Ángel Víctor Torres Pérez
GobiernoMinistro de Política Territorial y Memoria Democrática.Página 24Vídeo
Buenos días, presidente.
Saludo a todos los diputados y todas diputadas y les pido disculpas por el tono de voz. Arrastro una afonía desde hace unos días y espero que me permita defender este real decreto ley. También saludo a las autoridades que están presentes en este salón plenario, al presidente del Gobierno de Canarias, al presidente del Cabildo de la isla de La Gomera, a la consejera de Derechos Sociales y al resto de autoridades, así como a oenegés como ACNUR y Unicef, que también asisten a esta sesión plenaria.
Subo a esta tribuna para defender la convalidación del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Es un real decreto ley que, como acabo de decir, está en vigor tras publicarse en el BOE después de haber sido aprobado en el Consejo de Ministros y que hoy, dentro del plazo estipulado, incluso sin haberse agotado, debe ser convalidado.
Permítanme, señorías, que antes viaje en el tiempo. El 3 de octubre del año 2006, el que fuera presidente de Canarias, Adán Martín, comparecía ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, del Parlamento Europeo. En aquella intervención de hace casi veinte años terminaba haciendo alusión, precisamente, a los menores migrantes no acompañados. Decía el presidente canario, tristemente fallecido, que dejaba para el final de su intervención un asunto ―y leo, textualmente― «especialmente sensible en lo que representa la defensa de los valores éticos y morales». Y añadía ―abro comillas―: «Si la situación en Canarias ya es por sí dramática, cuánto más lo es para estos niños que se han jugado la vida cruzando el Atlántico». Era yo en aquel momento alcalde de mi municipio, y el propio Adán Martín, presidente nacionalista, nos pidió que dispusiéramos recursos municipales para albergar a niños, niñas y adolescentes que llegaban a nuestras costas, como lo siguen haciendo hoy, huyendo de la pobreza, la guerra y el hambre. Lo hicimos, dispusimos recursos en mi municipio, en mi barrio, reuní a los vecinos y a las vecinas y les expliqué que se trataba de una cuestión de justicia y de derechos humanos. Al final, aquellos chiquillos, que eran de Mali, se convirtieron en parte de la vida del barrio, del municipio. Y cuando se fueron ―iban derivados a otros lugares― quienes lloraban eran los niños, sí, pero eran los niños del pueblo: se iban sus amigos. (Aplausos).
Les hablo, señorías, de un discurso pronunciado hace veinte años y de una situación dramática que ya se daba en mi tierra hace dos décadas. Pero las palabras del que fuera presidente de Canarias creo que podrían servir para homólogos en el resto de las comunidades, por ejemplo, Andalucía, que en 2018, cuando casi el 50 % de los menores migrantes no acompañados llegaban a sus costas, pedía también soluciones. Y en ocasiones ha ocurrido en el levante, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, también en Baleares y en otros puntos del país. De estos más de treinta años de llegadas de inmigrantes en pateras y cayucos, la primera que llegó a España fue en el año 1994 y arribó a la isla de Fuerteventura. Eran dos jóvenes saharauis, que fueron recibidos con voladores ―fuegos artificiales, como se dice aquí― y bandas de música con alborozo. Y, como digo, la llegada de pateras y cayucos ―cómo ha cambiado la cosa― ha fluctuado de unos a otros territorios también porque han variado las rutas migratorias: en ocasiones han llegado por el Mediterráneo, pero en otras ha sido por el Atlántico. Hoy esos flujos afectan en mayor medida a Ceuta, Melilla y Canarias; en el caso canario, reconocida como la ruta más peligrosa y mortífera del mundo.
Señorías, en los dos últimos años el aumento de la ruta atlántica ha provocado que estos territorios sean receptores de la mayor afluencia de migrantes que han tenido en su historia. Y, si hablamos de menores, también han sido dos años de especial alza, porque se ha intensificado la llegada de niños y niñas migrantes desde el continente africano. Es decir, estos niños y jóvenes han llegado como nunca antes. Por eso, la medida que traemos hoy al Congreso de los Diputados para su convalidación es una medida histórica para una demanda histórica, sobre la base de una competencia que es autonómica en su sentido estricto pero que entendemos desde el Gobierno de España que requiere de una modificación legislativa y un compromiso firme por ser justa, al tratarse de población vulnerable, de menores. De ahí, señorías, que comience mi intervención pidiendo altura de miras.
Les aseguro que no ha sido fácil. El real decreto ley ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. El Gobierno de España ha adoptado esta medida utilizando como fundamento básico los acuerdos aprobados en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y dando potestad y capacidad decisoria a las comunidades autónomas para dar una respuesta definitiva, estructural y equilibrada a esta crisis humanitaria y a las que puedan venir.
El fenómeno migratorio, señoras y señores diputados, es intrínseco a la condición humana. Hay pueblos que han sido durante décadas pueblos inmigrantes y que luego terminan siendo pueblos de recepción, o a la inversa. En los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado muchos canarios, antepasados nuestros, emigraron en busca de democracia, de futuro y prosperidad a países como Venezuela y allí pudieron desarrollar sus sueños. Contribuyeron con lo mejor de sí mismos a ese país y, a su vez, ayudaron a sus familias, que se habían quedado en el archipiélago, con transferencias ―con lo que se llamaba entonces giros― de carácter económico. Hoy la situación es al revés: son muchas las personas, también de Venezuela, que vienen a nuestro país, a España, locomotora económica europea, en busca de futuro. Y la aportación de todos esos inmigrantes, que acaban integrándose en nuestro tejido social y productivo, al sostenimiento económico de nuestro país es capital y esencial, forman parte de nuestro impulso económico. Ocurrió lo mismo con el resto de los españoles que en esas décadas de dictadura y pobreza del siglo pasado tuvieron que buscar su futuro en países de Europa, como Bélgica o Alemania. Nosotros, los canarios, nos subíamos a un barco y nuestros destinos eran, como digo, Venezuela, Uruguay, Cuba, Argentina. Ahora, y frente a quienes niegan que la economía española avanza y crece, somos un territorio que recibe a personas migrantes que quieren prosperar; un país de recepción.
En los últimos tres años, entre las personas migrantes, el número de niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro país se ha incrementado notablemente, un 221,4 %, porque los perfiles han ido cambiando: ahora vienen más mujeres y menores que hace veinte o treinta años. Esta situación, señorías, exigía de una respuesta de Estado y de las formaciones políticas. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? A finales del año 2023 este Congreso celebró dos debates de investidura distintos: el primero, que fue fallido, con Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno; el segundo, que obtuvo la mayoría parlamentaria, con Pedro Sánchez como candidato. Es muy relevante recordar que en ambos casos los partidos que proponían a sus candidatos, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, habían acordado con Coalición Canaria ―y lo firmó esta formación nacionalista canaria con los dos partidos para obtener su apoyo en la investidura― el impulso a una solución para la crisis humanitaria de los menores migrantes no acompañados. Creo que es importante que leamos textualmente el contenido de esos acuerdos. En el caso del Partido Popular, el punto número 9 decía, y abro comillas: «Respecto a los niños, niñas y adolescentes migrantes, se considerará un asunto prioritario en el Estado para lograr con cambios legislativos que todas las comunidades autónomas se impliquen con solidaridad en acogida, formación e integración de los menores que llegan a Canarias». En el caso del Partido Socialista, también en el punto 9, se especifica lo siguiente: «Iniciar el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan». Estos acuerdos fueron firmados, en el caso del Partido Popular, por Cuca Gamarra, y, en el caso del Partido Socialista, por María Jesús Montero. Es decir, señorías, si el presidente del Gobierno hubiese sido Alberto Núñez Feijóo, hubiese tenido ―se supone― que cumplir lo que firmó. Pues bien, el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez y lo que ha hecho ha sido cumplir lo que firmó, su compromiso. (Aplausos). Y esto me lleva a apelar al voto favorable del Partido Popular para la iniciativa que hoy debatimos, porque nosotros no hemos hecho otra cosa, señorías, que hacer lo que ustedes hubiesen tenido que hacer ―se entiende― de haber estado gobernando este país, porque así lo firmaron, ni más ni menos.
Para llegar hasta el día de hoy el camino no ha sido fácil; ha sido todo lo contrario, largo y tortuoso. El 30 de enero de 2024 se constituye la Comisión Interministerial de Inmigración, de la que me designa presidente el Consejo de Ministros. Se han celebrado muchísimas sesiones en este tiempo para abordar expresamente este asunto y tomar acuerdos al respecto sobre los mecanismos legislativos. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por Sira Rego, se ha reunido en cinco ocasiones en el año 2024. Se han producido decenas de reuniones entre Presidencia del Gobierno de Canarias y quien les habla y otros ministros y ministras, y he mantenido además incontables contactos telefónicos ―permanentes, casi diarios― con Fernando Clavijo, a quien vuelvo a saludar. En junio del año 2024 se convoca una ronda de encuentros con todos los grupos políticos en el Congreso, a la que acudo, junto con el presidente del Gobierno de Canarias, con el objeto de registrar una proposición de ley que recogiera las aportaciones de todos los grupos y así se hizo. A pesar de todo ello, el 23 de julio del año pasado no se admite a trámite la proposición de ley registrada. Pero no cejamos, porque luego hay reuniones en el mes de agosto, encuentros en Bruselas con el comisario de Gestión de Crisis; con Vasco Alves Cordeiro, presidente del Comité de las Regiones; incluso con Ylva Yohansson, comisaria europea. Enviamos una carta a la Presidencia de la Comisión Europea, pues así se nos requería por parte del Partido Popular, en la que solicitamos ―y leo, textualmente― «toda la ayuda que fuera precisa». Y hubo nuevas reuniones también con el Partido Popular, que concluyeron en diciembre del año pasado con que no iban a apoyar la modificación del artículo 35.
Por ello y de manera inmediata, el Gobierno de Canarias propuso un mecanismo extraordinario y único: distribuir cuatro mil menores de Canarias y cuatrocientos de Ceuta y trabajamos sobre ello. Pero hoy lo que proponemos es convalidar una propuesta que creemos que es mejor, distinta, con base en lo trabajado durante este año y medio pero más completa, pues, a diferencia de la proposición de ley del año pasado, que no se admitió a trámite y que era para Ceuta, Canarias y Melilla, el real decreto ley que hoy convalidamos se extiende a todas las comunidades y ciudades autónomas, a todas las que alcancen en algún momento una situación de contingencia migratoria; una propuesta trabajada con el compromiso de los grupos políticos que apoyaron la admisión a trámite de la proposición de ley, más en este caso Junts per Catalunya, que se suma al acuerdo, que, como digo, culmina en un real decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 18 de marzo.
Ha sido más de un año de trabajo, señorías. Hoy se cumplen 261 día desde que no se admitiera a trámite la proposición de ley. ¡Qué camino hubiésemos ya recorrido de haberse admitido! Y llegamos a este real decreto, que viene a esta Cámara; que no es la proposición de ley ―repito― del verano. En esta ocasión se activa un instrumento para cualquier territorio que se encuentre en contingencia migratoria. ¿Qué es eso? La contingencia migratoria, de acuerdo con este real decreto, significa que la capacidad ordinaria de cualquier territorio para acoger a personas menores migrantes no acompañadas se multiplique por tres. Cuando eso ocurre, cuando esa cifra se alcanza, ese territorio entra en contingencia migratoria. Ese Gobierno autonómico en cinco días lo comunica al Gobierno de España y se activa el real decreto ley. Es una medida para todas las comunidades autónomas, sin excepción, sin diferencias, sin privilegios y sin señalamiento.
¿Cómo se establece la capacidad ordinaria de un territorio? De la siguiente manera. Las comunidades y ciudades autónomas han tenido un plazo para certificar el número de menores migrantes no acompañados que atienden. Con esos certificados y respondiendo a lo que se requiere a las comunidades autónoma obtenemos el número total de menores no acompañados inmigrantes que hay en el conjunto del país, en España. Luego se procede, teniendo en cuenta la población de nuestro país, a dividir esa población entre el número de menores no acompañados inmigrantes y eso da un resultado. Por último, dividimos la población de esa comunidad entre ese resultado y lo que da es la capacidad ordinaria. Y la contingencia migratoria se produce cuando esa capacidad ordinaria alcanza tres veces más de esa cantidad.
Por tanto, es un criterio objetivo. Se trata, ni más ni menos, que del número de menores inmigrantes no acompañados por población. Y quiero dejar meridianamente claro, señorías, que la capacidad ordinaria no es el número de plazas que tiene una comunidad autónoma, sino el número de plazas que debería tener una comunidad autónoma para responder solidariamente a los territorios frontera. Así, Canarias tiene cerca de seis mil menores, y ha tenido que arbitrar mecanismos, de la noche a la mañana, para abrir recursos porque le llegaban decenas de menores, y también con ONG que los atienden y aulas que han de tener en los centros educativos. Todo eso también se resuelve para todas las comunidades en este real decreto ley.
La realidad es que la capacidad ordinaria de Canarias, si tuviésemos en nuestro país un total de veinte mil menores no acompañados, no llegaría a mil, pero en estos momentos tiene seis mil, es decir, seis veces más. Y hemos escuchado a representantes autonómicos decir que están desbordados con seiscientos menores, teniendo sus comunidades cinco millones de habitantes. Si con seiscientos menores está desbordada una comunidad de cinco millones de habitantes, ¿qué adjetivo, señorías, pondrían ustedes a una comunidad como Canarias, de dos millones de habitantes, que tutela a seis mil menores? (Aplausos). ¿O qué dirían ustedes de Ceuta, que atendió en el año 2024 a 867 menores migrantes no acompañados, con una población de 84 000 habitantes? ¿Qué dirían?
Por eso este decreto es justo, porque se basa en la capacidad ordinaria, porque hoy es Ceuta, Melilla y Canarias, pero mañana puede ser cualquier otro territorio. Las rutas cambian y con este real decreto, que es renovable, cualquier territorio estará amparado ante una contingencia migratoria. Y quiero también recalcar que este real decreto ley establece de manera específica un fondo económico necesario para hacer frente a la contingencia y que pone en valor el esfuerzo realizado, así como algo que también es muy importante: preserva las competencias y la autoridad de las comunidades autónomas, porque se remite a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que pude modificar los criterios para la acogida si se decide por unanimidad, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2022.
Quiero detenerme también en el concepto de esfuerzo realizado. Indudablemente, este real decreto ley parte de una realidad, que es la de los menores que han atendido las comunidades en el año anterior. Eso significa que hay comunidades que, por población, han ello más esfuerzo en atender a esos niños y a esas niñas que otras. No se trata, como han lanzado algunos de manera oportunista, de que se haya tratado de beneficiar a unas comunidades sobre otras, en absoluto. Los números que surgen y salen son objetivos: se divide entre la población y, por tanto, cada uno sabe qué comunidades han hecho un mayor esfuerzo, o, dicho de otro modo, qué comunidades han atendido un mayor número de menores migrantes en relación con su población. Precisamente, este real decreto ley pretende corregir esos desequilibrios, porque, señorías, este es un conjunto de comunidades autónomas, este es un país y entendemos que al fenómeno migratorio hay que dar una respuesta de Estado, una respuesta de país.
Además, el real decreto ley plantea pautas temporales razonables ante la respuesta que exigen menores que en estos momentos están hacinados en distintos territorios del país. Se establece un marco temporal de doce meses para los 4400 menores ―Canarias y Ceuta―, con sus derechos preservados ―audiencia al menor, informe de la fiscalía―, a la vez que, en tanto en cuanto se mantenga esa contingencia migratoria, los nuevos niños que lleguen a estos territorios podrán ser derivados en condiciones dignas, en un plazo de quince días, tras la afiliación y las comprobaciones pertinentes. Eso es atender el interés superior del menor, que no se atiende cuando están hacinados, sin escolarizar, sin cubrirse con todas las garantías sus necesidades personales.
Indudablemente, todo esto se desarrollará en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que, de acuerdo con el real decreto ley, debe ser convocada, como máximo, tres meses después de la aprobación del real decreto ley por el Consejo de Ministros, es decir, antes del 20 de junio de este año, aunque les adelanto que no se va a agotar ese plazo al efecto de impulsar los trabajos para la aplicación del real decreto ley. Y vuelvo a repetir que en el seno de esa conferencia sectorial, donde están todas las comunidades, se pueden modificar los criterios que se establecen en este real decreto ley.
Señorías, debemos defender el interés superior del menor, deben estar defendidos y atendidos con dignidad. Conociendo su vulnerabilidad, creemos que ningún representante público debería poner pegas a recibirlos en igualdad de condiciones de población, teniendo en cuenta el esfuerzo realizado, la dispersión, la renta y los criterios de la conferencia sectorial. Por eso entendemos que este es un muy buen real decreto ley. Y, teniendo en cuenta que estamos ante una convalidación y que estamos abiertos a que pueda mejorarse con sus aportaciones o enmiendas en el trámite parlamentario como proyecto de ley, la propuesta también es absolutamente rigurosa.
Señorías, este real decreto ley fue aprobado por el Consejo de Ministros antes ―creo que esto es importante― de que el Tribunal Supremo emitiera un auto por una denuncia del Gobierno de Canarias cuando estaba bloqueada la opción de la modificación legislativa y parecía que nunca iba a ocurrir lo de hoy, convalidarse un real decreto ley o aprobarse un proyecto de ley. En este sentido, insistimos en que el Gobierno de España respeta y asume el auto del Tribunal Supremo, que traslada que los menores no acompañados solicitantes de asilo que estén en situación de hacinamiento en Canarias, y lo están, sean incluidos en el sistema nacional de acogida como medida cautelar. De hecho, hemos aprobado, a través de una resolución administrativa, en el seno de la Comisión Interministerial de
Inmigración, que este auto debe cumplirse, además, en colaboración con el Gobierno de Canarias, con cuya presidencia hemos mantenido reuniones tras el auto, y también ha habido otras de carácter técnico, y caminaremos para coordinar, en sintonía, la fórmula de cooperación ―protocolo, convenio, acuerdo, lo que proceda― entre las dos administraciones que mejor responda a la situación de los menores, porque ambos Gobiernos están de acuerdo en que esta medida ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la situación personal de cada uno de los menores que sean solicitantes del derecho de asilo internacional, caso a caso.
Muchos de esos niños y esas niñas están ―o todos debieran estar― escolarizados. Tienen actividades extracolares. Incluso están federados en distintos deportes. Les voy a dar un dato que igual les llama la atención. En Canarias, y solo hablando del llamado deporte rey, el fútbol, hay cerca de quinientos menores inmigrantes no acompañados, niños y niñas, que están federados ―insisto, cerca de quinientos―, que entrenan con sus amigos, con sus compañeros y compañeras de equipo y que cada fin de semana compiten deportivamente. Y también los hay en otros deportes, chicos y chicas, como en baloncesto o, incluso, en lucha canaria. Se integran, participan de las costumbres del lugar donde viven, como digo, con deportes vernáculos, como la lucha canaria. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando regresan a los centros están hacinados. Por ello, hay que proporcionarles mejores condiciones en el conjunto del territorio. Tenemos que ir, sí, caso a caso. Estamos hablando de una cuestión humanitaria. Es una cuestión humanitaria, pero también ―esto lo tenía escrito desde el lunes― es una oportunidad. Esta mañana he leído en la portada de un medio de comunicación escrito que el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, dice lo siguiente: «Los migrantes no son un problema, son una oportunidad». No lo dice solo el Gobierno, señorías. Son una oportunidad porque estos pequeños el día de mañana formarán parte de nuestra estructura económica, de nuestro potencial laboral, social y cultural. Invirtamos en su futuro, porque su futuro será el de todos, señorías.
El Gobierno de España lo tiene claro: seguiremos trabajando sin descanso. Esta misma semana, en la comisión interministerial hemos aprobado el grupo de trabajo que coordinará el contenido del real decreto que desarrolla este real decreto ley, y, al mismo tiempo, solicitaremos a las comunidades autónomas que completen, trasladen o aclaren algunos datos que nos han trasladado al respecto. Y seguiremos la hoja de ruta tras la convalidación del real decreto ley que esperemos que se produzca hoy para dar una respuesta humanitaria, histórica, reivindicada, justa y solidaria a los menores no acompañados. Señorías, no hay más que mirar a esos niños y a esas niñas a los ojos. Son negros, canelos, azules o verdes, pero son los mismos ojos de los niños y las niñas que vienen de otros conflictos que a priori nos parecen más cercanos. La diferencia, sí, el color de la piel, pero esos niños lo que quieren es aprender, jugar, crecer seguros; en definitiva, esos niños lo que quieren es vivir en paz.
Agradezco profundamente en nombre del Gobierno a todos los grupos de la Cámara que el pasado 23 de julio votaron a favor de que estos menores tuviesen una oportunidad a través de aquella proposición de ley: al Grupo Socialista, SUMAR, Coalición Canaria, Grupo Vasco, Bildu, Esquerra, Podemos, BNG, incluso a los que se abstuvieron, como UPN, y agradezco su apoyo a Junts per Catalunya, que hoy se suma. Y quiero pedir a quienes se quedaron fuera aquel día que no lo hagan hoy. Se lo pido a ustedes, señorías de VOX, y puedo parecer un iluso por esta petición. A un compañero suyo le dije, a una pregunta en este Congreso, que debían ir a los centros de Canarias, mirar a la cara a estos niños y decirles que no tienen derecho a ser tratados con dignidad. Y se lo pido también a ustedes, al Partido Popular, cuyos presidentes en distintas comunidades autónomas anuncian la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional ―no sé si eso también lo comparte la dirección del Partido Popular―, porque, si la solución es parar este real decreto ley, ¿cuál es la alternativa para los territorios frontera? ¿Que esos niños se queden en Ceuta o Melilla? ¿Que se queden en Canarias? Se los pido al Partido Popular, que conoce la realidad de ese fenómeno, porque ustedes gobiernan o cogobiernan precisamente en Ceuta, Melilla y Canarias y tienen aquí diputados y diputadas que saben lo importante que es dar una solución justa ante esta crisis humanitaria, que es histórica, porque son de allí, viven allí y les votaron allí, en Ceuta, en Melilla y en Canarias. A ellos me dirijo, a ustedes, para que voten hoy a favor, que actúen con responsabilidad, para que demuestren que ustedes son un partido de Estado. Me dirijo al Partido Popular: creo que merece la pena.
Y, para terminar, quiero dar las gracias a todos los ministerios que han hecho posible que hayamos llegado hasta este día: a Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, que me ha acompañado en múltiples y complicadas reuniones para llegar al día de hoy (aplausos); a María Jesús Montero, que también ha estado en esa coordinación como vicepresidenta y ministra de Hacienda; a Elma Saiz, ministra de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Interior y Asuntos Exteriores; en definitiva, a todos los ministros y ministras por sus aportaciones; al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por su valentía y determinación. Este es el primer Gobierno de España que ha puesto sobre la mesa una solución legislativa a los menores no acompañados, aun siendo competencia autonómica, porque esto supone una respuesta sobre derechos humanos. Y también quiero dar las gracias a las presidencias de Canarias y Ceuta por el aliento, el esfuerzo y el compromiso mostrado durante todo este tiempo; a los servicios jurídicos y técnicos del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, que han dado luz en momentos de oscuridad y zozobra para lograr llegar a este día, y a todos los que han empujado ―ONG, colectivos, individualidades― para acabar esta travesía, llegando al metafórico puerto de la verdadera solidaridad.
Y culmino mi intervención. Hoy es un día importante, y no lo es para los territorios frontera per se, lo es para esos niños, niñas y adolescentes que nos están interpelando con su mirada. Es su derecho, se lo debemos y debemos estar a la altura, señorías.
Antes de acabar y ya fuera este asunto, quiero decirles que esta es mi última intervención en sesión plenaria antes de someterme a una operación quirúrgica y quiero dar las gracias a los diputados de todas las fuerzas políticas, sin excepción, por los mensajes de ánimo que me han trasladado en estos días. Muchísimas gracias, de verdad. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y SUMAR y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).