Proposición de Ley Orgánica para garantizar el funcionamiento de las secciones de los Tribunales de Instancia y de las Audiencias provinciales en materia de violencia sobre la mujer, así como la especialización de los jueces y magistrados destinados en ellas.

Gracias. Señorías, comencemos por lo obvio, aunque algunos no lo quieran ver: la violencia contra la mujer es la mayor y la más cruel manifestación de desigualdad que existe en nuestra sociedad. Hoy mismo en este Pleno, hemos guardado de nuevo un minuto de silencio por dos nuevas víctimas de violencia de género. En esta Cámara y en nombre de mi grupo parlamentario, mandamos desde aquí todo nuestro cariño a sus familias. (Aplausos). Cuando hablamos de violencia de género, no hablamos de un agresor, de un delito o de una víctima más, no, hablamos de múltiples elementos y circunstancias que no se dan en otros tipos delictivos. Son mujeres con miedo, muchas veces con sentimiento de vergüenza, sentimiento de culpa, vinculadas emocionalmente con su agresor, con dependencia económica, que se ven abocadas a romper con su vida y su entorno y a tomar decisiones que afectan directamente a sus hijos e hijas, también víctimas, que se pueden ver obligados a posicionarse e incluso a tener que declarar contra seres queridos. La especialización de los operadores jurídicos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sigue siendo una de las medidas esenciales en la lucha contra la violencia de género. Los juzgados especializados de violencia sobre la mujer han de ser una herramienta —l‌a más eficaz— contra esta lacra, pues hasta ahora permitían conocer de los delitos de esta materia y además de cuestiones civiles relacionadas con ella, lo que sin duda garantiza la protección de las mujeres, impidiendo la distorsión de las causas y evitando retrasos que, en muchos casos, son obviamente inasumibles para estas mujeres. La mayoría de esta Cámara —‌y digo bien, la mayoría— que votamos a favor de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género somos conscientes de que en materia judicial hay capacidad de mejora, de que son necesarios más recursos, de que es necesario mejorar la interoperabilidad de los juzgados, mejorar las unidades forenses de valoración también, y de que es necesario el incremento —‌sí, señorías— de las unidades especializadas de los juzgados especializados, porque ya hoy muchos están con exceso de trabajo. Y así queda recogido, con más de cincuenta medidas que están contempladas, como bien saben sus señorías, en el pacto de Estado. Pero ante esta situación, ¿qué hace el Gobierno, con su ministro de Justicia a la cabeza? ¿Refuerza los juzgados de Violencia sobre la Mujer? No lo hace. ¿Reconoce la especialización de los jueces —‌en su mayoría juezas—, que llevan años formándose en materia de violencia sobre la mujer? Tampoco la reconoce. El Gobierno lo que hace es aprobar una Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia donde no solo relega como jueces y juezas no especialistas a los profesionales con una larga trayectoria en casos de violencia sobre la mujer, impidiendo así su desarrollo profesional y provocando, por ende, una mayor desprotección de las víctimas que revisen sus asuntos en segunda instancia, sino que, además, en esta ley —q‌ue podríamos llamarla perfectamente de ineficiencia por sus múltiples incoherencias— incorpora en el último trámite una enmienda de Podemos, ¿lo recuerdan? ¿De verdad no aprendieron de la capacidad legislativa del Grupo Parlamentario de Podemos? (Aplausos.—La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!). ¿Y qué decía esta enmienda? Esta enmienda decía que, a partir de los nueve meses desde su aprobación —‌ya solo quedan seis— los juzgados, ahora secciones de los tribunales de instancia, son competentes en violencia sobre la mujer y deben entender de todas las situaciones de violencia contra la mujer. Esto es: delitos contra la libertad sexual, delitos de mutilación genital femenina, delitos contra la trata con fines de explotación sexual o de matrimonios forzosos, entre otros. Señorías, esto es inasumible. (Aplausos).

Y esto no solo lo dice el Grupo Popular, no. Esto que denunciamos nosotros lo dicen las juezas de violencia sobre la mujer, los magistrados de las audiencias provinciales o de los tribunales superiores de justicia, que advierten de un riesgo evidente de colapso y, con todo ello, de la desprotección de todas estas víctimas. Ustedes saben que en estos nueve meses de vacatio de plazo —‌que ya son solo seis— para que entre en vigor esta nueva atribución de competencias, no hay capacidad para este cambio trascendental, que, por cierto, no ha sido ni consultado con el Consejo General del Poder Judicial ni con las fuerzas políticas que en aquel momento estábamos renovando el pacto de Estado.

Esta es una muestra más de que, con tal de aprobar una ley sí o sí, agarraron los cinco votos de Podemos, poniendo de nuevo en riesgo a las víctimas, cumpliendo de nuevo con una disposición de la nefasta ley del solo sí es sí. ¿No han tenido bastante ustedes con más de 1200 condenas revisadas a la baja a violadores y pederastas? Por cierto, cifra que hace mucho tiempo que no se actualiza. ¿Tampoco tuvieron bastante con revictimizar a todas esas mujeres que vieron y están viendo hoy cómo sus agresores sexuales salen a la calle? Señorías, ¿no han aprendido la lección, que ahora lo que pretenden es que las denuncias de las mujeres víctimas de violencia de género se pierdan entre mil expedientes mientras ellas temen por su vida y por las de sus hijos? ¿Podrían por un momento dejar de tomar decisiones haciendo cálculo político, que perjudican a las mujeres víctimas de violencia por mantenerse unos meses más en el sillón? (Aplausos). ¡No creo que estemos pidiendo mucho para un partido al que le encanta llevar la pancarta de feminista y defender la igualdad!

Señorías, hoy el Grupo Popular vuelve a presentar una proposición de ley para evitar un grave error —‌como ya lo hicimos, porque somos un partido de Estado—, para modificar la chapuza del Código Penal del solo sí es sí, imponiendo de nuevo a los agresores sexuales las penas ejemplares. Solicitamos el apoyo para la toma en consideración de esta proposición de ley que, sin duda, viene a dar solución a una nueva chapuza legislativa de este Gobierno. Porque la alerta del colapso de las secciones de violencia no es un invento, señorías, es una realidad. Porque, con semejante ampliación, el incremento de carga de trabajo es exponencial, no solo por los distintos tipos de delito que se suman a las competencias para los que fueron creados los juzgados, sino también por el importante crecimiento actual del número de delitos contra la libertad sexual y por la especial complejidad de la instrucción de alguno de ellos, como es el caso de la trata con fines de explotación sexual, que, como saben, está vinculado al crimen organizado internacional. Fíjense, señorías, un solo caso de trata, por su complejidad, puede paralizar la actividad normal de un juzgado durante meses, retrasando la tramitación del resto de causas. ¿De verdad creen que esto no desprotege a las mujeres víctimas de violencia de género? ¿Piensan que este retraso no va a suponer una desconfianza en el sistema por parte de las víctimas, que puede incluso desmotivar la denuncia? ¿No lo creen? Esta ampliación de competencias actualmente es, insisto, inasumible. Porque previamente no se ha efectuado el incremento necesario tanto de juzgados de violencia sobre la mujer como de recursos humanos y materiales necesarios, ni se ha procedido a la especialización en la materia en las nuevas secciones de suficientes jueces y magistrados. Señorías, es imposible que el incremento de asuntos que se van a conocer en los juzgados en las secciones de las audiencias especializadas sea conocidos y asumidos por las mismas personas con los mismos medios con los que se disponía. Si no se pone remedio, la respuesta judicial no será eficiente ni eficaz, que es precisamente lo que necesitan las mujeres víctimas de violencia.

La solución a este problema solo pasa por aprobar esta proposición de ley. Evitar el colapso de los juzgados de violencia sobre la mujer está, hoy y aquí, en nuestra mano. La solución no es que la ministra de Igualdad anuncie más recursos. ¿Qué podemos esperar de una ministra de Igualdad que cada 8 de marzo por la mañana es transactivista y, por la tarde, pretende coger la pancarta del borrado contra las mujeres? Por la mañana pasea con las regulacionistas y, por la tarde, es abolicionista de la prostitución, mientras calla ante los casos de consumo de prostitución. (Aplausos). Y no solo calla, sino que también calla con la utilización más ruin de mujeres prostituidas por parte del que fue la mano derecha del ‘número 1’ Pedro Sánchez. Tampoco podemos esperar la solución a través de un anuncio en la cuenta equis o un tuit del ministro Bolaños diciendo que se va a incrementar en un 50 % la plantilla de jueces de violencia sobre la mujer. Oiga, ¿y de dónde piensa sacarlo? Se antoja imposible si tenemos en cuenta que no han sido capaces de cumplir el mandato constitucional de ¡aprobar los presupuestos generales del Estado! (Aplausos). Y ahora todavía se les complica más la cosa debido al compromiso del incremento del gasto de Defensa. ¿Qué van a decir sus socios? ¿O es que será que el ministro está más preocupado por su imputado fiscal general del Estado, o quizá preparando su declaración como testigo en la causa contra Begoña Gómez? Donde, por cierto, está obligado a decir la verdad, toda una novedad en este Parlamento.

Señorías, fue una auténtica irresponsabilidad ampliar las competencias sin haber ampliado y dimensionado los juzgados previamente. Insisto, es imposible asumir ese incremento de carga de trabajo y es inexplicable que no se valore la especialización en materia de violencia sobre la mujer de tantas juezas y jueces que son, por cierto, todo lo contrario a lo que denunciaban sus socios, a machistas con toga. Señorías, rectifiquen, sean humildes y reconozcan que se han equivocado. Una vez más, han legislado en contra de la protección de las mujeres. Voten a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, que lo único que pretende es proteger a las víctimas y no dejarlas en una situación de indefensión y desconfianza de nuestra justicia. Hagan caso a quienes más han levantado la voz: a los expertos, a los que el Partido Popular sí ha escuchado; a más de 130 profesionales de la Justicia que han firmado el manifiesto, denunciando las consecuencias negativas de la entrada en vigor de la ley de eficiencia. No dejen que la soberbia del ministro de turno genere inseguridad en las mujeres. No permitan que se produzca una nueva situación de indefensión y revictimización de las mujeres como la que ya vivimos con la nefasta ley del solo sí es sí. Nosotros, en el Grupo Parlamentario Popular, hoy y siempre estaremos del lado de las víctimas con iniciativas como esta, que sí, por supuesto, blindan su protección y su seguridad.

Señorías, piensen ustedes hoy muy bien aquí su voto, porque las mujeres víctimas de violencia no pueden ser tratadas como un número. Tampoco son porcentajes, como ustedes van a decir. Son mujeres en situación de especial vulnerabilidad y de riesgo. Y, sobre todo, señorías socialistas, tengan cuidado con lo que van a votar hoy aquí, porque puede darse la curiosa circunstancia de que, si votan en contra de esta proposición de ley, sean ustedes esos negacionistas de la realidad tan peligrosos como los que todos los días critican. Luego no digan que el Grupo Popular no se lo advirtió. Sean responsables por una vez y voten a favor. Se lo debemos a ellas, a las mujeres víctimas de violencia de género. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!—Aplausos).

Obrigado, señora presidenta. Lograr a especialización dos órganos xudiciais é unha medida fundamental na loita contra a violencia machista e para mellorar a atención ás vítimas. Neste sentido, o BNG ten como prioridade política a creación do Xulgado de Violencia contra as mulleres, cando menos en todas as cidades galegas, pois na actualidade só están en funcionamento no noso país os de Vigo e A Coruña, actuando no resto dos partidos xudiciais seccións os xulgados xudiciais, xulgados, perdón, especializados. Por iso, esta foi unha das medidas fundamentais incorporadas ao acordo de investidura, infelizmente, aínda sen cumprir por parte do goberno, a creación de xulgados en todas as cidades. Tal e como demostran os datos o mellor coñecemento da materia que tratan, a dotación de persoal coa formación específica e o incremento dos medios permite máis eficacia. De feito, o propio Observatorio contra a Violencia doméstica e de xénero incorporaba no seu informe a necesidade de apostar por esta especialización. Efectivamente, despois da modificacións introducidas na Lei de Eficiencia do Servizo Público de Xustiza, establécese que estes xulgados agora denominados tribunais de instancia van coñecer tamén do axuizamento dos delitos contra a liberdade sexual. Evidentemente, se se suman novos tipos o volume de asuntos verase incrementado. Porén, que estes delitos sexan asumidos por eses xulgados e por ese persoal especializado, como dicía, vai resultar nunha mellor atención ás vítimas. En todo caso, os datos feitos públicos certifican que na Galiza o aumento é en 18 % para o Xulgado de Violencia, ao tempo que se veu reducida a carga dos de instrución apenas en 2 %.

Resulta evidente que para impedir o incremento, que o incremento de casos implique un problema é preciso incrementar os xulgados e o persoal que os atende. Así, o BNG defende a necesidade de que o goberno do Estado cree novas prazas xudiciais consonte a proposta formulada pola Comisión Mixta de Xustiza de Galiza, así como a creación de seccións de violencia sobre a muller nos partidos xudiciais de Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol e Santiago de Compostela, sen que implique a eliminación das prazas das seccións de instrución. Tamén sen que a xurisdición do Tribunal de Instancia afecte aos partidos xudiciais próximos en que existan neste momento seccións de instrución especializadas, como é o caso do Partido xudicial de Ribeira en relación con Santiago de Compostela. Ademais de incrementar tamén o cadro de persoal nos corpos de xestión, tramitación e auxilio xudicial, cando menos en correspondencia coas novas prazas a crear.

Por todo isto, o BNG non pode apoiar e non vai apoiar unha iniciativa que, aínda que recolle en parte a necesidade de avanzar na especialización, implica, por outro lado, dar pasos atrás respecto do xa incorporado na Lei de Eficiencia e que permitirá xulgar de forma integral todas as violencias contra as mulleres, porque non hai ningunha discusión de que os delitos de carácter sexual é tamén violencia machista e violencia contra a muller.

Moito obrigado.

Gracias, presidenta. La especialización de los órganos judiciales me parece una medida fundamental en la lucha contra la violencia machista y aliviar a las víctimas. La prioridad política es la creación de un juzgado de violencia contra las mujeres. En Galicia, actualmente están funcionando solamente en Vigo y en Coruña los juzgados especializados. Por ese motivo, esta fue una de las medidas fundamentales que se acordó en la investidura y que todavía no ha cumplido el Gobierno, lamentablemente, la creación de los juzgados en todas las ciudades. Tal y como demuestran los datos, el mejor conocimiento de la materia que tratan, formación específica del personal, permite una mayor eficacia. De hecho, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género incorporaba la necesidad de apostar por esta especialización. La Ley de Servicio Público de Justicia establece que esto es fundamental también para juzgar todos los delitos contra la libertad sexual. El número de delitos va a aumentar, y, por ese motivo, si estos delitos los asumen estos juzgados, va a resultar una mejora en la atención a las víctimas. Los hechos certifican que hay un aumento de un 18 % en Galicia para este tipo de juzgados, y la reducción de la carga de instrucción es apenas del 2 %. Para impedir que el aumento de casos implique un problema hay que aumentar los juzgados y el personal que los atienden. Así, el BNG defiende que se creen nuevas plazas judiciales también en la Comisión Mixta de Justicia de Galicia, así como en los partidos judiciales de Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol y Santiago de Compostela, sin que esto implique que disminuyan las plazas de la sección de instrucción y sin que se afecte a los partidos judiciales próximos, donde hay secciones de instrucción especializadas, como, por ejemplo, en Ribeira, en relación con Santiago de Compostela, además de aumentar también el cuadro de personal de Auxilio Judicial por lo menos en correspondencia con las nuevas plazas que hay que crear. Por todo esto, el BNG no puede apoyar y no va a apoyar una iniciativa que, aunque recurre y habla de esta necesidad, implica dar pasos atrás en cuestiones que ya se habían incorporado en la ley, y necesitamos poder luchar contra todas las violencias contra las mujeres, porque, sin lugar a duda, los delitos de carácter sexual también son violencia machista y violencia contra la mujer. Muchísimas gracias.

Buenas tardes y muchas gracias, señora presidenta. A nosotras esta proposición de ley que presenta el Grupo Popular nos resulta un retroceso en la lucha contra las violencias que se ejercen hacia las mujeres, en particular, en la lucha contra la violencia sexual. Nosotras queremos dejar nuestra postura clara y firme desde el inicio, y es que vamos a votar en contra de esta proposición de ley, en primer lugar, porque transfiere la competencia sobre los delitos de violencia sexual desde los juzgados especializados en la violencia contra las mujeres, tal y como se aprobó con la ley de eficiencia organizativa, a los juzgados o secciones de tribunales de instancia. A nosotras esto nos parece realmente preocupante, porque entendemos que podría reducir la especialización de los jueces y magistrados, que actualmente están capacitados para tratar estos casos con la sensibilidad y el enfoque necesarios.

Todos somos conocedores de algunos vídeos que se han filtrado en los juzgados, y, claramente, a toda la sociedad le da vergüenza cómo se trata a las víctimas de estos abusos sexuales o violencia machista. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Es cierto que el número de juzgados de violencia contra la mujer es considerablemente menor a los juzgados de instrucción ordinario, lo que, evidentemente, podría generar una sobrecarga en el sistema judicial, pero la especialización en la violencia de género a nosotras nos parece la clave y con este cambio no solo podría quedar diluida, sino que también puede ponerse en riesgo la protección de las víctimas. Para nosotras es claro que necesitan un trato específico, dada la naturaleza del crimen que se comete contra ellas.

Por otro lado, debemos recordar que este cambio afecta a un tratado internacional con el que se ha comprometido nuestro país, el Convenio de Estambul, que establece garantizar no solo una justicia accesible y eficaz, sino también especializada para las víctimas de violencia de género, incluida la violencia sexual. Este convenio subraya que la violencia de género debe ser tratada con perspectiva de género por profesionales debidamente capacitados y con una especialización judicial. Por tanto, estaríamos dando un paso atrás en el cumplimiento de este compromiso internacional.

Por ello, como les decía, nuestro grupo va a votar en contra de esta proposición de ley porque entendemos que la lucha contra la violencia de género y sexual debe ser una prioridad, y no una excusa para hacer reformas apresuradas, que al final lo único que hace es perjudicar a las víctimas. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes, señorías. Presenta el Grupo Parlamentario Popular una proposición de ley orgánica sobre algunas cuestiones atinentes a órganos judiciales con competencia en materia de violencia sobre la mujer y, en lo referido a las consecuencias que ha tenido para las personas que ocupan esas plazas judiciales, que se consideren estos juzgados, llamados coloquialmente VioGén, como juzgados mixtos, lo que ha supuesto a todos los titulares que sirven en estos juzgados que, de hecho, no puedan moverse a otros juzgados VioGén distintos al suyo ni acceder a una sección VioGén de las audiencias provinciales, pues el concurso de traslados para plazas vacantes se cubre, en primer lugar, con especialistas, que aún no hay en VioGén porque no se han convocado ni concursos ni plazas, y, en segundo lugar, porque se cubren por jueces del orden penal, que lo son los de penal, los de instrucción, los de menores y los de vigilancia penitenciaria, y, si no hay ninguno de ellos, cosa que es difícil, las plazas se cubren en último lugar por jueces y juezas de juzgados mixtos, los que tramitan cuestiones civiles y penales. Ello da como resultado que estos jueces y juezas queden bloqueados en sus plazas, sin poder trasladarse ni ascender a las audiencias provinciales, como les decía, y que, además, las secciones de VioGén de las audiencias provinciales no se puedan cubrir con profesionales de los partidos judiciales, que son los que acumulan el conocimiento VioGén, cubriéndose, en definitiva, con otros profesionales sin estos conocimientos, lo cual puede provocar ―y en algunos casos ya lo ha provocado― un abandono de los juzgados VioGén por sus titulares, al no poder moverse ni promocionar desde sus juzgados mientras que sigan siendo considerados mixtos, por tramitar, como les decía, causas penales y cuestiones de familia, de civil, como son custodias, uso de la vivienda, pensiones, etcétera, una situación que tengo que recordar que se originó a raíz de la redacción del artículo 329.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, respecto a las audiencias, del artículo 335 y unas sentencias de la Sala Tercera del Supremo, que desde el año 2020 consideran estos juzgados de violencia de género como juzgados mixtos, un auténtico disparate que esta iniciativa pretende solventar, lo mismo ―y también tengo que recordarlo― que el anteproyecto en elaboración por el Gobierno sobre el fortalecimiento de la carrera judicial, que también propone remedio a esta situación y a otras tantas pero cuya responsabilidad cumplía haberlo remediado desde 2020 tanto al Gobierno como al Legislativo, pero dejó pasar ―tengo que recordarlo también― una ocasión de oro durante la tramitación del proyecto de ley orgánica de eficiencia procesal, la actualmente Ley Orgánica 1/2025. Señorías, todos tenemos que entonar un mea culpa por no haber abordado y solucionado antes esta cuestión, incluido también el Consejo General del Poder Judicial, pues un acuerdo de este con los jueces en 2024 para la reforma del artículo 329.7, que impide computar la antigüedad para concursar y ocupar plaza en otro puesto o en la audiencia provincial, nunca llegó al Congreso o nunca salió del Consejo General del Poder Judicial. Como les decía, señorías, todos tenemos que entonar el mea culpa, y, singularmente, el Partido Popular, que tuvo en sus manos haber podido tramitar esta reforma si en el

Senado no hubiera votado a favor el proyecto de ley de eficiencia procesal, y así se hubiera podido tramitar una enmienda presentada en última instancia por la senadora, de Más Madrid, Carla Antonelli precisamente para reformar el artículo 329.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Señorías del Partido Popular, a su partido le pudo más el derecho al veto que solucionar una situación absurda, grave e injusta. Sepan, señorías del Partido Popular, que apoyaremos su iniciativa en su toma en consideración, pero no por ustedes, que en esta cuestión creemos que no se lo merecen, sino por respeto a todos y todas las profesionales de la justicia que con su trabajo han contribuido de manera destacada en la lucha contra la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica, en definitiva, la violencia de género, y por respeto a los conocimientos adquiridos por todos estos profesionales de la justicia, para que no se desperdicien, ni tampoco la antigüedad en su carrera profesional, y se instaure la especialidad de una vez, a fin de que estemos ante una justicia especializada. Sepan, señorías del Partido Popular, que no contarán con nuestro apoyo para la modificación del ámbito competencial de estos juzgados especializados ni para otras cuestiones que plantean. Y, señorías del Partido Popular, si finalmente es tomada en consideración su iniciativa, confiamos en que quede a la espera del proyecto de ley que el Gobierno remita a la Cámara para el fortalecimiento de la carrera judicial.

Finalizo, presidente. Señorías, como les decía, apoyaremos parcialmente la iniciativa que debatimos, ―repito― no en consideración al grupo parlamentario proponente, sino para lanzar una señal de apoyo a todos y todas las profesionales de la justicia que han contribuido de manera destacada en la lucha contra una lacra como es la violencia de género.

Muchas gracias.

Gracias, señor presidente. Arratsalde on guztioi. El 26 de febrero de este año, hace casi un mes, un titular de un medio del PP en la red nos decía: «El PP renueva el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lejos del negacionismo de unos y de la hipocresía de otros». Precisamente este PP es el que ha pactado con VOX en Valencia y se plantea la posibilidad de más pactos en otras comunidades, y eso que estaba lejos del negacionismo de unos, o sea, de VOX. Señorías de la ultraderecha y de la derecha ultra, ustedes, que pactan, ¿reconocen la existencia de la violencia machista como violencia estructural, violencia que se realiza contra las mujeres por el hecho de serlo?, porque esto es lo que en esta proposición de ley se defiende. El relato de esta proposición de ley en muchos aspectos es asumible hasta por nosotras, pero se trata del mundo al revés, porque viene de una proposición del PP que pacta con negacionistas. Señorías del PP, se han ganado el título de unos y de otros: ustedes son hipócritas y negacionistas. Centrándonos en la propuesta que nos traen, sin olvidar lo anterior, recordamos que el pasado 2 de enero se publicó en el Boletín Oficial del Estado la aprobación de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia de Servicio Público de Justicia. A nuestro entender, esta suponía avances en la atención a las víctimas de la violencia sexual, ya que afianzaba que el acceso a la justicia supusiera la consolidación de derechos y garantías de las víctimas de violencia sexual, y para ello se adaptaban las estructuras de justicia. La ley que se aprobó en este Parlamento hace unos meses modificaba la regulación de los juzgados de violencia contra la mujer y la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia sexual, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de libertad sexual, esa ley que intentan ustedes ignorar y negar, cuando ha supuesto tantos avances para la garantía de nuestras libertades sexuales. También la norma recogía que los juzgados de violencia sobre la mujer asumían las competencias en materia de violencia sexual mediante la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se atribuía a las secciones de violencia sobre la mujer el conocimiento de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual cuando la persona sea mujer. Con esto estamos totalmente de acuerdo. Reconocemos que hasta que se concrete la organización necesaria para hacer efectivas estas medidas, puede conllevar, como ya se está viendo, saturación de casos, incluso efecto embudo en los juzgados de violencia sobre la mujer. Reconocemos esto y sabemos que una justicia lenta y menos efectiva es una justicia que se convierte en injusta. Y ante esta realidad, el Poder Judicial también nos advierte que se puede provocar un colapso del sistema judicial si no aumentan los recursos materiales y personales.

Precisamente esto es lo que hay que garantizar, y en esto ponemos el acento, sin olvidar la financiación necesaria que conlleva ponerlas en marcha.

Desde el Gobierno se nos asegura que se pondrá solución a través de un real decreto para agilizar la creación de plazas especializadas, pero este no llega, señorías del PSOE. ¿Cuándo va a ver la luz este decreto? Es necesario ya. Las mujeres víctimas de violencia machista que están pendientes de la tramitación de sus procesos no pueden ni deben ser las paganas de la desorganización que se está mostrando por parte del Ministerio de Justicia.

Por lo demás, coincidimos con lo que se plantea en este proyecto de ley respecto a la especialización y la formación especializada de las y los operadores de justicia. Es inadmisible que hoy en día todavía primen otros criterios corporativistas más que la necesidad de dar una respuesta integral en el ámbito de justicia a todas las personas víctimas de violencia machista y de violencia en el ámbito de la libertad sexual. Viendo la intención del grupo proponente, la realidad de pactos con el negacionismo y la actitud mostrada sobre el mismo tema la semana pasada en el propio Senado, vamos a votar en contra de la toma en consideración.

Mila esker. (Aplausos).

Senyor president, senyories, molt bona tarda. Més enllà dels excessos verbals de la portaveu del Partit Popular, més enllà del seu paper absurd que van tenir en el veto al Senat a la llei d’eficiència. Perquè és veritat, com ha assenyalat el diputat Mikel Legarda, s’haguessin pogut resoldre una sèrie de qüestions que no s’havien pogut resoldre, també en bona part per la inoperància del Ministeri de Justícia aquí en aquest congrés. Més enllà d’aquestes qüestions, avui ens ocupa una proposició de llei que, no per qui la presenta, no deixa de plantejar una qüestió important, una qüestió que preocupa els col·lectius del món de la justícia, jutges i advocats, com és el risc de col·lapse dels jutjats i tribunals de violència contra les dones. És veritat, és veritat que fa pocs mesos es va aprovar la llei d’eficiència a la justícia. També és veritat que és una llei molt extensa i complexa que es va acabar aprovant amb unes presses i unes pressions a les quals una llei que pretén modernitzar la justícia i fer-la més eficient no s’hauria hagut de sotmetre mai. Mirin, per a nosaltres, en una qüestió com la protecció efectiva de les víctimes de la violència de gènere, intentarem evitar l’argument ad personam, intentarem evitar pressupòsits ideològics i intentarem evitar lògiques partidistes o de blocs. Per això, ens regirem per la proposta presentada, pel contingut de la proposta presentada, si és raonable o no, si el seu contingut és assumible, si és desitjat, si has volgut, si és entès com una solució per als problemes que es donen en la justícia del dia a dia i, en definitiva, si és una..., si aporta solucions per obtenir una justícia especialitzada i eficient en matèria de protecció de la violència de gènere. Doncs bé, hem de dir que compartim, compartim en bona part la preocupació pel dèficit dels jutjats especialitzats que la proposta manifesta i que això dificulta. Aquest dèficit dificulta la protecció efectiva de les víctimes. També compartim l’increment de la càrrega de treball derivada de l’ampliació del concepte de violència contra les dones, i derivada de la incorporació de delictes sexuals que efectivament pot col·lapsar els jutjats especialitzats de violència de gènere, pot alentir les sentències i, en definitiva, pot acabar en una desprotecció de les víctimes. No volem que les víctimes tinguin la percepció que la justícia no resol el seu problema. No volem desincentivar la presentació de denúncies ni que s’estengui una sensació d’impunitat dels agressors. L’Estat no pot deixar desprotegida cap víctima emparant-se en la coherència de la llei acabada d’aprovar, però que també és una llei mancada d’estudis d’impacte i mancada de previsions pressupostàries. La llei no és excusa. La llei no és intangible. Mirin, els fets són els que són. A Barcelona actualment hi ha 5 jutjats especialitzats en violència sobre les dones. Cadascun d’aquests gestiona uns 2000 casos anuals. Amb la Llei d’eficiència a la justícia, aquests jutjats hauran d’assumir els delictes sexuals que ara estan gestionant els 33 jutjats d’instrucció de Barcelona. Això implicarà que els jutjats especialitzats s’hauran d’encarregar de gairebé 9900 nous casos anuals. Per tant, un 20 % més de feina, un 20 % més de casos per a cadascun d’ells. Això és objectivament una situació inassumible, ja que, a més, no es preveu un augment de la plantilla judicial. Tot apunta a un col·lapse en àrees com Barcelona, en àrees molt poblades com Barcelona, on l’Audiència Provincial ja està desbordada.

Però també, per exemple, a Girona. Els poso un exemple. El maig de l’any passat, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el president de l’Audiència de Girona varen demanar la creació d’un nou jutjat número 7 a Girona, amb competències exclusives en casos de violència sobre les dones pel col·lapse del Jutjat Penal número 6, que actualment se’n fa càrrec. I avisaven, avisaven els presidents del TSJ i de l’Audiència Provincial que no es podien fixar judicis ràpids en el termini d’un any, s’havia d’esperar el termini d’un any. Doncs bé, ha passat un any i aquest termini per assenyalar els judicis ràpids ha passat d’un any a 18 mesos. En definitiva, la situació és inassumible i a Girona encara estan esperant aquest jutjat especialitzat número 7, amb la corresponent oficina judicial que pugui assumir els enjudiciaments del jutjat de Figueres i d’aquesta manera descongestionar-lo.

Tot això, tota aquesta saturació, tot aquest bloqueig del sistema judicial a Catalunya va acompanyada sempre del problema estructural de la justícia a Catalunya, que és una taxa d’interinitat inassolible i la necessitat de solucionar el problema de l’estabilitat de funcionaris interins, lletrats de l’Administració de Justícia, jutges i fiscals substituts. Des de Junts per Catalunya, com sempre, intentem fer un esforç per portar aquí, en seu parlamentària, el sentir del país, els interessos i els problemes dels ciutadans i de les persones del sector, i, en aquest cas, dels advocats i dels professionals de la justícia. I mirin, des de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, el que ens diuen és que veuen bé suprimir la competència dels jutjats especialitzats en violència de gènere per a la instrucció dels delictes d’agressió sexual, un tipus de delicte, aquests delictes d’agressions sexuals, que solen accedir a l’àmbit específic de la violència dins de la parella o exparella, i que inclouen delictes complexos com agressions sexuals comeses per estranys o delictes sexuals contra menors. Com hem dit, aquestes noves competències porten al col·lapse uns jutjats que ara mateix ja estan saturats.

En segon lloc, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona també considera necessari que la llei prevegi l’exigència d’especialització per als llocs, per cobrir, per a les persones que cobreixen els llocs dels jutjats d’instància i audiències provincials dedicades a VioGén. I també considera imprescindible que s’ofereixi formació específica, reglada i periòdica a jutges i magistrats en aquest àmbit. Aquestes valoracions reflecteixen el sentir majoritari del món judicial i de l’advocacia, i de destacades personalitats del món judicial i també jurídic en general de Catalunya, i considerem que les hem de tenir en compte molt més que no pas al·legats ideològics que a vegades estan desconnectats de la realitat i més encara de la realitat del dia a dia dels jutjats.

Moltes gràcies.

Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Más allá de los excesos verbales de la portavoz del PP, más allá del papel absurdo que tuvo en el veto en el Senado a la ley de eficiencia, porque, como ha señalado el diputado Legarda, es verdad que podrían haberse resuelto cuestiones que no se habían podido resolver, en parte por la inoperancia del Ministerio de Justicia, en este Congreso; más allá de estas cuestiones, hoy nos ocupa una proposición de ley que no por quien la presenta deja de plantear algo importante, una cuestión que preocupa a los colectivos de la justicia, jueces y abogados, como es el riesgo de colapso de los juzgados de violencia contra las mujeres. Es cierto que hace unos meses se aprobó la ley de eficiencia en la justicia y también es cierto que es una ley muy extensa y compleja, que terminó aprobándose con prisas y presiones a las que una ley que pretende modernizar la justicia y hacerla más eficiente no debería haberse sometido jamás. Nosotros en una cuestión como la protección afectiva de las víctimas de violencia de género intentaremos evitar el argumento ad personam, intentaremos evitar presupuestos ideológicos e intentaremos evitar lógicas partidistas o de bloques. Por eso, nos regiremos por el contenido de la propuesta presentada: si es razonable o no, si su contenido es asumible, si es deseado, si es una solución a los problemas que se dan en la justicia en el día a día y, en definitiva, si aporta soluciones para obtener una justicia especializada y eficiente en materia de protección de la violencia de género. Pues bien, tenemos que decir que compartimos en buena parte la preocupación por el déficit de los juzgados especializados que manifiesta la propuesta y que este déficit dificulta la protección efectiva de las víctimas. También compartimos la preocupación por el incremento de la carga de trabajo que deriva de la ampliación del concepto de la violencia contra las mujeres y de la incorporación de delitos sexuales, que, efectivamente, pueden colapsar los juzgados de este tipo, ralentizar las sentencias y terminar en una desprotección de las víctimas. No queremos que las víctimas tengan la percepción de que la justicia no resuelve su problema. No queremos desincentivar la presentación de denuncias ni que se extienda una sensación de impunidad de los agresores. El Estado no puede dejar desprotegida a ninguna víctima, amparándose en la coherencia de la ley que se acaba de aprobar.

También es una ley que carece de estudios de impacto y de previsiones presupuestarias. La ley no es excusa, no es intangible y los hechos son los que son. En Barcelona, como mínimo, hay cinco juzgados especializados en violencia sobre las mujeres, y cada uno de estos juzgados gestiona unos 2000 casos anuales. Con la ley de eficiencia en la justicia, estos juzgados deberán asumir los delitos sexuales que ahora gestionan los 33 juzgados de instrucción de Barcelona. Esto implicará que los juzgados especializados tendrán que encargarse de casi 9900 casos anuales nuevos, es decir, un 20 % más de trabajo, y esta es, objetivamente, una situación inasumible, ya que no se prevé un aumento de plantilla judicial. Todo apunta a un colapso en zonas tan pobladas como Barcelona, donde la Audiencia Provincial ya está desbordada, pero también en Girona, y les voy a dar un ejemplo. En mayo del año pasado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el presidente de la Audiencia de Girona pidieron la creación de un nuevo juzgado número 7 en Girona, con competencias exclusivas en casos de violencia sobre las mujeres, debido al colapso del Juzgado de lo Penal número 6, que actualmente se encarga de esos casos, y los presidentes avisaron de que no se podían fijar juicios rápidos en el plazo de un año, que se tenía que esperar más allá de este año. Sin embargo, ha pasado un año y este plazo de los juicios rápidos ha aumentado de un año a dieciocho meses. En definitiva, la situación es inasumible, y en Girona siguen todavía esperando a este juzgado especializado número 7, con su correspondiente oficina judicial, que pueda asumir los enjuiciamientos del Juzgado de Figueras y descongestionarlo.

Todo ello, toda esta saturación, todo este bloqueo del sistema judicial en Cataluña va acompañado siempre del problema estructural de la justicia en Cataluña, que es una tasa de interinidad inasumible, la necesidad de solucionar el problema de la estabilidad de funcionarios interinos ―letrados de la justicia, jueces, fiscales, sustitutos―. Desde Junts per Catalunya, como siempre, intentamos hacer un esfuerzo para traer aquí, a la sede parlamentaria, el sentir del país, los intereses y los problemas de los ciudadanos y de las personas del sector en cuestión, y, en este caso, de los abogados y los profesionales de la justicia, y, miren, desde el Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona lo que nos dicen es que ven bien suprimir la competencia de los juzgados especializados en violencia de género por la instrucción de los delitos de agresión sexual, un tipo de delitos que suelen exceder el ámbito específico de la violencia dentro de la pareja o expareja y que incluyen delitos complejos, como agresiones sexuales cometidas por personas desconocidas o delitos contra menores. Como hemos dicho, estas nuevas competencias llevarán al colapso a unos juzgados que ya están saturados.

En segundo lugar, el Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona también considera necesario que la ley prevea la exigencia de especialización para las personas que vayan a cubrir los puestos de los jueces de instancia y los dedicados a VioGén y considera imprescindible que se ofrezca formación específica, reglada y periódica a jueces y magistrados en este ámbito. Esto refleja el sentir general de la abogacía y de la justicia, y de destacadas personalidades del mundo judicial y jurídico, en general, de Catalunya, y consideramos que debemos tener en cuenta estas apreciaciones, más que los alegatos ideológicos que están desconectados de la realidad y cada vez más del día a día de los juzgados.

Muchas gracias.

Señor presidente, señorías, buenas tardes. Diputadas y diputados del Partido Popular, disculpen mi franqueza, pero ustedes tienen la cara de mármol. (Protestas). Con esa cara podrían hacer carrera como monumento, monumento al cinismo. (Aplausos). Si no conociéramos bien su historial, quizá podríamos creer que con esta iniciativa realmente buscan solucionar un problema grave como es la falta de especialización de jueces y juezas en los juzgados de violencia contra las mujeres. Sin embargo, la realidad es que su propuesta llega tarde, mal y con un evidente intento de sacar rédito partidista a algo tan delicado como es la violencia machista. Permítanme refrescarles la memoria. ¿Recuerdan la tramitación de la ley de paridad? Fue hace apenas cuatro meses. (La señora Rodríguez Calleja pronuncia palabras que no se perciben). Si no lo recuerdan, yo se lo recuerdo encantada. Cuando la ley de paridad llegó al Senado en diciembre de 2024 las magistradas que ocupaban esas plazas en los juzgados especializados de violencia de género nos advirtieron de la necesidad urgente de modificar los artículos 329 y 330 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, porque con el sistema actual las plazas estaban siendo ocupadas por jueces y juezas sin la formación ni la experiencia necesarias. SUMAR presentó en el Senado una enmienda para modificar exactamente esos mismos artículos en el sentido que ahora ustedes proponen. ¿Qué hicieron entonces ustedes? Votaron en contra. (La señora Acedo Reyes hace signos negativos). Es alucinante, de verdad. Pero la ciudadanía debe saberlo. Hace cuatro meses votaron en contra y hoy presentan aquí la misma propuesta que rechazaron. (La señora Acedo Reyes hace signos negativos). Si hubieran apoyado nuestra iniciativa, esta reforma ya estaría aprobada y no estaríamos perdiendo el tiempo. Lo que entonces les importaba un pimiento, hoy les parece muy preocupante y les preocupa muchísimo. (Las señoras Acedo Reyes y Rodríguez Calleja pronuncian palabras que no se perciben). Eso tiene un nombre, señorías: utilizar la violencia machista con fines partidistas. (Aplausos).

Les informo, además, de que, como ustedes se negaron a resolver este problema en su momento, nosotras ya buscamos otras vías para solucionarlo: hemos registrado esas mismas enmiendas a otra ley orgánica que actualmente está en trámite en el Congreso; así su aprobación será mucho más rápida y efectiva. No es necesario tramitar una nueva ley desde cero, con todo lo que eso implica en términos de retraso. ¿Por qué hacemos esto? Porque a nosotras sí nos importan las víctimas, no las utilizamos para ganar votos como hacen ustedes.

Otra cosa que conviene aclarar a la ciudadanía es que su propuesta llega desfasada ya que, según confirmó el Consejo General del Poder Judicial, las pruebas de especialización que dicen querer impulsar ya están tramitadas. Los cursos de formación que mencionan también están en marcha. No podemos apoyar esta iniciativa que llega tarde a todo, basada en la hipocresía y que no aporta soluciones eficaces.

Pero más allá de este debate, hay algo que debería unirnos a todas las fuerzas políticas: la lucha contra las violencias machistas. Estamos ante un problema gravísimo para nuestra sociedad. Las niñas de Alcàsser, 1992; Ana Orantes, 1997; Nevenka Fernández, 1999. La década de los noventa fue decisiva para poner sobre la mesa una ley que debía y debe afrontar y enfrentar un problema de Estado, y en 2004 se aprobó la ley integral contra la violencia de género. Mas de dieciséis años después, casos como el de Diana Quer en 2016 o los tres asesinatos en veinticuatro horas que se produjeron el pasado año y los continuos minutos de silencio con los que tenemos que iniciar los plenos no hacen más que contrastar que, además de una ley, hacen falta magistradas y magistrados especializados, recursos económicos suficientes y medios adecuados para que las víctimas se sientan protegidas y accedan realmente a la justicia. (Aplausos). Igual que tuvimos la necesidad de una ley específica, necesitamos recursos que no pongan en riesgo la vida de las mujeres, porque en este país no hacen falta leyes, señorías, lo que hacen falta son medios humanos para hacerlas efectivas: psicólogas forenses, unidades de valoración integral, equipos de asistencia, sistemas de protección eficaces y juzgados con capacidad real para gestionar la carga de trabajo actual.

Hoy una mujer que denuncia violencia machista se enfrenta a un sistema que demasiadas veces la deja sola, la revictimiza y no le garantiza respuestas rápidas y eficaces. Eso no se soluciona con otra ley, sino con inversión y compromiso real. Señorías, más de cincuenta mujeres fueron asesinadas en España el pasado año por violencia machista. Cada víctima es un fracaso colectivo y una señal inequívoca de que aún queda mucho por hacer. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos responsabilidad institucional y política, debemos actuar con urgencia, porque cada minuto perdido es un minuto para el agresor.

Por eso, señorías del Grupo Socialista, les pido que no esperemos ni una semana más para que todas las plazas que hay que convocar se convoquen, todos los recursos que hay que destinar se destinen y toda la formación que se tiene que impartir se imparta y se pongan en marcha inmediatamente. Las mujeres no queremos discursos vacíos ni que nos usen como moneda de cambio partidista; queremos justicia real, queremos futuro y lo queremos ahora. Queremos hechos y no palabras.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, nos trae el Grupo Popular una proposición de ley orgánica que pretende reformar la reciente ley de eficiencia del servicio de justicia —‌que, por cierto, es un dislate total, como ya hemos manifestado—, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, sobre todo, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con la finalidad de quitar carga de trabajo a los juzgados de violencia contra la mujer, que también sabemos que están colapsados, quieren excluir de ellos los delitos de matrimonios forzados, mutilación genital femenina y trata de seres humanos. Señorías, ¿cómo es posible que en España existan estos delitos! ¡Es alucinante! Pues porque vienen de otras culturas que estamos importando con la política de fronteras abiertas, y eso es así. (Aplausos). Eso es así. No entiendo cómo las señorías del Grupo Popular no se han dado cuenta de que a la coalición de socialistas y comunistas que nos gobierna desde hace siete años no les importan las mujeres, por mucho que digan que les importan, ¡no les importan! Solo les importa su ideología, dividir a la sociedad, repartir el dinero entre sus afines y comprar votos para mantenerse en el poder, que es lo único que les importa: mantenerse en el poder. (Aplausos). La estrategia de este Gobierno es obvia: como el socialcomunismo ha comprobado que defender a los trabajadores explotados por el capitalismo ya no le funciona, ahora se presentan como los defensores de unas minorías que ellos dicen que están oprimidas, como son las mujeres o los homosexuales, de las que ellos y solo ellos son sus representantes, y eso no es así. A ellos no les importan realmente estas minorías, lo que hacen es utilizarlas ―a ver si se enteran de una vez, señorías del Grupo Popular―, las utilizan para su propio beneficio.

Lo que quieren —y‌ es lo que están consiguiendo con su colaboración, parece mentira― es crear un marco ideológico en España en contra de la libertad, que es lo que es la ideología woke, de la que forma parte la ideología de género que en la práctica es un negocio y una herramienta de control. Señorías del Grupo Popular, por favor, despierten de una vez a ver si se dan cuenta de que el ‘wokismo’ es un disfraz —‌sí— que se han puesto los totalitarios para controlarnos y acabar con nuestra libertad. Y hay que luchar contra ello, por favor, luchemos contra ello porque no es otra cosa que el comunismo del siglo XXI. (Aplausos).

La exposición de motivos ―que, por cierto, la podía haber escrito cualquiera del PSOE o cualquier otro― en su primer párrafo dice que la violencia contra las mujeres es una violencia de naturaleza estructural que se dirige a las mujeres por el mero hecho de serlo. ¿De verdad creen ustedes este argumento tan infantil? ¿De verdad? Es una premisa falsa, porque estos asesinatos tienen unas razones muchísimo más profundas y muchísimo más complicadas que hay que analizar en profundidad con expertos en el tema si de verdad queremos ayudar a las mujeres y acabar con esta violencia.

También dicen que hemos avanzado en la normativa para dar respuesta a esta lacra y ponen como ejemplo de esta respuesta a la Ley Orgánica 1/2004, en la que directamente se acaba con la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia de los hombres. También ponen de ejemplo la Ley 10/2022, que es la ley del sí es sí, que ha soltado a cientos de violadores y ha rebajado las penas a miles. Y apuntan como un gran hito el Real Decreto Ley 9/2018, que puso en marcha este pacto de Estado. Pues sí, este pacto de Estado, que lleva ocho años en vigor y que ustedes defienden tanto, no ha conseguido absolutamente nada, nada (aplausos), porque el número de mujeres asesinadas se mantiene prácticamente igual que hace veinte años: ustedes van vendiendo que en 2024 han bajado un 20 %, pero es falso, porque resulta que en 2016 y 2017 mataron exactamente al mismo número de mujeres que en 2024; o sea, que es mentira que hayan bajado. (Aplausos).

Además, otro dato muy interesante ―que también sale en su exposición de motivos, y que me parece que deberían ustedes estudiar bien― es que en 2024 solo el 15 % de las mujeres asesinadas había denunciado. Y en la exposición de motivos ustedes dicen que en 2017 había denunciado el 25 %; o sea, hemos pasado del 25 al 15 %. Es decir, esto es un desastre, un desastre total: cada vez denuncian menos mujeres. Por favor, ¿no se plantean que algo no está funcionando? ¿No se preguntan ustedes por qué las mujeres que de verdad necesitan protección tienen miedo? Como dicen las señorías, ¿por qué no denuncian? Porque esa es la realidad, que no denuncian, no denuncian. ¿Por qué no denuncian? Eso es muy importante saberlo. Pues, miren, yo creo que no lo hacen porque hay una inmensa maraña de burocracia y chiringuitos varios que realmente no ayudan a ninguna mujer porque las verdaderamente maltratadas no se sienten seguras de que alguien o algo las vaya a proteger si denuncian, y no saben, ni siquiera, a dónde acudir.

Al servicio de esta ideología de género que ustedes defienden, se ha creado en España una verdadera tela de araña de medidas para, según ustedes, luchar contra la violencia de género en la que las mujeres que de verdad lo necesitan se pierden. Es que no sé ni cómo calificarlas, pero voy a nombrar algunas: Estrategia estatal para combatir las violencias machistas, Plan conjunto plurianual en materia de violencia contra las mujeres, Observatorio contra la violencia doméstica y de género, Delegación del Gobierno contra la violencia de género, Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Onvios, GREVIO, Sistema VioGén ―1 y 2, porque el 1 no funcionaba bien―, teléfono ATENPRO, Protocolo Cero contra las violencias machistas, dispositivos telemáticos COMETA, etcétera, etcétera, etcétera… ¿De verdad? (Aplausos). Y, por supuesto, detrás de todo esto tenemos 3000 millones de euros del dinero de todos los españoles.

Lo que nos proponen ustedes es que, a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no ejerzan la instrucción de delitos de mutilación genital, matrimonios forzosos y trata, y que solamente instruyan los delitos que tienen lugar dentro del matrimonio o pareja o expareja para conseguir una máxima especialización y descongestionar estos juzgados, que, por otro lado, sabemos que están congestionados, y ya advertimos que sucedería.

Ya termino. La congestión de estos juzgados nosotros pensamos que se debe ―como nos dicen muchos abogados― en gran parte a las denuncias falsas; como la de Errejón, que antes negaba que existían, pero ahora dice que las está sufriendo, según él mismo afirma. Sí, señorías, estos juzgados están llenos de denuncias falsas por violencia de género que realmente son casos de divorcio complicados, porque hay mujeres que abusan del sistema para conseguir la custodia de sus hijos y los beneficios económicos que les proporciona esta injusta ley. Y hay muchos casos de hombres a los que una denuncia falsa les ha destrozado la vida ―a ellos, a sus hijos, a sus madres y a toda su familia―; y cuando se demuestra que los hechos que denunciaron eran falsos, a estas mujeres no les pasa nada. ¿Por qué el 80 % de las denuncias fueron sobreseídas o archivadas? Por favor, estúdienlo.

Ya termino, señor presidente. Para rematar la faena, ustedes solicitan que tanto el Consejo General del Poder Judicial como la fiscalía convoquen cursos especializados en las distintas formas de violencia contra la mujer, que es claramente un adoctrinamiento a los jueces...

... y una colonización ideológica de los tribunales...

... que es una de las características del régimen totalitario en el que estamos.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Me van a permitir que estos primeros segundos de mi intervención los dedique a mandar un mensaje, un mensaje con toda la fuerza, con todo el ánimo y con todo el cariño, a nuestro gran compañero, a nuestro gran ministro Ángel Víctor Torres. De parte de todo el Grupo Parlamentario Socialista: Todo saldrá bien, Ángel, todo saldrá bien. (Aplausos). Ahora sí, en relación con el asunto que nos trae, quiero empezar diciéndoles, señorías del Grupo Popular ―y creo que me repito y esta repetición parece que es muy cierta―, que ustedes llegan tarde, llegan muy tarde, y yo también les voy a dar unos cuantos motivos. Hace apenas unos meses negociábamos una ley para transformar la justicia ―hablo de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, por cierto, la ley número veintiocho que hemos aprobado en esta legislatura―, pero en esta ley, que traíamos con todas las garantías de negociar y demás, ustedes perdieron la oportunidad. Y me explico: en la negociación de esta norma ustedes no plantearon nada en este sentido, es decir, en el Congreso no presentaron ninguna enmienda. Pero tuvieron una segunda oportunidad en el Senado, ¿y ustedes en el Senado plantearon esto? (La señora Acedo Reyes pronuncia palabras que no se perciben). Si tenían alguna preocupación en este sentido, ¿plantearon algo? No, se fueron a lo fácil, señoría. Se fueron a lo fácil e hicieron un veto a la totalidad de la norma, un boicot a la norma, un boicot a la transformación de la justicia. (La señora Rodríguez Calleja hace signos negativos). Pero como la veo haciendo aspavientos, le voy a recordar algo mucho más próximo: la semana pasada, el Grupo Socialista en el Senado presentó una moción en la que solicitaba fortalecer los juzgados de violencia. ¿Sabe lo que votaron los senadores y senadoras del Grupo Popular ante eso que hoy dicen que es una necesidad? En contra, en contra, señorías. (Aplausos.—La señora Acedo Reyes pronuncia palabras que no se perciben). Se contradicen siempre porque les falta proyecto, porque les falta liderazgo, porque se venden a VOX (risas) y porque vienen a dar lecciones los del divorcio duro.

Señorías, improvisan, y además de mal, tarde. Ahora traen una proposición de ley que se basa en dos cuestiones: de un lado ―lo hemos comentado― la sobrecarga de los juzgados de violencia al asumir mayores competencias. Bien. Podemos asumir la realidad, es decir, si hay más competencias, habrá más sobrecarga. De acuerdo. Pero la solución que ustedes plantean es ridícula, o sea, la solución es quitar competencias y se las ponemos a otro juzgado que no estará colapsado. No, señorías del Grupo Popular, la solución es poner más recursos, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Permítanme que les diga una cosa: yo soy funcionaria de la Administración de Justicia. Mi último destino, además, ha sido un juzgado de violencia. Créanme, yo sé de lo que hablo (rumores), y lo que hace falta son más recursos, lo que hace falta no son excusas como las que ustedes traen hoy aquí para mercadear con las mujeres. (Aplausos).

Y estos recursos, lo digo así, hacen falta sin más. Lo decían compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Ya el ministro Bolaños, en prensa, pero también en esta casa, lo ha anunciado: se está trabajando en un real decreto para la creación de más plazas de jueces de violencia. Yo les pregunto, cuando venga a convalidarse ese real decreto para tener más recursos y atender a todas las personas, ¿votarán que sí? (Aplausos.—Las señoras Acedo Reyes y Rodríguez Calleja pronuncian palabras que no se perciben). ¿Votarán que sí? ¿Alguna vez votarán que sí en favor de las personas que dicen defender? Voten a favor de la verdadera solución y déjense de excusas, se lo digo una y otra vez.

En la segunda cuestión que plantean vamos a estar más de acuerdo. Es la especialización. Estamos de acuerdo, y tanto es así que ya esa carrera la hemos empezado. Ya hay una iniciativa en tramitación para modificar los artículos 329 y 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en este sentido, para mejorar la especialización. Ya ha empezado y está tramitándose la ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. Y el propio Consejo General del Poder Judicial —q‌ ue usted ha citado— también está estudiando la regulación de la especialización en violencia sobre la mujer para su próxima implantación.

Por tanto, sus propuestas, insisto, llegan tarde, pero lo más preocupante es que además de tardío es contradictorio. Dicen una cosa aquí, pero cuando tienen la oportunidad parlamentaria hacen la contraria, y yo hoy también me planteo si ustedes ponen en duda algo más, ¿realmente lo que ponen en duda es que atendamos mejor a las víctimas? Yo creo que sí, porque ponen en duda el Convenio de Estambul. Recordemos que es un instrumento jurídico ratificado por los veintisiete países de la Unión, un instrumento que viene a combatir, a prevenir, a perseguir, a erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, todas las formas de violencia. ¿Lo ponen en duda? ¿Ponen en duda esa ampliación del concepto de violencia de género que se refiere a toda violencia contra una mujer por razón de serlo? ¿Creen ustedes que la mutilación genital, el matrimonio forzado y la trata con fines de explotación sexual no son violencia de género contra las mujeres y niñas? ¿De verdad?

Esta transformación de la justicia que hemos comenzado es irrenunciable. Era necesario apostar por una atención integral y profesionalizada; por evitar la revictimización, defender los derechos de las víctimas y mejorar las garantías en todo el proceso. ¿Y vamos a renunciar a todo ello porque a ustedes les asuste? Ya les respondo que no. Asombra más este planteamiento hoy tras haber renovado tan recientemente el pacto de Estado contra la violencia de Género. Usted lo nombraba, y yo, perpleja, lo escuché. Lo suscribimos todos, ustedes y nosotros, todos los diputados de este arco ―salvo VOX, no lo esperábamos tampoco―; suscribimos la necesidad de reconocer todas las violencias. Asumíamos ese Convenio de Estambul. Entonces, hace unas poquitas semanas firmaban que sí, pero hoy traen aquí una iniciativa para que suprimamos del conocimiento de los juzgados de violencia esas formas de violencia. (La señora Rodríguez Calleja hace signos negativos). Sí. El pacto de Estado recoge muchas medidas sobre los juzgados de violencia y sobre reconocer estas violencias. (La señora Rodríguez Calleja vuelve a hacer signos negativos). Sí, señoría, aunque usted no se lo haya podido leer completo. Lo importante es que hoy aquí dicen lo contrario de lo que firmaron hace unos pocos días. Qué poquito les dura el compromiso, señorías. Se nota que las víctimas no les importan demasiado. Dejen de jugar con la dignidad de las mujeres. (Aplausos).

Termino, presidente. De lo que se trata es de buscar la mejor solución, y no la menos mala, y se lo hemos dicho. Si quieren realmente asegurar que sus augurios no sean una realidad, voten a favor de ese real decreto que aumentará la dotación de los juzgados. Ese es el camino, no este. No teman a lo nuevo por ser nuevo.

En su proposición elogian nuestra ley contra la violencia de género, ley que tiene el sello socialista. Pues ahora les pido que no duden en apoyar este otro avance. Con los años sentirán que están en el camino correcto; sean valientes y ayuden a las víctimas.

Por todo esto no podemos votar su proposición. De verdad, con ella renuncian a tener una justicia mejor y renuncian a una atención más especializada y cercana, se justifican en la falta de medios y eso nunca debe ser óbice para tomar decisiones. Como les dije, llegan tarde, porque lo que en ella plantean ya lo está llevando a cabo el Gobierno del presidente Sánchez. Votaremos en contra porque ustedes apuestan por retroceder y nosotros por avanzar.

Muchísimas gracias. (Aplausos.—La señora Acedo Reyes pronuncia palabras que no se perciben.―Rumores).