Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados relativa a la regulación del debate de política general sobre el estado de la Nación.

Gracias, presidente. Siete años, tres presupuestos; siete años, 156 decretos leyes; siete años, un debate de política general sobre el estado de la nación. Esta es la foto fija de la relación de Pedro Sánchez con la democracia parlamentaria (aplausos), incapaz de cumplir su deber constitucional de presentar unos presupuestos generales del Estado. ¿Recuerdan cuando en 2018 decía que un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no puede gobernar? ¿O cuando aseguraba que prorrogarlos era prorrogar los problemas de la gente? Abuso de los decretos leyes: ¿se acuerdan de cuando Sánchez le dijo a Rajoy que no se podía gobernar a base de decretos leyes y prometió limitar su uso? Pues bien, es el presidente del Gobierno que más ha utilizado esta figura, el único que ha aprobado más decretos leyes que leyes. (Aplausos). Resistencia a someterse al régimen de control de las Cortes Generales: como les decía, un debate del estado de la nación en siete años. ¿Recuerdan cuando Sánchez aseguraba antes de ser presidente que no daría la espalda a las Cortes y que gobernaría con el Parlamento, no contra el Parlamento, o que no habría vetos?, ¿lo recuerdan? Son algunas muestras de su desprecio a la democracia parlamentaria y de su natural tendencia al autoritarismo, pero también reflejo de su extrema debilidad y de su cobardía política para someterse a la fiscalización del Parlamento y a escuchar las propuestas de los grupos parlamentarios para tratar de encauzar su desgobierno. Señorías, España está sufriendo un Gobierno en una situación muy preocupante, con un proceso de erosión de la democracia sin precedentes: se desprecia al Parlamento, se quiere impedir la alternancia, se pretende controlar a la prensa libre y se ataca al Poder Judicial de manera constante, buscando su desprestigio para aminorar la gravedad de la corrupción en la que chapotea este Gobierno. Señorías, imponer la desigualdad ante la ley a través de normas arbitrarias, redactadas por los propios delincuentes en algunos casos, o querer someter a la justicia son patrones ajenos al Estado de derecho, propios de regímenes autoritarios. La rebaja de la malversación, la ley de amnistía o la ley Begoña, con la que se persigue la impunidad para el entorno político y familiar del presidente del Gobierno y la mordaza a los medios de comunicación imponiendo la censura, son realidades inéditas a las que tenemos que enfrentarnos con este Gobierno, algo que parecía impensable hace apenas siete años. Señorías del Grupo Socialista, no se puede gobernar sin el concurso del Parlamento, por mucho que lo pretenda Sánchez, ni puede hacer lo que quiera en la Cámara, como ya anunció en 2018: «Soy el presidente del Gobierno y haré lo que quiera en la Cámara». ¿Les suenan estas palabras? Mal que le pese a su ego, los Parlamentos son reflejo de la soberanía nacional, lugar en el que se contrastan ideas y programas ejerciendo una política seria.

El Grupo Parlamentario Popular considera imprescindible restablecer los valores democráticos que están amenazados por un Ejecutivo en precario y recuperar un sistema construido sobre el debate, no sobre las imposiciones; un sistema pensado para ciudadanos libres e iguales, no para compatriotas enfrentados por muros ideológicos. Apelo a todas sus señorías: ¿qué grupo puede oponerse a la celebración de un debate del estado de la nación y a tener la oportunidad de impulsar las propuestas de resolución? Debatir y proponer soluciones es la esencia del parlamentarismo. (Aplausos.―Varias señoras diputadas: ¡Muy bien!). Hay que devolver al Congreso esa idea de ser la casa de la palabra y para ello nada mejor que retomar la buena costumbre de celebrar anualmente este formato de debate de política general, como se hace en los países de nuestro entorno y como ya viene siendo práctica habitual en los distintos Parlamentos autonómicos. Tomen nota, por ejemplo, de cómo en Galicia, con la mayoría absoluta de Feijóo, se incorporó la obligación de celebrar el debate sobre el estado de la autonomía cada año. Señorías, en nuestra propuesta la única excepción para no celebrarlo sería unas elecciones o un suceso extraordinario. E igualmente incorporamos que el Gobierno tenga que informar a la Cámara del cumplimiento de las propuestas de resolución que se aprueben.

En 2021 el propio presidente Sánchez afirmó en una sesión de control que la celebración del debate del estado de la nación era buena para que España fuera recuperando la normalidad democrática y que eso era lo que iban a hacer los próximos años. Lástima que desde entonces solo se sometiera a ese debate en 2022. Estamos acostumbrados a que el Sánchez del pasado sea irreconocible por el Sánchez del presente. (Aplausos). Imaginamos que cuando el representante del Grupo Parlamentario Socialista suba a esta tribuna, en lugar de limitarse a apoyar una medida que es buena para fortalecer nuestro sistema democrático, utilizará el argumentario de Moncloa, es decir, las veces que el presidente Sánchez presume de haber comparecido en el Pleno de esta Cámara, pero no nos dirá que la práctica totalidad de las comparecencias que ha solicitado a petición propia lo han sido por obligación legal, es decir, para informar tras los consejos europeos o para solicitar las prórrogas de los estados de alarma. De hecho, la única comparecencia a petición propia sin esa obligación legal en la pasada legislatura fue sobre la invasión de Ucrania, y en esta legislatura ha sido sobre la catástrofe de la dana y de la riada casi un mes después de la tragedia, el 27 de noviembre. Por ello, creemos importante blindar la obligación legal de celebrar este debate, incorporándolo al Reglamento de la Cámara. Es sabido que fue el presidente González el primero en celebrarlo y que ha sido una buena práctica respetada por todos los Gobiernos que le sucedieron. Hasta Pedro Sánchez, claro, una muestra más de las anomalías democráticas que está generando este presidente. Como la negativa a aceptar las propuestas aprobadas por esta Cámara, ya sea mediante propuestas de resolución, proposiciones no de ley, mociones o, lo más importante, propuestas de leyes, singularmente las que provienen del Senado o del grupo mayoritario de la Cámara, es decir, del Grupo Parlamentario Popular. Es importante reiterar que la celebración del debate del estado de la nación conlleva la aprobación de propuestas de resolución, es decir, de un auténtico programa político; programa del que carece este Gobierno, porque, señorías, la investidura no fue un acto de normalidad democrática, sino la escenificación de un negocio, de una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder. (Aplausos). Y los pagos aplazados continúan venciendo: traspaso de competencias exclusivas, expulsión de la Guardia Civil, control de fronteras, quita de la deuda, etcétera ¿Qué nueva tropelía contra la Constitución vence próximamente? Los españoles ya conocemos el estado de su Gobierno, sin programa, sin presupuestos, sin dirección, sin rumbo y absolutamente dividido.

Este Gobierno ignora el estado de los españoles. Veamos: ¿hablamos del estado de la fiscalidad que soportan los trabajadores, las empresas y los autónomos? Asfixiante. ¿Hablamos del estado de la política de vivienda, sin una sola promoción pública del Gobierno, con la okupación y la inquiokupación arruinando a familias? Inexistente y alarmante. Hasta el Defensor del Pueblo se lo ha afeado. ¿Hablamos del estado de la educación en lo que atañe a las competencias del Gobierno con la nueva polémica entre universidades públicas y privadas, cuestionando la vicepresidenta Montero la profesionalidad de los médicos?

Preocupante. ¿Hablamos del estado de los enfermos de ELA? Esperando. ¿Hablamos del estado de las comunicaciones ferroviarias de Renfe? Caóticas. ¿Hablamos del estado de la justicia, soportando los pilares del Estado de derecho contra los antidemocráticos embates de este Gobierno? Resistiendo. ¿Hablamos del estado de la política de inmigración? Inexistente. ¿Hablamos del estado del futuro de los jóvenes? Frustrante. ¿Hablamos del estado de nuestros agricultores y ganaderos? La ruina. ¿Hablamos del estado de las instituciones del Estado? Anomalía democrática. ¿Hablamos del estado de la política exterior del Gobierno? Señorías, mejor ni hablamos. (Aplausos). Podríamos continuar, aunque ya se hacen una idea del estado de la nación.

De esto el Gobierno tiene la obligación de dar cuenta, de todos los asuntos que preocupan a los españoles, porque, señorías, España, como el resto de Europa, se encuentra en un momento histórico crucial. Asistimos a grandes cambios, donde posiciones que históricamente hemos considerado inalterables están siendo cuestionadas. Como nación, tenemos una enorme oportunidad de participar de modo activo y determinante en las decisiones que necesariamente habrá que adoptar en la política internacional y que van a configurar el futuro de Europa. Señorías, ¿no creen que en este momento histórico es imprescindible celebrar un debate, exigir respuestas al presidente sobre qué plan tiene y tener la posibilidad de ofrecer propuestas sobre los temas que nos afectan a todos y que nos preocupan, que ya he detallado muchos de ellos, pero también están la seguridad, la defensa, etcétera? Hay muchos, muchos, muchos temas. En el Partido Popular confiamos plenamente en la capacidad de nuestra nación para afrontar esos retos de los que depende en gran medida el futuro de las nuevas generaciones de españoles; una capacidad de salir adelante que requiere de unos gobernantes capaces, con un programa de gobierno claro que trabaje por el interés general y no por los intereses personales, familiares y políticos de sus dirigentes. (Aplausos). Un Gobierno por los mejores, no por los amigos o socios coyunturales para apuntalar a un presidente tambaleante. En definitiva, un Gobierno dispuesto a debatir, a exponer sus planes y a recibir propuestas.

Finalizo dirigiéndome al ausente presidente Sánchez. Se trata de recuperar la normalidad, la de: más Parlamento, más democracia. Si no es así, como dijo nuestro presidente Feijóo, sométase a las Cortes o sométase a las urnas.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

Muchas gracias, presidente. Arratsalde on, jaun-andreok. Buenas tardes, señorías. Debatimos la toma en consideración de una iniciativa para modificar el Reglamento de la Cámara, a fin de introducir en él la regulación de lo que hasta la fecha ha sido una costumbre parlamentaria, como es el debate anual de política general sobre el estado de la nación, que, aun sin haber revisión constitucional ni reglamentaria, fue introducido en la práctica de la Cámara en 1983, consolidándose como una costumbre constitucional y parlamentaria, con igual contenido, efectos y motivaciones año tras año, hasta nuestros días, con la excepción de los años en los que se han celebrado elecciones, o han pasado pocos meses desde el debate de investidura en el que se explicita el plan de gobierno para reclamar la confianza de la Cámara y es pronto para hacer balance, o cuando han pasado pocos meses desde la aprobación de una moción de censura ―como sucedió en el año 2018―, o en el año 2021 con ocasión, más o menos justificada, de la pandemia del COVID-19, o sin justificación alguna, como sucedió en el año 2017, siendo presidente el señor Rajoy, o el año pasado, en el año 2024, con el señor Sánchez en la Presidencia del Gobierno. Señorías, a fin de atajar rupturas sin causas de este uso parlamentario, que operaba hasta la fecha como una convicción política respecto de su obligatoriedad, según caracteriza la letrada de Cortes Cosculluela Martínez, viene a salir al paso esta iniciativa ahora debatida para su toma en consideración y que, ya adelanto, señorías, nuestro grupo votará a favor sin perjuicio de las enmiendas que, en su momento, consideremos oportunas. Una iniciativa que pretende la mutación de una costumbre parlamentaria en una norma escrita, en una regulación en el Reglamento de la Cámara, al modo, como ya consta y ya se ha dicho, de numerosos reglamentos de las Asambleas autonómicas y con el mantenimiento del contenido, efectos y motivaciones de los debates sobre el estado de la nación habidos hasta la fecha. Es decir, en el formato de comunicaciones previstas en los artículos 196 y 197 de nuestro Reglamento y que han servido de marco normativo en ausencia de regulación escrita, propiciando una comunicación del

Gobierno y un debate sobre la misma y unas propuestas de resolución y un debate y votación sobre las mismas, acerca tanto de las circunstancias y balances de la gestión habida por el Gobierno y de la acción y medidas que pretende promover de cara al nuevo periodo; debate de política general sobre el estado de la nación que se enmarca, señorías, tanto en la función de impulso y control de la Cámara y de su centralidad política, como también continuidad de facto de la relación de confianza del presidente con la Cámara, así como mensaje a la ciudadanía en su conjunto, ya que se emite por televisión, en directo y sin publicidad para todo el territorio por un canal de radio y a través de Internet, y por Radio Exterior y Televisión Internacional para seguimiento de los españoles en el extranjero, para que la ciudadanía en su conjunto pueda finalmente ejercer el control electoral, que es donde descansa, en definitiva, la limitación del poder, según expresión de Aragón Reyes. Señorías, ante esta iniciativa que pretende asegurar anualmente las funcionalidades descritas a través de la transformación de una costumbre en una regulación del Reglamento de esta Cámara, podría esgrimirse que, de facto, ya están aseguradas estas funcionalidades que les señalaba a través de las muchas sesiones informativas en las que el Gobierno comparece e informa a la Cámara sobre asuntos determinados, al amparo del artículo 203 del Reglamento y que, de hecho, se convierten en mini debates de política general. Pero, también hay que decirlo, nadie se atiene a lo obligado por el artículo 102 del Reglamento. Sin embargo, también es preciso señalar que estas llamadas comparecencias del Gobierno no contienen ni presentación ni votación de propuestas de resolución ni se inspiran en los grandes debates de investidura o de cuestión de confianza, como sí se inspira el debate sobre el estado de la nación por su innegable rol político anual. De ahí su gran cobertura mediática.

Voy finalizando, presidente. Señorías, a pesar de que la doctrina ha reflexionado negativamente sobre algunos aspectos de los debates del estado de la nación poco adecuados para el momento en que vivimos, como la duración de los tiempos de intervención, de la primera intervención del presidente y de los turnos de los grupos, el no dotar de mayor espontaneidad al debate en las réplicas y dúplicas, así como sobre el número de propuestas de resolución por grupo, porque las que se disponen resultan propiciar un debate en exceso tedioso ―todos aspectos sobre los que deberíamos reflexionar en esta Cámara―, es preciso señalar también la importancia del debate del estado de la nación, pues aporta un complemento y una visión general al conjunto de debates particulares y permite anualmente tener una orientación general del Gobierno y un balance de sus resultados, además de visualizar la centralidad de la Cámara y la confrontación de orientaciones sobre las distintas políticas públicas. Por todo ello, votaremos a favor de la toma en consideración de la iniciativa debatida.

Nada más. Gracias.

Gràcies, president. Bona tarda, senyories. Debatem en aquest punt la presa en consideració de la proposició del Grup Popular per reformar el Reglament del Congrés dels Diputats, amb la finalitat de regular i periodificar els debats de política general. Els Populars volen evitar que la manca de regulació constitucional i reglamentària serveixin d’empara al Govern i al president Sánchez per eludir la rendició de comptes amb aquesta cambra i amb l’Estat. El darrer debat de política general es va celebrar l’any 2022, o sigui, fa gairebé tres anys i, malgrat l’excusa de la concatenació de processos electorals, aquest és un balanç certament pobre per a qualsevol president; per a Pedro Sánchez, que fa més de sis anys que és al capdavant de l’executiu, evidentment, també. Per revertir aquesta situació, el Grup Popular ens proposa afegir al reglament d’aquesta cambra l’article 37 bis, per consolidar normativament la figura del debat de política general, per tal d’establir la seva periodicitat anual, a excepció dels anys d’eleccions generals i per fixar l’obligació del Gobierno de traslladar abans d’acabar l’any al Congreso l’informe de les actuacions dutes a terme per complir les resolucions aprovades en el debat. Al nostre entendre, i en bona part, aquest projecte és un brindis al sol; no per innecessari, perquè aquesta obligació de celebrar anualment aquest debat ja l’avalen els socialistes. Per això mateix ho van incloure com una de les mesures al Pla d’Acció per la Democràcia del Gobierno. Aquell anunciat ara aviat farà un any a bombo i plateret pel president Sánchez, no sé si ho recorden. Aquell pla anunciat després d’aquells dies d’aturada de la seva activitat i del seu tan poc democràtic amago de dimissió, només per condicionar les eleccions catalanes. En fi, senyories d›un costat i l›altre de la bancada, vostès decidiran com ho volen fer. Tots volen el mateix. En el fons, aquí un altre cop estan d’acord.

El cert és que, des del darrer debat de política general de juliol del 2022, hi ha coses que no han canviat. Mirin, llavors la nostra portaveu els recordava que el dèficit fiscal que patim a Catalunya és de 22 000 milions d’euros. Els recordava l’incompliment amb les inversions, no amb les quals ens correspondrien a Catalunya, pel nostre pes i pel que generem, sinó l’incompliment amb aquelles establertes per llei des d’aquí, aquelles a què l’Estat s’havia compromès i que, de forma recurrent quan es tracta de Catalunya, sempre queden per sota del 50 %. Així, una de les nostres propostes de resolució presentada en aquell moment per corregir l’infrafinançament, per revertir el percentatge d’execució de les inversions i per accelerar el traspàs d’infraestructures i serveis a la Generalitat, avui continua sent ben vigent. I com a exemple de llibre, doncs el caòtic servei de Rodalies i el seu fals i miserable traspàs.

Mirin, com els deia, ja decidiran com i quan volen fer els seus debats de política general, aquests que vostès mal anomenen de l’estat de la nació. Per cert, d’una nació artificial i artificiosa que no és la nostra. D’una nació que des de Junts ja els anuncio que no ens deixarem imposar. Els set vots de Junts a Madrid sempre estan al servei de la nació catalana i qualsevol debat en el qual participem i qualsevol acord al qual arribem el guia la voluntat d’esdevenir Estat. Un Estat que ens garanteixi el futur de Catalunya com un sol poble, un Estat que ens garanteixi els recursos suficients per fer les millors polítiques i oferir els serveis que ens corresponen en tots els àmbits, i un estat de drets i de deures que garanteixi el progrés de tothom. El seu debat de política general en aquesta cambra és el de l’estat de la nació. El nostre és el de la nació que vol ser Estat.

Moltes gràcies i visca Catalunya lliure.

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Debatimos en este punto la toma en consideración de la proposición del Grupo Popular para reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados con la finalidad de regular y periodificar los debates de política general. Los populares quieren evitar que la falta de regulación constitucional y reglamentaria sirva de amparo al Gobierno y al presidente Sánchez para eludir el rendir cuentas con esta Cámara y con el Estado. El último debate de política general se celebró en el año 2022, es decir, hace casi tres años, y, a pesar de la excusa de la concatenación de procesos electorales, este es un balance realmente pobre para cualquier presidente; para Pedro Sánchez, que hace más de seis años que está al frente del Ejecutivo, evidentemente también. Para revertir esta situación, el Grupo Popular nos propone añadir al Reglamento de esta Cámara el artículo 37 bis para consolidar normativamente la figura del debate de política general, para establecer su periodicidad anual, con excepción de los años de elecciones generales, y para fijar la obligación del Gobierno de trasladar, antes de acabar el año, al Congreso, el informe de las actuaciones llevadas a cabo para cumplir las resoluciones aprobadas en el debate. A nuestro parecer, y en buena parte, este proyecto es un brindis al sol, no por innecesario, sino porque esta obligación de celebrar anualmente este debate ya la avalan los socialistas. Por eso mismo, la incluyeron como una de las medidas del Plan de Acción por la Democracia del Gobierno, aquel plan anunciado pronto hará un año, a bombo y platillo, por el presidente Sánchez ―no sé si lo recuerdan―, aquel plan anunciado después de aquellos días de paro de su actividad y de su tan poco democrático amago de dimisión, solo para condicionar las elecciones catalanas. En fin, señorías de una bancada y otra, de un lado y otro de la bancada, ustedes van a decidir lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Todos quieren lo mismo. En el fondo aquí, una vez más, están de acuerdo. Lo cierto es que desde el último debate de política general de julio de 2022 hay cosas que no han cambiado. Miren, entonces nuestra portavoz les recordaba que el déficit fiscal que sufrimos en Cataluña es de 22 000 millones de euros. Les recordaba el incumplimiento con las inversiones, no con las que nos corresponderían en Cataluña por nuestro peso y por lo que generamos, sino el incumplimiento con las establecidas por ley desde aquí, aquellas a las que el Estado se había comprometido y que, de forma recurrente cuando se trata de Cataluña, siempre quedan por debajo del 50 %. Así, una de nuestras propuestas de resolución presentada en aquel momento para corregir la infrafinanciación, para revertir el porcentaje de ejecución de las inversiones y también para acelerar el traspaso de infraestructuras y servicios a la Generalitat, hoy continúa siendo bien vigente. Y como ejemplo de libro el caótico servicio de cercanías ―las rodalies― y su falso y miserable traspaso. Miren, como les decía, ya decidirán cómo y cuándo quieren hacer sus debates de política general, esos que ustedes mal llaman del estado de la nación. Por cierto, de una nación artificial y artificiosa que no es la nuestra, de una nación que desde Junts les anuncio ya que no nos vamos a dejar imponer. Los siete votos de Junts en Madrid están siempre al servicio de la nación catalana y cualquier debate en el que participemos y cualquier acuerdo al que lleguemos lo guiará la voluntad de convertirnos en Estado; un Estado que nos garantice el futuro de Cataluña como un solo pueblo; un Estado que nos garantice los recursos suficientes para llevar a cabo las mejores políticas y ofrecer los mejores servicios que nos corresponden en todos los ámbitos, y un Estado de derechos y deberes que garantice el progreso de todo el mundo. Su debate de política general en esta Cámara es el del estado de la nación, el nuestro es el de la nación que quiere ser Estado.

Muchas gracias y ¡viva Cataluña libre!

Gracias, presidente. Como decía Simone de Beauvoir, el diálogo es una de las formas más altas de libertad. En política ese diálogo cobra su máxima expresión en el debate democrático. Debatir es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Lo repetiremos muchas veces desde esta tribuna, casi como un mantra. Pero una cosa es decirlo y otra cosa muy distinta es practicarlo. Porque debatir no es solo hablar, es escuchar, es razonar, es tratar de llegar a acuerdos, es estar dispuestas a cambiar de opinión si los argumentos del otro son mejores. Hoy estamos aquí para hablar de algo más que de un trámite parlamentario. Estamos aquí para preguntarnos si de verdad creemos en la política como un instrumento de transformación, de justicia y de esperanza; si estamos dispuestos a asumir que la democracia no es un decorado, que no es una pose para las Cámaras, sino un compromiso real con la gente a la que representamos. Cuando debatimos si debe haber un debate anual sobre el Estado, la pregunta real no es si estamos a favor o en contra, la pregunta real es: ¿queremos realmente debatir sobre los grandes retos del Estado o vamos a seguir atrapados en la lógica del titular fácil y del enfrentamiento constante? Señorías, no podemos permitirnos perder más más tiempo. Vivimos tiempos difíciles, marcados por la incertidumbre, por la desigualdad y por el miedo. Ante eso necesitamos más política, no menos, pero necesitamos una política mejor, más valiente, más honesta, más útil. Podemos hablar del derecho a la vivienda, porque no es normal que haya familias enteras que no puedan pagar el alquiler mientras hay viviendas vacías, especulando con su valor. ¿Qué pasa con la ley de vivienda, señorías del PP? ¿Cuándo van a dejar de bloquearla en las comunidades en las que ustedes gobiernan? Podemos hablar también de economía, pero con nombres y apellidos, con la mirada puesta en las pequeñas empresas, en los autónomos y en los trabajadores que sostienen este Estado todos los días. ¿Vamos a seguir protegiendo a quienes más tienen o vamos a pedir de una vez por todas un esfuerzo a quienes pueden hacerlo? Hablamos del campo, de cómo las políticas de Trump, que algunos aquí aplauden, están poniendo en jaque a nuestros agricultores y ganaderos, o de cómo el neoliberalismo salvaje nos ha dejado sin industria, sin soberanía energética y sin herramientas para defendernos como país. Y ya que hablamos de defensa, hablemos de seguridad, pero no de la seguridad de los tanques y de las alambradas, sino de la seguridad que importa de verdad, la que da una sanidad pública fuerte, una educación de calidad, una pensión digna y una vivienda asequible. Esa es la seguridad que necesita la gente, que los discursos belicistas no nos alejen de la que consideramos la principal premisa: no hay seguridad posible sin una sociedad más justa y cohesionada. (Aplausos). Este es el pilar que evitará las intromisiones de potencias extranjeras en nuestra política doméstica. Señorías del Grupo Popular, tienen una responsabilidad histórica, y sé que lo saben, porque no todo vale por un puñado de votos, porque cuando se pacta con quien niega la violencia machista, el cambio climático o los derechos de los menores no solo se traicionan los principios democráticos, sino que se hipoteca el futuro de España. No se puede construir nada con quienes solo saben destruir, no se puede avanzar con quienes viven del enfrentamiento permanente, y lo digo con toda claridad: VOX no viene a debatir, viene a provocar, a sembrar odio y a gritar más fuerte para que no se escuche a nadie más. (Aplausos). Lo más peligroso es que ese estilo se contagia. Lo vemos cada día: más insultos y menos argumentos, más ruido y menos política. Así, señorías, no se construye, se destruye. España y Europa se encuentran en un momento histórico como pocas veces se ve. Los consensos que organizaron el mundo después de la derrota del fascismo en 1945 se desploman y este país, que pasó por una terrible dictadura y fue un país periférico en esas discusiones, hoy puede ser un actor central en el mundo, y muy especialmente dentro de Europa. Hablemos de eso, señorías, hablemos de nuestro destino compartido y de cómo ir aún más allá en aspectos estratégicos como la soberanía tecnológica, la profundización democrática, la independencia energética o el desarrollo de sectores estratégicos. Discutir y buscar consensos sobre esto, y no los clickbaits y los zascas, será lo que nos permita construir desde el disenso en una casa común. La gente está harta ―lo repito, harta― del teatro, del cinismo, de los discursos vacíos, y no les falta razón, porque cuando se banaliza el debate, cuando se grita más de lo que se escucha, cuando se convierte esta Cámara en un plató, lo que se rompe no es el diálogo, sino la confianza, y sin confianza no hay democracia. Pero esto tiene remedio, claro que lo tiene. Empieza por cambiar la forma en la que debatimos, porque en política no hay enemigos, hay adversarios. Las diferencias no nos debilitan, nos enriquecen; que disentir no sea una amenaza, sino una oportunidad.

Permítanme una reflexión final, y es que el feminismo tiene mucho que enseñarnos en esto, porque el feminismo no es solo una lucha por los derechos, es una forma de entender la política, una política de cuidados, de la escucha, del respeto, una política que entiende que convencer es más valioso que imponer, que el tono importa y que las formas también transforman. El feminismo nos recuerda que no hay cambio sin empatía, que no hay transformación sin efectos y que no hay una verdadera democracia si no somos capaces de escucharnos, de cuidarnos, de construir juntas y juntos desde la diferencia. Por tanto, sí, señorías ―y voy terminando, presidente―, debatamos, pero hagámoslo bien, con respeto, argumentos y humildad, porque cada palabra que pronunciamos aquí tiene consecuencias fuera, porque cada gesto, cada frase y cada silencio está construyendo o destruyendo la democracia que decidimos defender.

Termino con una apelación directa a todas sus señorías: estamos aquí no solo para ocupar escaños, sino para honrar la confianza depositada por la ciudadanía. Cada día que venimos a esta Cámara tenemos la oportunidad de hacer historia. Hagamos que valga la pena. Pongamos la política a la altura del pueblo que representamos, porque no necesitamos más ruido.

Necesitamos más responsabilidad y más diálogo. Muchas gracias. (Aplausos).

Con la venía, señor presidente. No me digan que no se nos está quedando un debate precioso. La portavoz del Partido Popular ha dicho que el Parlamento era el templo de la palabra, y en cuanto ha terminado de hacer uso de la palabra su grupo parlamentario ha salido de estampida rumbo a no sé dónde. (Rumores). Y la portavoz del Grupo Parlamentario SUMAR ha dicho que los ciudadanos estaban hartos de discursos vacíos y usted ha llenado el suyo de todo, absolutamente de todo menos de lo que tocaba hablar, que era de la de reforma del Reglamento. (Aplausos). Ha conseguido usted el logro nada sencillo de hablar durante siete minutos sin haber dicho absolutamente nada sobre la cuestión que nos traía hoy a colación y sin que el presidente le haya llamado al orden ni a la cuestión, por cierto. Bien, durante muchos años mis alumnos de la universidad me han escuchado explicarles lo que es una costumbre constitucional, y cada vez que lo he hecho he visto dibujarse en ellos la misma expresión de incredulidad propia de quienes diseñan su mente para trabajar en un sistema jurídico en el que las normas se hallan meticulosamente codificadas, perfectamente redactadas y la sanción a su incumplimiento es perfectamente determinable. Y cada vez he tenido que responder a la misma pregunta: ¿cómo se garantiza la obediencia de una regla constitucional si esta no está escrita, si su incumplimiento no trae aparejada una sanción igualmente clara? Cada vez que la he escuchado, he dado la misma respuesta: porque la fuerza vinculante de una costumbre constitucional deriva de su arraigo, de su cualidad de regla que todos sienten que es vinculante, de su continuidad, de su condición de práctica que ha superado el test del paso del tiempo y, cómo no, de la seguridad de que su vulneración traerá aparejada una sanción social, política, ética y mediática más grave que cualquier sanción penal o administrativa que pudiésemos imaginar. Y cada vez que lo he hecho he dado el mismo ejemplo: en Gran Bretaña no hay ninguna regla escrita que diga que el rey tiene que nombrar como primer ministro al líder del partido que ha ganado las elecciones, pero desde hace doscientos años eso es exactamente lo que sucede al día siguiente de que los británicos se citen con las urnas y a nadie se le ocurriría proceder de otra manera. Claro que esa explicación vale solo para aquellos países que se respetan a sí mismos y no para los que venden su soberanía al mejor postor; para aquellos que preservan sus tradiciones y no para los que juguetean con un proceso constituyente eterno; para aquellos que se toman en serio el Estado de derecho y no para los que se piensan que las leyes significan una cosa distinta cada legislatura; en fin, para aquellos liderados por auténticos hombres de Estado y no por oportunistas que por seis papeletas se aliaron con ETA. (Aplausos).

Señorías de la bancada socialista, ¿en cuál de estos dos escenarios que acabo de describir creen ustedes que estamos? A mí no me cabe ninguna duda de que si algún día estuvimos en el primero, gracias a ustedes nos hemos deslizado gradualmente hacia el segundo. Podría poner muchos ejemplos, pero me voy a conformar con el que hoy nos trae el orden del día. Verificado por primera vez en septiembre de 1983 y repetido en nada menos que veinticinco ocasiones durante los treinta y nueve años siguientes, sin otra excepción que los años en que hubo de celebrar elecciones generales, el debate sobre el estado de la Nación había acabado por convertirse en una arraigada costumbre parlamentaria, en una de esas escasas prácticas no sancionadas por el derecho en las que la reiteración de su puesta en práctica la habían acabado atribuyendo, a decir de Bárbara Cosculluela, letrada de esta Casa, un aura de tradición observada que ha acabado cristalizando en la convicción de su obligatoriedad. (Aplausos). Hasta que llegaron ustedes. En sus casi siete años al frente del Ejecutivo, su secretario general, Pedro Sánchez, tan solo ha convocado uno de esos debates, en el 2022, habiendo dejado pasar, primero, cuatro años, entre 2018 y 2021, y luego otros dos años más, entre 2023 y 2024, sin celebrarlo, haciendo de este modo añicos una práctica plenamente arraigada en nuestra vida parlamentaria, ampliamente seguida por la opinión pública, favorablemente valorada por la ciudadanía y ―quizá esto sea lo más lacerante― religiosamente seguida por presidentes del Gobierno de uno y de otro signo político. (Aplausos).

Ante semejante muestra de indolencia, cobardía, autoritarismo o desprecio hacia el Parlamento ―les dejo a ustedes que elijan el diagnóstico más acertado―, no cabe otra alternativa que encaminarse por la vía de la reglamentación, a fin de que la celebración del debate sobre el estado de la Nación deje de ser una costumbre constitucional seguida de buena gana por los distintos presidentes del Gobierno para que se convierta en una obligación legal de la que ningún sátrapa pueda escabullirse, que es lo que esta iniciativa del Partido Popular pretende. (Aplausos).

Señorías de la bancada Popular, podemos hablar respecto del qué, pero también deberíamos hablar respecto del cómo, porque igual que no tengo duda de que su proposición es bienintencionada, tampoco tengo ninguna duda de que, tal y como está redactada, es básicamente inofensiva. Ya sé que estamos en la fase de toma de consideración y que lo que se espera de los grupos intervinientes es que se decidan a dar luz verde a la tramitación y que ya habrá tiempo para debatirla y perfilarla en sucesivas etapas del procedimiento, pero seguro que conocen ustedes la expresión de que quien da primero da dos veces, y si ustedes piensan golpear de una manera tan timorata como lo han hecho en esta proposición, no se sorprendan si el señor Sánchez se les escapa vivo del ring, y estoy haciendo una simple metáfora.

La redacción de su iniciativa es manifiestamente mejorable, toda vez que es incompleta e inconcreta. No fija marco temporal alguno para la celebración del debate, permitiendo que el Gobierno la utilice o la fije a su conveniencia o incluso lo posponga tanto que devenga impracticable. Permite obviarlo en años electorales sin que haya una buena razón para hacerlo, cuando hay una distancia temporal entre la investidura y el debate. Deja pasar la oportunidad de regular la ordenación de una manera mínimamente precisa, optando por el socorrido expediente de remitirse a la regulación de un procedimiento parlamentario distinto, y no contempla fórmula alguna para verificar el grado de cumplimiento de los acuerdos suscritos en pasados debates.

La previsión contenida en su último punto de la propuesta, en el sentido de que el Gobierno deberá dar cuenta a las Cortes antes de que finalice el año corriente de su celebración de la implementación de los acuerdos adoptados en este debate, pierde todo sentido cuando la celebración del debate se podía realizar el 31 de diciembre. Es por ello que les puedo anticipar tanto que el Grupo Parlamentario VOX va a votar a favor de esta propuesta como que nuestro voto va a traer anejo un largo listado de enmiendas para su debate en comisión, debate que no me cabe duda de que se producirá, primero, porque esta proposición cuenta con el apoyo de los dos grupos de la oposición, y estoy seguro de que también contará con el apoyo de los dos grupos del Gobierno, pero no porque la idea de reformar el Reglamento de la Cámara para garantizar la celebración de este debate esté entre las treinta y una medidas…

Termino, señor presidente. … del Plan de Acción por la Democracia anunciado por la Moncloa, cosa que no fue óbice para que el Partido Popular se les adelantase, sino más bien por otro motivo, porque para cuando el trámite de su aprobación haya concluido Pedro Sánchez estará ya en los bancos de la oposición y su partido será el principal beneficiario de haber plasmado en el Reglamento la obligatoriedad de este debate…

… que, señores del Partido Socialista, al revés que Dios Padre, ustedes escriben torcido, incluso cuando sus renglones son rectos. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señora Montesinos, menos mal que el Gobierno de España ha aprobado todos esos reales decretos leyes que ahora critica, porque con esos reales decretos hemos salvado vidas, apoyado a las empresas, a los trabajadores y a muchas familias en este país que lo estaban pasando mal. (Aplausos). Por cierto, lo hemos hecho con el respaldo de este Parlamento. Señorías del Partido Popular, olvidan también que este Gobierno lo es gracias al apoyo del mayor número de grupos políticos de la historia de la democracia. Señora Montesinos, hablaba usted de una España que ya no existe. Me recuerda a la España de antes del 2018. Se le ha olvidado hablar en ese relato de la economía, la que mejor va de la Unión Europea, o de ese país que ahora actualiza las pensiones conforme al IPC, o de ese país que ha combatido la precariedad y la temporalidad gracias a una reforma laboral, o de ese país que sube el salario mínimo interprofesional como nunca en democracia, señorías del Partido Popular. Vivimos tiempos complicados, sí. En menos de cinco años hemos vivido una pandemia que nos ha llevado a tener que tomar decisiones inéditas en democracia, una guerra en Ucrania, una guerra también en Oriente Próximo, un volcán en la isla de La Palma, una crisis migratoria sin precedentes en Canarias o la peor dana que ha asolado poblaciones enteras de Valencia, dejando más de 220 personas fallecidas. Todas ellas situaciones excepcionales que nos han tenido que llevar a tomar medidas excepcionales, señorías. Ahora hay una nueva crisis provocada por la irresponsabilidad de Trump y su política de aranceles, ante la que algunos que decían ser protectores del campo español, megáfono en mano y subidos a un tractor, han dejado a su suerte a los agricultores y ganaderos para aplaudir hasta con las orejas a cambio de que le mencionasen en un tuit, como ha hecho el señor Abascal. (Aplausos). Esa es la demagogia de sus socios, señorías del Partido Popular, porque con esa gente pactan. En cambio, hoy mismo hemos visto cómo el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley ―que anunció, por cierto, en menos de veinticuatro horas tras las medidas anunciadas por Estados Unidos― para dar respuesta a la crisis de los aranceles, con más de 14 000 millones de euros en medidas de forma preventiva. Eso es buena política, política en mayúsculas, señorías del Partido Popular; eso es ser españoles, eso es ser patriotas, señor Abascal, y no la propaganda que hacen ustedes. En todo este contexto es en el que el Partido Popular trae a este Pleno una reforma del Reglamento del Congreso para la regulación del debate del estado de la Nación, en el momento en el que, por cierto, más veces ha comparecido el presidente del Gobierno en nuestra historia en democracia. Resulta cuando menos curioso que quienes nunca han hecho nada por la participación democrática, por la rendición de cuentas o por la transparencia sean quienes traen a este Pleno una reforma del Reglamento para exigir todo lo contrario, que quienes usaron plasmas para las comparecencias de su presidente del Gobierno (aplausos), o quienes no dijeron nada ―como, por ejemplo, el señor Rajoy, que ni siquiera estuvo en su propio debate de la moción de censura ante la corrupción política en este país―, hoy se preocupen por el estado de la nación, señorías, o quienes incluso van a traer catorce primeros ministros europeos a Valencia a ver todo lo contrario a lo que es rendir cuentas y ser transparentes, porque lo que van a ver en Valencia, señorías del PP, es la mayor vergüenza de la gestión pública antes, durante y después de la dana (aplausos). Lo único que van a ver allí es la indecencia del señor Mazón, señorías del Partido Popular. Tranquilícense, porque vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de reforma del Reglamento. Si hay un grupo parlamentario y un Gobierno de España comprometidos con todo ello, ese es el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, señorías del Partido Popular, como saben, es una medida contemplada en el Plan de Regeneración Democrática que anunció el Gobierno a finales del año pasado y que ustedes, por cierto, tanto criticaron. Lo uno y lo contrario, señorías del Partido Popular, ¿lo recuerdan? Ahí están sus críticas a ese plan de regeneración. ¡Bendita hemeroteca, señorías!

A partir de 2020 ha ocurrido todo lo que les he relatado. ¿Eso ha impedido el debate en esta Cámara?, ¿eso ha impedido que hablásemos de política general? No, señorías, al contrario. Se ha hablado más que nunca, con más comparecencias que nunca del presidente del Gobierno, de los ministros y de las ministras. Como saben, vivimos en un estado permanente del debate del estado de la Nación, en el que en poco tiempo hemos hablado mucho en este Parlamento. Lo han hecho todos los grupos parlamentarios. El mejor ejemplo lo tendremos mañana mismo, señorías, donde una vez más el Gobierno de España, en la persona del ministro de Economía, comparecerá ante este Pleno para hablar de ese plan de respuesta a los aranceles. (Aplausos). Y hablaremos del estado de la Nación, señorías.

Por tanto, como los datos son los datos y matan el relato, en esta legislatura, solo en año y tres meses, el presidente ha comparecido siete veces ante esta Cámara, ante este Pleno, y ha contestado a setenta y dos preguntas en sesión de control. Es evidente, señorías, la voluntad de este Gobierno y de este presidente y el compromiso que tienen con la rendición de cuentas, que es claro y contundente. Si hay un grupo parlamentario y un Gobierno que defienden el debate, el diálogo, el acuerdo y la transparencia son el Grupo Socialista y el Gobierno de España. Por cierto, no veo muy preocupado al ausente señor Feijóo.

Muchas gracias. (Aplausos).