Proposición no de Ley sobre el nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera.

Señor vicepresidente, los pueblos eligen a sus gobernantes. En ocasiones, sus gobernantes se erigen en verdaderos referentes para sus conciudadanos. Es el caso del expresident del Consell Insular de Ibiza y Formentera, Pere Palau, que nos ha dejado hoy. (Aplausos). El president Pere Palau no solo es un referente para nosotros, los miembros del Grupo Popular, que somos compañeros de militancia, sino también para miles y miles de ibicencos. Sirvan estas palabras, que estoy seguro de que muchas señorías comparten, como testimonio de reconocimiento, de consideración y también de pésame a sus familiares. (Aplausos).

Entrando en el debate, señorías, bajo el régimen que el sanchismo ha instaurado, ¿qué tiene que hacer una mayoría parlamentaria para que los acuerdos democráticamente adoptados en el Congreso sean cumplidos por el Ejecutivo? ¿Qué tiene que hacer una mayoría parlamentaria que aprueba leyes en el Senado y las trae al Congreso cuando la señora Armengol las mete en su congelador? ¿Qué tiene que hacer una mayoría democrática que ve que sus acuerdos y sus enmiendas aprobadas se cercenan en los textos legislativos que se publican en los boletines oficiales? ¿Qué tiene que hacer, señorías, una mayoría democrática en este país bajo el régimen en el que nos han convertido? (Aplausos). Que el Gobierno retire el mapa concesional estatal de transporte regular de viajeros en autobús y convoque la conferencia sectorial de transportes para debatir con los consejeros de las comunidades autónomas ese mapa —‌que es de lo que hoy trata esta proposición no de ley—, es una cosa que ya aprobó el Congreso de los Diputados en 2022 en una resolución consecuencia del único debate sobre el estado de la nación que el muy democrático señor Sánchez se ha dignado a celebrar. Por tanto, señorías, ¿qué tiene que hacer una mayoría parlamentaria en este país para que el Gobierno cumpla con lo que se acuerda en el Congreso de los Diputados? Ya acordó este Congreso que se retirara el mapa concesional y que se convocara la conferencia sectorial de transportes. ¿Qué parte de ese mandato no han entendido?

Lleva el Gobierno intentando recortar los derechos de movilidad de los ciudadanos desde hace más de tres años, el mismo tiempo que lleva contándonos milongas sobre la baja demanda, la eficiencia, la mejora de los tiempos, la rentabilidad, la eliminación de rutas. Pero no los hemos oído hablar de la despoblación. No los hemos oído hablar de los pueblos desconectados sin movilidad. Nunca los oímos hablar de la necesaria acción del Estado en la cohesión social y territorial de nuestro país. Ustedes a eso no se refieren nunca. Eso sí, si la parada es deficitaria, se la quitan de en medio, y si la parada es económicamente ventajosa, la dejan.

En este nuevo mapa concesional, que ya es viejo porque lo llevan dando vueltas desde hace cuatro años, todo son eufemismos y excusas para recortar 9305 paradas de autobús en nuestro país; para recortar 456 rutas en 1417 municipios de nuestro país; para recortar, afectando los derechos de más de 3 millones de pasajeros en nuestro país. Ustedes, señorías, pretenden dejar sin servicio de autobús a 126 municipios en Extremadura, 83 en Andalucía, 23 en Galicia, 346 en Castilla y León. Recortan las paradas de autobús un 90 % en la provincia de Palencia y un 77 % en Ávila ―que son los ejemplos más sangrantes― y lo hacen con el solo argumento de las rentabilidades.

Señorías el autobús es el medio de transporte colectivo regular más utilizado por los viajeros en España y una importante herramienta de cohesión social por su relevancia para aquellos usuarios que tienen menos renta, y todo eso, ustedes, en nombre del progreso y de la progresía, se lo cargan, señorías. (Aplausos). Lo hemos venido diciendo, lo han venido diciendo y reclamando los consejeros de las comunidades autónomas y han tenido la callada por respuesta.

El señor Puente es muy dicharachero para encubrir la corrupción del Gobierno, pero calla cuando se trata de hablar de los problemas directos de la gente, ya sea el caos ferroviario o el destarifo de este mapa concesional. El señor Puente es muy solícito con todo lo que le piden los poderosos a cambio de la silla de su jefe, pero ni se digna a contestar a las comunidades autónomas y prefiere hacer distingos entre españoles de primera y españoles de segunda. Este es el señor Puente. (Aplausos).

Señorías, retiren el mapa concesional y siéntense en la conferencia sectorial a dialogar. Concertemos una financiación estable y perdurable en el tiempo que alcance los 110 millones de euros anuales al menos, y abordemos también los demás problemas que tiene el sistema para que sea mucho mejor. Hemos de preservar el sistema concesional porque se garantiza la pública concurrencia y al tiempo lo hemos de hacer mucho más transparente con un sistema de subvenciones cruzadas entre los trayectos no rentables y los trayectos rentables. Hemos de mejorar el diseño de los pliegos de licitación eliminando barreras de la competencia. Hemos de licitar las concesiones caducadas, tienen ustedes caducadas más de la mitad de las concesiones que hay. Y hay que reforzar las obligaciones de transparencia de los operadores.

En fin, señorías, venimos hoy aquí, como vinimos en el año 2022, a proponer políticamente una solución que atienda el día a día de multitud de pueblos en nuestro país, que atienda a la España despoblada y dispersa, pero no solo eso…

Acabo, señor presidente, con su benevolencia. … que atienda a millones de personas que tienen en el autobús su única posibilidad de movilidad. Venimos hoy aquí, señorías, a pedir al Gobierno que escuche y atienda el diálogo, y que, si no sabe o no quiere, que convoque a los españoles y deje a la mayoría adoptar las decisiones. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyories, em permetran que comenci solidaritzant-me amb Miguel i Màrcia, de 72 anys, dues veïnes de Benimaclet que aquest matí han estat desnonades per un fons voltor que vol convertir la casa de tota la seua vida en un apartament turístic. Senyories, hem tornat a arribar tard. Els hem fallat. Urgeix que este congrés prohibisca la compra especulativa a fons voltor i empreses de cases al nostre país. Però, senyories, hui tenim un acord de mínims. Un acord de mínims que és satisfactori. I és que estem totes i tots d’acord que l’autobús és un servei públic col·lectiu que cal protegir des de les administracions públiques, i aquesta és, sens dubte, la clau de volta davant dels models liberalitzadors que defensa el mapa concessional per a protegir un servei públic essencial. Un mapa que, a més a més, busca fer atractiu l’ús de l’autobús. I és que, per exemple, una persona que l’agafe a Màlaga o Sevilla fins a València guanyarà dues hores i mitja cada trajecte. Però és cert que açò ha d’anar acompanyat per una interoperativitat que permeta que, per exemple, una veïna d’Escucha, a la conca minera turolenca, no haja de perdre tot el dia fent transbords d’ací cap allà. I és que el temps de les persones que viuen als pobles també té valor. I efectivament, com tot, quan s’obri un debat, la gent té por i incerteses. Però no ens fem trampa. El problema de finançament no és un problema d’aquesta llei. El problema de finançament és el problema d’un sistema de finançament autonòmic que ha fet fallida. I és que hui una valenciana percep 700 euros menys que una persona que viu a Cantàbria. Els valencians i les valencianes, malgrat ser un país empobrit, percebem 2000 milions d’euros cada any per a educació, sanitat, serveis socials, però també per a les rutes d’autobús. I això no és culpa de la llei de mobilitat sostenible. Senyories, reformen ja des del Partit Socialista el sistema de finançament. Però no ens fem trampes tampoc, no és suficient a reformar el finançament autonòmic. I és que per al nostre espai polític és fonamental que capgirem la prioritat inversora en les infraestructures del transport.

I és que saben per què la major part dels dies la gent arriba tard a treballar o a la universitat? Saben per què hi ha cancel·lacions? Saben per què anem de peu com sardines en llauna amb el sobaco al costat del nostre nas en un Rodalies? Sí, efectivament, per una qüestió senzilla, per les inversions històriques que s’han fet al nostre país. I és que mentre s’ha invertit 98 euros per usuari d’alta velocitat, escoltin bé, saben quant s’ha invertit en el Rodalies? 0,0035 en Rodalies al nostre país.

Són prioritats, però no les úniques. Senyories, troben lògic que en plena emergència climàtica, el ministre Puente faça com el senyor cosí de Rajoy i vulga ampliar ports i aeroports? Per a això, sí que hi ha diners. I també per a perdonar 4600 milions d’euros en impostos al sector de l’aviació. O per últim, probablement la contradicció més bèstia, i és que, mentre diem que la llei de mobilitat prioritza caminar, anar en bici, agafar el tren, després l’autobús o el taxi i finalment el cotxe privat, la realitat és que, sense comptar les deduccions fiscals, que això als de VOX no els semblen paguetes, només en el PERTE VEC hem destinat 3700 milions d’euros al cotxe o al Plan Moves IV, que s’amplia amb 800 milions d’euros als 1500 que ja tenien, més de 5000. Sí, senyories, hi ha 5000 milions d’euros per al cotxe privat, però som incapaços de trobar 110 milions d’euros per arreglar l’autobús al nostre país. Són prioritats i la llei de mobilitat sostenible és fonamental. Però si no va acompanyada per un canvi de la prioritat a invertir en Rodalies i en els autobusos, serà un autèntic fake.

Muchas gracias. Señorías, me permitirán que empiece solidarizándome con Miguel y Marcia, de 72 años, dos vecinas que esta mañana se han visto desahuciadas por un fondo buitre que quiere convertir la casa de toda su vida en un apartamento turístico. Señorías, hemos vuelto a llegar tarde. Las hemos fallado. Urge que este Congreso prohíba la compra a fondos buitre de casas en nuestro país. (Aplausos). Pero, señorías, hoy tenemos un acuerdo de mínimos, que es satisfactorio, y es que todas y todos estamos de acuerdo en que el autobús es un servicio público colectivo que hay que proteger desde las Administraciones públicas. Y esta, sin duda, es la clave ante los modelos liberalizadores que defienden el mapa concesional para proteger un servicio público esencial. Un mapa que, además, busca hacer atractivo el uso del autobús. Y es que, por ejemplo, una persona que lo coja en Málaga o Sevilla hasta Valencia ganará dos horas y media en cada trayecto, pero es cierto que esto tiene que ir de la mano de una interoperabilidad que permita que, por ejemplo, una vecina de la cuenca minera de Teruel no tenga que perder mucho tiempo en transbordos de aquí para allá. Y es que las personas que viven en los pueblos también tienen derecho y valor. De hecho, cuando se abra un debate, la gente tiene miedo a las incertidumbres, pero no hagamos trampa. El problema de financiación no es un problema de esta ley, el problema de financiación es el problema de un sistema de financiación autonómico que ha quebrado, porque hoy una valenciana percibe 700 euros menos que una que vive en Cantabria. Los valencianos y las valencianas, a pesar de ser un país empobrecido, perciben 2000 millones de euros para educación, sanidad y servicios sociales, pero también para las rutas de autobús. Y eso no es culpa de la Ley de Movilidad Sostenible, señorías. Reformen ya desde el Partido Socialista el sistema de financiación. (Aplausos). Pero no nos hagamos trampas tampoco. No basta con reformar la financiación autonómica, y es que para nuestro espacio político es fundamental que le demos la vuelta a la prioridad inversora en las infraestructuras del transporte. ¿Saben por qué la mayor parte de los días la gente llega tarde a trabajar o a la universidad? ¿Saben por qué hay cancelaciones? ¿Saben por qué vamos de pie como sardinas en lata con el sobaco al lado de nuestra nariz en cercanías? Sí, efectivamente, por una cuestión sencilla. Por las desinversiones históricas que se han hecho en nuestro país. Y es que mientras se han invertido 98 euros por usuario en alta velocidad —‌escúchenme bien—, ¿saben cuánto se ha invertido en cercanías? 0,0035 en cercanías en nuestro país. Es una prioridad, pero no es lo único, señorías. ¿Encuentran lógico que en plena emergencia climática el ministro Puente haga como el señor cosí de Rajoy y quiere ampliar puertos y aeropuertos? Para eso sí hay dinero. Y también para perdonar 4600 millones de euros en impuestos al sector de la aviación. Por último, probablemente la contradicción más bestia, y es que, mientras decimos que la Ley de Movilidad prioriza caminar, ir en bici, primero el tren, el autobús y el taxi y luego el coche privado, la realidad es que, sin contar las deducciones fiscales, que eso es algo que no le gusta mucho a VOX, solo hemos destinado 3700 millones de euros al coche, o en el Plan Moves IV, que se amplía en 800 millones de euros a los 1500 que ya teníamos en más de 100 000. Es decir, hay 5000 millones de euros para el coche privado, pero no somos capaces de encontrar 110 millones de euros para arreglar el autobús en nuestro país. Son prioridad, y la Ley de Movilidad Sostenible es fundamental, pero si no va de la mano de un cambio de la prioridad en invertir en cercanías y en los autobuses, va a ser un auténtico fake, una falacia.

Señorías, si hoy hay miedo y dudas en el cambio de modelo es porque, como ha defendido reiteradamente nuestro compañero Jorge Pueyo, demasiadas veces se impone una mirada centralista que excluye la realidad de las zonas despobladas y del mundo rural, haciendo que las familias allí sufran una injusticia porque no tienen garantizada la igualdad de oportunidades para acceder a la educación, a la sanidad, etcétera. Y, obviamente, nadie mejor que las comunidades autónomas para decidir qué frecuencias y dónde debe parar el autobús en su propio territorio. Pero cuando tomamos decisiones tenemos que ser conscientes de que todos no estamos igual de mal, y que no se pueden tomar desde Madrid, pero tampoco desde Valencia o Zaragoza. Y es que hoy Isabel, del Rincón de Ademuz, sigue sin poder ir con transporte público al hospital de Llíria porque no existe todavía.

Señorías, efectivamente, y con esto termino, nuestro grupo ha llegado a un acuerdo para que el Estado y las comunidades autónomas se sienten, dialoguen y acuerden dónde tiene que parar cada autobús para garantizar la igualdad de oportunidades y que desde el Estado se compense a aquellas comunidades autónomas que hoy lo tienen más difícil.

Senyories, hui fem un pas per a protegir l’autobús, per a fomentar el transport públic i per a lluitar contra el despoblament que genera injustícia al nostre país.

Moltes gràcies.

Señorías, hoy damos un paso para proteger el autobús, para proteger el transporte público y para luchar contra la despoblación que genera injusticia en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La política debería estar al servicio de los españoles tendría que mejorarles la vida y no complicársela y mucho menos arruinársela. Y con indignación veo en los últimos tiempos una teatral puesta en escena de partidos políticos a los que solo les preocupan sus intereses partidistas, asentados en la hipocresía y en la mentira.

Y esta tarde ha sucedido de nuevo. El representante del Grupo Popular ha instado al Grupo Socialista: Qué tiene que hacer una mayoría parlamentaria… A lo mejor el Grupo Popular debería pensar: qué puedo hacer yo con los votos que tengo en este Congreso y frenar toda la porquería ideológica que trae el Grupo Socialista (aplausos), y no ser el balón de oxígeno, que es lo que son continuamente en este Congreso, como cuando ―lo tengo que recordar― votaron a favor de la regulación masiva de quinientos mil inmigrantes ilegales, por ejemplo, o cuando no apoyaron a VOX cuando hablábamos de la ilegalización de Bildu.

Y hoy están muy preocupados, hoy dicen que están preocupadísimos por el mapa concesional. Para los que nos escuchan, el mapa concesional va a tener graves consecuencias. A sus señorías a lo mejor no les preocupa, porque quizás ni cogen el autobús, pero es que va a tener muy complicada la movilidad para ir al médico, para ir a trabajar o para ir a ver a sus padres quien viva en Soria, en Ávila o incluso en cualquier municipio de Málaga, y esto está pasando en el siglo XXI. (Aplausos). Y resulta que están muy preocupados, tanto que le dicen al Grupo Socialista que hay que ver, que con su mapa concesional ellos van a retirar más de nueve mil paradas, pero después bien que se sientan a negociar con ellos, porque ya lo ha hecho su representante de Castilla y León. ¿A negociar el qué? ¿Qué tienen que negociar con el Partido Socialista? (El señor Marí Bosó hace signos negativos). Sí, se ha publicado. (Aplausos).

Este mapa concesional publicado en 2022 que trae el Grupo Socialista va a eliminar la ruta en un 74 % de los municipios, eliminar la ruta en un 74 %. (Muestra un gráfico). Esto está publicado en la página web del ministerio. El Ministerio de Transportes, ese que tiene un líder a su frente que miente más que habla, como dice que van tan bien los trenes, igual también para él van muy bien los autobuses. Pero la realidad es que van a reducir paradas y van a desfavorecer la igualdad entre los españoles, porque según donde hayas nacido tendrás más o menos oportunidades para algo tan básico como es garantizar la movilidad por todo el territorio español, favorecer la cohesión territorial y luchar contra la despoblación (aplausos), y a este ministerio se le ocurre la genial idea de reducir paradas.

Al Grupo Popular, en esta iniciativa que trae al Congreso, le hemos dicho: ¡Ojo!, en vuestro primer punto decís que queréis borrar el mapa; sed más ambiciosos: paralizad la Ley de Movilidad Sostenible para garantizar la conectividad. Y dicen que no, que se quedan como están, que no aceptan nuestra enmienda. También les hemos dicho que lo paralicen porque es necesario frenar esa despoblación a través de garantizar la movilidad, y tampoco aceptan la enmienda.

He oído hablar de derechos humanos en esta tribuna a los representantes del tiro en la nuca, vociferar la defensa de los trabajadores a quienes con su ideología los condenan al paro y a la miseria (aplausos), alardear de buenos gestores a los que solo gestionan las políticas de izquierda. Hoy se ha hablado en esta tribuna de la sanidad, y es calamitoso que en Andalucía, con su mayoría absoluta, el Partido Popular esté abandonando a enfermos y sanitarios, porque la media de espera para una intervención en Málaga es de 232 días y no hay pruebas diagnósticas y hay personas que se están muriendo por la falta de recursos. Esa es la Andalucía de Moreno Bonilla. (Aplausos). Y he escuchado al Grupo Socialista proferir feminismo, a aquellos que sueltan a violadores y que se gastan el dinero en prostitutas. Incluso he escuchado a Sánchez decir que su Gobierno no es corrupto cuando él es el ‘número 1’. (Aplausos).

Estamos cansados del saqueo fiscal, del problema del acceso a la vivienda, del problema de los okupas, de la inseguridad y la degradación de los barrios, de la falta de futuro para nuestros jóvenes y de las mentiras. La política debería ser trabajar por el bien común. La política debería garantizar la prosperidad y el bienestar de todos los españoles sin distinción de donde hayas nacido. La política debería ser un buen presente y un buen futuro para todos.

Finalizo diciendo que hay esperanza, hay esperanza y somos muchos los que trabajamos con honestidad y con mucho corazón. Y, créanme, llegaremos a reconstruir todo lo que están destruyendo: desde el mapa concesional hasta la economía o las cruces (aplausos), y llegaremos porque nos sobra fuerza y nos sobra corazón.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Desde luego, señoría del Grupo Popular, menudo papelón le ha tocado hacer hoy aquí. Es paradójico que su grupo le haya elegido a usted, que viene de la isla con la posible peor gestión de transporte público de este país (aplausos), con la concesión caducada desde 2008 y con sillas de playa en las paradas de autobús porque ni siquiera tienen paradas de autobús; es paradójico, señorías. Y ahora sí, vamos a hablar del mapa concesional, porque después del batiburrillo de VOX —‌que desde luego viene aquí a hablar de todo para no hablar de nada— es mejor comenzar con la intervención directamente y ni siquiera contestarles. Cuando vi esta iniciativa pensé que por fin el Partido Popular se había subido al autobús. Pero pronto se me terminó esa idea, porque me di cuenta de que se había subido al autobús, pero desde luego en dirección contraria de lo que quieren los españoles y las españolas. Sí, señorías, vuelven con una propuesta que está pensada para generar ruido, pero que no aporta ninguna solución; no aporta soluciones reales ni técnicas a un proceso que ante todo es necesario y muy importante. Llevamos más de una década con concesiones caducadas. Hablamos de concesiones de más de diez años; una situación que ustedes no solo permitieron, sino que no solucionaron cuando gobernaban, y ahora pretenden bloquear la tramitación, la modernización de un sistema con una PNL que parte de premisas erróneas y con una alarmante falta de rigor técnico. El mapa concesional tiene un objeto claro, que es mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad del transporte interurbano por carretera. No se trata de recortar servicios, señorías del Grupo Popular, como ustedes gritan a los cuatro vientos, no se trata de recortar servicios, sino de reorganizar la red para adaptarla a las necesidades reales de la movilidad de la ciudadanía, a los cambios demográficos y al desafío medioambiental que tenemos por delante. Y si algún objetivo tiene este mapa concesional, desde luego es garantizar la movilidad de la ciudadanía, el mismo objetivo que tiene la Ley de Movilidad Sostenible, es decir, crear un nuevo derecho que garantice la movilidad de la ciudadanía.

Ley a la que, por cierto, señorías del Partido Popular ―que traen aquí una iniciativa del mapa concesional pero luego no escuchan, porque están constantemente hablando― presentaron una enmienda a la totalidad y respecto de la que tienen que decir claro a la ciudadanía si de verdad ustedes abogan y apuestan por ella y por ese nuevo derecho de movilidad de la ciudadanía. Sean claros.

Hoy piden en su iniciativa retirar el borrador. Señorías, es un borrador, y un borrador es la base para iniciar unos trabajos. ¿No les parece ridículo pedir que se retire esta base? ¿O es que, directamente, no quieren trabajar? Además, es importante señalar que este borrador mantiene los corredores fundamentales y garantiza la vertebración territorial, y, sobre todo, lo hace con criterios objetivos, técnicos y, por supuesto ―una cosa muy importante―, con la continuidad en el trabajo, que se debe realizar con la implicación de todas las comunidades autónomas, ya que son las que conocen el territorio, y así ya están trabajando muchas de ellas. Lo que de verdad queremos el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno es que las líneas que puedan llevar a cabo las comunidades autónomas porque las conozcan mejor o las puedan hacer mejor las desarrollen y que el Gobierno de España las compense. ¿Dónde está el problema, señorías del Partido Popular? Lo que deben decir a sus comunidades autónomas, donde gobierna el Partido Popular, es que se pongan a trabajar, que realicen los estudios relativos a sus líneas, que empiecen a hacer alegaciones en un ámbito coordinado con el Ministerio y esa lealtad institucional de la que carecen.

Sin embargo, en lugar de eso, ustedes piden paralizar el nuevo mapa concesional, como si la alternativa fuese perpetuar un modelo obsoleto y poco eficiente, que no responde a las necesidades actuales de los usuarios. No podemos seguir dependiendo de una red basada en el siglo pasado. Digan claramente qué modelo es el que defienden exactamente. ¿Es el del abandono del transporte público en zonas rurales? ¿Es el de las concesiones eternas, sin concursos? ¿El de los recortes, bajo la etiqueta de racionalización, que ya aplicaron en su momento? La realidad es que ustedes hablan del mundo rural en el papel, pero ¿qué hacen cuando llegan al Gobierno? En mi tierra, durante los cuatro años negros de Cospedal y el Partido Popular, se dedicaron a cerrar escuelas rurales, a cerrar consultorios rurales y recortar servicios públicos, y, en transporte interurbano, redujeron todas las paradas y recortaron los descuentos tanto a jóvenes como a mayores. (Aplausos). Ese es su modelo, pero el nuestro es totalmente diferente. Desde el PSOE apostamos por un transporte público más moderno, intermodal, sostenible y adaptado al siglo XXI. Y vuelvo a poner como ejemplo mi comunidad autónoma, con el presidente García-Page y un proyecto con tan buena acogida y tantísimos usuarios como es el transporte sensible a la demanda en Campo de Montiel, un ejemplo claro del compromiso socialista con la movilidad en las zonas rurales. Esa es la diferencia entre la gestión de los socialistas y la del PP.

Por último, como ya ha comentado el compañero de SUMAR, hemos presentado una enmienda que habla de lo importante, de financiación, trabajo, diálogo y zonas rurales, y les invito a llegar a un consenso, porque, señorías del PP, con todo el respeto del mundo, la PNL sin esa enmienda es como una parada de autobús sin marquesina, no protege de nada y solo sirve para quedarse esperando, y el país no puede seguir esperando por sus rabietas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Obrigado, señora presidenta. No medio de toda a batería habitual de improperios, de insultos e descualificacións que conforman a campaña permanente do Partido Popular, parece que acharon tempo para unha cuestión que, vista por escrito, outra cousa é cando soben á tribuna, que resulta sensata e semella mesmo que deriva dunha preocupación xenuína pola mellora do servizo público de transporte por estrada que ofrecido aos usuarios e usuarias. O problema é como sempre no Partido Popular, a distancia entre o que predican na oposición e o que fan cando están no goberno. Porque prorrogar automaticamente concesións de transporte interurbano sen concurso, sen mellorías, non favorece nin ás persoas usuarias nin o servizo público. Saben a quen si favorece? Ás empresas de transporte que ven apuntalado o seu negocio. Pois iso é exactamente o que fixo o Partido Popular e o Señor Núñez Feixoó na Galiza nada máis chegar ao goberno: prorrogar por 10 anos as concesións, unha medida ilegal, ilegal. Non o di o BNG, dio a Comisión Nacional de Mercados e da Competencia, porque vulneraba o Regulamento comunitario 1370/2007 que entrou en vigor en decembro de 2009 e ratificouno o Tribunal Supremo que anulou a decisión do Señor Núñez Feixóo e do Partido Popular.

Infelizmente na Galiza xa estamos afeitos a que as actuacións en relación co transporte público as determinen as empresas, especialmente aquelas como Monbus, que teñen unha posición dominante e coas que existe unha permisividade cómplice en relación cos incumprimentos dos termos das concesións. Isto é o que vén denunciando o Bloque Nacionalista Galego no Parlamento da Galiza e mesmo, como fixo aínda recentemente o noso deputado Paulo Ríos, tendo que reclamar información sobre os contratos que están a ocultar até o extremo de que tivo que ser o Tribunal Superior de Xustiza da Galiza quen, no pasado 25 de febreiro, se pronunciase cunha sentenza clara que obriga á Xunta da Galiza a dar toda a información sobre contratos e expedientes sancionadores, neste caso en relación co grupo Monbus que, como dixemos, ten unha posición dominante no sector do transporte por estrada na Galiza.

E non son cuestións menores: en novembro do ano 2024 a Garda Civil puxo en funcionamento unha campaña de control de transporte escolar na Galiza, que deu como resultado que 60 %, nada máis e nada menos que 60 %, dos vehículos controlados incumprían a normativa. Cunha administración que ou non está a detectar os problemas ou probabelmente non os quere detectar. En fin, podería chegar como exemplo da preocupación real que ten o PP polo servizo público de transporte ás persoas usuarias mais aínda poderiamos acrecentar que neste caso da posíbel supresión de paradas no rural que na Galiza afecta a 23 concellos a unha poboación de 136 000 persoas, non manifestou o Goberno galego a máis mínima disposición a negociar co Goberno español a asunción do servizo para melloralo, loxicamente reclamando o financiamento adecuado, cuestión en que terían tido todo o apoio do BNG. Polo contrario, só utilizou como arma arreboladiza na súa estratexia partidista.

Mais imos á proposta porque ao BNG si que preocupa as posibles persoas afectadas e que manteñan non só o servizo, senón que o poidan ver mellorar. Tanto é así que desde 2022 temos presentado diferentes iniciativas, incluídas emendas á Lei de Mobilidade sustentábel ou a solicitude de comparecencia da naquela altura Ministra de Transportes para tratar o despropósito que implicaría deixar a xente sen servizo, especialmente en zonas rurais en que a existencia de servizos públicos, incluído o de transporte, é fundamental para fixar poboación e para manter e mellorar a calidade de vida e o benestar. Na súa respostas o Goberno alega, e hoxe escoitamos aquí a portavoz do PSOE, alega que o transporte en zonas rurais dentro de cada comunidade autónoma é competencia do goberno desa comunidade e que do que se trata nas conexións interurbanas interautonómicas e buscar a máxima calidade, sustentabilidade, eficacia nas comunicacións. Ben, non discutimos iso, o que si discutimos é que unha administración pública abandone un servizo sen se preocupar de dar continuidade, establecendo ademais ou facéndoo ademais, en función dun criterio que nunca debe ser fundamental cando se trata dun servizo público, neste caso o de transporte como é a rendibilidade.

Por iso defendemos que se retire a proposta, efectivamente que se retire esta proposta de mapa concesional até negociar con cada unha das comunidades autónomas que teñan que se facer cargo dos novos servizos, establecendo como é lóxico, o financiamento adecuado. Preguntaba a portavoz do Partido Socialista, cal é o problema? Pois o problema é que só 25 millóns para todo o Estado non é compensación, non é compensación para poder ter un servizo público de calidade e, a partir de aí, consensuar un novo mapa. Na Conferencia Sectorial de transportes. Vou finalizando, isto entendemos que é o que esixe unha preocupación xenuína polo servizo público de transporte interurbano que debe ser prestado ás persoas usuarias que o necesitan, como a que ten o BNG en relación coa Galiza e cos nosos concellos rurais. Moi lonxe, por certo, da demagoxia habitual do Partido Popular e do desleixo e da despreocupación do Partido Socialista no Goberno. Infelizmente estamos afeitos en que os partidos estatais a calidade de vida dos galegos e galegas lles importe entre 0 e nada. O BNG, coma sempre vai actuar con coherencia pensando só no que é mellor para o pobo galego, defendendo as nosas propostas e alternativas, ou tamén criticando medidas negativas e apoiando outras propostas que poidan ir na boa dirección, veñan de onde viñeren. Iso faremos tamén hoxe.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. En medio de toda la batería habitual de improperios, insultos y descalificaciones que conforman la campaña permanente del Partido Popular, parece que han encontrado tiempo para una cuestión, que hoy está por escrito ―otra cosa es cuando suben a la tribuna―, que incluso resulta sensata y parece que deriva de una preocupación genuina por la mejora del servicio público del transporte por carretera que se ofrece a los usuarios y a las usuarias. El problema, como siempre en el Partido Popular, es la distancia entre lo que predican en la oposición y lo que hacen cuando están en el Gobierno, porque prorrogar automáticamente concesiones de transporte interurbano, sin concursos y mejorías, no favorece ni a los usuarios ni al servicio público. ¿Saben a quién favorece? A las empresas de transporte, que ven apuntalado su negocio. Eso es exactamente lo que han hecho el Partido Popular y el señor Núñez Feijóo en Galicia nada más llegar al Gobierno, prorrogar durante diez años las concesiones, una medida ilegal; insisto, ilegal. No lo dice el BNG, sino la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque vulneraba el Reglamento comunitario 1370/2007, que entró en vigor en diciembre de 2009 y ratificó el Tribunal Supremo, anulando la decisión del señor Núñez Feijóo y del Partido Popular.

Lamentablemente, en Galicia estamos acostumbrados a que las actuaciones en relación con el transporte público las determinen las empresas, especialmente algunas como Monbus, que tienen una posición dominante y con las que existe una permisividad cómplice en relación con los incumplimientos de los términos de las concesiones. Esto es lo que denuncia el BNG en el Parlamento en Galicia, incluso como ha hecho recientemente nuestro diputado Pablo Ríos al tener que reclamar información sobre los contratos que están ocultando, hasta el punto de que fue el Tribunal Superior de Justicia el que el pasado 25 de febrero tuvo que pronunciar una sentencia clara que obliga a la Xunta de Galicia a dar toda la información sobre contratos y expedientes sancionadores; en este caso, en relación con el grupo Monbus, que, como hemos dicho, tiene una posición dominante en el sector del transporte por carretera en Galicia. Y no son cuestiones menores. En el año 2024 la Guardia Civil puso en funcionamiento una campaña de control de transporte escolar en Galicia que tuvo como resultado que nada más y nada menos que el 60 % de los vehículos controlados incumplían la normativa, con una Administración que o bien no está detectando los problemas o probablemente no los quiere detectar. En fin, podría servir como ejemplo de la preocupación del PP por el transporte público de las personas usuarias, pero podríamos añadir que en este caso sobre la posible supresión de paradas en el medio rural, que afecta a 23 ayuntamientos y una población de 136 000 personas, el Gobierno gallego no manifestó ni la más mínima disposición a negociar y asumir el servicio para mejorarlo, lógicamente reclamando la financiación adecuada, en lo que tendría todo el apoyo del BNG; al contrario, solo lo utilizaron como arma arrojadiza en su estrategia partidista.

Pero vayamos a la propuesta, porque al BNG no solo le preocupa que las personas afectadas continúen con el servicio, sino que también puedan verlo mejorado. Esto es así, y desde el 2022 hemos presentado iniciativas diferentes respecto a la Ley de Movilidad Sostenible, así como la solicitud de comparecencia de la ministra de Transportes en aquel momento que buscaba impedir ese propósito, que implicaría dejar a la gente sin servicio en zonas rurales, donde la existencia de servicios públicos, incluido el de transportes, resulta fundamental para fijar población y mejorar la calidad de vida y el bienestar. En su respuesta, la portavoz dice hoy aquí que el transporte en las zonas rurales es competencia del Gobierno de esa comunidad y que en las conexiones interurbanas se busca la máxima eficacia de las comunicaciones. No discutimos eso, pero sí que una Administración pública abandone un servicio, sin preocuparse de dar continuidad, y además haciéndolo en función de un criterio que nunca debe ser fundamental cuando hablamos de un servicio público como es el del transporte, esto es, la rentabilidad. Por eso defendemos que se retire la propuesta, sí, que se retire esa propuesta del mapa concesional hasta negociar con cada una de las comunidades autónomas que deben hacerse cargo de los nuevos servicios, y, como es lógico, estableciendo la financiación adecuada. Preguntaba la portavoz del Partido Socialista cuál es el problema, y es que 26 millones para todo el Estado no es compensación, no es compensación suficiente para tener un servicio público de calidad y a partir de ahí consensuar un nuevo mapa de la conferencia sectorial de transportes.

Entendemos que eso es lo que exige una preocupación genuina por el servicio de transporte interurbano que se debe prestar a los usuarios que lo necesitan, como es la que tiene el BNG con Galicia y nuestros ayuntamientos rurales, muy lejos de la demagogia habitual del Partido Popular y del descuido y despreocupación del Partido Socialista en el Gobierno. Lamentablemente, estamos acostumbrados a que a los partidos estatales les importe entre cero y nada la vida de los gallegos y gallegas. El BNG actuará con coherencia, pensando en lo que es mejor para el pueblo gallego y defendiendo las propuestas y nuestras alternativas, así como criticando las medidas negativas y apoyando otras que tengan buena motivación, vengan de donde vengan. Y eso haremos hoy también.

Muchas gracias.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Como hoy es mi primer día en el Congreso de los Diputados, quiero empezar diciendo que es un gran honor para mí, pero también un gran reto, ya que vengo a sustituir a Aitor Esteban, que me ha dejado el listón muy alto. Dicho esto, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley sobre un tema crucial para el bienestar de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, sin duda alguna una proposición no de ley sobre el nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte por carretera, un mapa cuyo objetivo es rebajar las tarifas y mejorar los tiempos de viaje, pero que también debería de ser el de mejorar la eficiencia y la accesibilidad de los servicios del transporte público, asegurando que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, independientemente de su ubicación, tengan acceso a un transporte fiable, seguro y también medioambientalmente sostenible, y, por lo tanto, debe estar alineado con los criterios que se establezcan en la futura ley de movilidad sostenible, que todavía está en debate y negociación, y, por tanto, sin cerrar aún. Vamos a tirar un poco de cronología. En mayo de 2022, el Ministerio de Transportes envía a las comunidades autónomas un borrador del mapa concesional estatal de los servicios de transporte público para regular por carretera, que, al parecer, no prospera, ya que dos años más tarde, en marzo de 2022, el ministerio publica una nota de prensa que dice: «Transportes diseña un nuevo mapa de concesiones de autobús para rebajar tarifas y mejorar los tiempos de viaje». Ya en abril de ese mismo año se reactiva el mapa, y un mes después, en mayo, tal y como relata el Grupo Popular, algunas comunidades autónomas solicitan al Ministerio de Transportes que convoque la conferencia sectorial de transporte, que se reunió por última vez en julio de 2022, cuando se debe convocar semestralmente. Según una publicación del ministerio en junio de 2024, Transportes negocia con las comunidades autónomas el diseño y el despliegue del nuevo mapa concesional de líneas de autobús, en una primera reunión con Asturias, Aragón, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Desconocemos si se han mantenido más reuniones con el resto de las comunidades autónomas, porque en octubre de 2024 el Grupo Parlamentario Popular presentó una moción para su debate en el Pleno del Senado exigiendo la convocatoria urgente de la conferencia de transportes para debatir, junto con los consejeros de transportes y movilidad sostenible de todas las comunidades autónomas, el nuevo mapa concesional. Creemos que es necesario acordar con todas y cada una de las comunidades la modificación del nuevo mapa concesional, pero teniendo en cuenta las principales variables del mapa actual y que, dentro de la balanza de estas variables, tiene que entrar también la sostenibilidad. Estamos de acuerdo con que se elabore una nueva propuesta, acordada con todas y cada una de las comunidades autónomas, en la que se establezca un marco estable y permanente de financiación, valorando, además de los aspectos ambientales que se deriven de la modificación del mapa concesional, que se encuadre el mapa dentro de la futura ley de movilidad sostenible. Eskerrik asko guztioi.

Presidenta, senyores i senyors diputats. Intentaré ser breu, però evidentment faré una intervenció de posicionament d’aquesta proposició no de llei. Nosaltres no hem fet esmenes a aquesta proposició no de llei i explicaré els motius. Però per començar, voldria posar en valor l’autobús com a eina de transport públic, eficient i sostenible. Ho dic perquè sovint, des de posicions ideològiques, per dir-ho amb cariño poc pràctiques, s’ha tendit a denigrar, a donar-li una càrrega negativa. L’autobús és una eina de transport més flexible que el ferrocarril, que s’adapta molt bé a determinada demanda. Quan tenim molta demanda i tenim ferrocarril, el millor és el ferrocarril; però quan no hi ha tanta demanda, el transport públic amb autobús dona un servei de qualitat. És molt més sostenible que el vehicle privat, ho són encara més els autobusos com més moderns millor, que és un tema del que n’haurem de parlar, de la transició energètica, de la sostenibilitat de l’autobús, perquè de moment no se’n parla gaire. Doncs és molt més sostenible, malgrat tot, dic que el vehicle privat.

És una bona eina per a zones amb una poca densitat de població i, per tant, escoltin el tren sí, bus no, no. Escoltin. Tren i bus, i més transport públic i més oferta de transport públic i més eficient.

La iniciativa parla del model concessional. Nosaltres som partidaris del model concessional. Ens sembla una bona eina i és una eina que, perquè sigui útil, al nostre mode de veure, s’ha de modernitzar i actualitzar. I aquí hi ha un primer punt de discrepància amb la iniciativa del Partit Popular. Escolti, l’actual model concessional és del segle passat. Això s’ha d’actualitzar. Això s’ha de posar al dia. És evident que sí. I se l’ha de fer més flexible i se l’ha de fer més atractiu. Això que es faci aquesta especulació i aquesta espècie de fal·làcia: «que no es tregui una parada d’autobús, és una agressió contra aquella gent». No, no es tracta d’agredir ni treure el servei a ningú. Però el que sí que és cert és que una línia d’autobús de molts quilòmetres i que tingui moltes parades no és atractiva i no és eficient. I el que té sentit és incorporar aquest sistema concessional que s’ha de modernitzar. Per exemple, el concepte de la intermodalitat, i que hi hagi la capacitat d’interconnectar el transport a la demanda, el transport urbà, amb les línies de llarg recorregut, amb les línies de mig recorregut, i que alhora es retroalimentin entre elles i que acabin fent una bona oferta de servei. I això no té per què anar, insisteixo, en detriment a la bona qualitat, al contrari, ha de servir per millorar aquesta qualitat de servei.

I, per tant, d’aquesta iniciativa, nosaltres estem en una cruïlla. Nosaltres votaríem tranquil·lament el punt tercer, el punt quart i probablement també el punt segon. Perquè el que sí que és cert que el que cal és dialogar i negociar amb les comunitats autònomes. Evidentment que sí. I cal acordar amb els territoris quines modificacions es fan del model concessional estatal. A Catalunya hi afecta relativament poc, també ho dic, eh, però s’ha de fer, aquest diàleg s’ha de fer. I en els casos en què hi ha hagut alguna discrepància a Catalunya, doncs s’ha dialogat i s’ha de fer. I també s’ha d’establir un servei de finançament, un mecanisme de finançament permanent i estable, eh? Molt en la línia del qual ha dit el representant del BNG, per exemple. Evidentment que sí. I que el que preveu actualment la proposta és totalment insuficient.

D’acord. Per tant, dialogar, negociar, acordar, finançar millor per modernitzar i fer més eficient i més atractiu aquest sistema de transport públic, sí. Si la proposta el que pretén és senzillament confrontar amb el Govern, parar la proposta, ficar-la en una paperera, que no serveixi de res, tornar a començar de zero, nosaltres no jugarem. No estem aquí per perdre el temps ni per fer perdre el temps a la gent i, per tant, nosaltres valorarem si votem en contra o ens abstenim. Si al final no s’accepta alguna de les esmenes que van en aquesta línia d’aprofundir el tema de la negociació i del diàleg, o si es vota conjunta i totalment amb una sola peça la iniciativa. Perquè clar, el primer punt és que es llenci la basura a la proposta i que es comenci de zero. Això no és modernitzar el transport públic ni afavorir el transport públic; això és aturar i paralitzar perquè sí. I aquí ja he dit que nosaltres senzillament no ens hi trobem còmodes. En canvi, jo dic que amb tots aquests altres punts nosaltres els podríem votar tranquil·lament i aleshores sí, anar més aviat tots plegats en la direcció de negociar per millorar el servei.

Gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Señores y señoras diputados, voy a intentar ser breve, pero, obviamente, haré una intervención sobre nuestro posicionamiento ante esta proposición no de ley. Nosotros no hemos presentado enmiendas a esta proposición no de ley, y voy a explicar los motivos, pero, para empezar, querría poner en valor el autobús como instrumento de transporte público eficiente y sostenible. Lo digo porque a menudo desde posturas ideológicas, por decirlo con cariño, poco prácticas se ha tendido a denigrar o a darle una carga negativa, cuando el autobús es una herramienta de transporte más flexible que el ferrocarril, que se adapta muy bien a determinada demanda. Cuando tenemos mucha demanda y tenemos ferrocarril, lo mejor es el ferrocarril, pero, cuando no hay tanta demanda, el transporte público en autobús presta un servicio de calidad y es mucho más sostenible que el vehículo privado, y lo es aún más cuanto más modernos son, un tema del que deberemos hablar, de la transición energética, de la sostenibilidad del autobús, porque de momento no se habla demasiado. Por tanto, es mucho más sostenible, a pesar de todo, que el vehículo privado y es una buena herramienta para zonas con poca densidad de población, de modo que tren sí y bus no, no; tren y bus y más transporte público y más oferta de transporte público y más eficiente. La iniciativa habla del modelo concesional. Nosotros somos partidarios del modelo concesional, nos parece una buena herramienta, y es una herramienta que, para que sea útil, a nuestro parecer, debe modernizarse y actualizarse, y ahí hay un primer punto de discrepancia con la iniciativa del Grupo Popular.

Escuchen, el actual modelo concesional es del siglo pasado y hay que actualizarlo, hay que ponerlo al día, es evidente que es así, y debe ser más flexible y atractivo. Acerca de que se muestre esa especulación y esa especie de falacia relativa a que no se quite ninguna parada de autobús, que es una agresión contra aquella gente, no, no se trata de agredir ni de quitar el servicio a nadie, pero es cierto que una línea de autobús de muchos kilómetros y que tenga muchas paradas no resulta atractiva y no es eficiente. Y lo que tiene sentido es incorporar a este sistema concesional, que debe modernizarse, por ejemplo, el concepto de la intermodalidad y que exista la capacidad de interconectar el transporte a la demanda, el transporte urbano con las líneas de largo recorrido, con las líneas de medio recorrido y que, al mismo tiempo, se retroalimenten entre ellas y acaben ofreciendo una buena oferta de servicio. Y eso no tiene por qué ir ―insisto― en detrimento de la buena calidad; al contrario, debe servir para mejorar esa calidad de servicio.

Por tanto, con esta iniciativa nosotros estamos en una encrucijada. Tranquilamente, votaríamos a favor del punto tercero, del cuarto y, probablemente, también del segundo, porque lo que sí es cierto es que hace falta dialogar y negociar con las comunidades autónomas, evidentemente, y hace falta acordar con los territorios qué modificaciones se hacen del modelo concesional estatal. En Cataluña afecta relativamente poco ―también se lo digo―, pero este diálogo debe llevarse a cabo; en los casos en los que ha habido alguna discrepancia en Cataluña se ha dialogado, y hay que hacerlo. Y también hay que establecer un servicio, un mecanismo de financiación permanente y estable, muy en la línea de lo que decía el representante del BNG, por ejemplo, evidentemente que sí, y que lo que actualmente prevé la propuesta es totalmente insuficiente. Por tanto, dialogar, negociar, acordar, financiar mejor para modernizar y hacer más eficiente y atractivo este sistema de transporte público. Pero, si lo que pretende la propuesta sencillamente es confrontar con el Gobierno, parar la propuesta, meterla en la papelera, que no sirva de nada, volver a empezar de cero, nosotros no vamos a entrar en ese juego, no estamos aquí para perder el tiempo ni para hacer perder el tiempo a la gente. Por tanto, valoraremos si votamos en contra o nos abstenemos si al final se nos acepta alguna de las enmiendas que van en esa línea de profundizar en el tema de la negociación y del diálogo o si se vota conjunta y totalmente en una sola pieza la iniciativa, porque el primer punto es que se tire a la basura la propuesta y se empiece de cero y eso no es modernizar el transporte público ni favorecer el transporte público, eso es parar y paralizar porque sí, y ahí ya digo que nosotros sencillamente no nos encontramos cómodos. En cambio, digo que en los demás puntos nosotros podríamos votar a favor tranquilamente y entonces, sí, ir todos juntos en la dirección de negociar para mejorar el servicio.

Gracias.

Gràcies, presidenta. Bona tarda. La proposició no de llei que ens porta avui el Partit Popular parla del servei de transport públic per carretera. Des del nostre espai polític, defensem un model integrat de mobilitat que permeti a la ciutadania utilitzar diversos models de transport: metro, autobús, autobús urbà, metropolitans, interurbans, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya... I tot això amb una visió unificada. Aquest és el model que realment fomenta l’ús del transport públic, perquè és transversal independentment del mitjà en què es porti. Catalunya presenta una realitat territorial, demogràfica i urbana radicalment diferent de la bona part de l’Estat. La nostra elevada densitat d’assentaments i una xarxa de municipis altament interconnectats exigeixen una planificació adaptada a dinàmiques metropolitanes i intermunicipals pròpies. Qualsevol reforma del mapa concessional estatal ha de reconèixer aquesta especificitat i, sobretot, ha de respectar les competències exclusives de la Generalitat en matèria de mobilitat. Catalunya té una àmplia experiència en la gestió dels serveis interurbans per carretera. Ho demostren iniciatives com el Bus Express o el transport a demanda, pensades per adaptar-se a la diversitat territorial. Incorporar nous serveis integrals gestionats des de la Generalitat permetrà corregir ineficiències del model actual i reforçar una xarxa pública de mobilitat més eficient, més equitativa i més coherent amb la realitat del país. Ara bé, avui volem expressar clarament el nostre posicionament des d’una mirada d’esquerres i amb una premissa irrenunciable: el transport públic no és una mercaderia i, per tant, no pot estar supeditat únicament a criteris de rendibilitat econòmica. El transport públic és un dret i ha de ser una eina essencial de cohesió social i territorial, i el mapa concessional ha de servir per planificar amb justícia, per garantir serveis essencials arreu del territori, especialment allà on el mercat no veu negoci per la gent que hi viu.

És per això que defensem un model planificat amb visió estratègica i pública. El mapa concessional actual presenta mancances greus, s’ha dit: concessions caducades, cobertura insuficient en moltes zones, freqüències que no permeten fer vida quotidiana i una desconnexió que impedeix una veritable intermodalitat.

No podem continuar acceptant, sota l’excusa de l’eficiència, que es deixin de prestar serveis imprescindibles per a la ciutadania. Rebutgem, per tant, una liberalització completa del sector, perquè sabem que la liberalització sempre perjudica els més vulnerables. Tanmateix, som conscients que hi ha espais on podria tenir sentit una competència regulada, sempre dins d’un marc de servei públic. Defensem, per tant, aquest model mixt amb serveis garantits allà on cal i amb certa competència regulada, allà on sigui viable, però sempre des de l’interès general i mai com a excusa per desregularitzar o precaritzar. En qualsevol cas, qualsevol modificació del mapa concessional estatal no pot suposar una centrifugació de responsabilitats econòmiques cap a les administracions autonòmiques o locals.

Finalment, és important recordar que les competències de l’Estat en matèria de transport públic es limiten als serveis de llarga distància i entre comunitats autònomes, i aquestes realment tenen una incidència molt limitada en la mobilitat quotidiana. Per això reclamem que la gestió de la mobilitat diària sigui plenament assumida per la Generalitat i els ens locals, que són els que coneixen de primera mà les necessitats reals de la ciutadania.

I per acabar, volem ser molt clars. No volem mapes fets des de despatxos de Madrid amb criteris purament economicistes. Volem mapes construïts des del territori, amb la veu de la ciutadania, els ajuntaments i els col·lectius socials. Només així podem construir un transport públic de qualitat que respongui als interessos del país i que serveixi de veritat per al bé comú. Senyories del PP, quan vostès van governar ho van fer fatal. El transport públic quan vostès van governar era fatalíssim. La gent no agafava el transport públic i ara parlen de regular el transport. Vostès no volen regular el transport públic. Vostès l’únic que volen és guanyar vots al partit de govern. Per això presentem una iniciativa que fins i tot, i ho celebrem, demanen diners per a les comunitats autònomes. Però si quan vostès governen no han sigut mai capaços de fer-ho, que venen a demanar ara?

Gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes. La proposición no de ley que nos trae hoy el Partido Popular habla del servicio de transporte público por carretera. Desde nuestro espacio político defendemos un modelo integrado de movilidad que permita a la ciudadanía utilizar diversos modos de transporte ―metro, autobús, autobús urbano, metropolitano, interurbano, tranvía, ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña―, y todo ello con una visión unificada. Ese es el modelo que realmente fomenta el uso del transporte público, porque es transversal, independientemente del medio en que se lleve a cabo. Cataluña presenta una realidad territorial, demográfica y urbana radicalmente distinta de buena parte del Estado. Nuestra elevada densidad de asentamientos y una red de municipios altamente interconectados exigen una planificación adaptada a dinámicas metropolitanas e intermunicipales propias. Cualquier reforma del mapa concesional estatal debe reconocer esa especificidad y, sobre todo, debe respetar las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de movilidad. Cataluña tiene una amplia experiencia en la gestión de los servicios interurbanos por carretera. Lo demuestran iniciativas como el bus exprés o el transporte a demanda, pensadas para adaptarse a la diversidad territorial. Incorporar nuevos servicios integrales gestionados desde la Generalitat permitirá corregir ineficiencias del modelo actual y reforzar una red pública de movilidad más eficiente, equitativa y coherente con la realidad del país. Ahora bien, hoy queremos expresar claramente nuestro posicionamiento desde una mirada de izquierdas y con una premisa irrenunciable: que el transporte público no es una mercancía y, por tanto, no puede estar supeditado únicamente a criterios de rentabilidad económica. El transporte público es un derecho y debe ser una herramienta esencial de cohesión social y territorial y el mapa concesional debe servir para planificar con justicia, para garantizar servicios esenciales en todo el territorio, especialmente donde el mercado no vea negocio por la gente que vive allí. Es por eso que defendemos un modelo planificado, con visión estratégica y publica. El mapa concesional actual presenta carencias graves ―ya se ha dicho―: concesiones caducadas, cobertura insuficiente en muchas zonas, frecuencias que no permiten hacer una vida cotidiana y una desconexión que impide la verdadera intermodalidad.

No podemos seguir aceptando, bajo el pretexto de la eficiencia, que se dejen de prestar servicios imprescindibles para la ciudadanía. Rechazamos, por tanto, una liberalización completa del sector, porque sabemos que la liberalización siempre perjudica a los más vulnerables. Sin embargo, somos conscientes de que hay espacios donde podría tener sentido una competencia regulada, siempre dentro de un marco de servicio público. Defendemos, por tanto, ese modelo mixto, con servicios garantizados allí donde sea necesario y cierta competencia regulada allí donde sea viable, pero siempre desde el interés general, y nunca como excusa para desregularizar o precarizar. En cualquier caso, cualquier modificación del mapa concesional estatal no puede suponer una centrifugación de responsabilidades económicas hacia las Administraciones autonómicas o locales.

Por último, es importante recordar que las competencias del Estado en materia de transporte público se limitan a los servicios de larga distancia y entre comunidades autónomas y que estas realmente tienen una incidencia muy limitada en la movilidad cotidiana. Por eso reclamamos que la gestión de la movilidad vial sea plenamente asumida por la Generalitat y los entes locales, que son los que conocen de primera mano las necesidades reales de la ciudadanía.

Para acabar ―pretendemos ser muy claros―, no queremos mapas hechos desde despachos en Madrid, con criterios puramente economicistas; queremos mapas construidos desde el territorio, contando con la voz de la ciudadanía, los ayuntamientos y los colectivos sociales. Solo así podremos construir un transporte público de calidad, que responda a los intereses del país y sirva de verdad al bien común. Señorías del PP, cuando ustedes gobernaron lo hicieron fatal. Cuando ustedes gobernaron, el transporte público era muy malo. La gente no cogía el transporte público, y ahora hablan de regular el transporte. Ustedes no quieren regular el transporte público, lo único que quieren es ganar votos al partido del Gobierno. Por eso presentan una iniciativa en la que incluso piden dinero ―y lo celebramos― para las comunidades autónomas. Pero, si cuando ustedes gobernaron nunca fueron capaces de hacerlo, ¿qué vienen a pedir aquí ahora?

Gracias. (Aplausos).