Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) para el año 2025.

Gracias, presidenta. El Gobierno nos trae hoy un decreto para renovar el Plan MOVES III, de apoyo a la movilidad eléctrica, con una dotación adicional de 400 millones de euros, principalmente provenientes de fondos europeos. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Lo primero que tendríamos que decir es que resulta curioso, muy curioso, que la renovación del MOVES III, que ya estaba prevista, y esos 400 millones aparecieran el martes por arte de magia dentro del plan de respuesta a los aranceles de Donald Trump. El Gobierno vende un plan de ayudas por valor de 14 000 millones, pero, si uno mira de cerca la letra pequeña del plan de respuesta, la verdad es que la mayor parte son créditos del ICO por importe de 5000 millones, es decir, deuda, y luego hay otras partidas que ya existían y que se incluyen en ese cajón de sastre. Eso es lo que pasa con los 400 millones del plan MOVES III. Señorías, más que ayudar a nuestras pymes y a nuestros trabajadores, esto es un ejercicio de malabarismo contable; por cierto, qué diferencia con el escudo social que levantamos hace cinco años, que arrancó Unidas Podemos, para responder a la pandemia.

En cuanto a la renovación del plan MOVES III en sí misma, nos parece positiva. Sin embargo, consideramos que se ha perdido una oportunidad para resolver algunos problemas que se les presentaban a muchos solicitantes de estas ayudas de compra de coches eléctricos. Como ustedes saben, las comunidades autónomas son las que gestionan esas partidas, y el panorama es muy preocupante en algunas de ellas. Quizás la más preocupante sea mi región, la Región de Murcia, donde miles de afectados llevan tres años esperando que les paguen esas ayudas. De los 27,3 millones de euros que el Gobierno ha dado al señor López Miras para impulsar la adquisición de vehículos eléctricos, hasta la fecha solo se han concedido el 23 %, el porcentaje más bajo de todas las comunidades autónomas. Pero conceder una ayuda no significa lo mismo que pagarla. Si el porcentaje de las personas que tienen una notificación de resolución positiva y a las que se le ha concedido ya es bajo, como he dicho, un 23 %, desde luego el porcentaje de los que han cobrado es mucho menor. Los afortunados se pueden contar con los dedos de una mano. A esto hay que sumarle un problema parecido con los 53 millones recibidos para la adquisición de placas solares de autoconsumo. En total, son más de 81 millones de euros que algunos presidentes de autonomía del Partido Popular, como López Miras, no están pagando a las personas a las que esas ayudas les corresponden. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no pagan las ayudas? Porque utilizan esos fondos para financiarse a coste cero. Les sale más barato retener ese dinero a la ciudadanía que pedírselo a un banco. Esto es lo que está haciendo el Partido Popular y, por eso, en Murcia hay un grito de moda, que se está diciendo mucho: ¡López Miras, paga ya!

Además, desde esta tribuna quiero mandar todo mi apoyo a ACMEIS, la asociación de afectados por el impago de estas ayudas, que llevan meses movilizándose en la Región de Murcia. Señorías del Grupo Socialista y del Gobierno, hay que hacer algo para solucionar este problema, no solo en la Región de Murcia, sino en todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, donde está habiendo muchas dificultades para cobrar estas ayudas. (La señora Moraleja Gómez: Mentira). Verdad, verdad; se lo pueden preguntar a mucha gente.

Decía que esta renovación del plan MOVES III es una oportunidad perdida, aunque también lo digo en otro sentido: es una oportunidad perdida para marcar distancias de verdad con Trump y sus aranceles. Cuando uno entra en la página del IDAE y consulta el listado de vehículos elegibles para este plan MOVES III, siguen estando muchos vehículos norteamericanos de marcas como Tesla, la compañía de vehículos eléctricos propiedad del señor Elon Musk, uno de los principales asesores de Donald Trump, aunque ahora sabemos que se quiere separar. Es decir que desde ayer los vehículos producidos en la Unión Europea ya pagan un 25 % de aranceles en Estados Unidos, pero mientras tanto el Gobierno de España bonifica la compra de un Tesla con hasta 10 000 euros. A nosotros nos parece algo incomprensible. Señorías, nosotros pensamos que es el momento de pagar a Donald Trump y a su Gobierno con la misma moneda.

Es también el momento de abrirse a nuevos mercados, pero hacerlo de verdad. Se habla mucho de diversificación, y hemos visto que el presidente Sánchez ha ido estos días a China a reunirse con el presidente Xi Jinping, buscando estrechar las relaciones comerciales de nuestros países. Sin embargo, hace solo tres años ese mismo Pedro Sánchez hacía de anfitrión en Madrid de la cumbre de la OTAN que definía por primera vez a China como adversario sistémico de la Alianza Atlántica. Cómo cambian los tiempos, ¿verdad, señorías del Grupo Socialista? En Podemos nos parece estupendo que el presidente del Gobierno viaje ahora a Pekín y negocie para aumentar nuestros vínculos con la República Popular China, pero a la hora de la verdad lo único cierto es que la Unión Europea y, por tanto, España mantienen los aranceles del 45,3 % a los coches eléctricos procedentes de China que se implantaron en julio de 2024. A nosotros nos parece que es el momento de levantar estas medidas antichinas y profundizar en la confianza mutua entre nuestros países. En definitiva, es el momento de apartarse de la deriva suicida de Donald Trump y, sobre todo, del seguidismo a los Estados Unidos. Los aranceles solo van a acelerar la caída de la hegemonía americana; o nos apartamos a tiempo o también acabaremos cubiertos de escombros.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Egun on. El plan MOVES III se reguló en 2024 para dar ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos con el objetivo de promover un sistema de movilidad sostenible y menos contaminante en el Estado. Este plan, previsto para el año 2025, como ustedes saben, se incluyó en el decreto ómnibus publicado en diciembre de 2024 que finalmente no se aprobó. Este plan tampoco se incluyó en el nuevo decreto del 28 de enero, de medidas económicas y sociales, que fue aprobado en el Congreso en febrero de 2025; una situación que hizo saltar todas las alarmas en el sector del automóvil, no solo por las ventas y la repercusión que esta medida podía tener en la producción de vehículos y en el empleo, sino también porque había un número elevado de personas que habían solicitado ayuda en el mes de enero y se quedaban en el limbo. Hemos visto cómo se cancelaban operaciones de venta cerradas desde el 1 de enero por la imposibilidad de recibir las ayudas. Además, muchos clientes solicitaron que no se matriculase el coche hasta que hubiese noticias sobre las futuras ayudas e incluso algunos cancelaron pedidos.

Lo cierto es que hoy en día sigue siendo imprescindible contar con un marco de ayudas, porque, sin estas, las ventas de coches eléctricos se resienten y mucho. Precisamente, aquí no podemos sacar pecho todavía, porque el coche eléctrico no acaba de despegar, pues solo el 5,6 % de los coches que se vendieron en 2024 fueron eléctricos. Hoy se revierte esta situación porque se prorroga este programa hasta el 31 de diciembre de 2025, con una dotación de 400 millones más, y además se hace con efectos retroactivos, algo que veníamos pidiendo todos los grupos parlamentarios, lo que significa no dejar atrás a ningún comprador que haya adquirido su coche eléctrico en 2025. Además, como bien ha dicho la vicepresidenta, se contempla una desgravación del 15 % en la declaración de la renta por la compra de un coche eléctrico, con un máximo de 3000 euros.

Entendemos que este decreto, al ser una prórroga del plan MOVES III, tiene que seguir con las bases y condiciones que había anteriormente, pero quizá, llegados a este punto, se podía haber aprovechado este trámite u otro para simplificar o modificar este proceso, reducir la burocracia y hacerlo más eficiente, para que no solo las clases de renta alta puedan comprar o adquirir estos vehículos, sino también aquellas personas u hogares con rentas medias o incluso algo más bajas. Además, el proceso de tramitación fue criticado tanto por fabricantes como por compradores porque la entrega de las ayudas se retrasa considerablemente, también dependiendo de la comunidad autónoma. El comprador ha de adelantar el dinero y quizá lo lógico hubiera sido entregar la ayuda como un descuento a la hora de comprar el coche para facilitar toda esa tramitación.

Además, tal y como ha dicho la vicepresidenta, con el actual contexto global, complejo e incierto, con las políticas proteccionistas de Estados Unidos para el sector de la automoción, creo que tanto en el Estado como en Europa debemos consolidar ya la apuesta por la movilidad eléctrica, reforzando tanto la demanda interna nacional como la europea, así como la infraestructura que la hace posible, porque el sector de automoción es fundamental en el tejido productivo y porque el impulso a la movilidad eléctrica contribuirá, desde luego, de manera decisiva a avanzar en la descarbonización del transporte y cumplir los objetivos en el horizonte de 2030. Además, no hay que olvidar que la descarbonización del transporte generará nuevas oportunidades para crear valor añadido y nuevas capacidades industriales.

Azkenik, burokraziari dagokionez, plan babes hori hobetu zitekeen arren, gaur egun ere beharrezkoa da mugikortasun jasangarria bultzatzea, eta ildo horretan, beharrezkoa da ibilgailuak elektrikoak eta hibridoak erosteko laguntza plan bat izaten jarraitzea. Izan ere, laguntzarik gabe eta elektrizitate merke merkerik gabe, eredu elektriko bat erostea ez da kontsumitzaileen lehen aukera, eta, beraz, lege dekretu honen alde bozkatuko dugu.

Y, por último, en cuanto a la burocracia, es verdad que podría mejorarse el plan, pero este plan es necesario para fomentar la movilidad sostenible, En ese sentido, es necesario que los vehículos sean eléctricos, híbridos, y que para adquirir esos vehículos siga habiendo un plan de ayuda, porque sin ayudas y sin electricidad asequible, comprar un modelo eléctrico no es prioritario para los consumidores.

Por lo tanto, vamos a votar a favor de este real decreto ley.

Eskerrik asko, mahaiburu Jauna. Hasi behar dut esaten alde bozkatuko dugula uste dugulako, hobe dela hau izatea ezer ez esatea baino. Baina ez gaude ados gauzak horrela egitearekin, berriro Errege Dekretu Lege baten bitartez zuzenketak egiteko aukerarik gabe eta berriro asko hobetu zitekeen dekretu bat dator. Eta, hori horrela, dekretuarekiko irakurketa kritiko bat ere egin behar dela uste dugu, eta esango dut auto elektrikoaren aldekoak garela, noski. Zer hobe isuriak jaisteko duen gaitasunagatik. Baina, aldi berean, uste dugu egungo parke mobilaren erabateko ordezkapena egitea ez dela ez komenigarria, ezta ez desiragarria.

Kontutan izan behar dugu garraio sektorearen eskutik datozela, ia 88 milioi tona CO2, gehien isurtzen duen sektorea da guztiaren heren bat, eta garraioaren baitan % 95a errepide garraiotik dator, hau da, 30 milioi tona CO2 inguru isurtzen dira. Testuinguru honetan, mugikortasunaren elektrifikazioak modalitate guztietan onura klimatiko argia ekarriko luke, ezta? Baina kontutan izan behar da sarean dagoen elektrizitate berriztagarrien kopurua oso handia dela guztiaren % 60a edo. Eta mix elektriko horrekin fosilekin ibiltzen diren autoetatik, auto elektrikoetara joateak suposatzen du auto bakoitzeko gutxi gorabehera isurien hiru laurdenak edo jaistea. Beraz, egungo mix elektrikoarekin auto elektriko batek hogei gramo CO2 isuri inguru ditu kilometro bakoitzeko, eta gasolinarekin eta gasolioarekin dabiltzan kotxeek, 100 g-tik gora bataz beste, ezta?

Muchas gracias. Voy a empezar diciendo que vamos a votar a favor, porque creemos que es mejor esto que nada. Pero no estamos de acuerdo con hacer las cosas así, otra vez mediante un decreto ley, sin derecho a plantear ninguna enmienda y otra vez con un decreto que se podía mejorar muchísimo. Y siendo esto así, vamos a hacer una lectura crítica de este decreto. He de decir que estamos a favor del coche eléctrico, cómo no, por la capacidad que tiene para bajar las emisiones de CO2. Pero, al mismo tiempo, creemos que hacer una sustitución total del parque móvil actual no es conveniente ni deseable. Debemos tener en cuenta que casi 88 millones de toneladas de CO2 provienen del sector del transporte, es el sector que más emisiones tiene, un tercio del total. Y dentro del transporte, el 95 % de las emisiones proviene del transporte por carretera, 30 millones de toneladas de CO2. En este contexto, la electrificación de la modalidad en todas sus modalidades supondría un beneficio climático claro. Aun y todo, hay que tener en cuenta que la cantidad de electricidad renovable existente en la red es muy elevada, un 60 % del total. Y con ese mix eléctrico, de los coches que circulan con combustibles fósiles a coches eléctricos supondría bajar las emisiones por coche en torno a un 75 %. Por tanto, con el mix eléctrico actual, un coche emite 20 gramos de CO2 por kilómetro y con la gasolina y con el gasoil serían más de 100 de media.

Siendo todo esto verdad, entendemos que algo está fallando, ¿no? Porque, si miramos las estadísticas de la Asociación de Fabricantes de Automóviles Europeos, vemos que solo el 11,4 % de los vehículos vendidos en 2014 eran enchufables y solamente el 5,6 % de estos vehículos eran eléctricos puros. Esto coloca al Estado español en el puesto veinticuatro en Europa, claramente en el vagón de cola, por mucho que —‌como usted ha dicho— haya un liderazgo en producción y haya todo un ecosistema. Habrá quien después diga seguramente que esto tiene que ver con que los coches eléctricos son cosas de ricos, etcétera. Yo creo que las estadísticas nos están diciendo otra cosa. Están diciendo que hay países que están acertando en las medidas para impulsar el vehículo eléctrico, y no hay que irse muy lejos, porque Portugal está liderando, está a la cabeza de Europa: a día de hoy, el 20 % de los vehículos que se venden allí son eléctricos puros y el 33 % son vehículos enchufables, triplica en porcentaje a España, que tiene el 11 %. Yo creo que al diseñar este tipo de medidas estaría bien pensar en la estructura fiscal vinculada a los vehículos que tiene Portugal y acercarse un poco a esto. Y no es cuestión de Portugal, sino que también otros países con mucho menor poder adquisitivo que España, como Rumanía, Hungría, Grecia, están por delante. Yo diría que es evidente con estos datos que las subvenciones no son suficientes y que faltan otras cosas.

Usted ha hablado de la red de carga, de lo que está creciendo, pero según los datos que manejamos nosotros y nosotras, ahora mismo puede haber alrededor de 7000 megavatios de potencia pedidos, sobre todo para la instalación de puntos de recarga rápida, que no tiene una respuesta, porque falta capacidad en la red. Así que, aunque de esto hablaremos más en otro momento, entendemos que hay que hacer algo.

Y sobre la parte fiscal, que yo creo que usted ha pasado un poco de puntillas, nosotros entendemos que las deducciones fiscales que se proponen ni son suficientes ni responden al principio europeo de quien contamina paga ni son progresivas, y me explico. Se propone un 15 % lineal de deducción para todo lo subvencionado, pero no todo es lo mismo en términos climáticos y en términos de contaminación. Si lo que se pretende es reducir emisiones, entendemos que había que afinar un poco más ese tiro, y se lo ilustro un poco. Hay muchos estudios por ahí sobre análisis de ciclo de vida, de emisiones de vehículos, yo he cogido uno que hizo no hace demasiado tiempo el Gobierno vasco a través del Centro Vasco de Ecodiseño, en el que se decía que un híbrido enchufable emite solamente un 25 % de emisiones menos que un gasolina en un análisis de ciclo de vida completo; sin embargo, un eléctrico puede emitir hasta un 70 % menos. Si aplicamos el principio de que quien contamina paga, evidentemente no es lo mismo tener un eléctrico puro que un híbrido enchufable; con lo cual, entendemos que las deducciones no debieran ser las mismas. (Rumores). En este sentido, les invitaría a que para las siguientes ocasiones miren lo que realmente está funcionando y además está funcionando en algún Gobierno suyo, y estoy hablando concretamente de Nafarroa. El liderazgo de Nafarroa en la venta de vehículos eléctricos en el Estado es evidente, porque Nafarroa sí que está en un 20 % de venta de vehículo eléctrico. Pero claro, aquí las deducciones son de un 30 %. (Rumores).

Gracias. Decía que las deducciones en Nafarroa son de un 30 %, pero no solo eso, sino que además son progresivas, porque para las rentas más bajas, hay un 35 % de deducciones. Y, sin embargo, los híbridos enchufables tienen unas deducciones muy diferentes y mucho más bajas, acordes también con ese principio de quien contamina paga, que son de un 5 y de un 10 % para las rentas bajas. También las deducciones por instalación de puntos de recarga llegan hasta un 20 %. Todo esto está funcionando y no todo se ha aplicado en este real decreto. En definitiva —‌no me quiero extender—, entendemos que todo es muy mejorable, porque es verdad que con este formato en el que llegan las cosas se está impidiendo que esto se haga mejor. En cualquier caso, también le diré que, aunque no estemos del todo de acuerdo en cómo ha venido, preferimos estar teniendo este debate que no aquel al que se nos está obligando en la Comunidad Autónoma vasca, donde se está empezando a volver a subvencionar vehículos alimentados por gasolina y gasoil después de seis años de haberse declarado la emergencia climática. Besterik ez. Eskerrik asko. Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

Moltes gràcies, president. 77 dies. Han hagut de passar 77 dies des que vostè va veure no convalidat el reial decret òmnibus fins que avui el torna a portar aquí. 77 dies per tornar a portar una proposta que bàsicament no canvia en res substancial del text anterior. 77 dies, per tant, per res, i per tant, si no fos perquè ho estem vivint en primera persona, semblaria impossible que el govern hagi perdut tants mesos per tornar a portar el mateix reial decret. Però de fet, això serveix molt bé per il·lustrar perfectament el seu govern. Primer, un govern feble que perd votacions clau, que ha de retirar punts de l’ordre del dia o ha de tornar a portar a votació temes per no negociar, com ha de negociar qui no té majoria absoluta. Segon, un govern insensible, insensible amb el patiment de la gent. Vostès són capaços, com a govern, de prioritzar ingressar el màxim possible a través dels impostos quedant-se bona part dels augments salarials i de les pensions de la gent per culpa de no flectar l’IRPF. Insensible a més a més, fins a extrems inimaginables. El seu és un govern que pas d’impedir, per exemple, que es destinin els recursos necessaris per la llei ELA quan saben que aquests recursos són essencials per a tot un col·lectiu pel qual cada dia, cada hora, cada minut, compta. Com s’atreveixen com a govern a regatejar vilment amb els diners que fan falta per desplegar la llei ELA que va aprovar aquest hemicicle gràcies, entre d’altres, de Junts? I tercer, un govern empresofòbic que no és capaç d’entendre com impacten les seves decisions, com aquesta d’avui, de les ajudes a la mobilitat elèctrica en els diferents sectors empresarials i, de retruc, en els propis ciutadans. Agafem aquest reial decret que avui es convalida. Al perdre quatre mesos amb aquest reial decret, vostès han posat en risc el sector de l’automoció i totes les empreses que desenvolupen la seva activitat en aquest àmbit. Durant mesos, els dubtes i les incerteses s’han estès. Milers de ciutadans han decidit no comprar un cotxe perquè no hi havia cap garantia que pogués després accedir a les ajudes. I vostè em dirà que això està resolt amb el reial decret actual. I és cert. Les ajudes són retroactives i de la mateixa quantitat que abans. Però el temps és irreversible i les pèrdues econòmiques i d’oportunitat, de seguretat i de prestigi del producte pels concessionaris i pels fabricants de vehicles, en bona part són irrecuperables. Però el despropòsit de la gestió del govern va molt més enllà. Avui hauríem d’estar aprovant el MOVES IV. El MOVES III havia d’estar vigent només fins a finals del 2024, moment en que s’havia d’entrar en vigor al Pla MOVES IV, el qual havia de millorar significativament l’actual. Però com en moltes altres coses que vostès gestionen, va arribar el desembre i ningú en sabia res del MOVES IV. Així que van utilitzar el desafortunat reial decret òmnibus per prorrogar el pla anterior fins a mitjans del 2025. Perquè llavors sí que tindríem el pla MOVES IV. Què ha acabat passant? Doncs que en la línia de la debilitat del seu govern que li deia abans, avui, en lloc de portar a aprovació el Pla MOVES IV, ens acabem trobant una nova pròrroga de l’antic fins a final d’any. Tot plegat, un veritable despropòsit.

Un despropòsit que es va repetint en diferents aspectes d’aquest reial decret, senyora ministra. Fixin-se: un despropòsit des del punt de vista de la tramitació. Els papers, les gestions a realitzar, els tràmits a superar són tant complicats i carregosos que sovint semblen més dissenyats per fer abandonar al ciutadà que no pas per incentivar-lo a aconseguir l’ajut. Per què no miren el que fan altres països? Per què no permeten, com ells, que la gestió de les ajudes les puguin fer els mateixos concessionaris? Un despropòsit també des del punt de vista del cobrament. Tu paga pel davant el cost del vehicle, assumeix primer el preu de l’ajuda i espera després el temps amb una mica de fortuna: només 18 mesos per recuperar aquest cost de l’ajuda. A Catalunya hi ha 30 000 persones esperant la resolució dels ajuts. A Catalunya només han cobrat el 20 % dels cotxes comprats i el 23 % dels punts de recàrrega instal·lats. De veritat que no ho podien fer millor? De nou, per què no miren el que fan els altres països? Per què no fan com ells i permeten que el preu ja estigui descomptat en la venda del cotxe i el concessionari recuperi l’ajut directament i en poc temps des del govern?

I finalment, un despropòsit des del punt de vista ètic. I m’explico. Aquestes ajudes es financen amb fons europeus per agilitzar la transició cap a una mobilitat més sostenible. Fins aquí cap problema. Però atenció: quan un ciutadà rep l’ajuda per la compra d’un vehicle o col·locar un punt de recàrrega, ha de declarar aquesta ajuda com un ingrés en la declaració de l’IRPF, que a més a més, li cotitzaran el tram marginal, el que paga el percentatge més alt i per tant, vostès es queden una part dels diners de l’ajuda mitjançant l’IRPF, una part important d’un percentatge molt alt. Vostès es queden una part dels fons europeus que haurien de ser ajudes pels ciutadans. Un cop més, vostès quedant-se injustament els diners dels ciutadans fent negoci, fent caixa amb les ajudes europees aprofitant guanyar diners, senyora ministra amb la transició ecològica. És tal el despropòsit que faria riure si no fos que la situació és per plorar.

I podríem seguir allargant la llista de despropòsits parlant del retard en el desplegament dels punts de recàrrega, on només s’han instal·lat un 10 % dels punts que han d’estar operatius el 2030. Només 34 000 punts enfront dels 340 000 que fan falta. O bé, parlant també de que els vehicles elèctrics a Espanya són un 10 %, quan l’objectiu fixava un 25 %. Una pèssima xifra enfront del 25,4 % de França, el 28,2 % del Regne Unit, el 33,4 % Portugal o el 91 % de Noruega. Tot plegat, t’ho agafis per on t’ho agafis, un despropòsit. I no ho diem només nosaltres, que tot plegat és un despropòsit. El mateix president de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions i llavors president de la Seat, dimitia fa uns mesos per, cito literalment, «la inacció del govern de l’Estat en favor de l’electrificació». Com deia abans, tot plegat del començament al final, un despropòsit.

Moltíssimes gràcies.

Muchas gracias, presidente. Setenta y siete días, han tenido que pasar setenta y siete días desde que usted asistió a la no convalidación del real decreto ómnibus hasta que hoy lo ha vuelto a traer aquí. Setenta y siete días para volver a traer una propuesta que básicamente no cambia en nada sustancial el texto anterior. Setenta y siete días, por lo tanto, para nada. Y si no fuera porque lo estamos viendo en primera persona, parecería imposible que el Gobierno haya perdido tantos meses para volver a traer el mismo real decreto. Pero, de hecho, esto sirve muy bien para ilustrar perfectamente su Gobierno. En primer lugar, es un Gobierno débil, que pierde votaciones clave, que tiene que retirar puntos del orden del día o que tiene que volver a traer a votación temas por no negociar como tiene que negociar el que no tiene mayoría absoluta. En segundo lugar, es un Gobierno insensible, insensible con el sufrimiento de las personas. Ustedes son capaces como Gobierno de priorizar al máximo posible los ingresos a través de los impuestos, quedándose buena parte de los aumentos salariales y de las pensiones de la gente por culpa de no deflactar el IRPF. Insensible, además, hasta extremos inimaginables. Su Gobierno es un gobierno capaz de impedir, por ejemplo, que se destinen los recursos necesarios para la ley ELA cuando saben que esos recursos son esenciales para todo un colectivo para el cual cada día, cada hora, cada minuto cuenta.

¿Cómo se atreven como Gobierno a regatear vilmente con el dinero que hace falta para desplegar la ley ELA que aprobó este hemiciclo gracias, entre otros, a Junts?

Y, tercero, es un Gobierno con fobia a las empresas, que no es capaz de entender cómo impactan sus decisiones, como esta de hoy de las ayudas a la movilidad eléctrica, en los diferentes sectores empresariales y, de rebote, en los propios ciudadanos.

Tomemos el real decreto que hoy se convalida. Al perder cuatro meses en este real decreto, ustedes han puesto en riesgo al sector de la automoción y a todas las empresas que desarrollan su actividad en este sector. Durante meses, las dudas y las incertidumbres se han extendido. Miles de ciudadanos han decidido no comprar un coche, porque no había ninguna garantía de que después pudieran acceder a las ayudas. Usted me dirá que eso se resuelve en el real decreto actual, y es cierto, las ayudas son retroactivas y de la misma cantidad que antes, pero el tiempo es irreversible. Y las pérdidas económicas de oportunidad, de seguridad y de prestigio del producto para los concesionarios y fabricantes de vehículos en buena parte son irrecuperables.

Pero el despropósito de la gestión del Gobierno va mucho más allá. Hoy tendríamos que estar aprobando el MOVES IV. El MOVES III tenía que estar vigente solo hasta finales de 2024, momento en el que tenía que entrar en vigor el plan MOVES IV, plan que debería mejorar significativamente el actual. Pero, como en otras cosas que ustedes gestionan, llegó diciembre y nadie sabía nada del MOVES IV. Así que utilizaron el desafortunado real decreto ómnibus para prorrogar el plan anterior hasta mediados de 2025, porque entonces sí que tendrían a punto el plan MOVES IV. ¿Qué ha terminado por pasar? Pues que en la línea de la debilidad de su Gobierno, como decía antes, hoy, en lugar de traer el plan MOVES IV para aprobarlo, nos encontramos con una nueva prórroga del antiguo hasta finales de año. En definitiva, un auténtico despropósito.

Y es un despropósito que se va repitiendo en diferentes aspectos del real decreto, señora ministra: un despropósito desde el punto de vista de la tramitación, los papeles, las gestiones a realizar, los trámites a superar. Son todos tan complicados y farragosos que muchas veces parecen más bien diseñados para que el ciudadano abandone que para incentivarle a conseguir la ayuda. ¿Por qué no miran lo que hacen otros países? ¿Por qué no permiten, como ellos, que la gestión de las ayudas la puedan hacer los mismos concesionarios? Un despropósito también desde el punto de vista del cobro: tú paga por delante el coste del vehículo, asume primero el precio de la ayuda y espera después el tiempo, con un poco de suerte solo serán dieciocho meses para recuperar ese coste de la ayuda. En Cataluña, hay 30 000 personas que están esperando la resolución de las ayudas. En Cataluña solo han cobrado el 20 % de los coches comprados y el 23 % de los puntos de recarga instalados. ¿De verdad que no lo podían hacer mejor? ¿Por qué no miran lo que hacen otros países? ¿Por qué no hacen como ellos y permiten que el precio ya se vea descontado en la venta del coche y el concesionario pueda recuperar la ayuda del Gobierno directamente y en poco tiempo?

Y, finalmente, es un despropósito desde el punto de vista ético, me explico. Estas ayudas se financian con fondos europeos para agilizar la transición hacia una movilidad más sostenible. Hasta aquí, ningún problema. Pero atención, cuando un ciudadano recibe la ayuda por la compra de un vehículo o para colocar un punto de recarga, tiene que declarar esa ayuda como un ingreso en su declaración del IRPF, que además le va a cotizar en el tramo marginal, el que paga el porcentaje más alto. Por lo tanto, ustedes se quedan una parte del dinero de la ayuda a través del IRPF, una parte importante, un porcentaje muy alto. Ustedes se quedan una parte de los fondos europeos que tendrían que ser ayudas para los ciudadanos. Una vez más, ustedes se quedan injustamente el dinero de los ciudadanos, haciendo negocio, haciendo caja con las ayudas europeas, aprovechando para ganar dinero con la transición ecológica, señora ministra. Es tal el despropósito que daría risa si no fuera porque la situación es para llorar.

Y podríamos seguir alargando la lista de despropósitos, hablando del retraso en el despliegue de puntos de recarga, donde solo se han instalado un 10 % de los puntos que tendrían que estar operativos en 2030, 34 000 frente a los 340 000 que faltan. O bien, hablando también de los vehículos eléctricos en España, que son un 10 %, cuando el objetivo fijaba un 25 %. Una cifra pésima frente al 25,4 % de Francia, el 28,2 % del Reino Unido, el 33,4 % de Portugal o el 91 % de Noruega. Todo eso, lo cojas por donde lo cojas, es un despropósito. Y no decimos solo nosotros que todo eso es un despropósito; el propio presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, y entonces presidente de SEAT, dimitía hace unos meses, por —c‌ ito literalmente— la inacción del Gobierno del Estado en favor de la electrificación. Como decía antes, todo ello, desde el principio hasta el final, un despropósito.

Muchas gracias.

Bon dia. Gràcies, president, ministra. Aquest reial decret era urgent. Fins ara, molta gent que volia fer el pas cap al vehicle elèctric es trobava en una situació d’inseguretat jurídica. No sabien si podrien accedir a les ajudes, si les ajudes es prorrogarien i això ha generat molta incertesa. I en aquest sentit celebrem que l’article 1 i 2 fixin la vigència, tal i com hem demanat Esquerra Republicana, que sigui a partir de l’1 de gener de 2025, perquè és una mesura molt positiva que dóna seguretat i claredat. Ara bé, siguem clars, perquè això no és un nou pla, és una ampliació del MOVES III i la realitat ens exigeix un MOVES IV amb cara i ulls pensat en el moment actual. Un pla que revisi les bases, que ampliï les quantitats i que posi el focus en el pla verd europeu i en la fabricació local, prioritzant els vehicles produïts a Europa per generar ocupació i valor afegit. També cal revisar el model de gestió. Ara mateix no veiem clar com s’assignaran els recursos per comunitats autònomes i això, generalment el que fa és generar colls d’ampolla. Són les comunitats qui han de justificar les ajudes, sovint amb poc personal i amb tràmits molt feixucs. Cal estudiar un model més àgil, per exemple, que siguin els mateixos concessionaris els que puguin gestionar directament les ajudes. Això ja s’ha fet i crec que donava bons resultats perquè simplifica molt el procés, sobretot a la ciutadania. Pel que fa a la disposició final primera, quan es defineixen els vehicles elegibles per a deduccions fiscals, insistim, senyora ministra, és hora de deixar enrere els híbrids endollables i les piles de combustible. Són tecnologies de transició i avui en dia ja no ens ofereixen una reducció real d’emissions en circulació urbana o autopista. Cal prioritzar els vehicles elèctrics purs perquè sí que són coherents amb els objectius climàtics i ambientals. I parlem clar sobre les ajudes. El Pla MOVES inclou dues línies. Unes ajudes directes a la compra de vehicles i punts de càrrega amb 400 milions transferits a les comunitats i una nova reducció de l’IRPF del 15 % per a particulars. Aquesta deducció, però, no és una solució real per a la majoria de famílies. Estem subvencionant un vehicle a qui realment se’l pot pagar i, en canvi, qui no es pot pagar un vehicle no hi pot accedir perquè un vehicle de 20 000 euros la diferència amb un de gasolina pot ser de 7000 a 10 000 euros, i hi ha famílies que no es poden permetre aquestes despeses. Això no es compensa amb una deducció fiscal, sobretot per a les rendes mitjanes i baixes. Reclamem més ajudes directes i més ràpides que no obliguin a esperar un any a la declaració de renda i que també incloguin els autònoms i petites empreses del sector del transport que són responsables d’una part rellevant d’aquestes emissions. I aquí, ministra, sí que li voldria posar el focus en les furgonetes d›última milla. Si volem ciutats netes, pacificades, saludables, cal ajudar econòmicament a substituir les furgonetes dièsel que fan aquest repartiment urbà. Aquestes furgonetes recorren centenars de quilòmetres setmanals en entorns urbans densos i emeten molt més del que sembla. És aquí on hem de prioritzar les ajudes perquè els transportistes d’aquestes furgonetes, generalment tenen una feina molt precària que amb prou feines arriben a final de mes i no es podran canviar una furgoneta si des de l’Estat no se’ls hi dona unes ajudes. I també cal incidir en la renovació de la flota més contaminant. Vehicles molt antics sense etiqueta ambiental que són altament ineficients i contaminants. Ningú vol tenir un vehicle antic contaminant. El qui en té és perquè no es pot permetre un altre vehicle. Doncs si volem una transició verda i justa, hem de posar els recursos allà on tenen més impacte ambiental i també aquest impacte social. El volum global de recursos, aquests 400 milions, no és suficient. No ho és en el context internacional que vivim. Els Estats Units imposaran aranzels del 45 % als cotxes europeus. Només al 2024 la Unió Europea va exportar vehicles gairebé per valor de 40 000 milions als Estats Units. Això genera un excés de producció a Europa que pot tenir conseqüències molt greus per al nostre teixit industrial si no hi ha una demanda interna forta. Hi ha milers de llocs de treball en joc, com per exemple el grup Volkswagen, que està en plena crisi. En aquest context, necessitem un MOVES IV amb ambició, amb visió industrial, amb múscul pressupostari que connecti consumidors i productors europeus de vehicles sostenibles. Fins a dia d’avui, els diferents plans mòbils només han contribuït a la compra de 140 000 vehicles, i això és una part molt petita del parc automobilístic d’uns trenta milions de vehicles a l’Estat. Per tant, aquestes compres són mínimes. L’Estat està lluny dels estàndards europeus. El 12 % dels vehicles venuts són elèctrics o híbrids endollables, molt per sota del 22 % de la mitjana europea o del 32 % que ara mateix tenen els nostres veïns de Portugal. I això no és només una qüestió de renta, és una qüestió de decisió política i de posar els recursos allà on cal. El senyor Sánchez diu que aquest pla és part de la resposta als aranzels, però és que no n’hi ha prou. No n’hi haurà prou amb aquest pla. No n’hi ha prou per al clima. No n’hi ha prou per a la indústria i no n’hi ha prou per a aquesta ciutadania que vol fer el pas cap a un vehicle elèctric, cap a una mobilitat neta. I ara mateix no se la pot permetre perquè aquestes ajudes no estan pensades per a les persones més vulnerables. Pensem que cal molt més i ens trobaran al seu costat per poder negociar aquest pla MOVES IV que pugui arribar ben bé a tota la ciutadania.

Gràcies.

Buenos días. Gracias, presidente. Ministra, este real decreto era urgente. Hasta ahora, muchas personas que querían dar el paso hacia el vehículo eléctrico se hallaban en una situación de inseguridad jurídica; no sabían si podrían acceder a las ayudas o si las ayudas se iban a prorrogar. Eso ha generado mucha incertidumbre y, en este sentido, celebramos que el artículo 1 y el 2 fijen esa evidencia, como habíamos pedido en Esquerra Republicana, y para que sea desde el 1 de enero de 2025, porque es una medida muy positiva que da seguridad y claridad. Ahora bien, seamos claros, porque esto no es un nuevo plan, es una ampliación del MOVES III, y la realidad nos exige un MOVES IV con cara y ojos pensado para el momento actual. Un plan que revise las bases, que amplíe las cantidades y que ponga el foco en el plan verde europeo y en la fabricación local, priorizando los vehículos producidos en Europa para generar empleo y valor añadido. También hay que revisar el modelo de gestión. Ahora mismo no vemos muy claro cómo se van a asignar los recursos por comunidades autónomas y esto generalmente lo que hace es generar cuellos de botella. Son las comunidades las que deben justificar las ayudas, muchas veces con poco personal y con unos trámites muy farragosos. Hay que buscar un modelo más ágil, por ejemplo, para que sean los propios concesionarios los que puedan gestionar directamente las ayudas. Eso ya se ha hecho y creo que dio buenos resultados, porque simplifica muchísimo el proceso, sobre todo de cara a la ciudadanía. En cuanto a la disposición final primera, cuando se habla de los vehículos elegibles para las deducciones fiscales, insistimos, señora ministra, ya es hora de dejar atrás los híbridos enchufables y las pilas de combustible. Son tecnologías de transición, y hoy en día ya no nos ofrecen una reducción real de emisiones en circulación urbana o autopista. Hay que priorizar los vehículos eléctricos puros, porque sí que son coherentes con los objetivos climáticos y ambientales. Y hablemos claro de las ayudas. El plan MOVES incluye dos líneas: unas ayudas directas a la compra de vehículos y puntos de recarga, con 400 millones transferidos a las comunidades, y una nueva reducción del IRPF del 15 % a particulares. Esta deducción, sin embargo, no es una solución real para la mayoría de las familias, porque estamos subvencionando un vehículo a quien realmente se lo puede pagar y el que no se lo puede pagar no puede acceder, porque la diferencia de un vehículo de 20 000 euros con uno de gasolina puede suponer 7000 euros, más o menos, y hay muchas familias que no se pueden permitir esto. Eso no se compensa con una deducción fiscal, sobre todo para las rentas medias y bajas. Pedimos más ayudas directas y más rápidas, que no obliguen a esperar un año la declaración de la renta y que sirva para todos los ciudadanos, para los que son responsables de una parte relevante de las emisiones. Aquí, ministra, le quería poner el foco en las furgonetas de última milla. Si queremos que sean limpias, pacíficas y saludables, tenemos que ayudar a sustituir las furgonetas diésel de gasoil que hacen reparto urbano. Estas furgonetas recorren cientos de kilómetros semanales en entornos urbanos densos y emiten mucho más de lo que parece. Y es aquí donde tenemos que priorizar las ayudas, porque los transportistas de estas furgonetas generalmente tienen un trabajo muy precario y llegan a final de mes con mucha dificultad. No van a poder cambiar la furgoneta sin más si el Estado no les da unas ayudas. También hay que incidir en la renovación de la flota más contaminante: vehículos muy antiguos, sin etiqueta ambiental, que son altamente ineficientes y contaminantes. Nadie quiere tener un vehículo antiguo y contaminante, el que lo tiene es porque no se puede permitir comprar otro. Entonces, si queremos una transición verde y justa, tenemos que poner los recursos allí donde tengan más impacto ambiental y también donde tengan ese impacto social. El volumen global de recursos, esos 400 millones, no es suficiente, no lo es en el contexto internacional en que vivimos. Los Estados Unidos van a imponer aranceles del 45 % a los coches europeos. Solo en 2024 la Unión Europea exportó vehículos por valor de 40 000 millones a Estados Unidos. Esto puede generar un exceso de producción en Europa que puede tener consecuencias muy graves para nuestro tejido industrial si no hay una demanda interna fuerte. Hay miles de puestos de trabajo en juego, como, por ejemplo, en el grupo Volkswagen, que está en plena crisis.

En ese contexto necesitamos un MOVES IV con visión industrial, con músculo presupuestario, que pueda conectar a los consumidores y a los productores europeos de vehículos sostenibles. Hasta la fecha de hoy, los planes MOVES solo han contribuido a la compra de 140 000 vehículos y esto es una parte muy pequeña del parque automovilístico, que es de unos 30 millones de vehículos en el Estado. Por tanto, estas compras son mínimas. El Estado está muy lejos de los estándares europeos. El 12 % de los vehículos vendidos son eléctricos o híbridos enchufables, muy por debajo del 22 % de la media europea o del 32 % que ahora mismo tienen nuestros vecinos de Portugal. Y no solo es una cuestión de renta, es una cuestión también de decisión política y de poner los recursos allá donde hacen falta. El señor Sánchez dice que este plan es parte de la respuesta a los aranceles, pero es que no hay bastante, no es suficiente con este plan, no hay bastante para el clima, para la industria, ni tampoco hay suficiente para esa ciudadanía que quiere dar el paso hacia un vehículo eléctrico, hacia una movilidad que sea limpia, que no se puede costear, porque estas ayudas no están pensadas para aquellas personas que son más vulnerables. Pensamos que hace falta mucho más, y nos encontrará a su lado para poder negociar el plan MOVES IV que pueda llegar realmente a toda la ciudadanía.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señorías, hoy convalidamos un real decreto imprescindible para seguir la senda de la descarbonización de la economía y conseguir así la neutralidad climática para 2050, objetivo central del Pacto Verde Europeo y objetivo vital para la humanidad para hacer frente a la emergencia climática. Tal y como recoge el real decreto, el sector del transporte representa el 32,5 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España, y, en concreto, el transporte por carretera supone por sí solo un 30 % del total de estas emisiones. Las altas concentraciones de CO2 en la atmósfera junto con el incremento del nivel del mar producen alteraciones en el clima, fenómenos meteorológicos extremos y eventos climáticos adversos, como las olas de calor, sequías e inundaciones, que a su vez impactan en los cultivos y en la biodiversidad, pero también en la economía y en otros aspectos sociales. Y hay un elemento del cambio climático que la extrema derecha tiende a ignorar, y es que el cambio climático afecta a la salud de la población. Hace pocos días, el director general de la Organización Mundial de la Salud calificaba la contaminación del aire como una de las mayores amenazas a la salud y al medio ambiente de nuestro tiempo. La contaminación atmosférica está vinculada aproximadamente a 62 000 ingresos hospitalarios urgentes cada año en España, lo que además representa un coste de más de 850 millones de euros anuales. La contaminación mata y la contaminación nos cuesta mucho dinero. De hecho, otro dato: gastamos 40 000 millones de dólares anualmente en comprar petróleo, 8000 de los cuales van a comprar petróleo a Estados Unidos. Autonomía estratégica también es dejar de invertir todos estos millones en quemar combustibles fósiles. (Aplausos). Por tanto, está claro, hay que acelerar la descarbonización del transporte y la electrificación de la movilidad, pero desde el Grupo Plurinacional SUMAR queremos ser claros. La sustitución de la flota de vehículos de combustión por vehículos eléctricos no es la única solución. La solución pasa por potenciar un transporte público sostenible y asequible que llegue a todos los rincones del país, facilitar la intermodalidad, impulsar modelos de transporte compartido y, sí, también la electrificación de la flota. El real decreto que debemos convalidar hoy es imprescindible para incentivar la sustitución de vehículos que queman combustibles fósiles y contaminan nuestros pueblos y ciudades. Por tanto, nuestro apoyo es claro y rotundo. Pero deberíamos mirar a nuestros vecinos lusitanos, como comentaba también el compañero de Bildu, que nos superan en número de venta de vehículos eléctricos, pese a tener menor renta. Portugal ha logrado que se produzca un cambio de comportamiento en los consumidores con un modelo de apoyo muy robusto. Algunas de sus claves: la primera, inmediatez y automatismo en la aplicación de las ayudas. Este real decreto avanza, pero el efecto incentivador de una ayuda se pierde si se percibe más de un año después de adquirir el vehículo, y esta es una reclamación frecuente en España, que se tarda demasiado en otorgar estas ayudas; por tanto, hay que acelerar la percepción de las ayudas.

La segunda: hay que extender las ayudas a los vehículos de empresa y para alquiler. Las empresas en España siguen comprando mayoritariamente vehículos de combustión interna.

Tercera, aumentar la disponibilidad de instalaciones de recarga. Vamos avanzando, como indicaba la ministra, pero en España disponemos de cuatro puntos de recarga por cada 100 kilómetros de carretera, mientras que Portugal tiene nueve. Otro dato, solo tres países de la Unión Europea: Países Bajos, Francia y Alemania, que cubren solamente el 20 % de la superficie de la Unión Europea, albergan casi dos tercios de todos los puntos de recarga de la Unión Europea. El otro tercio del total de cargadores se distribuye en los otros veinticuatro Estados miembros, cubriendo casi el 80 % del resto del territorio. Por tanto, nos tenemos que poner las pilas.

Cuarto, incluso más importante que lo anterior: debemos impulsar la creación de un sistema de recarga unificado que reduzca la fragmentación de plataformas de interoperabilidad. La recarga pública en España es de las más caras de Europa, hasta un 130 % más cara que en Portugal, lastrada en parte por la falta de interoperabilidad. De hecho, Portugal decidió desde el principio que solo habría un sistema de gestión de recarga, que sería llevado a cabo por una iniciativa pública denominada Mobi.E. La presencia y la planificación por parte del Estado en este caso han sido el motor de éxito y, una vez demostrado su funcionamiento, se ha privatizado. Por tanto, la limitada disponibilidad de recarga y el sistema fragmentado crean un mayor temor a la falta de autonomía que hay que atajar. Más posibilidades de recarga y un sistema unificado despejarían incertidumbres y trasladarían seguridad a la ciudadanía para incentivar su compra, y esta, a su vez, incentivaría la producción. De hecho, incentivar el consumo facilitando las compras de vehículos de cero emisiones es clave para la descarbonización del sector.

Pero también debemos impulsar la producción, como señalaba la ministra, y atraer inversiones para la fabricación de baterías y de nuevos modelos de vehículos electrificados, y consolidar el sector de la automoción en esta transición imprescindible y de una sola dirección (aplausos) —r‌ecordemos— hacia la transición verde justa, para un sector que en su conjunto representa el 10 % del PIB del país y da empleo a más de un millón de personas. Hay que impulsar la transformación del sector y aumentar su competitividad no solamente acelerando el despliegue de la infraestructura de carga, como ya hemos mencionado, sino también optimizando las cadenas de suministro de materias primas y baterías, reduciendo las cargas administrativas y abordando las necesidades de energía, así como las necesidades de formación en habilidades de los trabajadores y trabajadoras del sector.

La industria del vehículo eléctrico también intenta resolver el abastecimiento de los minerales necesarios para producir las baterías. De hecho, representan el 30 % del coste del vehículo eléctrico, siendo este uno de los grandes retos precisamente en este contexto de inestabilidad geopolítica. Para conseguir mayor autonomía estratégica hay que reforzar las políticas de I+D y desarrollar soluciones tecnológicas alternativas que puedan reducir la dependencia de materiales, cuyas perspectivas de suministro son inciertas. También hay que acompañar el desarrollo de las nuevas competencias profesionales relacionadas con el vehículo eléctrico, aprovechando las oportunidades que ofrece la nueva ley de Formación Profesional, y para ello es fundamental que se diseñe en el marco de la negociación colectiva y el diálogo social.

Termino. Los vehículos más viejos y que más emiten representan alrededor del 60 % del parque, mientras que los vehículos de emisiones cero apenas representan el 6 % del total. Estamos muy lejos de donde tenemos que llegar. Este real decreto impulsa la sustitución y transformación del parque de automovilístico, pero también hay que destinar recursos para mejorar e impulsar la producción del sector eléctrico y articular un modelo de movilidad sostenible y asequible para toda la población y que llegue a todos los rincones del país y a tiempo. Solamente así conseguiremos los objetivos climáticos de reducción de emisiones que nos permitan conseguir la neutralidad climática en 2050 y garantizar la supervivencia de la humanidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, ha dicho usted en su intervención que el plan MOVES III es una palanca para la industria. Parece, señora ministra, que conoce usted muy poco la industria del automóvil en España y en Europa, porque es exactamente lo contrario.

No sé si le han pasado mal los datos, si es usted la única que no conoce la realidad de la industria del automóvil en España y en Europa, o quizás todo lo contrario, o si es usted del grupo de los que juegan a ser los más listos de la clase, y me refiero a representantes socialistas y populares que están al servicio de los intereses de otros países. Señora ministra, ¿quién domina la industria del vehículo eléctrico a nivel mundial?, ¿qué país controla las materias primas necesarias para las baterías del vehículo eléctrico? Parece que, por ahora, ese grupo de listillos y traidores a sus respectivos países pueden estar tranquilos, porque la semana pasada la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que es la tiene que investigar estas causas de corrupción política, ha decidido no investigar a Huawei. Por tanto, por ahora, señorías, lamentablemente, parece que pueden estar muy tranquilos.

Señora ministra, la realidad es que el plan MOVES III incumple la neutralidad tecnológica que deberían tener las Administraciones públicas, ya que incentiva exclusivamente la adquisición de vehículos eléctricos y sus puntos de recarga. Esta falta de neutralidad tecnológica es una de las críticas más significativas no de VOX —q‌ ue también—, sino del informe Draghi sobre la competitividad de la Unión Europea con relación a la industria de la automoción, ya que ha provocado la pérdida de liderazgo —‌no es palanca que la ha hecho crecer, señora ministra, sino pérdida del liderazgo— de la industria automotriz europea. Se trata de una falta de neutralidad tecnológica consecuencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la descarbonización de la Agenda 2030, tal y como se explicita en el artículo 1.2 del plan MOVES III cuya prórroga para el año 2025 se pretende convalidar con este real decreto.

Y sigo con el informe Draghi, señora ministra. El sector de la automoción es un ejemplo clave de la falta de planificación de la Unión Europea al aplicar una política climática sin una política industrial. El principio de neutralidad tecnológica no siempre se ha aplicado en el sector de la automoción. El ambicioso objetivo de cero emisiones para 2035 conllevará, de facto, la eliminación gradual de las nuevas matriculaciones de vehículos con motores de combustión interna y la rápida penetración en el mercado de los vehículos eléctricos. Sin embargo, la Unión Europea no ha impulsado estas ambiciones de forma coordinada para transformar la cadena de suministro. Por ejemplo, la Comisión no lanzó la Alianza Europea de Baterías hasta 2017 para construir una cadena de valor de baterías en Europa, mientras que Europa, en su conjunto, está muy retrasada en la instalación de infraestructuras de carga. China, en cambio —‌insisto en que es el informe Draghi, no solo VOX—, se ha centrado en toda la cadena de suministro de vehículos eléctricos desde 2012 y, como resultado, ha avanzado con mayor rapidez y a mayor escala, y ahora está una generación por delante en tecnología de vehículos eléctricos en prácticamente todos los ámbitos, a la vez que produce a un coste menor. Las empresas europeas ya están perdiendo cuota de mercado, señora ministra, y usted habla de palanca de la industria europea. Están perdiendo cuota de mercado, y esta tendencia podría ser acelerarse a medida que se superen los cuellos de botella en los envíos. La cuota de mercado de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos en Europa aumentó del 5 % en 2015 a casi el 15 % en 2023, mientras que la cuota de los fabricantes europeos en el mercado europeo de vehículos eléctricos se redujo del 80 al 60 %, señora ministra. Insisto en que está lejos de ser una palanca; es todo lo contrario. (Aplausos).

En este contexto —‌sigo leyendo parte del informe Draghi—, si la Unión Europea no logra adaptarse rápidamente a este nuevo entorno competitivo, el sector de la automoción podría perder terreno un ritmo aún más acelerado. Según algunos expertos del sector, incluso más del 10 % de la producción local de la Unión Europea podría verse desplazado en los próximos cinco años. Supongo que sabrá hacia dónde se va a desplazar: precisamente a China, el país más contaminante del mundo. Los planes de descarbonización acordados por el Partido Popular y el PSOE en el ámbito europeo solo han servido para que la poco contaminante industria europea haya cerrado fábricas que se han abierto en la muy contaminante República Popular China. El secretario general de este Grupo Parlamentario VOX, el señor Figaredo, en la comparecencia del ministro de Economía de ayer recordó los casos de corrupción de parlamentarios socialistas y populares vendidos a los grupos de presión de China, Catar y Marruecos. Esa prostitución de sus responsabilidades como parlamentario es la única explicación plausible para que populares y socialistas hayan firmado y defendido el Pacto Verde que tanto ha perjudicado al campo y a la industria española y que tanto ha beneficiado al Partido Comunista chino, por cierto, aliado en España del Partido Popular desde abril de 2023 con la firma del memorándum de cooperación entre ambos partidos para, en palabras de la que era secretaria general del partido, la señora De Cospedal, afianzar la relación de amistad.

Por otro lado, la norma que se pretende convalidar hoy incentiva fiscalmente al vehículo eléctrico, cuyo precio es inalcanzable para las clases más humildes. Por tanto, se ayuda a quienes menos ayudas económicas necesitan. Señora ministra, ¿quién puede comprar un vehículo eléctrico?, ¿quién puede instalar un punto de recarga en el garaje de su casa? ¿Sabe lo difícil que es tener una casa y una casa con plaza de garaje? Señora ministra, ¿a esto llaman Gobierno de progreso en favor de los más humildes? (Aplausos). Son un auténtico fraude, señora ministra.

Votaremos en contra de la convalidación de este real decreto ley. Si se convalidase y se tramitara como proyecto de ley, VOX presentaría enmiendas para ampliar las ayudas de vehículos que no sean eléctricos, ampliando este tipo de ayuda para los españoles más humildes y para la industria del automóvil de España, una de las líderes mundiales. En VOX no queremos que nuestra industria se rinda a favor de la China comunista, queremos que nuestros fabricantes sigan siendo líderes mundiales y que los españoles tengan acceso a los trabajos que solo la industria puede proporcionarles y que fijan población y retienen el talento de nuestros jóvenes.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Moitas grazas, presidente. Bo día, señorías. Yo quisiera empezar haciendo un ejercicio de memoria con ustedes, porque en este mundo tan cambiante, en el que vivimos llenos de bulos y desinformación, se nos olvida con demasiada rapidez y frecuencia lo que votan los distintos grupos políticos en esta Cámara. Quiero hacer este ejercicio de memoria porque la hipocresía, la incoherencia y la mentira no deben quedar en el olvido. Los ciudadanos y las ciudadanas de este país tienen que ver con perspectiva cuáles son los posicionamientos políticos que obedecen a intereses tácticos y partidistas y cuáles son aquellos que favorecen y velan por sus intereses. Por eso, hoy quiero remontarme al pasado 24 de enero de este mismo año. Ese día el Pleno de esta Cámara recibía para su convalidación un real decreto lleno de importantes y protectoras medidas económicas y sociales y, una vez más, el Grupo Popular y VOX, en esta ocasión acunados por Junts, votaron en contra de los intereses de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Para colmo, el Grupo Popular, el mayor grupo de la oposición y que se dice a sí mismo ser un partido de Estado, intentó luego justificar ese voto de la manera más vergonzosa y marrullera: lo hicieron a base de bulos y tergiversaciones. (Aplausos). Pero la realidad más dura, señorías, es que votaron en contra de las medidas económicas, industriales y sociales contempladas en ese real decreto por puro interés táctico y partidista. Y así ocurrió, precisamente, con el MOVES III, un plan que se incluía en ese decreto: a ustedes no les temblaron las manos a la hora de votar en contra, aun sabiendo perfectamente que el impacto de su voto traería consecuencias nefastas al poner en riesgo proyectos industriales, el futuro de las plantas de producción de vehículos y miles y miles de puestos de trabajo de la industria del automóvil en nuestro país. Ustedes, señorías, votaron en contra de la gente. Afortunadamente, este Gobierno progresista, encabezado por el presidente Sánchez, no ha cejado en su empeño, porque ninguna persona, ninguna empresa y ninguna familia tiene que pagar las consecuencias de su tiranía política. A diferencia de ustedes, este Gobierno cumple: cumple con sus obligaciones, cumple con los ciudadanos y cumple con su palabra. Por eso, hoy volvemos a traer a convalidación esta prórroga del MOVES III, que es clave para el presente y para el futuro de nuestro país, la base para promover la movilidad eléctrica y el desarrollo de la infraestructura de recarga y fundamental para el sector y esencial para la transición energética. El programa se inició en el año 2021, como saben muy bien, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ―señorías del Partido Popular, ¿les suena?; es ese que ustedes intentaron boicotear en Europa―, y se ha ido ampliando en varias ocasiones en una clara apuesta del Gobierno por la movilidad sostenible y por el apoyo a este sector tan importante de nuestra economía. El MOVES III ha contribuido a la compra de más de 142 000 vehículos y a la instalación de más de 113 000 puntos de recarga. Si a esto le añadimos el MOVES Flotas y el MOVES Singulares, tenemos la instalación de 2800 puntos de recarga asociados a estas flotas y la renovación de más de 18 000 vehículos. Como explicaba muy bien la señora ministra, este MOVES III incluye, como saben, una dotación económica de 400 millones de euros más, lo que supondrá alcanzar más de 1735 millones, y se extiende, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, también en la deducción del 15 % del IRPF, cumpliendo así con el compromiso adquirido de retroactividad y sacando de la rueda el palo colocado por el Grupo Popular, por VOX y por Junts el pasado mes de enero. De hecho, señor Cruset, la pérdida de tiempo la provocaron ustedes con todo este retraso, y eso sí que es un despropósito.

Como les decía, este Gobierno cumple y ha venido adoptando medidas regulatorias, incentivos económicos, y, sobre todo, un marco adecuado para que la movilidad eléctrica se desarrolle y genere seguridad en el sector. Sigamos haciendo ese ejercicio de memoria para recordar que en el año 2018 se suprimía la figura del gestor de recarga, se establecía la obligatoriedad de puntos de carga en las estaciones de servicio de mayores ventas y también en los aparcamientos de acceso público. Además, la Ley de Carreteras simplificó el proceso de instalación de puntos de recarga y se eliminaron las licencias previas municipales, precisamente para agilizar este proceso.

Y el Gobierno sigue dando pasos firmes para lograr la modernización y la descarbonización del parque de vehículos en nuestro país. En 2024, el número de puntos de recarga de acceso público creció un 32 % y, de hecho, se instalan más de mil puntos de recarga pública al mes ―es importante el dato―. Por ese motivo, el Ministerio de Transición Ecológica encargó al operador del sistema la realización de un mapa de puntos de recarga para que los usuarios dispongan de información actualizada sobre su disponibilidad y ubicación ―por cierto, ya está disponible desde este mismo lunes―.

Todo esto, junto con el PERTE del vehículo eléctrico, dotado con más de 5000 millones de euros, como saben, está promoviendo una nueva cadena de valor y generando empleo y nuevos proyectos industriales en nuestro país. De hecho, España ya es líder en la fabricación de vehículos, con dieciocho fábricas que producen veinticinco modelos diferentes. Sin duda, la industria del vehículo eléctrico es uno de los sectores más dinámicos y con mayores perspectivas de futuro. Somos ya un país referente a nivel europeo en muchos aspectos, también en este, señorías de VOX, mal que les pese a ustedes, incluso diría que a pesar de ustedes, de su apoyo y sumisión a las políticas arancelarias de Trump y también a pesar de su negacionismo climático.

Señorías del Partido Popular, me dirijo a ustedes para decirles que seguiremos desmontando sus bulos y mentiras y sacando sus palos de la rueda de nuestra economía para seguir creciendo en bienestar social, para seguir creando empleo de calidad, para continuar protegiendo a las personas, a la clase media y trabajadora de nuestro país, y para proporcionar seguridad y confianza a nuestro tejido empresarial y productivo.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, una vez más trae a esta Cámara la aprobación de un real decreto ―el número 7― sin asumir la más mínima autocrítica, ni por el impacto real que está generando con los diferentes reales decretos, ni tampoco por la ausencia de las mejoras que les está demandando el sector. Además, en su intervención no ha sido capaz de concretar ninguna medida para actuar en el contexto actual provocado por la subida arancelaria de los Estados Unidos, a la que el plan MOVES ―no lo olvide― pretende ser una respuesta. En definitiva, ni autocrítica ni rectificación ni tampoco propuestas de mejora de competitividad industrial desde el punto de vista energético. Señora vicepresidenta, ha tenido usted un mal comienzo, se lo reconozco. Desde que ha asumido sus responsabilidades solo se la reconoce por su capacidad de generar inseguridad jurídica en los sectores regulados y en los sectores productivos. Le recuerdo que usted es la vicepresidenta que tomó la decisión política de retirar del Congreso de los Diputados la ley de comercio de derecho de emisiones que se estaba tramitando y que había aprobado la eliminación del impuesto de generación eléctrica. (Aplausos). Siento decírselo, señora vicepresidenta, pero, por mucho que sea legal, dice muy poco de su talante democrático y, sobre todo, ha generado una enorme inseguridad jurídica. Le recuerdo también que usted es la vicepresidenta que no atendió la demanda reiterada del sector durante el año 2024 para ampliar el plan MOVES ―ni plazos ni cuantías ni tampoco mejoras en la tramitación―. Le recuerdo la dimisión del presidente de ANFAC precisamente por el incumplimiento de los compromisos de su Gobierno. Y le recuerdo que usted es la vicepresidenta que, cuando el real decreto ley ómnibus decayó en enero de este año, fue incapaz de dar una respuesta inmediata; ha tardado tres meses, en los cuales el sector no sabía lo que iba a pasar; sencillamente no lo sabía. De nuevo, inseguridad jurídica. Dejen de lado la imposición y la censura y hablen de consenso y de diálogo.

Mire, por muy graves que sean las formas con las que actúan, lo más sorprendente es la indolencia con la que el Ministerio para la Transición Ecológica está tratando a la industria de la automoción en nuestro país y, por extensión, al resto de sectores productivos. Siguen, señora vicepresidenta, anclados en el pasado; ni el señor Draghi ha conseguido despertarles de su sueño verde. Le recuerdo que ustedes no son solo transición, son también industria, y que los sectores productivos están esperando a que despierten de su sueño y que actúen desde el realismo.

Señora vicepresidenta, sabe que el plan MOVES llega tarde, que es insuficiente y que, además, no responde a las necesidades industriales del sector. Por eso, le propongo un ejercicio teórico para imaginarnos entre todos cómo sería el plan MOVES si realmente ustedes actuarán desde una visión industrial. En primer lugar, tendríamos un plan MOVES en el cual los consumidores recibirían las ayudas en el momento de la compra, que es lo que tendríamos que estar convalidando esta misma mañana. (Aplausos). Sabe que las ayudas son insuficientes, y le doy un dato: la cuota de electrificación en España es del 14,3 %, 8 puntos por debajo de la media europea y muy lejos de países como Alemania, que la tienen en el 26 %. Pero, además, tendríamos un plan MOVES en el que se garantizaría una red de recarga en el territorio que diera confianza y servicio a los usuarios. Usted nos ha dado aquí una parte del dato, señora vicepresidenta. Son 113 000 puntos de recarga, sí, pero no ha dicho que solo el 44 %, 50 171, son de acceso público, y tampoco ha dicho que, de esos, 11 400 no están operativos. Por lo tanto, tienen ustedes 38 725, que suponen un 60 % de su objetivo para el año 2024. (Aplausos).

En segundo lugar, se darían cuenta de que el plan MOVES tiene una enorme relevancia para la política industrial de nuestro país. Todos los países están compitiendo por atraer la fabricación de vehículos automóviles y, mientras en China se está incrementando un 21 % la producción de vehículos automóviles, en España, la caída, señora vicepresidenta, es del 16 %. Sin incentivos a la innovación y sin un coste eléctrico competitivo no será posible darle al sector de la automoción la respuesta que necesita ni que seamos de verdad líderes en el conjunto de la Unión Europea y en el escenario internacional.

En tercer lugar, señora vicepresidenta, se darían cuenta, en este ejercicio, de que la neutralidad tecnológica tiene que ser un principio irrenunciable dentro de la transición energética. Lo es en Europa, pero, lamentablemente, por su política no lo es en estos momentos en España. Si ustedes salieran de los despachos, se darían cuenta de las enormes dificultades que tienen los consumidores para adquirir un coche eléctrico, por precio, por autonomía y por la falta de una red adecuada de infraestructuras de recarga en el territorio. (Aplausos). Por eso, señoría, nosotros, en el Partido Popular, pensamos que esta mañana tendríamos que estar convalidando en paralelo, señora vicepresidenta un programa renove que permitiera, al margen de ideologías, fomentar la compra de vehículos eficientes de cualquier tecnología. Porque se acabó el tiempo de los buenos deseos y de las buenas intenciones pensando que la neutralidad tecnológica no es el principio adecuado. Sabe que, además de luchar contra el cambio climático, que para ustedes todo lo justifica, también necesitamos reducir las emisiones, reducir la vida útil de nuestro parque ―ustedes la han incrementado en dos años, desde el año 2019, del 12,5 al 14,5― y una mayor seguridad vial para los usuarios.

Concluyo. Señora vicepresidenta, la industria no conoce de ideologías. Hoy esperábamos que usted viniera aquí a hablar de industria, y no lo ha hecho. El plan MOVES es mucho más que un plan de reducción de emisiones, es un instrumento de política industrial, y ustedes tienen la responsabilidad de adoptar medidas para dar certezas y competitividad al tejido productivo y al sector de la automoción. Sé que no es su campo, sé que no le gusta y sé que ustedes lo único que quieren es que decrezcamos desde el punto de vista industrial. Señora vicepresidenta, necesitamos una industria de automoción que dé esa respuesta. España ha pagado, también el propio sector productivo, y se lo digo con conocimiento de causa, durante mucho tiempo sus errores. Ahora su exvicepresidenta Ribera parece que ha renunciado a estos errores al asumir su cargo de comisaria. Seguramente deberían hacer una reflexión para ver si en España ustedes deberían dar también ese paso, porque ella ha descubierto que sí, que la energía nuclear es limpia y competitiva y permitiría que no se incrementaran los precios energéticos en España. (Aplausos). Y la señora Ribera ha descubierto…

La señora Ribera ha descubierto que sí, que la neutralidad tecnológica tiene sentido en un contexto de transición energética.

Señora vicepresidenta ―concluyo, gracias presidente―, el sueño sanchista es en realidad una ensoñación que está perjudicando enormemente al tejido productivo. Despierten de su sueño, porque el sector de la automoción y el sector industrial se lo agradecerán.

Nada más y muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, algunos puestos en pie).