen aldeko bozka emango dugu, legezkoa delako.

Por todo ello, votaremos a favor de la tramitación de esta proposición de ley. Por todos esos profesionales y todas esas profesionales.

Porque lo que por ley injustamente se les impidió en su momento, hoy en nombre de la justicia se les debe posibilitar también por ley, con ambición y celeridad, porque ya vamos tarde.

Besterik ez. Mila esker. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. Avui arriba a debat per la seva presa en consideració, la proposició del grup socialista per donar resposta a una situació preocupant que ja fa temps que alguns col·lectius d’advocats i procuradors denuncien i als que aprofito aquest moment per saludar. Els deia que fa temps que denuncien les reduïdes percepcions de jubilació que els corresponen, o els correspondran, després de molts anys de realitzar aportacions al seu sistema de protecció social. A la reivindicació iniciada per advocats i procuradors s’hi han afegit altres professionals mutualistes alternatius que s’han vist abocats, o s’hi veuran, a pensions de jubilació, molt per sota de les mínimes contemplades en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. No entraré en el relat històric de l’evolució de l’alternativitat i dels canvis que ens han portat fins aquí. I és que en aquesta legislatura no és la primera vegada que hi ha un debat al respecte en aquest hemicicle. Ara fa poc més d’un any, el ple d’aquesta cambra va votar una proposició no de llei instant a buscar solucions escoltant a totes les parts. Solucions que el Grup Socialista va plantejar unilateralment amb una esmena al projecte de llei d’eficiència al Servei Públic de Justícia. Però davant la negativa, entre d’altres, de Junts per Catalunya de tractar un tema d’aquesta importància en un marc que no corresponia, va desembocar en la presentació d’aquesta proposició.

Val a dir que a nosaltres ens sorprèn la tècnica legislativa utilitzada en aquest cas. Ens sorprèn que sigui una proposició de llei d’un dels grups del govern que avui obliga a posicionar-nos a tots els altres i a iniciar una feina d’aproximació amb les parts afectades i amb la resta de grups polítics. Al nostre entendre, un canvi normatiu d’aquest abast, sense el debat necessari amb tots els afectats, no sembla la millor solució. Hagués estat més adient fer-ho via projecte de llei i arribar aquí amb la feina feta, però els podem entendre davant la complexitat i, sovint la incapacitat, és més fàcil repartir responsabilitats entre tots.

En fi, no serem els de Junts que defugirem la feina. Aquesta proposició dels socialistes té tres línies d’actuació: l’eliminació progressiva de l’opció de mutualitats alternatives, de forma que a partir de l’1 de gener de 2027 els nous professionals col·legiats que iniciïn la seva activitat autònoma hauran d’afiliar-se obligatòriament al RETA, amb una excepció: aquells que ja estiguin afiliats per un altre règim de la Seguretat Social per una activitat per compte d’altre; la millora de les prestacions mínimes de les mutualitats, amb un increment progressiu de la quota mínima, equiparant el tram de cotització en el RETA i la creació d’una passarel·la per a la transició al RETA mitjançant una disposició transitòria que permeti als professionals col·legiats afiliats a les mutualitats alternatives, sol·licitar en un termini d’un any, des de l’entrada en vigor del reglament, la transferència dels drets econòmics acumulats.

Entenem que ara no es tracta d’avalar o no la proposició del Partit Socialista. Avui es tracta de posar en marxa el tràmit parlamentari per donar solució a una situació complexa amb tantes arestes com casuístiques. Avui, amb el text sobre la taula, hi continuen havent molts dubtes i moltes preguntes: la passarel·la serà voluntària i universal o ha de tenir restriccions o exclusions per causes de temporalitat o altres? Amb quins criteris s’apliquen coeficients o condicions de reducció? Per què els anys cotitzats a l’alternativa no han de valdre els anys cotitzats al RETA? Què passa amb els passius? Què passa amb aquelles persones més grans que no van tenir cap oportunitat de triar? Cal acabar definitivament amb l’alternativitat? Com es garantiran els drets d’aquells mutualistes que decideixin continuar el règim alternatiu? Com es farà la transferència al RETA dels drets econòmics acumulats a les mutualitats? Quan es produirà l’efectivitat d’aquests drets? Caldrà determinar-ne tots aquests aspectes en un reglament posterior en què no hi podrem dir res? Qui i com garantirà la solvència de les mutualitats? Mirin moltes preguntes.

En tot cas, des de Junts per Catalunya hem buscat i busquem respostes a aquestes preguntes i creiem que tots plegats hem de ser capaços de donar una resposta justa a les necessitats de milers de mutualistes que avui no tenen una pensió digna. I ho hem de fer, evidentment, mitjançant la creació d’una passarel·la. Però la solució per nosaltres ha de ser compatible amb un sistema de previsió alternatiu reforçat que pugui continuar funcionant en harmonia amb el sistema públic. I és en això en el que nosaltres treballarem per solucionar de la millor manera i la més justa la precària situació de molts mutualistes. Però també perquè la solució a un problema no ens en acabi generant un altre.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy llega a debate para su toma en consideración la proposición del Grupo Socialista para dar respuesta a una situación preocupante que denuncian hace tiempo algunos colectivos de abogados y procuradores ―aprovecho este momento para saludarles―. Como les decía, hace tiempo que denuncian las reducidas percepciones de jubilación que les corresponden o les corresponderán tras muchos años de realizar aportaciones a su sistema de protección social. A la reivindicación iniciada por abogados y procuradores se han añadido otros profesionales mutualistas alternativos que se han visto o se verán abocados a pensiones de jubilación muy por debajo de las mínimas contempladas en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social. No voy a entrar en el relato histórico de la evolución de todo esto y los cambios que nos han llevado hasta aquí porque en esta legislatura no es la primera vez que tenemos un debate al respecto en este hemiciclo. Hace poco más de un año, en el Pleno de esta Cámara, se votó una proposición no de ley instando soluciones, escuchando a todas las partes, soluciones que el Grupo Socialista planteó de forma unilateral con una enmienda al proyecto de ley de eficiencia del servicio público de Justicia. Pero ante la alternativa de otros, de Junts per Catalunya, de tratar un tema de esta importancia en un marco que no correspondía, todo esto desembocó en la presentación de esta proposición. Cabe decir que a nosotros nos sorprende la técnica legislativa que se ha utilizado en este caso. Nos sorprende que se trate de una proposición de ley de uno de los grupos del Gobierno que hoy nos obliga a posicionarnos a todos, a iniciar una labor de posicionamiento a todas las partes y a todos los grupos políticos. En nuestra opinión, un cambio normativo de este calado sin el debate necesario con todos los afectados no parece que sea la mejor solución. Hubiera sido más adecuado hacer un proyecto de ley y llegar aquí con el trabajo hecho. Pero podemos entenderlos, porque ante la complejidad y, muchas veces, ante la incapacidad, resulta más fácil repartir responsabilidades entre todos.

En fin, no será Junts el que vaya a escurrir el bulto en este trabajo. Tenemos varias líneas de actuación: la eliminación progresiva de mutualidades alternativas, así que, a partir del 1 de enero de 2027, los nuevos profesionales colegiados que empiecen su actividad autónoma deberán afiliarse obligatoriamente al RETA, con una excepción, la de aquellos que estén ya afiliados por otro régimen de la Seguridad Social por una actividad por cuenta ajen; la mejora de las prestaciones mínimas de las mutualidades, con un aumento progresivo de la cuota mínima, equiparándola al tramo de cotización en RETA; y la creación de una pasarela para la transición al RETA mediante una disposición transitoria que permita a los profesionales colegiados y afiliados a las mutuas alternativas solicitar, en el término de un año desde la entrada en vigor del reglamento, la transferencia de sus derechos económicos acumulados.

Entendemos que no se trata ahora de avalar o no la proposición del Grupo Socialista. Hoy se trata de poner en marcha el trámite parlamentario para dar solución a una situación que es compleja, con tantas aristas como casuísticas. Hoy, con el texto sobre la mesa, aún sigue habiendo muchas dudas y preguntas. ¿La pasarela será voluntaria y universal o debe tener restricciones o exclusiones por causas de temporalidad o por otras? ¿Con qué criterios se aplican coeficientes de reducción? ¿Por qué los años cotizados en la alternativa no deben equivaler a los años cotizados en el RETA? ¿Qué pasa con los pasivos, con las personas mayores que no tuvieron ninguna oportunidad de escoger? ¿Hay que acabar definitivamente con la alternatividad? ¿Cómo se van a garantizar los derechos de los mutualistas que decidan seguir en el régimen alternativo? ¿Cómo se va a hacer la transferencia a RETA de los derechos económicos acumulados en las mutuas? ¿Cuándo se va a producir la efectividad de dichos derechos? ¿Habrá que determinar todos estos aspectos en un reglamento posterior donde no vamos a poder decir nada? ¿Quién va a garantizar la solvencia de las mutuas y cómo? Son muchas preguntas.

En cualquier caso, en Junts per Catalunya hemos buscado y buscamos respuestas a estas preguntas y creemos que todos juntos debemos ser capaces de dar una respuesta justa a las necesidades de miles de mutualistas que hoy en día no disfrutan de una pensión digna, y debemos hacerlo, evidentemente, mediante la creación de una pasarela. Pero la solución, en nuestra opinión, debe ser compatible con un sistema de previsión alternativo fortalecido y que pueda seguir funcionando en armonía con el sistema público. Es aquí donde vamos a trabajar nosotros para dar una solución lo más justa y mejor posible a la situación precaria de muchos mutualistas, pero también para que la solución a un problema no acabe generándonos otro.

Muchas gracias.

Moltes gràcies, presidenta. Diputats, diputades. Moltes gràcies, bona tarda. El primer és obligatori, és saludar a totes les persones que ens han vingut a veure perquè portem ja molt de temps de feina amb vosaltres i, per tant, explica una mica el nostre posicionament d’avui. Jo en primer lloc vull donar les gràcies perquè tot aquest procés a mi el que m’ha fet és aprendre molt. He après molt d’un tema àrid, d’un tema complicat i d’un tema que, gran part de la gent que ens pugui estar sentint, potser no entenen que era el meu plantejament i que algú recordarà que li vaig dir de «¿cómo es posible que los abogados es trobin amb això?» Com és possible que aquella gent que fa valer els nostres drets estiguin en una situació com aquesta? I això em va permetre, tot i que jo sóc llicenciada en dret i m’hauria pogut col·legiar en una altra vida i exercir, em va permetre conèixer l’autèntica pell i l’autèntic sentit de l’advocacia i de la procuradoria quan es fan per vocació, quan es fan amb ànim de servei a la ciutadania i quan es fan des de la convicció de que existeix la justícia. I em vaig trobar amb un grup, sobretot d’advocades i sobretot de procuradores, que no eren aquelles persones que ens pensem montadas en el dòlar, que tenen grans despatxos darrere seu, que tenen vides fantàstiques, que estiuegen a Miami i que tenen yates. No, no: eren treballadores que cobraven com a exactament la major part de professionals lliberals, quantitats justes per anar tirant i que no tenien baixes i que havien d’anar substanciar procediments i judicis amb els nanos, que ho han dit abans, sota el braç o que no havien pogut demanar un ajornament, per exemple, per part, que ara això ja ho hem arreglat una mica, i que havien viscut una vida dedicada al treball. Perquè no oblidem que al final els terminis els fixen els jutges i no pots dir «este plazo no me va bien. Por favor, prorróguemelo». Perquè no ho fan. Per tant, vaig descobrir tot un món al qual jo hauria pertangut, si les coses m’haguessin anat millor del que m’han anat, i que és aquest exercici de l’advocacia de la procuradoria. Per tant, el meu primer missatge és gràcies.

El segon missatge és dir-vos que avui votarem a favor, però no per convenciment, perquè amb tot el que vam treballar, us ho hem dit moltes vegades, que hi ha hagut iniciatives del govern i de l’oposició que s’han parat perquè no les veiem clares, perquè no vèiem que continguessin tot el que ens havien demanat que continguessin les normatives que defensessin els vostres drets. Però avui gairebé totes les associacions m’heu fet arribar que voleu que votem a favor, i ho farem tenint en compte que és l’inici de la feina. Els hi vam votar en negatiu perquè no n’hi havia prou. Jo personalment crec que avui tampoc no n’hi ha prou, perquè no està reconegut l’1 per 1, perquè no està reconegut el traspàs de les mutualitats a l’Estat d’una manera clara. Perquè, «ay, ay, ay, ¿que pasará con las mutalidades?» No ens deixa dormir, com ara ens explicaven durant aquests últims dies. A mi particularment no. És a dir, les mutualitats, algunes d’elles han demostrat que en el seu moment, via col·legis, us van donar una informació enganyosa que ha fet que passés el que està passant. I per tant, el que sí que us demanem és que exerciu les vostres possibilitats de demandar allò que creieu que ha sigut lesiu de la veritat, de la transparència dels vostres drets i feu les actuacions judicials necessàries. Per aquest motiu votarem favorablement, perquè ja vam parar diversos acords per la seva escassesa de garanties, de retorn d’aquestes pensions de jubilació dignes que tots plegats creiem que us mereixeu.

Hi ha dos elements que vull posar damunt de la taula que per a mi no han estat suficientment posats en valor. Fins a l’any 1995 no hi havia cap possibilitat d’opció i estem parlant de carreres professionals de més de 40 anys. Per tant, quan diuen allò de: «ustedes podrían haber optado». No. No és cert. I quan va arribar el tram del 1995 al 2005, ja hi havia una quantitat de diners empantanegada que tampoc ho feia possible. I això explica que trenta o quaranta anys després haguem d’arreglar una cosa que no es preveia que estigués tan malament. Quin de tots els advocats o procuradors, que en el seu inici va començar amb la mutualitat, va pensar que després de 40 anys de professió, tindria una jubilació de 400 euros? Ningú. Ningú. Perquè som advocats i procuradors, però no som idiotes. Ningú va voler, entre cometes, enganyar el sistema pagant menys, que és del que se’ns acusa als que volem ara fer la passarel·la. Això no va passar. Va passar que hi havia una obligatorietat, va passar que després ja hi havia uns diners que no permetien fer el pas, i va passar que es va seguir fent l’accés a les mutualitats en lloc del sistema comú, perquè el que deien els col·legis, diguem-ne per dir-ho fi, que no era exacte.

Amb tot això, per tant, el pas que fem avui és un pas d’inici de començar a treballar, perquè a més a més, així ens ho ha dit el govern. Ens ho ha dit el PSOE, que és el grup del govern, que seran flexibles en la tramitació, que acceptaran innovacions, que acceptaran modificacions i que tot està obert a la negociació. Per tant, el que comencem avui és un nou pas de la feina que hem de fer plegades. Perquè vosaltres l’heu impulsat nosaltres, l’hem recollit, l’acabarem executant, però ens heu de dir la direcció, perquè al final, quan afecta a un grup de treballadors tan específic i tan nombrós, deu ser que és just i raonable.

I deixi’m acabar amb una consideració: més enllà de que les actualitzacions actuarials expliquessin que resulta que en lloc de viure 70 anys, ara vivint 83 i que per això les pensions, que havien de ser de 800 €, passen a ser de 500 €. Més enllà de què les mutualitats hagin o no hagin fet correctament els números, i hagin o no hagin invertit correctament. El que es posa de manifest és que l’únic que ens preserva és lo públic. L›únic que ens preserva és lo que és de tots. L’únic que ens preserva és un estat que pugui garantir els drets de la seva gent. I jo crec que dir que intentem garantir els drets amb un pas d’un per un a gent que porta 40 i 45 anys d’exercici professional, és el mínim que se li pot demanar a un estat teòricament social i legal.

Moltes gràcies.

Presidenta, muchas gracias. Buenas tardes diputados y diputadas. Primero es obligatorio saludar a todas las personas que nos han venido a ver. Llevamos mucho tiempo trabajando con todos vosotros. (Se dirige a la tribuna de invitados). Eso explica un poco nuestro posicionamiento de hoy. Quiero dar las gracias, porque todo este proceso me ha hecho aprender muchísimo. He aprendido mucho de este tema, que es árido, complicado, y que muchas de las personas que nos están escuchando quizás no entiendan, que era mi planteamiento; alguno recordará que le dije:

¡Cómo es posible que los abogados se encuentren con esto!, ¡cómo es posible que esas personas que hacen valer nuestros derechos se hallen en una situación como esta! Eso me permitió, aunque soy licenciada en Derecho y me podría haber colegiado en otra vida y ejercer la profesión, conocer la auténtica piel y el auténtico sentido de la abogacía y la procuraduría cuando se hace por vocación, con ánimo de servicio a la ciudadanía, y cuando se hace desde la convicción de que existe la justicia. Y me encontré con un grupo, sobre todo de abogadas y procuradoras, que no eran esas personas que creemos que están montadas en el dólar, que tienen grandes despachos, con vidas fantásticas, que veranean en Miami y tienen yates, sino trabajadoras que cobraban, como la mayoría de los profesionales liberales, cantidades justas para ir tirando; que no tenían bajas, teniendo que ir a procedimientos y a juicios con los niños bajo el brazo, a cuestas, o que no podían pedir una baja por parto o un aplazamiento del juicio por parto ―eso ya lo hemos ido consiguiendo―. Han dedicado toda una vida al trabajo, porque no olvidemos una cosa: los plazos los fijan los jueces y no puedes pedir al juez que por favor te prorrogue un plazo porque no te va bien, porque no lo hace. Por tanto, descubrí todo un mundo al que yo habría pertenecido, si las cosas me hubieran ido mejor de lo que me han ido, que es ese ejercicio de la abogacía y la procuraduría. Y, por eso, en primer lugar, quiero dar las gracias.

El segundo mensaje es decirles que hoy vamos a votar a favor, pero no por convicción, porque, con todo lo que trabajamos ―lo dijimos muchas veces―, ha habido iniciativas del Gobierno y de la oposición que se han parado porque no las veíamos claras, porque no veíamos que contuvieran todo aquello que nos habían pedido que se incluyera en las normativas que defendieran sus derechos. Pero hoy casi todas las asociaciones me han hecho llegar que quieren que votemos a favor, y lo haremos, teniendo en cuenta que es el principio del trabajo. Votamos en negativo porque no había bastante. Yo, personalmente, creo que hoy tampoco hay bastante, porque no se reconoce el uno por uno, porque no se ha reconocido el traspaso de las mutualidades al Estado de una forma clara y porque ay, ay, ay, ¿qué pasará aquí con las mutualidades? Nos explicaban hace unos días que es algo que no les deja dormir; a mí, particularmente, no. Algunas de las mutualidades en su día a través de los colegios os dieron una información engañosa que ha hecho que pase lo que está pasando ahora. Lo que sí que pedimos es que ejerzan ustedes sus derechos a pedir o exigir aquello que ha sido por la falta de transparencia y de defensa de vuestros derechos y que hagáis las acciones que hagan falta. ¿Por qué vamos a votar de forma favorable? Porque ya ha habido toda una serie de acuerdos que hemos parado por la escasez, la falta de garantías de retorno de estas pensiones de jubilación dignas que todos juntos creemos que se merecen.

Hay dos cosas que quiero poner sobre el tapete y que, en mi opinión, no se han puesto en valor lo suficiente. Hasta el año 1985 no había ninguna posibilidad de opción, y hablamos de carreras profesionales de más de cuarenta años. Dicen: «Ustedes podrían haber votado». No, no es cierto. Y cuando llegó el tramo del 1995 al 2005 ya había ahí una cantidad de dinero empantanada que tampoco lo hacía posible. Y eso explica que treinta o cuarenta años después tengamos que arreglar una cosa que no se había previsto que estuviera tan mal. ¿Quién entre todos los abogados o procuradores que en su día empezaron pensó que después de cuarenta años de profesión se iba a encontrar con una jubilación de 400 euros? Nadie, ninguno, porque son abogados y procuradores, pero no son idiotas. Nadie quiso ―entre comillas― engañar al sistema pagando menos, que es de lo que se nos acusa a los que queremos hacer ahora la pasarela. Eso no sucedió. Lo que sucedió fue que había una obligatoriedad, sucedió que después había allí unos fondos que no permitían que se diera el paso y lo que pasó después fue que se siguió haciendo el acceso a las mutualidades en lugar del acceso al sistema común porque lo que decían los colegios ― por decirlo bien y finamente― es que no era exacto.

Con todo esto, por lo tanto, el paso que damos hoy es el de empezar a trabajar. Nos ha dicho el Gobierno y nos ha dicho el PSOE, que es el grupo del Gobierno, que van a ser flexibles en la tramitación, que van a aceptar innovaciones, que van a aceptar modificaciones y que todo está abierto a la negociación. Por lo tanto, lo que iniciamos hoy es un nuevo paso de esa labor que tenemos que hacer todos juntos. Nosotros hemos recogido lo que nos pidieron, lo hemos ejecutado, pero nos tenéis que decir en qué dirección tenemos que ir, porque cuando afecta a un grupo de trabajadores tan específico y tan numeroso debe ser porque es justo y razonable.

Y permítanme concluir con una consideración. Más allá de que las actualizaciones actuariales expliquen que resulta que en lugar de vivir setenta años ahora vivimos ochenta y tres y que por eso las pensiones que deberían ser de ochocientos euros pasan a ser de quinientos, más allá de que las mutualidades hayan o no hayan hecho correctamente los números y hayan o no invertido correctamente, lo que se pone hoy de manifiesto es que lo único que nos mantiene es lo público, lo único que nos mantiene es lo que es de todos, lo único que nos mantiene es un Estado garante de los derechos de su gente. Y yo creo que decir que intentamos ser garantes de los derechos con un paso de un uno por uno a personas que llevan cuarenta y cuarenta y cinco años de ejercicio profesional es lo mínimo que se le puede exigir a un Estado teóricamente social y legal.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, comienzo felicitando a los trabajadores y las trabajadoras de los servicios esenciales y a toda la sociedad española por su comportamiento ejemplar durante el apagón del pasado día 28 de abril (aplausos), porque, por mucho que les duela a los habituales intoxicadores y también a las herramientas de difusión de odios y bulos en que se han convertido las redes sociales, el apagón durante unas horas sacaron a relucir un país ejemplo de convivencia y solidaridad que ha conmovido a todo el planeta. (Aplausos). Y por mucho que duela a la derecha que suspira por el caos total, como vergonzantemente tituló un periódico derechista, la izquierda sigue mejorando la vida de la gente, como hoy, ocupándonos de los 95 000 profesionales de la abogacía y los 9000 de la procura que hay en España dedicados a garantizar nuestros derechos y libertades. Son trabajadores y trabajadoras de la justicia, en su inmensa mayoría con retribuciones modestas y jornadas inacabables, sin vacaciones retribuidas y sin derechos laborales, a pesar del esencial trabajo que realizan para defendernos ante la justicia. Hoy os saludamos y os agradecemos el trabajo realizado. La ejemplar lucha reivindicativa de todo el colectivo es la que ha hecho posible este debate (aplausos) y ha dado a conocer la inmensa discriminación que sufren estos profesionales, trabajadores y trabajadoras, también arquitectas y arquitectos técnicos y superiores y otros atrapados en mutualidades que priorizan sus propios intereses, no los de los mutualistas que, tras una larga vida de trabajo, llegan a la jubilación. A pesar de que el artículo de la Constitución ordena a los poderes públicos garantizar pensiones adecuadas, las mutualidades no las garantizan cuando llega ese momento de transitar a la jubilación. En comparación con las pensiones del sistema público, las otras prestaciones sociales o sanitarias que deberían abonar las mutualidades también son indignas o inexistentes. La prestación por desempleo, la maternidad, la incapacidad temporal no existen o se perciben cuantías miserables, como es el caso de la jubilación. Y especialmente discriminatoria es la falta de atención a la conciliación familiar y laboral de las mujeres que forman parte de esos colectivos profesionales de las mutualidades alternativas. En España son muy pocas las mutualidades que siguen pendientes de integración en la Seguridad Social. Las que quedan, las de la abogacía, la procura o arquitectos, han hecho dejación de sus funciones de previsión social. Se han transformado en compañías de seguros y fondos de inversión, priorizando el interés de inversores y asegurados frente al interés y los derechos de los mutualistas y las mutualistas, a los que debían garantizar condiciones dignas y prestaciones dignas de jubilación. Tras años de lucha para acabar con este fraude, hoy podemos iniciar el camino de aprobación de una ley que garantice por fin a los mutualistas y las mutualistas una pensión adecuada, como la que tienen la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores. Pedimos a esta Cámara que trabajemos todos los grupos parlamentarios para que se apruebe una ley que recoja las reivindicaciones de los colectivos afectados por este fraude, y no cualquier ley, una ley que recoja las propuestas sintetizadas claramente por el colectivo J2. En primer lugar, la integración voluntaria en el régimen de autónomos de los profesionales y las profesionales adscritos o que lo hubieran estado en las mutualidades alternativas. En segundo lugar, los años de contribución a las mutualidades deben reconocerse como periodos equivalentes de cotización en la Seguridad Social, sin ambigüedades: un año de contribución equivale a un año cotizado a la Seguridad Social. El resultado debe garantizar pensiones dignas y equivalentes a las del régimen general o a las del régimen especial de trabajadoras autónomas, según lo contribuido o cotizado, y en ningún caso ninguna pensión de jubilación podrá ser inferior a la regulada como mínima por el sistema público de pensiones. Y también debe reconocerse el derecho de las mutualistas y los mutualistas alternativos pasivos, los que ahora cobran pensiones de miseria, a las que cobran los que están integrados en Seguridad Social. Deben tener un reconocimiento de pensiones equivalentes a las de los pensionistas integrados en el sistema público y deben poder dejar de trabajar, y que se acabe ese espectáculo de las salas de togas de los juzgados de toda España con compañeros y compañeras de más de 70 años arrastrando los códigos porque no se les garantiza una pensión digna. (Aplausos). La base de cotización reconocida debe ser, al menos, la mínima del régimen de trabajadores por cuenta propia o autónomos para todo el tiempo de alta en el régimen alternativo y la integración no tiene que costar nada al Estado. El traspaso a la Seguridad Social de las contribuciones de los mutualistas y también de la parte proporcional de rendimientos obtenidos por las mutualidades en cualquier otro concepto son recursos con los que se podría sufragar sin ningún problema la equiparación de las actuales pensiones cobradas por los mutualistas pasivos a las correspondientes establecidas en el sistema público de Seguridad Social.

Necesitamos soluciones urgentes para los que están pendientes de jubilación y para los que sufren jubilaciones de miseria. Las mutualidades deben responsabilizarse del daño causado y sufragar íntegramente el traspaso de los derechos de las mutualistas y los mutualistas al sistema de Seguridad Social. Saludamos los pasos que ha dado el Ministerio de Inclusión para reparar el daño causado por la falta de vigilancia del Estado durante años del negocio de estas mutualidades. Nuestro compromiso es alcanzar una rápida solución en los términos que pide el colectivo afectado, porque en las mutualidades hay recursos suficientes para hacerlo. Por eso pedimos un amplio acuerdo y vamos a ir más allá de esta proposición de ley, que es solo un primer paso para la tramitación legislativa, tramitación que, desde nuestro punto de vista, debería hacerse por trámite de urgencia. Por supuesto, vamos a votar a favor.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Sean mis primeras palabras para saludar a todos los mutualistas que hoy nos acompañan en la tribuna. Comparezco para fijar la posición del Grupo Parlamentario VOX ante una proposición de ley que, bajo la apariencia de reparar una flagrante injusticia histórica, incurre en una nueva forma de desprecio hacia miles de profesionales y sus derechos. Es la plasmación de la desaparición de las clases medias, donde los profesionales liberales eran estandartes y cuyas pensiones eran complementos a su fructífera carrera y no necesidad de supervivencia, como está sucediendo ahora. Nos enfrentamos a una iniciativa que pretende barrer bajo la alfombra décadas de dejación de funciones por parte del Estado, porque fue el propio Estado, bajo Gobiernos de todo signo, el que permitió, impulsó y consolidó el régimen sustitutorio y después alternativo de mutualidades como vía legítima de previsión social. Desde 1970, cuando nace el RETA, hasta 1996 y hasta que se autorizó por las instituciones colegiales, muchos profesionales cotizaron en mutualidades por imposición legal, sin capacidad de elección. Luego, se les dejó permanecer en ese sistema como alternativa al RETA, con el aval del legislador y la connivencia de los supervisores. Hoy, ese mismo Estado, que nunca vigiló ni garantizó la equidad, pretende culpar a los mutualistas de una situación que él mismo creó. (Aplausos). Es necesario decir que son contribuyentes, mutualistas que han participado en la financiación de la Seguridad Social vía contribuciones de impuestos y que también han proporcionado un gran ahorro a la Administración durante los años en los que no se les reconocía el derecho de asistencia sanitaria y otras prestaciones básicas que se han tenido que sufragar ellos mismos. Esta proposición no reconoce derechos, administra favores; no ofrece justicia, diseña una salida parcial y excluyente; no garantiza la libertad, impone un encuadramiento futuro obligatorio y niega cualquier posibilidad a pasivos y profesionales atrapados por decisiones que nunca fueron verdaderamente voluntarias, pero lo más hiriente, señorías, es que introduce un sistema encubierto de compra de años de cotización al RETA. Bajo esa fórmula, extensas carreras profesionales de treinta años en mutualidades quedarían reducidas a la mitad, a quince o veinte años en el mejor de los casos, porque no se reconoce cada día cotizado como un día de alta, porque se ignora el principio de justicia básica de uno por uno. (Aplausos). En el Grupo Parlamentario VOX lo decimos bien claro: cada día cotizado en una mutualidad debe contarse como un día en el RETA. Luego, por supuesto, la cuantía puede calcularse conforme a las aportaciones repartidas en los años computables, pero el tiempo es sagrado. Sin tiempo no hay pensión y sin tiempo no hay derecho. Mientras tanto, los mutualistas ven negada su historia laboral, su esfuerzo, su dignidad, porque esta proposición del Grupo Socialista, falsa solución, también excluye a quienes se han jubilado con pensiones ínfimas y a aquellos que no pueden jubilarse y se ven obligados a seguir trabajando sin horizonte, a quienes obligados por normativas cambiantes o trabajos por cuenta ajena dejaron atrás el sistema mutual sin opción de retorno, a quienes aportaron por riesgos sin capitalizar conforme a la ley, a quienes retiraron raquíticos fondos porque ya no veían horizonte, a quienes en su viudedad ya cobran una pequeña pensión ajena a la mutualidad. Todos ellos y otros más quedan fuera, pero cotizaron y trabajaron conforme a la ley. Y aún hay más: esta propuesta establece condiciones económicas imposibles para muchas mutualidades, condenándolas a desaparecer, las mismas a las que se les obligó a cambiar el régimen legal de su funcionamiento. Cambiaron las normas en mitad del partido, afectando a derechos de los mutualistas. ¿Este es el objetivo final?

En VOX no defendemos privilegios, defendemos derechos, especialmente los derechos de quienes cotizaron conforme a la ley, conforme a la voluntad del Estado, conforme a un contrato social que ahora se rompe. En su caso, queremos mutualidades viables, sostenibles, fiscalizadas con rigor, pero a las que, en igualdad de condiciones, se les obligue a garantizar pensiones dignas. Queremos justicia para todos, no soluciones para unos pocos.

Lo que hace el Grupo Socialista, con el entusiasmo y apoyo de SUMAR, es puro cinismo político, lo hace además con trampa. Pudiendo presentar un proyecto de ley del Gobierno o incluso un inmediato real decreto ley, acuden a la fórmula de la proposición de ley. ¿Y por qué? Porque así eluden controles, ignoran obligaciones de transparencia y fuerzan una toma en consideración que legitime una norma fallida desde su raíz, la base sobre la cual legislar. Es un marco viciado, como es habitual con este Gobierno y sus socios, diseñado ante la urgencia de las situaciones sangrantes para forzar la tramitación bajo unos cimientos torcidos donde la mentira fundacional condiciona todo lo que vendrá después. No podemos aceptar esta impostura. No podemos avalar una propuesta que no soluciona una situación, la actual, que viola los principios constitucionales más básicos —‌se están vulnerando en la actualidad los artículos 41, 50, 14 y 9.3 de la Constitución—, porque no hay mayor arbitrariedad que prometer una cosa durante años y castigar al que obedeció.

Desde el Grupo Parlamentario VOX exigimos una pasarela real, voluntaria, universal y sin condiciones injustificadas; el reconocimiento íntegro del tiempo cotizado en mutualidades por el concepto que fuere conforme al principio de uno por uno; la continuidad, en su caso, de las mutualidades siempre que cumplan estándares y garanticen pensiones mínimas, pues no podemos olvidar que también se dan casos en sentido opuesto, y la inclusión de los mutualistas pasivos y en situación de especial vulnerabilidad. Los derechos no se conceden, se reconocen, y el Estado no puede seguir actuando como un prestamista de favores cuando es deudor de justicia.

Y acabo, señora presidenta. Termino con las palabras de Edmund Burke, padre del pensamiento conservador, cuando decía que un Estado que no puede garantizar la justicia no puede pretender asegurar la libertad. Pues bien, hoy esta proposición del Grupo Socialista no garantiza ni lo uno ni lo otro.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Buenas tardes, señora presidenta, señorías. Queremos justicia, no caridad. Así nos explicabais los mutualistas las inquietudes de muchos abogados y procuradores en nuestros encuentros hace ya casi dos años, y después el resto de los profesionales afectados. Mi saludo más afectuoso, en nombre del Grupo Popular, a quienes nos acompañáis hoy y con quienes hemos compartido ―y seguro que seguiremos haciéndolo― muchas reuniones durante este tiempo: los colegios, los consejos y las mutualidades. (Aplausos). En junio de 2023, mi partido recogió el guante en un compromiso programático de estudiar esta problemática y promover unas condiciones de jubilación dignas si llegábamos al Gobierno, y así lo hemos hecho aun después de estar en la oposición. No es fácil resumir en estos minutos la compleja problemática que encierra esta iniciativa ni tampoco los hitos que hemos ido viviendo, pero han quedado desgranados en la intervención del resto de los ponentes. Tengo claro que resulta inexcusable aprobar un instrumento normativo, lo tenemos claro en el Partido Popular; un instrumento para alcanzar el objetivo justo y equitativo para quienes durante treinta, cuarenta o más años han venido desarrollando su trabajo profesional y tuvieron que asumir un sistema de previsión social no distinto, no diverso, sino establecido sí o sí para ellos por la normativa estatal y en el que debieron permanecer, porque, cuando se permitió la alternatividad, la opción por la mutualidad o el RETA era ficticia y arriesgada, puesto que les llevaba a renunciar al cómputo de tiempo trabajado y a la aplicación de sus aportaciones al sistema público. Son muchas las situaciones y están implícitas, pero este es el núcleo y el detonante del problema. Todos ellos aspiran, como españoles trabajadores, a una pensión digna y muchos ―por no decir la mayor parte―, en una franja de edad muy preocupante, son mujeres en las profesiones jurídicas, como se ha dicho ya.

Sentimos que una vez más el Gobierno no esté a la altura y haya desoído el mandato de esta Cámara, que el 19 de marzo de 2024, a propuesta de mi grupo, pidió que se abordara con la máxima urgencia y transparencia con todos los implicados el estudio de la problemática y de las mejores soluciones. Muchas cosas dijeron los portavoces de los distintos partidos para ir, como siempre, contra el Partido Popular en lugar de sumarse a su discurso, aunque sí lo hicieron con su voto; salvo el Partido Socialista.

El tiempo ha transcurrido con indefinición y pasividad de una ministra que el 31 de enero de 2024 decía en la Comisión de Empleo que los abogados y procuradores deciden libremente cotizar al RETA o al régimen alternativo, que esto no afecta a la Seguridad Social y que son ámbitos privados. Más tarde, en comparecencia en el Senado, trasladaría que trabajaban en una iniciativa para los mutualistas vulnerables —‌más tarde, para los perjudicados—, pero esa iniciativa gubernamental, en sentido estricto, nunca vio la luz. Hoy se mantiene escondido tras su grupo parlamentario, eludiendo su responsabilidad como Gobierno de haber tramitado un proyecto de ley con los informes preceptivos de las instancias consultivas, más necesarios que nunca cuando la decisión que se tome afectará una vez más y de forma definitiva a muchas personas y a sus familias, lo que hubiera llevado menos tiempo del que ha transcurrido y muchas más garantías.

No entendemos por qué no ha aprendido de lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo con las mutualidades y con los mutualistas obligados y de alguna manera prisioneros de un cambio permanente de normativas. No entendemos que no nos haya trasladado una información clara, detallada de la solución adoptada, las bases de desarrollo reglamentario, el calendario de actuación y los distintos escenarios para los distintos miembros de profesiones y mutualidades, puesto que esta reforma legal, como ya se ha dicho, no afecta solo a los abogados y a los procuradores; al contrario, es evidente que el impulso que desde el principio tuvieron las plataformas de abogados y procuradores les ha hecho llegar al momento que acabamos de ver en la intervención del portavoz socialista. Y no, no somos ingenuos, no creemos que el PSOE se haya caído del caballo. Los diputados sabemos que solo con un aval del Gobierno, por acción o por omisión, se da trámite a una propuesta legal. Eso sí, si tuviera membrete del PP, quedaría congelada indefinidamente, como puede comprobarse con múltiples iniciativas. Después de la bucólica intervención del señor Cendón, seguimos sin que se nos explique ―después de dos intentos vía enmienda de forma improcedente y ahora con la proposición de ley, que por supuesto es legítima― por qué se elige esta solución, por qué se han cambiado sucesivamente fechas en los requisitos y por qué se han determinado distintos coeficientes para aplicar a las bases de cotización. Tienen que explicar las razones de por qué toman esta decisión; no lo hemos oído tampoco en la intervención.

Señorías, mi grupo hoy dirá sí a la toma en consideración, porque, señores socialistas, no somos como ustedes, porque nos preocupan los problemas reales de la gente (aplausos), pero luego, en un trámite parlamentario serio y riguroso, tendrán que proporcionar al legislador lo que al menos al Partido Popular no han querido proporcionar, porque repercute definitivamente en la vida de las personas y sus familias.

Señora ministra ausente, desde aquí le digo que los grupos parlamentarios no podemos ser la excusa perfecta de aquello que el Gobierno no quiere asumir en primera persona. No aceptamos la actitud que sobrevuela a modo de homenaje al conde de Romanones: haga usted las leyes, que ya haré yo los reglamentos. Nuestro sí hoy no es un cheque en blanco para cerrar de cualquier forma y en falso esta problemática. Es evidente que hay consenso de todos los sectores y plataformas; también de los grupos que han intervenido. Este texto no le gusta a nadie; no se fían de ustedes. Desde el principio, la ministra enfocó mal el asunto, se burló de los abogados y los dejó al pie de los caballos, incluso la portavoz socialista dijo en marzo que ahora se daban cuenta de que fuera de lo público hace mucho frío.

Señor Cendón, recogemos su guante, recogemos el guante del Partido Socialista, pero eso no quiere decir que nos pleguemos a lo que ustedes vienen haciendo esta legislatura. Hay que trabajar, hay que escuchar, hay que dialogar, hay que acordar, porque los mutualistas y todos los sectores lo que quieren de nosotros son hechos y no palabras bonitas o un relato al que tanto nos tienen acostumbrados.

Gracias. (Aplausos).