Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Gracias, presidente. Señorías, lo primero que tendría que hacer al subirme a esta tribuna sería hablarles de lo importante y lo urgente que es aprobar esta proposición de ley que presentamos hoy, pero ustedes saben perfectamente lo importante y lo urgente que es. Lo saben perfectamente todas sus señorías y lo sabe perfectamente también el sector de la industria y el sector energético. Por lo tanto, lo que me corresponde en estos momentos, y en primer lugar, es apelar a la responsabilidad. Quienes estamos aquí sentados en estos escaños representamos a quien espera de nosotros que seamos propositivos, que aportemos soluciones, pero, sobre todo, que tengamos altura de miras, especialmente en los momentos de mayor dificultad, que apartemos las cuestiones de partido y nos pongamos con las cuestiones de país. Por eso esta iniciativa que hoy presentamos no debería dividirnos. Estamos hablando de una obligación legal, de una exigencia europea, pero, sobre todo, de una necesidad urgente para nuestra industria, nuestro medio ambiente y nuestra economía. Adaptar esta ley no es una opción, es una responsabilidad que llevamos meses, incluso años, arrastrando. Esta proposición permite incorporar dos directivas europeas que forman parte del gran paquete legislativo Objetivo 55, que tiene un propósito muy claro: reducir las emisiones contaminantes un 55 % antes de 2030 con referencia a los niveles de 1990. Además, conseguir esta reducción es crucial para que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050 y hacer realidad el Pacto Verde Europeo. Es una meta ambiciosa, lo sabemos. También sabemos que hay una obligación si queremos que haya futuro, porque esto va de cumplir con la Unión Europea, de cumplir con el planeta, pero también de cumplir con nuestra industria, que está esperando. Esta proposición que presentamos hoy no es una cuestión menor. España no puede quedarse fuera del mercado europeo; no podemos condenar a nuestra industria a competir en desventaja; no podemos permitirnos sanciones millonarias, y, lo que es más importante, no podemos darles la espalda a las generaciones futuras. Señorías, no podemos. La Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos contra España por no haber adoptado estas normas. Esta inseguridad jurídica afecta a novecientas instalaciones industriales y energéticas, a treinta operadores aéreos, a seiscientas navieras y a mil empresas distribuidoras de combustible; todas estas empresas con miles y miles de trabajadores que están esperando esta ley. De verdad, señorías, ¿alguien puede estar a favor de ignorar todo esto? Pero es que además esta ley no solo cumple con Europa, promueve la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero poniéndole precio al carbono emitido y, además, refuerza nuestra lucha contra el cambio climático.

Entre las principales medidas ―hay muchas, y ustedes las conocen― está la obligación de que industria y sector eléctrico reduzcan la emisión un 62 % antes de 2030; el impulso a tecnologías limpias ―podrán beneficiarse de asignaciones gratuitas como, por ejemplo, el hidrógeno verde, de la que España es un referente y que necesita de estas normas para poder garantizar su avance―; la inclusión del transporte marítimo en el sistema de derechos de emisión desde enero de este año; la creación de un nuevo sistema de transporte por carretera y edificación, que arrancará en 2027; y, por supuesto, los fondos europeos del Fondo Social del Clima: más de 7000 millones de euros entre 2026 y 2032. Es de esto y de nada más de lo que va esta proposición de ley que queremos que hoy se tome en consideración. ¿De verdad que no hay razones suficientes para aprobar esta ley de una manera ágil y urgente? ¿Hay que interponer el cálculo político a estas cuestiones tan importantes?

Señorías, no es la primera vez que hablamos de esta cuestión en esta Cámara. El Grupo VOX presentó una enmienda a la totalidad en la que pretendía, precisamente, derogar toda la ley, es decir, derogarla entera, derogar el marco europeo: les da igual la economía, les da igual el medio ambiente, les da igual España, les da igual absolutamente todo. (Aplausos). Este es el partido VOX. Señorías de VOX, lo suyo no es la política, lo suyo es el ruido. Ustedes son los que se inventan la dictadura climática, el ecologismo radical, la imposición verde… Estas palabras vacías, huecas, lo único que hacen es esconder su inacción, su falta de ideas y su increíble desconexión de la realidad. Ustedes niegan el cambio climático y rechazan el Pacto Verde, pero aplauden con las orejas los aranceles que Trump le quiere poner a nuestro campo. (Protestas.―Aplausos). Sí, señorías de VOX, eso son ustedes, esa es la hipocresía de la extrema derecha española. Pero la realidad, señorías, no se puede negar: el cambio climático existe, el cambio climático está aquí. Quien lo niega también niega la ciencia, niega el futuro y niega la responsabilidad que tenemos aquí como representantes políticos y públicos. Además, proteger el medio ambiente no una cuestión de ideología, es una cuestión de responsabilidad, de sentido común y de visión de país.

Y, señorías del Partido Popular, ¿qué van a hacer ustedes? ¡Vaya papelón que tienen! ¿Van a seguir ustedes girando hacia la extrema derecha hasta salirse del tablero de juego? ¿Van a seguir cambiando el Pacto Verde Europeo por ese vergonzoso pacto de El Ventorro para esconder un poquito más, aguantar un poquito más al señor Mazón en el sillón? Ustedes eran los que gritaban más España y más Europa. Ahora tienen la oportunidad de explicar aquí dónde está más España y donde está más Europa y de apoyar la proposición de ley que traemos. Tienen que subir aquí a explicarnos, si son capaces, si van a estar a favor o en contra, porque ustedes en este tema han sido un poco ambiguos. Ustedes son los que dicen que apoyan a Europa, que apoyan el medio ambiente, pero después ya sabemos lo que hacen: bloquean, retrasan y enredan, y hacen un poco lo que se llamaría la política de trincheras en vez de política de país. Así que ahora suban aquí y expliquen la importancia que tiene apoyar esta proposición de ley, y sigamos avanzando, porque hay muchísimas personas, muchísimas empresas que nos están mirando en estos momentos.

Al resto de grupos les digo que sabemos que hay diferencias, que existen diferencias, pero ustedes también saben que el Gobierno, la vicepresidenta, se está dejando la piel buscando acuerdos, buscando consensos, resolviendo dudas y acercando posturas, porque hoy lo que toca es debatir, hablar y, sobre todo, estar a la altura. Si hoy volvemos a presentar esta proposición de ley es porque, lamentablemente, el proyecto de ley original encontró más trabas de las que una cuestión urgente y necesaria debería haber enfrentado. Obstaculizar esta norma, clave para la adaptación de nuestra legislación a la normativa europea, no es defender los intereses de la ciudadanía, es quedarnos atrás ―ustedes lo saben― mientras el resto de Europa avanza. Que se puedan organizar mayorías parlamentarias para bloquear una ley no significa que sea responsable. Aquí legislamos todos, pero legislar también implica ir más allá de las estrategias políticas y pensar en el futuro de nuestro país.

Espero que durante sus intervenciones hablen del contenido de esta proposición de ley que traemos aquí, de las trasposiciones europeas, de la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de nuestras empresas y de acelerar la descarbonización. Pero si ustedes deciden centrar sus intervenciones en todo aquello que nada tiene que ver con la ley, quedará bastante claro y demostrado que su interés no es el cambio climático ni el bienestar de la ciudadanía, sino la obstrucción parlamentaria. No podemos seguir perdiendo el tiempo con bloqueos interesados mientras nuestra industria está pidiendo a gritos un marco normativo estable, un marco normativo que no puede esperar. Esta proposición de ley no es solo una obligación con Europa, es una oportunidad para modernizar nuestro país, para garantizar la competitividad de nuestras empresas y, sobre todo, para proteger el futuro de la ciudadanía.

Señorías, la responsabilidad legislativa no consiste en frenar por frenar, sino en avanzar, con sentido de Estado. Aprobar esta ley hoy no es solo un acto de responsabilidad política, es un paso imprescindible para garantizar que España siga avanzando en el seno de la Unión Europea y que no nos quedamos descolgados, para dar seguridad jurídica a nuestras empresas y aprovechar los recursos que permitirán una transición justa, ecológica y económicamente viable. El cambio climático no espera, las inversiones no esperan, el futuro no espera y el país no puede permitirse que la irresponsabilidad y el cortoplacismo nos frenen.

Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista pedimos a todas las fuerzas políticas que apoyen esta proposición de ley que presentamos hoy, que no es más que para trasponer normativas europeas, y que lo hagan por responsabilidad, por compromiso, por futuro. Espero, señorías, que en estos momentos estén a la altura y hagan lo que venimos a hacer aquí: mirar por el bienestar de los ciudadanos y por que nuestro país siga avanzando. Señorías, España no se para, España avanza y nosotros no vamos a parar.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchísimas gracias. Veo que la señora del Partido Socialista, a falta de argumentos racionales, tiene que tirar de argumentos sentimentales. Habla de muchísimas cosas bonitas y podría casi hasta recitar una poesía señalando a VOX como el malo, a la industria como los malos y al propio PSOE como el bueno y el salvador del mundo. Tal es lo que parece y es como lo describe. Habla, en primer lugar, de los aranceles, y dice: Esos de VOX que defienden los aranceles… De nuevo tiran de una mentira. VOX nunca jamás ha defendido los aranceles de ningún otro país. VOX lo que dice es que, si Estados Unidos impone aranceles a España es, entre otros motivos, culpa del Partido Socialista Obrero Español (protestas), que sistemáticamente lleva una política, aunque ustedes vociferen y lloriqueen, de insultar a todos aquellos operadores internacionales que son interesantes para España. Insulta a Estados Unidos, insulta al Reino Unido, siempre y cuando no está gobernado por los socialistas, y, sin embargo, alaba a Marruecos, que es el principal competidor comercial de España. Tanto es así que Marruecos ya sustituye a España en las exportaciones en la Unión, es decir, Marruecos ya es el principal proveedor de algunos productos en la Unión de los que tradicionalmente éramos proveedores los españoles. Así que ustedes, en lugar de mirar hacia fuera, miren mejor hacia dentro y traten de mejorar la competitividad de España, donde a ustedes los han elegido, porque los auténticos aranceles vienen impuestos por ustedes y por la Comisión Europea, conformada por Partido Socialista y Partido Popular, aranceles que van desde toda la normativa climática ―toda― hasta toda la inflación que ustedes en décadas han provocado. Piensen ustedes que algunos productos tan tan básicos como los huevos ―por cierto, les han impuesto un nuevo impuesto, valga la redundancia―, el aceite o el pan han multiplicado sus precios desde que ustedes gobiernan aquí y en Europa. Piensen ustedes que hoy en día los españoles consumen cada vez menos pescado, menos carne fresca y menos verduras frescas porque ustedes han impuesto lo que es auténticamente un arancel a la capacidad adquisitiva de los españoles. Y hablan ustedes de cambio climático como si sus medidas hubiesen tenido algún efecto. Y aquí viene lo más importante de todo: esta ley que hoy debatimos aquí, que se llama la ley de derechos de emisión de CO2, regula lo que es a todos los efectos un impuesto. Todos los que nos escuchen tienen que comprender que esos supuestos derechos de emisión de CO2 son un impuesto que se paga para emitir CO2. Ese impuesto lo pagan todas las industrias y, ahora, las aerolíneas, y redunda en un perjuicio directo contra los españoles. (Aplausos). ¿Y dónde estamos? España, según ese organismo multilateral que a ustedes tanto les gusta, emitió en el año 2022 el 0,58 % del CO2 del mundo —¡0,58!—. Si España se volatilizara mañana, si desapareciera del mapa, el impacto en las emisiones de CO2 globales sería cero —¡cero!—, y ustedes, sin embargo, están imponiendo unas gravosísimas cargas sobre las espaldas de los españoles, que cada día viven peor por culpa de… (Un señor diputado: ¿De quién?). ¡De sus impuestos! ¿De quién? ¡De ustedes!

(Señala a los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Viven peor por culpa de ustedes (aplausos.—protestas), porque desde que se aprobó la primera ley de emisiones de CO2, en el año 2005, verán ustedes que las emisiones de CO2 de España (muestra un gráfico), efectivamente, empiezan a bajar, empiezan a bajar de manera drástica, pero junto con las emisiones de CO2 de España, también baja la producción industrial (muestra otro gráfico), y, según ustedes imponen sus impuestos al CO2, la industria española va languideciendo y desapareciendo y, a causa de eso, el PIB per cápita de España en relación con el PIB per cápita de Estados Unidos o de la Unión Europea no para de bajar (muestra otro gráfico.―Un señor diputado: ¡No se ve!), con una correlación prácticamente directa desde el momento en el que ustedes aprobaron este impuesto de emisiones de CO2. ¿Y cuál es la situación en el mundo real? (Muestra otro gráfico). En el mundo real las emisiones de CO2 no paran de aumentar. Mientras que los españoles renuncian a su industria y su bienestar, el mundo emite cada día más CO2. Pero, es más: el mundo cada día quema más carbón (muestra otro gráfico), que es para ustedes el máximo enemigo. China, sin ir más lejos, ha multiplicado exponencialmente el uso del carbón desde que ustedes aprobaron este impuesto.

En conclusión, ¿para qué les sirve a los españoles renunciar a su industria? ¿Para qué les sirve a los españoles someterse a este plan de despidos masivos que ustedes programan? ¿Para qué les sirve? Para nada, para nada, porque el impacto real de sus medidas en el mundo ha sido cero (aplausos) y el impacto en el bienestar de los españoles está siendo absolutamente dramático. (Continúan los aplausos).

Viene la portavoz del Partido Socialista y habla del futuro de los españoles. ¿Cuál va ser el futuro de los españoles que trabajaban en Arcelor y que ahora están viéndose despedidos? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Cuál va ser el futuro de los españoles que trabajaban en la industria del automóvil en Burgos o en Álava, que están sufriendo ERE y despidos sistemáticos en los últimos años? ¿Cuál va ser su futuro? ¿Cuál va ser el futuro de los españoles que trabajaban en Almussafes, en una de las plantas icónicas de la automoción de España y que a día de hoy se ven expulsados del mercado? ¿Cuál va a ser el futuro para ellos? Para ustedes, señores diputados, sin duda el futuro está asegurado: el Partido Socialista les asegura el futuro, no cabe duda de ello, ya sea colocándoles en empresas públicas, ya sea garantizándoles un puesto en la Administración o en las instituciones políticas. Ustedes, sin duda, tienen el futuro garantizado, pero nuestros trabajadores no. Los trabajadores españoles dependen de que la industria española sea competitiva a nivel mundial. Nuestros trabajadores del campo dependen de que sus productos puedan competir en igualdad de condiciones dentro del mercado europeo o en las exportaciones, y eso es precisamente lo que ustedes les impiden con normas como esta. Precisamente ustedes lo que están llevando a cabo es el asesinato de nuestro sector productivo, el asesinato de los trabajadores de España, el asesinato del futuro de los trabajadores de España, porque sin industria y sin trabajo España no tendrá de ninguna de las maneras hueco en el mundo competitivo que necesitaremos mañana. (Aplausos).

Y volvemos a la cuestión. Habla usted, señora portavoz del Partido Socialista, de las navieras. Lo cierto es que desde que ustedes aprueban la ley de derechos de emisión de CO2 el sector naval español cada día está peor. Cada vez vemos que hay menos productores navales en España. Todo el norte de España estaba plagado de pequeños productores navales que hoy en día han desaparecido.

Hablan ustedes de los puertos españoles. ¿Por qué se creen ustedes que el puerto de Algeciras está en caída libre mientras que el puerto de Tánger Med no para de crecer en volumen de carga? ¿Por qué? Le pregunto a usted, señora portavoz socialista, que ahora agacha la cabeza. El problema de los puertos españoles es precisamente la normativa suicida y absurda que ustedes llevan imponiendo décadas y con la que hoy pretenden dar una vuelta de tuerca más, porque con este impuesto que ustedes han creado hace décadas, del año 2017 al año 2023 recaudaron nada más y nada menos que 13 000 millones de euros ―¡13 000 millones de euros!― ¿Cuánto dinero de ese importe recaudado por ustedes se ha dirigido a la eficiencia del sistema eléctrico y energético español? Menos de la mitad. Ustedes lo único que quieren y necesitan es cobrar impuestos a los españoles, sangrar a los españoles. Ese dinero, que es de todos los españoles, ustedes se lo gastan luego en infinitas chorradas. Además, el endeudamiento es sistemático.

En definitiva, señora portavoz, nos encontramos con que han sometido ustedes a los españoles a una fiscalidad sin igual que está destruyendo nuestra industria, la competitividad de nuestra industria, el sector secundario y el sector primario, y que está llevando a muchísimas empresas españolas a la bancarrota y a miles de españoles al paro. Ustedes solo son capaces de compensarlo con consignas bonitas y absurdas, pero la realidad demuestra que no tienen absolutamente ningún impacto. Como ya les he dicho, España no representa más que el 0,58 % de las emisiones de CO2 del mundo y, mientras ustedes aniquilan a la industria nacional, terceros países como China, Marruecos o India no paran de multiplicar exponencialmente sus emisiones de CO2, quedándose con la industria que en España desaparece.

En definitiva, dejen ustedes de pensar en sus consignas políticas y en sus dogmas absurdos y empiecen ustedes a pensar, por favor, en el futuro de los trabajadores españoles.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Señor Figaredo, decía Tarradellas que en política se puede hacer casi de todo menos el ridículo. (Aplausos). Señor Figaredo, no se enfade tanto y deje el teatro para otro momento.

Según usted, si ponen aranceles a Francia, es problema del PSOE; si ponen aranceles a Portugal, es responsabilidad del PSOE; si los ponen a Europa, también es culpa del PSOE. Señor Figaredo, creo que usted debería dejar de decir estas cosas y demostrar realmente si defienden a España y a los españoles. Y dejen de dar lecciones. Ustedes ni media lección pueden dar al Partido Socialista en este tema ni en ningún otro. ¡Ni una lección! (Aplausos).

Sube usted aquí a hablar de emisiones, usted, que está más cerca del primo de Rajoy que de los que defienden el Pacto Verde en Europa. Usted viene aquí a hablar de emisiones. Mire, ya demostraron ustedes su verdadera intención cuando trataron de evitar que la ley se tramitara con una enmienda a la totalidad en esta Cámara. Ya lo intentaron ustedes. Era una enmienda a la totalidad que no solo no permitía tramitar la reforma de la ley, sino que quería acabar con todo, retirar la ley que regula el comercio de emisiones. Debemos preguntarnos en esta Cámara qué significa para ustedes aquello que intentaron en aquel momento.

¿Qué pretenden hacer hoy? Ustedes saben perfectamente que la industria está esperando esa normativa. Ustedes lo saben, pero a ustedes les da exactamente igual. Ustedes suben aquí con muchas consignas, con mucho teatro, pero ustedes no suben aquí a defender en ningún momento la industria ni el campo español. Termino, como empecé anteriormente, llamando a la responsabilidad, aunque, por su intervención, sé que de ustedes se puede esperar poquita responsabilidad. Ahora tiene usted la oportunidad de recapacitar y pensar en todas las barbaridades que ha venido aquí a soltar esta tarde y de decir si está o no a favor de la industria, del medio ambiente y del futuro de España.

Gracias. (Aplausos).

Señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se ha perdido usted en la cuestión de los aranceles. Empieza su intervención diciendo: Si Francia impone aranceles… Francia no puede imponer aranceles a España porque estamos dentro del mercado común, y esa cuestión no opera. (Rumores.—Una señora diputada: No ha dicho eso). Acto seguido viene usted a hablarnos de la política exterior de terceros países, que a nosotros nos da igual, porque nosotros velamos por los intereses de los españoles, cosa que ustedes no hacen.

Y vuelvo a la cuestión. ¿Por qué Estados Unidos impone aranceles a algunos productos españoles? Porque el Partido Socialista Obrero Español cada vez que gobierna se empeña en dar patadas en la espinilla a Estados Unidos ―patadas en la espinilla―. Recuerden que, cuando circulaba la bandera de Estados Unidos en el desfile del 12 de octubre, el presidente Zapatero decidió voluntariamente no levantarse y que, al inicio del Gobierno del Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, una fragata española, la Méndez Núñez, que circulaba en una escuadra junto con fuerzas estadounidenses, decidió unilateralmente retirarse cuando se encontraba en plena acción armada.

Ese tipo de actitudes debilita y deteriora la relación diplomática de España con los que deberían ser nuestros aliados, y eso lo hacen ustedes, precisamente. Ustedes son los que dinamitaron el acuerdo de España con Argelia para importar gas a través del gasoducto que nos permitía obtener gas a unos precios mucho más asequibles de los que ahora obtenemos importando gas desde Rusia. Desde que ustedes gobiernan, han multiplicado un 600 % las importaciones de gas ruso. Pero es más. La señora del Partido Socialista viene aquí muy digna y dice: Lecciones al Partido Socialista… Bueno, señores del Partido

Socialista, ustedes, con sus normas climáticas, son los culpables de que Alcoa haya cerrado. Ustedes son los culpables de que la industria del automóvil esté en franca decadencia en España. Ustedes son los culpables, con sus normas climáticas, de que automóviles chinos ya estén haciéndonos la competencia directamente a los automóviles producidos en España, con las implicaciones que esto tiene para los trabajadores de la industria del automóvil español.

Y ustedes hablan de las enmiendas. Señora portavoz del Grupo Socialista, ustedes han retirado una ley idéntica a esta y han vuelto a presentar esta ley porque democráticamente se introdujeron dos enmiendas en la tramitación de la anterior ley que al Grupo Socialista no le gustaban. Y, como no le gustaban, ¿qué decidieron hacer? Cogen el folleto, lo rompen y presentan una nueva. Así son ustedes.

Son ustedes unos auténticos totalitarios, porque aprovechan cada vez que pueden las instituciones para pisotear la disidencia ideológica. Y eso es exactamente lo que hacen ustedes con sus argumentos. Ustedes vienen aquí y nos hablan del cambio climático y de que, por culpa de ese cambio climático, en España van a prohibir la circulación de vehículos diésel. Por culpa de ese cambio climático ustedes en España van a prohibir la fabricación de automóviles de combustión. ¿De verdad que un trabajador que circula con su furgoneta diésel es culpable del cambio climático mundial? ¿De verdad? (Aplausos). ¿Esto es lo que ustedes quieren decir? ¿Ese trabajador tiene que dejar de circular con su furgoneta diésel porque es culpable del cambio climático? ¿De verdad que una señora que en Sevilla pone el aire acondicionado en julio es culpable del cambio climático? ¿De verdad? (Un señor diputado: ¡Por favor!— Rumores).

Son ustedes unos mentirosos. (Aplausos). Son ustedes unos auténticos tramposos. Lo único que buscan es imponer más impuestos a los españoles. Ya se lo he dicho: con el anterior impuesto a las emisiones de CO2 que ustedes tenían recaudaron 13 000 millones de euros y solo destinaron a la eficiencia del sistema eléctrico algo menos de la mitad. Si ustedes realmente quisieran buscar la eficiencia lo que harían es dejar de gastar en mamarrachadas y buscar de verdad la eficiencia del sector público, todo lo contrario de lo que ustedes hacen, y la prueba es que han tenido enchufadas a cuatro o cinco amigas del señor Ábalos y allí nadie se enteró. (Aplausos). Eso demuestra que la gestión que el Partido Socialista está haciendo de los recursos públicos es absolutamente ineficaz e ineficiente. Si quisieran de verdad que España funcionase mejor, empezarían por ahí y no por imponerles más impuestos a los españoles.

Pero, es más. Viene y dice: La industria está esperando esta normativa. No, señora. La industria en España está desesperada. La industria en España está en franco retroceso. La industria en España está desapareciendo. La prueba es que en todo el norte industrial de España ya no queda nada. Como le digo, Alcoa está muerta; Arcelor, en peligro de extinción; la industria del automóvil, muriéndose. En definitiva, todo esto es por sus delirios dogmáticos e ideológicos. Y quienes lo sufren en sus carnes son los trabajadores españoles, que se están quedando literalmente sin futuro por culpa de su normativa. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Señorías, según la comunidad científica, según todos los informes científicos disponibles, de aquí al año 2030 tenemos que reducir un 50 % las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero para evitar un aumento de las temperaturas globales de un grado y medio. Todos los estudios señalan que, de no hacerlo, los efectos del cambio climático serán no solamente irreversibles, sino catastróficos. Esto es evidencia científica, y tampoco voy a perder mucho tiempo en señalarlo. Solo los más cerriles negacionistas del cambio climático, como la extrema derecha, como VOX en este Congreso, ponen en duda este amplio consenso científico y defienden, en consecuencia, seguir quemando el planeta como si nada. Pero más allá de estas posiciones anticiencia, que en el fondo son posiciones contra la ilustración, más allá de esta extrema derecha negacionista, las élites económicas comienzan a estar preocupadas y buscan la forma de mantener sus tasas de beneficios sin aniquilar necesariamente la vida en el planeta, algo que sospechan que podría ser negativo para sus negocios. A este deseo piadoso de las élites se ha dado en llamar capitalismo verde. En este sentido, la proposición de ley que nos presenta el Grupo Socialista es una modificación de la Ley 1/2005, que ya regulaba el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para incorporar las recientes directivas de la Unión Europea sobre el tema, específicamente la 2023/958 y la 2023/959. Bien, ya era hora, señorías socialistas. Las propias directivas europeas son más ambiciosas de lo que ustedes estuvieron dispuestos a asumir en la ley de cambio climático que negociaron en la anterior legislatura y que solo marcaba un objetivo del 23 % para el año 2030. Ahora subimos al 50 %. En cualquier caso, es insuficiente teniendo en cuenta la gravedad de la situación de emergencia climática en la que estamos sumidos. Desde Podemos les hemos pedido reiteradamente que revisen estos objetivos. La propia ley de cambio climático, gracias a Unidas Podemos, establecía un mecanismo de revisión siempre al alza de los objetivos que tenía que haberse iniciado la legislatura pasada y que no se hizo. Nunca han querido hacerlo y las actualizaciones de los planes nacionales integrados de energía y clima siempre se han quedado por debajo de los objetivos que nos marcamos en esa ley, que pide la ciencia y que también piden estas directivas europeas.

La cuestión es, señorías, si ustedes ahora, con esta proposición de ley, van a cumplir estos objetivos de reducción de emisiones de carbono o si, por el contrario, van a hacer como que lo cumplen. Lo digo por lo siguiente; estas directivas europeas incluyen, por ejemplo, al sector de la aviación en el régimen de derechos de emisión. En este sentido, la Directiva 2023/958 señala que los operadores aéreos tienen que compensar sus emisiones de carbono y limitar los efectos del transporte aéreo sobre el clima. Sin embargo, sabemos que con este Gobierno los discursos van por un lado y la acción va por otra. Y la acción sigue siendo desarrollismo puro y duro; por ejemplo, con la ampliación de macroinfraestructuras, como el aeropuerto de El Prat. Por mucho que lo revistan de sostenible, el proyecto de ampliación de este aeropuerto disparará las emisiones de carbono en un 33 % y no es compatible con estas directivas.

La realidad, desgraciadamente, es que en esta legislatura hemos visto un cambio de rasante en la política ambiental y en cuanto a la ambición para enfrentar la crisis climática. De hecho, las emisiones de efecto invernadero en 2024 han aumentado por primera vez desde hace años. Y esto, señorías, es un síntoma de que las cosas no se están haciendo bien y que el negacionismo está destruyendo muchos de los avances que habíamos logrado el último lustro, ante la pasividad, o quizá la dejadez, de quienes gobiernan.

Nadie duda de que estamos en un contexto internacional muy complicado, con un negacionista como Donald Trump de vuelta a la Casa Blanca, con Estados Unidos de salida de los Acuerdos de París, pero también con una Unión Europea que ha decidido incluir la energía nuclear y el gas dentro de las inversiones sostenibles y que, a todas luces, está más preocupada por la carrera armamentística que por transitar hacia una economía sostenible. Pero, ante este contexto, no van a servir solamente las buenas intenciones o trasponer directivas europeas a medias. Necesitamos más ambición y más empuje contra la emergencia climática y, lamentablemente, les tengo que decir, señorías socialistas, que no lo estamos viendo. Desde Podemos podemos apoyar que se inicie la tramitación de esta ley, pero, a la vez, vamos a exigir que el Gobierno reduzca emisiones más rápidamente, que ponga en marcha los mecanismos de revisión de objetivos y que revise, también, los objetivos de penetración de energías renovables para el año 2030, como marcaba esa ley. Porque todo lo que no sea avanzar en esta legislatura va a suponer retroceder.

Y una última reflexión, señorías. Estamos viendo cómo el negacionismo climático sigue avanzando y cómo la ultraderecha atrae cada vez a más sectores diciéndoles que las políticas climáticas son una cosa de pijos. Deberíamos reflexionar sobre ello, porque están avanzando. Hoy sabemos que el cambio climático va a afectar mucho más a las clases trabajadoras que a los ricos; va a afectar mucho más a quien no puede permitirse el aislamiento térmico de sus viviendas; a quienes no pueden pagar la factura de la luz en los tórridos veranos que tenemos; va a afectar mucho más a la gente que no puede abandonar la ciudad en verano y pagarse unas vacaciones. Pero no sirve de nada que lo sepamos nosotros si las clases trabajadoras no lo perciben así, si perciben que la transición ecológica es algo gravoso para ellos, que se traduce en impuestos al diésel, mientras que a las grandes energéticas, que son las que más contaminan, se le perdonan 1200 millones de euros en impuestos. (Aplausos).

Por eso, siempre se lo decimos, y nos gustaría que se lo tomaran en serio, la transición ecológica no va a ser posible si no va de la mano de la justicia social. Por eso, Podemos negoció con el Partido Socialista que durante esta legislatura mantendríamos las ayudas del bono social eléctrico para que, entre otras cosas, las familias vulnerables pudieran asumir esa factura de calefacción y también del aire acondicionado en verano. Sin embargo, ese compromiso que iba en esa ley no está en esta ley. Ustedes tienen que aprender a respetar lo que firman y lo que acuerdan con Podemos. (Aplausos). Nosotros hoy vamos a votar a favor de iniciar el trámite de esta proposición de ley, pero les tengo que decir que para que llegue a aprobarse tienen que cumplir con nosotros y, por tanto, además de trasponer directivas europeas, que es lo fácil, que es lo cómodo, necesitamos también que esta ley contemple ese bono social eléctrico para las familias vulnerables.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Hoy nos vuelven a plantear una ley que regula la compra y venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que es consecuencia de la trasposición de dos directivas que forman parte del paquete de Fit for 55 del Pacto Verde Europeo. Por tanto, es una ley que se ajusta a las directivas comunitarias y cuya finalidad pasa por contribuir al proceso de descarbonización de la economía y, al mismo tiempo, impulsar la competitividad de la industria. El régimen de comercio de derechos de emisión, a pesar de que se ha enfrentado con desafíos como el riesgo de la fuga de carbono, lo cierto es que ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, ha ayudado a estimular la adopción de tecnologías más limpias y ha proporcionado incentivos económicos precisamente para la reducción de emisiones. El mercado de emisiones creemos que está siendo efectivo y se ha convertido en la tendencia hacia donde van la mayoría de las economías mundiales. Y es que, actualmente, cada vez más economías están poniendo precio al CO2 a través de mecanismos de mercado, impuestos directos o combinando ambas cosas; un precio que, además, ejerce como incentivo para aquellos que buscan afrontar un cambio tecnológico a favor de la lucha contra el cambio climático. Como decía, hoy retomamos, en forma de proposición de ley, el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Y digo retomamos porque esta iniciativa ya se debatió en el Congreso; se rechazó una enmienda a la totalidad y los grupos parlamentarios presentamos enmiendas, con tal mala suerte para el Gobierno que dos enmiendas que se habían vetado con anterioridad a la ponencia quedaron finalmente aprobadas. Es decir, se sorteó dicho veto porque el PSOE no tenía la mayoría suficiente en la Mesa, ya que faltaba una persona de su grupo. Así se introdujeron dos enmiendas: una, para dejar a cero el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, siempre que no hubiera déficit de tarifa; y otra, para alargar la vida retributiva de las plantas de cogeneración. Fíjense, hoy, la enmienda relativa al impuesto no se estaría aplicando porque hay déficit de tarifa, y no nos digan que esto aumenta la factura, porque el propio Gobierno, en su momento, decidió suspender este impuesto durante la crisis energética, precisamente, para reducir el precio de mercado y, por lo tanto, rebajar la factura de los consumidores. Por otro lado, tampoco acabamos de entender la cerrazón con respecto a la enmienda para prorrogar la vida útil a las plantas de cogeneración; una enmienda que lo único que busca es dar una salida a la industria, garantizar su viabilidad e incentivar de manera efectiva esa tecnología básica para sectores estratégicos, en tanto en cuanto no se aprobasen las subastas de cogeneración. Pero, fíjense, es que se han sacado las subastas y el marco propuesto es muy parecido al planteado en 2021, cuando, además, el mundo energético e industrial desde luego nada tiene que ver con el de hoy; y parece que, tal y como están diseñadas, las industrias, o algunas industrias, difícilmente van a poder concurrir a estas subastas; y, por tanto, difícilmente van a poder realizarse esas inversiones precisamente para la descarbonización. Entendemos que este tipo de tecnologías deben ser sustituidas y que hay que asumir que generar vapor para una fábrica puede hacerse con energías renovables, pero in itinere, quizá, se podría plantear la utilización del marco temporal de crisis y transición para alargar la vida útil, aunque sea un año más, hasta que se convoquen esas subastas. Pero lo peor de todo esto ha sido que, como al Gobierno le salió mal la jugada, no han aceptado las reglas del juego y no han aceptado estas enmiendas. Como consecuencia de esto, ¿que hicieron? Retiraron el proyecto de ley. Y hoy nos traen uno nuevo, sí, en el que ya se encargarán de vetar las enmiendas que consideren oportunas y de tener la mayoría en la Mesa para no tropezar dos veces con la misma piedra. De verdad, y siento decirlo, creo que han actuado de forma autoritaria y poco plural: o se hace lo que yo quiero o nada. Creo que han hurtado a los grupos parlamentarios el debate; y no contentos con esto, trataron de responsabilizarnos de lo ocurrido a los grupos por la inclusión, decían, de todo tipo de enmiendas. Igual, lo que deberían es preguntarse por qué lo hacemos así los grupos políticos. ¿No será porque cada vez que algo se tramita como proyecto de ley asistimos, semana tras semana, a la ampliación de plazo de enmiendas o que se queden en un cajón? ¿No será porque ustedes se cierran en banda muchas veces a la hora de buscar soluciones a problemas que se plantean? ¿No será porque ustedes actúan a veces como si tuvieran mayoría absoluta cuando no la tienen? Miren, en su Gobierno hay quien dice que cuando uno dice que va a vetar es que ha fracasado. Y lo cierto es que, quizá, deberían profundizar en esta reflexión; un veto que han usado ―tengo que decirlo también― todos los Gobiernos, sean de un color o de otro.

Hoy, para no perder más tiempo y agilizar todos los trámites y no empezar todo el procedimiento de anteproyecto y órganos consultivos, nos traen una proposición de ley que vamos a votar a favor porque la industria necesita esta ley y somos responsables. Pero ¿qué pasaría si alguno de los grupos decidimos actuar como lo han hecho ustedes? Que esta proposición no saldría adelante. ¿Y quién sería el perjudicado? La industria, una industria que ya se ha visto perjudicada sinceramente por su actitud, porque son quienes han retrasado esta ley porque no aceptaron aquellas enmiendas incluidas por la mayoría parlamentaria.

A pesar de lo dicho y en un ejercicio de responsabilidad y porque consideramos prioritaria la aprobación de esta ley en el menor plazo posible, votaremos a favor. También les digo que ejerceremos nuestro derecho a presentar las enmiendas que estimemos convenientes, tengan relación o no con la ley.

Erantzukizunez jokatuko dugu eta, lege hau ahalik eta epe laburrean onartzea lehentasuntzat jotzen dugunez, aldeko botoa emango dugu. Baina, era berean, esaten dizuet gaur guk gure eskubidea erabiliko dugula legearekin zerikusia duten edo ez dituzten zuzenketak aurkezteko.

Eskerrik asko.

Seremos responsables y tomamos como prioridad aprobar esta ley cuanto antes, y por ello votaremos a favor. De todas maneras, les comunico que haremos uso de nuestro derecho de presentar las enmiendas que consideremos oportunas.

Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Arratsalde on.

Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.

De entrada, nosotros decimos que vamos a apoyar la toma en consideración de esta ley, aunque, la verdad, como recién llegado a mí me resulta un poco chocante que siendo la trasposición de directivas europeas esto venga de grupos parlamentarios y no del Gobierno. También nos llama la atención que esté llegando tan tarde, porque una de las directivas que se traspone se supone que tenía que estar traspuesta para diciembre de 2023 y estamos en las fechas en las que estamos.

En cualquier caso, se propone modificar el régimen de comercio de derechos de emisión. Yo quería empezar con una pequeña reflexión previa. Este régimen de comercio de derechos de emisión para reducir los gases de efecto invernadero se supone que tenía que ser la herramienta más importante para cumplir con los objetivos de la lucha contra el cambio climático y estaba basado en el principio de quien contamina paga, a través de un mecanismo financiero de mercado, creando un sistema de incentivos y desincentivos que debieran conducirnos a una economía baja en carbono. A estas alturas, podemos decir que no ha sido una herramienta lo suficientemente eficaz y hubiera habido otro tipo de iniciativas más eficaces, como la fiscalidad.

Aquí se ha hablado de que esto es un impuesto. Esto no es un impuesto. Si hubiera sido un impuesto, estaríamos hablando de otra cosa, pero, como en Europa, estar hablando de fiscalidad ha sido y sigue siendo tabú, y básicamente como la Unión Europea es un mercado común, al final se ha adoptado un sistema de mercado financiero alambicado con numerosas excepciones, con gateras, con demasiados sectores exentos, con excesivos derechos de emisión que mantuvieron el precio del carbono demasiado bajo durante una década, o permitiendo dudosas compensaciones, tanto que ha tenido que ser constantemente revisado y reformado porque no estaba cumpliendo sus funciones. Así, el ritmo de reducción de emisiones no ha sido suficiente, se han quedado sectores con grandes emisiones fuera del sistema, y ahora toca acelerar y mucho. Ahora se trata de mejorar y de ampliar el sistema con el objetivo de reducir emisiones más rápido, de cumplir con el objetivo 55, y se propone reducir emisiones gratuitas en los sectores que ya estaban regulados, incluso terminando con las emisiones libres de pago en algunos sectores, como el eléctrico, e ir incorporando nuevos sectores, es decir, encareciendo contaminar e intentando interiorizar, aunque sea en parte, los costes ambientales de más sectores.

Las directivas que se trasponen a través de esta modificación de la ley tocan muchos palos, desde el sector eléctrico a la industria, la aviación o el sector marítimo. Lo más destacable es que los combustibles consumidos por el sector de edificios y el del transporte también pasarán a ser sectores regulados. Es decir, se pagará el coste del CO2 por quemar combustibles fósiles en la carretera y en los hogares. Esto son buenas noticias porque, entre otras cosas, supone equilibrar una situación que era injusta y que era absurda. Esto se entiende mejor con ejemplos. Un vehículo eléctrico que está circulando hoy ya está pagando por el CO2 embebido que está en la electricidad que consume. Los vehículos movidos por los combustibles fósiles no están pagando por el CO2 que están emitiendo, y es el sector que más emite. La calefacción o el agua caliente sanitaria que viene de la electricidad ya está pagando el CO2 a través del sistema eléctrico, sin embargo, las calderas de gas no lo están pagando.

En este sentido ―y quiero dejar aquí un apunte también―, hay voceros, portavoces de compañías fósiles que se han venido quejando de la descarbonización europea, que ocultan que se han estado beneficiando de que sus productos estuvieran fuera del sistema regulado. Esto, en definitiva, no ha sido más que un subsidio encubierto para estas compañías. Por decirlo de otra manera, el sistema del comercio de emisiones ha estado pagando por incompleta la fiesta de las petroleras. Esto se supone que tiene que ir cambiando con el nuevo sistema, y es correcto que lo haga. Eso sí, una advertencia, todos lo sabemos, puede tener implicaciones sociales, y estas implicaciones hay que atenderlas porque quien pague el CO2 finalmente será quien suministre los combustibles, pero, al menos en parte, repercutirá esto en los precios, así que esto va a terminar repercutiendo a particulares, administraciones, empresas, etcétera. Por eso, aunque hoy se debate la trasposición de dos directivas, hay que subrayar que tanto o más importante que lo que aquí se propone son los reglamentos asociados al paquete legislativo europeo que hoy se propone trasponer en parte. Estoy hablando, cómo no, del Fondo Social para el Clima y del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, que, en parte, también se regula en esta proposición de ley, porque van a ser instrumentos clave para que el sistema no termine por perjudicar a la industria de gran consumo energético por un lado y a los hogares, las microempresas y los usuarios vulnerables de transportes por el otro.

A nuestro entender, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono ―dicho más sencillo: que los productos que vienen de fuera de la Unión Europea paguen por las emisiones de CO2 que llevan incorporadas en esos productos― debe servir para acallar las voces que se han venido quejando del suicidio europeo en términos de competitividad industrial. Es verdad, nosotros también creemos que hacía falta este mecanismo porque ha habido sectores enteros que se han visto perjudicados por competir en condiciones desiguales frente a productos que venían de fuera de la Unión Europea. A partir de ahora, a partir de que esto se regule definitivamente, ya no se podrá achacar a las más laxas condiciones medioambientales al resto del mundo como pretexto, por ejemplo, para hacer una deslocalización. Así que esto se ajusta en frontera y problema resuelto. De esta manera ya quedaría resuelta una deuda histórica que se tiene con algunos sectores industriales.

A partir de ahí, nos debemos centrar en los efectos sociales del nuevo sistema. Se supone que el Fondo Social para el Clima está para esto. En principio va a haber 65 000 millones de euros de la Unión Europea de los que a España le corresponde un 10 %, 6500 millones, que tiene que completar con un 25 % más, 2500 millones de euros de fondos propios; en definitiva, 9000 millones de euros para paliar socialmente los problemas que puede tener esto. Se supone que se deberán utilizar para paliar los efectos de la subida de los precios a los hogares, a las microempresas y a los usuarios de transporte vulnerables, y que se darán, se supone, ayudas para abandonar los sistemas de calor y movilidad fósiles a través de planes sociales; es decir, teniendo en cuenta la renta y teniendo en cuenta la vulnerabilidad. Ante todo esto, estaremos vigilantes.

Para terminar, les advertimos también desde ya dónde vamos a poner el foco a la hora de la tramitación de esta ley. No debe pasar con estos fondos lo que ha pasado con los fondos Next Generation, que al final los ha manejado el Estado a su antojo contando entre poco y nada con el resto de las administraciones. Creemos que hay que territorializar todos o en parte los fondos sociales para el clima, porque las administraciones más cercanas a la ciudadanía son las que tienen una mejor capacidad de planificar y decidir también estos fondos. Si abren un poco la mano en este sentido, nos podemos llegar a entender, pero también creemos que esto debe quedar claro en la tramitación de esta ley.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, president. Bé, avui el Grup Socialista podríem dir que li fa la feina a l’Executiu, perquè presenta una proposició per recuperar la tramitació d’un projecte de llei que ve d’una directiva europea que modifica el règim de comerç dels gasos d’efecte hivernacle i que era molt important i molt urgent, moltíssim. Fins que els va importar molt més tombar les nostres esmenes que mantenir la tramitació del projecte de llei al qual obliga la Unió Europea. El Govern el va retirar per carregar-se l’aconseguit per Junts per Catalunya. Sí, va ser així. Gairebé tots els partits van donar suport a les esmenes registrades per aquest grup parlamentari, però que van ser transaccionades i millorades per altres grups. Una era, com s’ha recordat, per eliminar l’impost a la generació elèctrica que tant perjudica el desplegament de les renovables, especialment necessari a Catalunya, amb la dependència que tenim de l’energia elèctrica d’origen nuclear. L’altra era per prorrogar la vida útil regulada de les plantes de cogeneració, mentre fan camí cap a la descarbonització i mentre esperen, i desesperen, esperant una convocatòria de subhasta que es va anunciar el 2019 i encara no ha arribat. I també recordem-ho, algunes d’aquestes plantes de cogeneració són de tractament de purins. A hores d’ara està en joc, i no és cap exageració, està en joc la supervivència de més de 100 granges de porcí petites i mitjanes a Catalunya, a les comarques d’Osona i a la comarca del Segrià. Dues plantes que tractaven més de 200 000 tones de purins a l’any estan aturades, una a Alcarràs i l’altra a les Masies de Voltregà. No podem subsistir econòmicament sense ajudes i els ramaders no tenen cap alternativa eficient, mediambientalment sostenible i econòmicament assumible per tractar els purins. Per això, quan vostès van retirar el projecte al Congrés, des de Junts i altres formacions, vàrem presentar l’esmena a la tramitació de la Llei de malbaratament alimentari al Senat, i es va tornar a aprovar. Es va tornar a aprovar perquè la gran majoria vol una solució per als ramaders. I què fa el Govern? Vetar des del Congrés unes esmenes ja incorporades en el text del Senat. Senyories, el que arriba del Senat no es veta, es vota. Si una esmena no els agrada, la voten en contra, cap problema, i s’accepta el resultat. Però el veto ja se’ls va passar el moment de fer-ho, que era, en tot cas, al Senat. Vostès han decidit guanyar, com s’acostuma a dir al futbol, guanyar als despatxos allò que s’ha perdut al terreny de joc. Amb la complicitat de la Mesa del Congrés i el posicionament en contra del secretari general del Congrés i del lletrat major, han actuat en contra fins i tot de la jurisprudència del Tribunal Constitucional, en contra del reglament, trepitjant els drets de les minories i els acords de les majories. Ni tan sols s’han dignat a contestar els escrits, encara no ho han fet, de reconsideració presentades a la mesa, res. Van tirar pel dret mantenint la votació de la llei de malbaratament. Quan els vàrem demanar aturar-la perquè el dany no fos irreversible, no van voler fer-ho. Avui, de tota manera, votarem a favor de la presa en consideració d’aquesta proposició de llei, però ja els diem que no renunciem, no ho farem, a seguir defensant l’única solució que tenen els ramaders per gestionar els purins. I això vol dir que tornarem a presentar la nostra esmena on faci falta i les vegades que faci falta. I cada cop que vostès ens tombin la solució pels ramaders, potser, potser es troben amb el fet que no tenen els vots de Junts per aprovar aquesta iniciativa o una altra llei. Trepitjar la nostra feina parlamentària té costos, no sortirà gratis. Estan vostès jugant amb el futur d’un dels sectors més importants de Catalunya. Els ramaders veuen una maniobra de fons que està emportant-se el seu modus vivendi a altres comunitats autònomes. I tenen raó. Si no, com s’explica que el govern de Salvador Illa no hagi posat cap solució al damunt de la taula? Com s’explica que des del seu Departament d’Agricultura els diguin als ramaders que rebaixin la producció o que s’esperin dos o tres anys, que és el temps que es triga a tramitar, que hi hagi noves plantes de biogàs per substituir les de cogeneració per tractar els purins? Dos o tres anys transportant purins a més de 100 km, de debò? Aquesta és la solució que proposa el govern Illa pels ramaders de Catalunya. Qui ho pot costejar? És una vergonya, així que, si volen que nosaltres els prenguem en consideració, facin el mateix amb els ramaders catalans. Prengui’ls en consideració. Si no, seran vostès els responsables del resultat final en la votació d’aquesta llei.

Gracias, presidente. Hoy, el Grupo Socialista le hace el trabajo al Ejecutivo, porque presenta una proposición de ley para recuperar la tramitación de un proyecto de ley que viene de una directiva europea y que quiere modificar el régimen de comercio de los gases de efecto invernadero, y que era muy urgente, muy urgente, hasta que les importó más derrotar nuestras enmiendas que mantener la tramitación de este proyecto de ley de la Unión Europea. El Gobierno lo retiró para tumbar lo que había conseguido Junts per Catalunya. Sí, fue así. Casi todos los partidos apoyaron las enmiendas registradas por este grupo parlamentario y que fueron consensuadas y mejoradas con otros grupos.

Una era para eliminar el impuesto a la generación eléctrica que tanto perjudica al despliegue de las renovables, especialmente necesario en Cataluña con esa dependencia que tenemos de la energía eléctrica de origen nuclear, y la otra era para prorrogar la vida útil regulada de las plantas de cogeneración, mientras se encaminan hacia la descarbonización, y mientras esperan ―y desesperan― una convocatoria de subasta que se anunció en 2019 y que aún no ha llegado.

Recordemos, también, que algunas de estas plantas de cogeneración son de tratamiento de purines. Ahora está en juego, y no exagero, la supervivencia de más de cien granjas de porcino pequeñas y medianas en Cataluña, en las comarcas de Osona y Segrià. Dos plantas que trataban más de doscientas mil toneladas de purines al año están paradas, una en Alcarràs y la otra en Les Masies de Voltregà. No pueden subsistir económicamente sin ayudas. Estos ganaderos no tienen ninguna alternativa eficiente que sea ambientalmente sostenible y económicamente asumible para tratar los purines. Por eso, cuando ustedes retiraron el proyecto en el Congreso, Junts y otras formaciones presentamos la enmienda en la tramitación de la ley de desperdicio alimentario en el Senado. Y se volvió a aprobar. ¿Por qué? Porque la mayoría quiere una solución para estos ganaderos. ¿Y el Gobierno qué hace? Vetar desde el Congreso unas enmiendas que ya estaban incorporadas al texto del Senado. Señorías, lo que viene del Senado no se veta; se vota. Si hay una enmienda que no les guste, voten en contra. Se acepta el resultado. Pero el veto ya se les pasó el momento de hacerlo, que hubiera sido en el Senado. Pero han decidido ganar en los despachos lo que se ha perdido en el terreno de juego. Y esto con la complicidad de la Mesa del Congreso y el posicionamiento en contra del secretario general del Congreso y del letrado mayor. Han actuado en contra, incluso, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en contra del Reglamento, pisoteando los derechos de las minorías y los acuerdos de las mayorías. Ni siquiera se han dignado a contestar a los escritos de reconsideración presentados a la Mesa. Todavía no lo han hecho. Nada. Tiraron por la vía rápida, manteniendo la votación de la ley de desperdicio, cuando les pedimos pararla para que el daño no fuera irreversible.

Hoy votaremos a favor de la toma en consideración de esta propuesta de ley, pero ya les decimos que no renunciamos ―no lo vamos a hacer― a seguir defendiendo la única solución que tienen los ganaderos para gestionar los purines. Y eso significa que volveremos a presentar nuestra enmienda cuando haga falta, todas las veces que haga falta. Y cada vez que ustedes nos tumben la solución para los ganaderos, a lo mejor, quizás, se encuentren con que no tienen los votos de Junts para aprobar esta iniciativa o cualquier otra ley. Pisotear nuestro trabajo parlamentario conlleva costes. No les saldrá gratis. Están ustedes jugando con el futuro de uno de los sectores más importantes de Cataluña.

Los ganaderos ven una maniobra de fondo que se está llevando su medio de subsistencia a otras comunidades autónomas, y tienen razón. Si no, ¿cómo se explica que el Gobierno de Salvador Illa no haya puesto ninguna solución encima de la mesa? ¿Cómo se explica que, desde su departamento de Agricultura, se diga a los ganaderos que rebajen la producción o que se esperen dos o tres años ―que es el tiempo que se tarda en tramitar que haya nuevas plantas de biogás para ir sustituyendo la cogeneración para tratar los purines―? Dos o tres años transportando purines a más de cien kilómetros… ¿De verdad? ¿Es esta la solución del señor Illa para los ganaderos de Cataluña? ¿Quién puede costear eso? Es una vergüenza. Si quieren que les tomemos en consideración, hagan ustedes lo mismo con los ganaderos catalanes. Tómenselos en serio, porque, si no, serán ustedes los responsables del resultado final de la votación de esta ley.

Muchas gracias.

Molt bona tarda, diputades i diputats. Gràcies president. A la vida, tot allò que comença malament sol acabar fatal. I en política més o menys passa el mateix. I si no s’ho creuen, escoltin aquesta història. Avui el PSOE ens porta la presa en consideració d’una proposició de llei que modifica la llei ¿s’ha dit vastament¿, la Llei 1/2005, de 9 de març, per regular el règim de comerç dels drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Una llei que forma part, òbviament, de les mesures que va adoptar Espanya per reduir les seves emissions contaminants i complir, atenció, complir amb els objectius climàtics de la Unió Europea. En definitiva, es tracta d’actualitzar la legislació espanyola per adaptar-se a les noves directives, és a dir, fer una transposició. Les noves directives, que marquen que es reduiran les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 55 % l’any 2030, respecte als nivells del segle passat, respecte als nivells de 1990.

D’entrada, dues consideracions importants respecte al que avui se sotmet a consideració. La primera, això que estem debatent arriba tard i arriba molt i molt malament. La transposició d’aquesta directiva europea ha reflexat aquests últims mesos la debilitat del Govern, una debilitat jo crec que manifesta, que lluny de fer política, lluny de negociar, lluny de deliberar i d’acceptar altres majories parlamentàries, es tanca en banda, actua amb arbitrarietat i vulnera, vulnera, sí, drets democràtics. Tothom sap que abans d’acabar l’any, abans del 2024, aquest congrés havia de donar llum verda a aquesta llei. I tothom sap també què va passar en aquella ponència que havia de donar lloc a un dictamen aprovat en una comissió i posteriorment, evidentment, aprovar-se aquí en el ple. Una cosa que no va succeir mai. La història ja la saben. Jo no m’estendré.

Segona consideració. El Govern espanyol tampoc fa els deures. Espanya evidencia un clar retard en la transició ecològica. Les dades d’emissions de gasos d’efecte hivernacle ho evidencien de manera contundent. I no ho dic jo, que també podria dir-ho, ho diuen les últimes dades d’Eurostat. Mentre la Unió Europea ja ha reduït les seves emissions un 31 % respecte al segle passat, respecte al 1990, Espanya no només no ha avançat en la mateixa línia, sinó que les seves emissions, atenció, són avui un 1,4 % superiors a les d’aquell any. És a dir, qualsevol persona que estigui escoltant o veient aquest debat es deu posar les mans al cap, perquè no és que no avancem, no és que avancem a poc a poc, és que estem reculant. Tampoc entenc el debat, el cara a cara que ha tingut el PSOE amb VOX, perquè al final no estem al lloc on VOX voldria ser. Perquè d’avançar no avancem absolutament en res. Aquesta data és especialment greu si tenim en compte que el país, que el seu país s’ha compromès a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 55 % l’any 2030. Això vol dir, no sé si ho saben, d’aquí a cinc anys. A diferència de països com Dinamarca i Suècia que ja superen el 45 % de reducció acumulada.

Aquesta és la realitat. És evident, doncs, que aquesta incapacitat per reduir emissions reflecteix una desconnexió brutal, estructural, entre els objectius declarats i les polítiques efectivament desplegades. No funcionen, no funcionen gens. Jo voldria parlar-los d’un dels sectors més contaminants de l’Estat espanyol, que és el del transport. Un sector que concentra el 30 % del total d’emissions a l’Estat espanyol, el 30 %, una proporció molt superior a la d’Alemanya, per exemple, o la de Suècia, i que reflecteix una elevada dependència del vehicle privat i una escassa, per no dir nul·la, aposta per la mobilitat sostenible.

Conclusió: avui el Partit Socialista ens planta una proposició de llei que, a banda d’arribar tard i malament, evidencia vàries realitats. El Govern espanyol, ho he dit, actua amb absoluta impunitat. El Govern espanyol no ha reduït els nivells globals d’emissions, no hi és i gairebé es pot dir que no se l’espera. I 3: el Govern espanyol manté patrons de consum altament contaminants i altament ineficients. Aquesta presa en consideració d’avui arriba en el mateix moment en què les dades ens dibuixen un escenari de veritat molt preocupant. Espanya avança en la transició ecològica de manera lenta, de manera desigual i de manera insuficient, amb una incapacitat extrema de reduir emissions i de transformar profundament un model que cal transformar, que és el nostre model energètic. Sense un canvi radical en les polítiques públiques, sense una inversió decidida en renovables, mobilitat neta i eficiència energètica, no se’n sortiran, no ens en sortirem. I sense una reducció real de la dependència dels combustibles fòssils, tampoc.

I aquesta proposició de llei arriba també després que el Govern hagi dinamitat no per una, sinó per dues vegades una esmena del meu grup parlamentari, transaccionada amb altres grups d’aquest hemicicle per primer cop al Congrés, per segona vegada el Senat. També s’ha explicat la història. L’esmena sobre la cogeneració, una mesura de justícia econòmica, una mesura de justícia industrial i, val a dir, una mesura de justícia ambiental també. La cogeneració de gran eficiència ha estat i és una eina fonamental per garantir la competitivitat de la indústria, la reducció d’emissions i una millor eficiència energètica. I aquesta és la realitat, que vostès no fan ni deixen fer.

Són conscients que el retard en el nou marc retributiu a través de les subhastes previst en el PNIEC i paralitzat per la crisi energètica derivada de la guerra d’Ucraïna ha deixat fora de joc més d’un centenar d’instal·lacions que han esgotat la seva vida útil reguladora sense la possibilitat de renovar el seu cicle d’inversió? En som conscients d’això? Perquè la setmana passada parlàvem de les plantes de cogeneració de tractament de purins i dels ramaders del Segrià i dels ramaders d’Osona. Però avui parlem de moltes altres indústries, de moltes. Una situació que no només perjudica el teixit industrial i el sector primari, sinó que també incrementa les emissions, important, incrementa les emissions i suposa, evidentment, un retrocés important en els objectius de descarbonització.

Acabo, president, amb aquests cinc segons que em queden i ho faig afirmant el que he dit quan he començat: el que malament comença malament acaba, a la vida i, pel que s’ha demostrat avui, també en política. Res més, moltes gràcies.

Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Gracias, presidente. En la vida todo lo que empieza mal suele acabar muy mal; en política viene a ser lo mismo. Si no se lo creen, escuchen ustedes la siguiente historia. Hoy el PSOE nos trae aquí la toma en consideración de una propuesta de ley que modifica ―ya se ha dicho antes― la Ley 1/2005, de 9 de marzo, para regular el régimen del comercio de derechos de gases de efecto invernadero; una ley que forma parte de las medidas que adoptó España para reducir sus emisiones contaminantes y cumplir ―escuchen bien, cumplir― con los objetivos climáticos de la Unión Europea. En definitiva, se trata de actualizar la legislación española para adaptarse a las nuevas directivas europeas. Es una transposición de esas nuevas directivas que imponen que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 %, de aquí al año 2030, con relación a los niveles del siglo pasado, de 1990. De entrada, dos consideraciones importantes en cuanto a lo que hoy se somete a consideración. La primera: esto que estamos debatiendo aquí hoy llega tarde y llega muy mal. La trasposición de esta directiva europea refleja, estos últimos meses, la debilidad del Gobierno ―que es manifiesta, creo yo―, que, lejos de hacer política, lejos de negociar, deliberar y aceptar otras mayorías parlamentarias, actúa con arbitrariedad y vulnera ―digo bien, vulnera― derechos democráticos. Todo el mundo sabe que antes de que acabara el año 2024 este Congreso había dado luz verde a esta ley, y todo el mundo sabe lo que pasó en esa ponencia, que tenía que dar lugar a un dictamen, aprobado por una comisión y, después, debía aprobarse aquí, en el Pleno. Algo que nunca sucedió. La historia ya la conocen; no voy a repetirme. La segunda consideración: el Gobierno español tampoco hace sus deberes. España demuestra un claro retraso en la transición ecológica. Los datos de emisiones de gases de efecto invernadero lo demuestran de forma contundente. Y no lo digo yo, que también podría, sino los últimos datos de Eurostat. Mientras la Unión Europea ya ha reducido sus emisiones en un 31 % con respecto al siglo pasado ―1990―, España no solo no ha avanzado en esta misma línea, sino que sus emisiones son hoy ―atención― un 1,4 % superiores a las de ese año. Imagínense. Cualquiera que esté aquí escuchando o viendo este debate se llevará las manos a la cabeza, porque no es que no avancemos, no es que avancemos despacio… No, no, es que estamos reculando. Entonces, no entiendo el debate aquí entre VOX y el PSOE, porque estamos donde VOX quisiera que estuviéramos. Porque, desde luego, de avanzar nada de nada. Este dato es especialmente grave si tenemos en cuenta que su país se ha comprometido a reducir los gases de efecto invernadero un 55 % en 2030 ―o sea, dentro de cinco años― y, a diferencia de países como Dinamarca o Suecia, ya han superado un 30 y un 40 % ante esas emisiones. Esto lo que refleja es una desconexión increíble entre los objetivos declarados y las políticas que se despliegan en la realidad. Estas políticas no funcionan. Para nada. En absoluto. Yo quisiera hablarles de uno de los sectores más contaminantes en el Estado español: el sector del transporte concentra un 30 % del total de emisiones en el Estado español; 30 %, una proporción muy superior a Alemania o Suiza, y que refleja una dependencia muy alta del vehículo privado y muy poca apuesta por la movilidad sostenible. Conclusión: hoy el Partido Socialista nos plantea aquí una propuesta de ley que, además de llegar tarde y mal, demuestra varias realidades. El Gobierno español, ya lo he dicho, actúa con absoluta impunidad. El Gobierno español no ha reducido los niveles globales de emisiones. No está ni se le espera. Y, tercero, el Gobierno español mantiene patrones de consumo altamente contaminantes e ineficientes, y esta toma en consideración de hoy llega en el mismo momento en que los datos nos dibujan un escenario de verdad muy preocupante. España avanza en la transición ecológica de forma lenta, desigual e insuficiente, con una incapacidad extrema de reducir emisiones y transformar profundamente un modelo que hay que transformar, que es nuestro modelo energético. Sin ese cambio radical en las políticas públicas, sin una inversión decidida en la eficiencia energética y las fuentes de energías renovables, no vamos a lograrlo, y sin romper con esa dependencia de los combustibles fósiles, tampoco. Esta propuesta de ley llega después de que el Gobierno haya dinamitado no en una, sino en dos ocasiones una enmienda de mi grupo parlamentario negociada con otros grupos de este hemiciclo, primero, en el Congreso y, luego, en el Senado. Ya se ha explicado: la enmienda sobre la cogeneración; una medida de justicia económica, una medida de justicia industrial y una medida de justicia ambiental también. La cogeneración de gran eficiencia ha sido y es una herramienta fundamental para garantizar la competitividad de la industria, la reducción de emisiones y una mayor eficiencia energética.

Esta es la realidad, ustedes ni hacen ni dejan hacer. ¿Son conscientes de que el retraso en este nuevo marco retributivo, a través de las subastas previstas en el PNIEC y paralizado por la guerra de Ucrania, ha dejado fuera de juego a más de un centenar de instalaciones que han agotado su vida útil sin la posibilidad de renovar su ciclo? ¿Son conscientes de ello? Porque la semana pasada estábamos hablando de las plantas de cogeneración, de tratamiento de purines y de los ganaderos de Osona y de Segrià, pero es que hoy estamos hablando de muchas otras industrias, muchas. Es una situación que perjudica al sector primario y al tejido industrial y, además, incrementa las emisiones ―muy importante― y supone un retroceso importante en los objetivos de descarbonización.

Acabo, presidente, afirmando lo que he dicho al empezar: quien mal empieza, mal acaba, en la vida y, por lo que se ha demostrado hoy aquí, también en política.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Desde los años setenta, los Estados de todo el mundo nos hemos unido para hacer frente a uno de los mayores retos que enfrentamos como humanidad: la emergencia climática. El Protocolo de Montreal, negociado en 1987, fue el primer acuerdo medioambiental global, vinculante y basado en proyecciones científicas para eliminar las sustancias que destruían la capa de ozono. Dos años antes se había descubierto el gran agujero de la capa de ozono en el Antártico. En la década de los noventa seguimos avanzando. En la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, celebrada en 1992, se estableció la protección de los bosques y la protección de la diversidad biológica, y en 1997 se aprobó el Protocolo de Kioto, piedra angular de la batalla contra el cambio climático. El Protocolo de Kioto fue el primero en utilizar esta orientación de mercado como mecanismo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; un mercado de carbono regulado, porque no es voluntario, que otorga derechos de emisión, generados por los países miembros, que se distribuyen entre los sectores cubiertos, los cuales participan en el mercado comprando y vendiendo las unidades de cantidad asignadas. Con esta proposición de ley se trata de actualizar el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, el mayor por valor de mercado y recaudación. Se trata de hacer más eficiente y más justo este instrumento que se diseñó para estimular los objetivos de reducción de emisiones y que ha devenido en un elemento clave de las políticas de mitigación del cambio climático. Es un hecho que el mercado de créditos de carbono ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque su ambición podría ser mucho mayor. Las empresas se ven obligadas a comprar créditos para compensar sus emisiones a un precio regulado por el mercado y también se ven obligadas a seguir la senda de la descarbonización a la par que garantizan su competitividad, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático y a la promoción del desarrollo sostenible, como recogía el Protocolo de Kioto. Este régimen tiene un impacto positivo en el clima, a la vez que estimula la adaptación de las empresas de distintos sectores a ser cada vez menos contaminantes. Aun así, el sistema no es lo suficientemente eficiente ni justo. Aunque la cantidad de créditos disponibles se va reduciendo con el tiempo para garantizar que también bajen las emisiones, el fuerte impulso que ha dado la Unión Europea a las energías renovables ha provocado un excedente de créditos ―sobre todo por la parte del sector eléctrico, que es el que se está descarbonizado más rápido― que, sumado a una menor demanda, ha hecho disminuir el precio del carbono en los últimos años. Hace falta elevar el precio del carbono y reducir el volumen de créditos a un ritmo más acorde con los objetivos para 2030 y 2040. (Aplausos). La trasposición de estas dos directivas debería acelerar la descarbonización de la economía, desplazando las inversiones en combustibles fósiles hacia tecnologías más limpias e innovadoras. También el mecanismo de ajuste en frontera del carbono nos permitirá poner precio al carbón en las importaciones, incentivando a la industria de fuera de la Unión Europea a adoptar medidas en la misma dirección. También mejoraremos las cargas administrativas de los sectores incluidos en el nuevo régimen de comercio. Las instalaciones de los operadores aéreos van a contribuir más en el sistema y se incluyen las emisiones del transporte marítimo, que ya era hora, pero la principal novedad es la incorporación del transporte por carretera y la edificación en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. La inclusión, de hecho, del transporte y los edificios puede tener un claro impacto en los hogares más vulnerables, las pymes y las personas que viven en zonas rurales y remotas sin acceso al transporte público. Por este motivo es urgente el desarrollo del Fondo Social para el Clima, para proteger a los sectores de la población más vulnerables, que son los que más sufrirán los costes de la transición ecológica si no se articula un reparto justo entre costes y beneficios. Este nuevo régimen también incluye el principio de «quien contamina paga» y aumenta los ingresos para esta transición verde y justa.

El Grupo Plurinacional SUMAR tiene clara la urgencia de tramitar esta proposición de ley, no solamente por las multas millonarias a las que nos exponemos si no adaptamos nuestra legislación a la europea o por la inseguridad jurídica que crea en los sectores afectados, sino porque es una oportunidad para que España lidere un sistema de comercio de emisiones más consistente y, por lo tanto, más ambicioso y justo. (Aplausos). Hace falta más ambición y no quedarnos en la mera trasposición.

Estamos convencidas de que durante el trámite parlamentario podremos tejer acuerdos con todos los grupos parlamentarios para mejorar una legislación que nos viene marcada por la Unión Europea, siempre y cuando se tenga claro cuál es el objetivo último de esta proposición de ley: actualizar un régimen de comercio de derechos de emisión que incentiva a sectores privados a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que calientan nuestro planeta. Si el Protocolo de Kioto es la piedra angular de la batalla contra el cambio climático, el mercado de carbono es el mecanismo para reducir las emisiones y luchar para no llegar a los 2 grados de calentamiento global. ¿Sus señorías de VOX saben qué quiere decir esto? Quiere decir salvar vidas, porque la contaminación mata, porque las olas de calor matan, porque las danas mal gestionadas ―como Mazón― matan. Por este motivo es importante reducir las emisiones. (Aplausos). Por eso es importante. Así que, señorías de todos los grupos parlamentarios, no olviden de qué va esta iniciativa legislativa, no olviden que nos jugamos el presente y, sobre todo, el futuro de los que vendrán.

Gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Estamos debatiendo una iniciativa legislativa que entró en esta casa el 14 de junio. ¿Por qué ha vuelto? Porque el 9 de diciembre, en trámite de ponencia, el Grupo Parlamentario Popular y otros grupos parlamentarios acordaron la inclusión de dos enmiendas, y el Gobierno prefirió retirar el proyecto antes que reducir la factura eléctrica o dar continuidad a la industria de la cogeneración. Esas eran las dos enmiendas y ese fue el motivo de la retirada del proyecto de ley (aplausos) y no otro. Son 125 las empresas de cogeneración que están viendo su futuro comprometido. ¿No se dan cuenta de que la industria española está siendo duramente castigada y que los precios industriales han crecido un 6,6 % en el mes de febrero, ya cuatro meses consecutivos? Para ese crecimiento ha sido determinante el encarecimiento de los precios de la producción, el transporte y la distribución de energía. En cuanto a la otra enmienda incorporada al texto, que ustedes retiraron solo pensando en no sufrir una derrota más y ver satisfecha su voracidad recaudatoria, es la suspensión del 7 %. Eso hubiese supuesto rebajar la factura de las familias este año en 400 millones de euros; a las pequeñas y medianas empresas, en 500 millones, y a la gran industria, en 200 millones. Pretendíamos la salvaguarda de la competitividad de nuestro país, puesto que ningún socio europeo aplica este impuesto. Señorías, ¿el cierre de industrias, de empresas no acaba perjudicando el empleo y los proyectos de vida de todos los españoles? Claro que sí. Pero ustedes han comprado esa idea nefasta, la del decrecimiento. Nos quieren hacer más pobres, y para ese plan siniestro su mejor aliado es su política energética, señorías. (Aplausos). Nuestra visión encaja perfectamente con la Unión Europea, con el Clean Industrial Deal, que habla de reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y de reducir los costes energéticos. En esa estrategia europea se advierte una recomendación que este Gobierno vuelve a pasar por alto: deben reducirse las cargas fiscales a la generación de energía, señorías. Pero, como hemos dicho, a ustedes solo les preocupa recaudar sin importar quién se quede atrás. Señorías, contrariamente a lo que piensa este Gobierno, competitividad y descarbonización no son conceptos antagónicos. Muestran ustedes una vez más un profundo desconocimiento de la realidad económica de nuestro país. Imponer políticas trasnochadas, ideologizadas no es el camino para el objetivo compartido por todos de descarbonizar la economía española. Nuestra receta es, por contra, la racionalidad. En esta proposición de ley ni siquiera aparece que los ingresos de los derechos de emisión sean destinados a compensar a las compañías que tienen riesgo de sufrir la deslocalización por tener que hacer frente a rivales que no tienen nuestros compromisos medioambientales.

Desde el año 2018 las subastas han supuesto ingresos por 15 663 millones de euros. Han destinado al sistema eléctrico el 59 %, y el 11 %, a las compensaciones para la industria ―solo el 11 %, cuando se permitía hasta el 25 %―, pero con los 4700 millones restantes ¿qué han hecho? ¿A qué los han destinado? Queremos que la trasposición recoja de forma clara y meridiana el destino de todos los ingresos y de qué modo se utilizan en la descarbonización de nuestra economía. Creemos necesario potenciar un fondo nacional de transición industrial que apoye la adaptación de la industria española en ese proceso tan deseado por todos de la descarbonización. También queremos que la fiscalidad se pueda dirigir de manera que actúe como un poderoso incentivo para contar con la agricultura y el mundo forestal, que son sumideros naturales de carbono; incentivar su actividad evitaría el abandono de tierras, la pérdida de masa forestal y el despoblamiento de zonas rurales. En cuanto al ajuste en frontera, exigimos una coordinación efectiva entre la Comisión, el ministerio y las autoridades aduaneras para que los bienes importados que no cumplen con las mismas reglas ambientales que nosotros paguen en el momento en el que entran en nuestro mercado. Esos ingresos por ajuste en frontera deben ser una oportunidad para nuestra industria, que, inevitablemente, seguirá emitiendo CO2 por la naturaleza de sus procesos industriales.

El Gobierno también se ha olvidado del transporte marítimo, y viene con cargas adicionales como el incremento de fletes entre el 10 y el 15 %. Además, los puertos españoles pueden dejar de ser competitivos con desvíos de rutas a otros puertos donde no se aplica esta regulación. Podremos cambiar tecnologías, instrumentos, regulaciones, pero lo que no va a cambiar es la necesidad de transporte marítimo. Seguiremos necesitando medicamentos, alimentos, vestimenta, materias primas..., una lista muy larga que suma ―escúchenme― 1,5 toneladas por persona en el mundo. Ese volumen apenas representa el 3 % de las emisiones globales. Por tanto, creemos que parte de esos ingresos de esta ley deben destinarse a hacer más competitivos tanto a los puertos como a la flota en ese proceso hacia la descarbonización.

¿Saben ustedes, señores de SUMAR y del PSOE, que son los campeones en cuanto a emisiones, si hablamos del sistema eléctrico? ¿Sus políticas qué han conseguido? Con la excepción ibérica, un incremento del consumo de gas del 25 %, según la Agencia Internacional de la Energía; además, han convertido ―escuchen bien― durante el año 2024 a Rusia en el segundo proveedor de gas de nuestro país, con el 21,3 %. Felicidades, señorías, felicidades. (Aplausos).

Hace dos semanas decía el presidente del Gobierno: Green, baby, green. Imagino que será la credencial con la que vaya a visitar al presidente de China, probablemente. Miren, es un sueño delirante, sobre todo cuando están planteando ahora el cierre de las centrales nucleares. De producirse ese cierre tan deseado y añorado, además de incrementar el precio de la factura doméstica en un 25 % y el de la industria en un 35 %, además de todo eso, perderemos 7 gigavatios de energía nuclear, de energía libre de emisiones, de energía limpia. Resultado: con el apagón nuclear pretendido por sus señorías tendremos que recurrir a ciclos combinados de gas, es decir, más dependencia exterior, más coste de la energía y 2 millones de toneladas de CO2 más al año a la atmósfera. Menos mal que estamos en manos de los adalides de la sostenibilidad y de la reducción de nuestra huella de carbono, menos mal. Ya están recibiendo advertencias incluso del comisario de Energía, del señor Jorgensen, que es socialista. ¿Qué ha dicho el señor Jorgensen recientemente? Que garantizar el suministro de energía limpia y asequible ―refiriéndose a la energía nuclear, por supuesto― es clave para la competitividad y que la transición a una economía descarbonizada, señorías, no debe estar reñida nunca con la competitividad industrial.

Muchas gracias. (Aplausos).