Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés.

Presidenta, señorías, buenas tardes a todos y a todas.

Comparezco ante ustedes para defender el Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, frente a la enmienda a la totalidad planteada por el Grupo Parlamentario VOX, que insta a su devolución.

Señorías, la más conocida como ley de lobbies es una iniciativa imprescindible, porque mejora la transparencia y la calidad democrática y nos alinea con los más altos estándares internacionales. En tiempos de antipolítica y polarización debemos responder con políticas públicas eficaces inspiradas en los valores fundacionales de Europa. En tiempos de antipolítica y polarización es imprescindible una ley como esta, porque ejemplifica la colaboración entre el Gobierno y la sociedad civil para mejorar, precisamente, la confianza de los ciudadanos.

En este sentido, la Unión Europea lleva trabajando desde el año 2020 en su plan de acción para la democracia, que el Gobierno de España se comprometió a adaptar al contexto español. Se trata de un paquete de medidas de regeneración que se recogen en el Plan de Acción por la Democracia, anunciado en julio del año 2024; una hoja de ruta que busca reforzar la transparencia, el pluralismo y también el derecho a la información. Cuenta con treinta y una medidas, entre las que se encuentran tanto la ley que hoy debatimos como otras iniciativas fundamentales: el proyecto de ley de Administración abierta; el V Plan de Gobierno abierto; o la organización, por ejemplo, de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, que tendrá lugar en Vitoria los días 7, 8 y 9 de octubre.

Señorías, la ley de lobbies constituye una pieza esencial del Plan de Acción por la Democracia. Supone la primera norma que regula a los grupos de interés a nivel estatal. Hablamos de transparencia, de abrir puertas y ventanas en procesos de decisión y diseño legislativo que tienen un impacto directo en la vida de la gente. Con más de nueve mil organizaciones ―señorías, apunten, más de nueve mil organizaciones― operando ya en España, creo que ha llegado la hora de que los grupos de interés tengan unas reglas de juego claras para ejercer su legítima actividad y su derecho a ejercerla. No lo digo yo; lo dicen ellos. Lo dice la patronal APRI; lo dicen las consultoras más importantes de este país; lo dicen los representantes de las empresas más importantes del país, que celebran todos ellos que nos acerquemos al modelo europeo y normalicemos el sector de los asuntos públicos en España. Por eso, pido a todos los grupos de esta Cámara que rechacen la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario VOX, que voten no a esa enmienda a la totalidad. Pido un no para que esta ley pueda seguir su trámite parlamentario y ser mejorada con el trabajo de sus señorías.

Señorías, el objetivo fundamental de este texto es dotarnos de mayor transparencia e integridad en las relaciones que los grupos de interés mantienen con el personal político de la Administración General del Estado y del sector público institucional. Las principales claves de la norma son las siguientes: define qué es un grupo de interés; explica cuáles son sus actividades de influencia; delimita el personal público susceptible de recibir dicha información; crea un registro público y obligatorio, como ya existe en Estados Unidos o en Europa, de los lobbies, cuya gestión corresponderá lógicamente a la Oficina de Conflicto de Intereses; establece un código de conducta para los grupos de interés en su relación con los altos cargos y con el personal público; incorpora, señorías, algo muy importante, la huella legislativa que regula la publicidad de los lobbies, sus aportaciones realizadas durante el proceso de elaboración de las normas; y fija un régimen sancionador aplicable en caso de incumplimiento de la ley.

Esta iniciativa favorece a toda la sociedad, porque reparte responsabilidades tanto a la Administración como a los grupos de interés que se reúnen legítimamente con ella. Las relaciones institucionales, señorías, han existido y existirán antes y después de esta ley. Ocurre cuando la ONCE se reúne con el Gobierno para pedir mejoras en las políticas de discapacidad. Ocurre cuando cualquier sector, como el tecnológico, hace propuestas para mejorar proyectos de transformación digital, como los que están reindustrializando nuestra economía. Ocurre todo el tiempo, en todas partes y al mismo tiempo. La cuestión aquí es que esta ley da forma, por fin, a la participación de los lobbies en política. Y es que, no aprobar esta norma, significaría permanecer en el pasado. Como he dicho antes, Estados Unidos y la Unión Europea ya lo han regulado desde hace tiempo.

Los grupos de interés, pese a lo que diga la enmienda a la totalidad, no son ninguna caricatura conspiranoica; son organizaciones de la sociedad civil que representan ámbitos tan diversos como la discapacidad, la banca, las infraestructuras o la lucha contra el cáncer, y son ellos los principales interesados en arrojar luz y taquígrafos a su labor de incidencia sobre la agenda de los Gobiernos. Con este proyecto de ley, el Gobierno de España asume su corresponsabilidad y da un paso al frente en materia de transparencia. Resulta, pues, incomprensible que un partido de la oposición niegue la mayor a una norma que abre todavía más los despachos públicos.

Señorías, el compromiso del Gobierno con la transparencia y con la rendición de cuentas es firme y ambicioso. En tiempos de ataque a los valores democráticos y europeos, el mejor antídoto contra la antipolítica es precisamente la confianza ciudadana; una confianza que se construye día a día y que se demuestra alcanzando consensos sensatos como el que genera esta ley, que podrá ser mejorada, cómo no, debe ser mejorada con el trabajo de todas sus señorías.

El problema es que también hay quien vive y quien cobra de la desconfianza. No es casualidad que VOX sea el único partido que quiere boicotear esta ley. No es casualidad que sea VOX el único partido que plantea una enmienda a la totalidad que ―señorías del resto de formaciones políticas, de todas ellas, de todas las formaciones políticas de esta Cámara― plantea que los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones empresariales, el diálogo social, los sindicatos, los empresarios, la patronal o los partidos sean grupos de interés. Escuchen bien el resto de partidos, porque así es como denomina VOX a los partidos políticos, a los sindicatos o a las organizaciones empresariales, que, recuerdo, están perfectamente amparadas y protegidas por la Constitución española como lo que son. (Aplausos). O que pretendan decir, señorías de todos los partidos de esta Cámara ―de todos, menos de VOX, obviamente―, que el Consejo de la Unión, que la Comisión Europea o que el Parlamento Europeo son grupos de interés o son lobbies. Señorías, escuchen bien lo que está escribiendo VOX en la enmienda a la totalidad.

Quizás VOX escribe esta enmienda pensando en su partido, en la Fundación Disenso o en el Sindicato Solidaridad, todos ellos incompatibles, obviamente, con la transparencia. Pero ni la Comisión Europea, ni los grupos parlamentarios que hay en esta Cámara son un grupo de interés, son instituciones fundamentales recogidas en la Constitución española y los tratados europeos, señorías. Quizás VOX no sea tampoco grupo de interés, como se define en su propia enmienda, VOX se define a sí mismo como lobby, como grupo de interés. Sencillamente no son un lobby, son un caballo de Troya contra los valores europeos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Con la venia, señora presidente. Dice el señor ministro que viene hoy a defender este proyecto de ley que viene a hablarnos del compromiso del Gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Pero cómo se puede comparecer en esta tribuna en la condición de ministro, en la condición de diputado, para decir cosas como esta? ¿Usted nos está insultando en nuestra cara; ese es su propósito, venir aquí a insultar a los diputados? No hay más que verle a usted y conocer su trayectoria para comprender que esto es mentira, mentira podrida. [Usted es una mentira andante]1 convertida en ministro. Usted es eso que llaman fontanero, con desprecio a los fontaneros, cuyo trabajo es muy noble y que [se ganan la vida honradamente, no como usted y políticos como usted]1. (Aplausos). Ustedes, su partido y su Gobierno, mienten siempre y en todo, con usted y sin usted. Mienten cuando hablan de defensa de la libertad, un Gobierno que tiene el récord de sentencias de declaración de inconstitucionalidad de decretos leyes y de un decreto de estado de alarma; un Gobierno que tiene en su haber la declaración de nulidad de un nombramiento de presidente del Consejo de Estado; un Gobierno que no destituye a un fiscal general del Estado que ya es formalmente imputado porque le ha recibido declaración el instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. (La señora Mínguez García: ¡A la cuestión!). Mienten. Mienten en su feminismo cuando promueven leyes que lo que ha dado lugar es a que abandonen las prisiones sujetos condenados por agresiones sexuales. Mienten en su inexistente política económica cuando toman medidas que son siempre saltuarias y promotoras de un sentido del

1  Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.

subsidio de la vida económica que es contrario a cualquier iniciativa que contribuya a construir bases robustas de la prosperidad de ninguna nación. Mienten en todo. (Aplausos). Y vienen a decirnos que ustedes son partidarios de la transparencia y la rendición de cuentas.

Mienten y ocultan, porque el señor presidente del Gobierno, citado a declarar como testigo en una causa que se instruye y en la que está imputada su mujer, acogiéndose a que es pariente de la imputada, se negó a declarar ante el juez. Y yo le pregunto a usted que está aquí ―si estuviera el presidente del Gobierno, se lo preguntaría al presidente del Gobierno―: ¿por qué se niega a declarar ante el juez? (Un señor diputado: ¡A la cuestión!—Otro señor diputado: Es su derecho). ¿Eso es transparencia por unos hechos de los que tuvo conocimiento?, ¿eso es rendición de cuentas en condición de testigo ante un juez instructor? (Un señor diputado: ¡A la cuestión!). ¿Qué tenía que ocultar…?

Sí, acojo su petición, señora presidente (una señora diputada: Presidenta), no porque sea aplaudida por los diputados que se sienten afectados por lo que he dicho; razón tienen en sentírselo. (Aplausos).

Un erudito francés del siglo pasado y de principios de este en un brillante ensayo opone a Pascal y a Voltaire. Dice: Pascal piensa que las personas de espíritu, de talento, se entienden perfectamente con el pueblo porque entre ellos hay un nexo que es un sentido natural común que contribuye a que la vida sea más fértil y sea mejor. Dice: Y hay otros que son los sujetos de medio talento o media habilidad que constantemente discurren en su caminar por caminos tortuosos. Ustedes son los del medio talento, ustedes siempre andan por caminos tortuosos. Ustedes no se entienden nunca con el pueblo porque ustedes no participan del sentido común y natural de las cosas y del hombre. Sí, ustedes son así. Y lo opone a Voltaire ―ustedes, que son volterianos―. Y dice: Voltaire, no, Voltaire piensa que el pueblo es estúpido; como ustedes, de ahí sus mentiras constantes, porque presumen la estupidez del destinatario de sus mensajes.

Este proyecto de ley, por lo tanto, no merece ningún crédito, porque un proyecto de ley que trata de regular los lobbies en razón de una actividad llamada de influencia para impedir que quede afectada la integridad de las autoridades y funcionarios con los que entiendan esos tratos de influencia, teniendo por promotor a este Gobierno, ya de inicio no merece nuestra aprobación, merece nuestra desaprobación. Con mayor motivo si lo que se persigue finalmente es esa integridad de las autoridades y funcionarios públicos, porque [el Partido Socialista]2 , que es el principal elemento de esta coalición de Gobierno, [es un partido muy corrupto]2. Entonces, ¿ustedes por qué no corrigen sus vicios de corrupción constantes en lugar de contarnos ahora que lo que hay que perseguir es la integridad de los funcionarios públicos? ¿Por qué? Porque mienten. Porque son unos [mentirosos compulsivos]2. Porque toda su acción de Gobierno es una miseria política que tiene por destinatario un pueblo que lo único que hace es sufrir esa [condición miserable que ustedes revisten]2.

Bien, si ustedes fueran consecuentes, consecuentes en la pretensión de defender los intereses legítimos que alientan esa actividad llamada de influencia; si fueran consecuentes, ustedes llegarían a una conclusión distinta y superior, que sería dar una relevancia a los intereses legítimos a través de la representación política, como han hecho en el pasado grandes pensadores de la izquierda. Por ejemplo, los krausistas: Giner de los Ríos, Sanz del Río, Salmerón… O krausistas residuales, ya en el siglo XX: Fernando de los Ríos, Julián Besteiro… O, contemporáneamente, Pierre Mendès France, primer ministro en la IV República Francesa, que dice que postula un Parlamento con dos Cámaras: una corporativa y otra partitocrática. Pero ¿cómo van ustedes a llegar a esa consecuencia última de su razonamiento y su postulado? Si ustedes lo que defienden a ultranza es la partitocracia. Bueno, no solo ustedes, los señores del PP también, a los que en este momento les da usted la espalda necesariamente por su posición física (risas) en relación con la parte del hemiciclo que ocupan; también política. Todos son amantes de la partitocracia, en su versión peor, contemporánea, que es el bipartidismo. Entonces, ¿cómo va a llegar a esta conclusión?

En 1980 ha llegado a la misma conclusión, y lo afirmaba en un celebérrimo ensayo, Manuel García-Pelayo, en Las transformaciones del Estado contemporáneo ―García-Pelayo, no estoy

2  Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.

hablando de un autor fascista ni de extrema derecha―: la conveniencia de la representación corporativa de intereses legítimos. No, ustedes no pueden llegar a esta conclusión. Ni lo entienden ni lo saben. Usted de lo que estoy hablando lo ignora absolutamente todo (risas); usted lo ignora, no finja manejando el móvil… Es que no sabe de qué estoy hablando y entonces hace aquí un paripé ridículo. (Risas.―Aplausos).

Además, en este proyecto —‌más que proyecto, criatura abortiva— encontramos cuatro elementos inaceptables. Primero, se instituye una oficina de conflictos de intereses y se dice: «con plena autonomía e independencia funcional». Pero ¿cómo va a tener plena autonomía e independencia funcional si la oficina es un organismo adscrito a un ministerio? Pero es que ustedes —‌insisto— mienten y además nos toman a todos por estúpidos; al pueblo español. Y usted tiene la desfachatez, también, y la indecencia, de venir a esta Cámara a defender este texto. ¿Independiente adscrito a un ministerio? No, mire usted, tiene que ser una agencia propiamente independiente.

Segundo. ¡Claro!, se escandaliza usted de que pretendamos que se incluyan entre esos grupos que ejercen lobby a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que ustedes excluyen. Pues mire, ha sido la Fundación Hay Derecho la que ha postulado lo mismo; esa fundación que impugnó ante la Sala Tercera del Supremo el nombramiento de doña Magdalena Valerio. La Sala Tercera estimó legitimación y, por ello, fue declarado nulo el nombramiento de doña Magdalena Valerio como presidente del Consejo de Estado. Esa misma fundación también debe estar llena de fascistas, de extremistas, de personas antisistema, y no sé qué tonterías ha dicho usted más… No me acuerdo ya, porque, en fin…

Otro elemento verdaderamente chocante en este proyecto es un registro y un régimen sancionador. ¿Un régimen sancionador habiendo Código Penal? ¿Por qué? ¿Por qué un régimen sancionador? Para otorgar una potestad administrativa sancionatoria a la autoridad ejecutiva. Es decir, un registro y una capacidad sancionadora en manos de la Administración pública, no de los jueces. ¡Claro!, usted me dirá: sí, luego sus resoluciones se podrán impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Claro, y lo que se puede hacer también es denunciar los delitos y querellarse contra delincuentes ante la jurisdicción, ante su órgano natural sancionador, que es el penal. Para eso está el Código Penal. (Aplausos).

Y si a usted le parece que no es suficiente el artículo 429, que tipifica el tráfico de influencias, ¡tipifiquen otras conductas que sean penalmente reprochables! ¡Pero ustedes no han hecho eso! ¡Ustedes, como mentirosos que son, y [abusones]3 , y personas claramente [indecentes]3 (protestas.―El señor ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, López Águeda, hace un gesto con la mano pidiendo calma) han ido modificando el Código Penal al efecto de hacer menos graves ciertos cargos relacionados con la corrupción! ¿O no? ¡Porque de esto saben mucho los diputados independentistas que se sientan en esta Cámara! ¿O no? (Aplausos). Entonces, ¿cuál es su coherencia en esto? (El señor ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, López Águeda, vuelve a hacer un gesto con la mano pidiendo calma). ¡Sí, no pida calma! ¡Usted es muy irritante! ¡El que tiene que calmarse es usted!; deseablemente, [en una consulta médica]3. (Protestas).

Nada más, he concluido. (Rumores.―Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Le pido la palabra por el artículo 71.3 del Reglamento, por falta de decoro a mi grupo parlamentario y, obviamente, al miembro de este Gobierno, para que se retiren todos los insultos (rumores), que yo creo es todo el discurso que acaba de hacer el diputado de VOX, ahora en la tribuna, desde «mentirosos», «indecentes», incluso una alusión a que hace falta que vaya al médico, ¿ha dicho? (Rumores.―Varias señoras y señores diputados: ¡Sí!). Un partido político que es sancionado por el Tribunal de Cuentas con dos multas, por 230 000 euros, por financiación ilegal de su partido (protestas), yo no sé cómo se merece que haga este discurso aquí en la tribuna. (Aplausos).

Así que, señora presidenta, rogamos que se retiren todos y cada uno de los insultos que se han proferido al Gobierno y a este grupo parlamentario.

Gracias. (Aplausos).

3  Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.

Grazas, señora presidenta, moi boa tarde. Na anterior lexislatura, setembro de 2021, xa foi debatida neste congreso unha proposta para regular os lobbies, eufemisticamente chamados grupos de interese. É verdade que naquela altura se trataba dunha mudanza no Regulamento do Congreso, aplicábel, por tanto, á actividade de deputadas e deputados e agora é traída aquí en relación coa Administración xeral do Estado. Se callar aquí, neste caso, ten máis sentido que o que se pretendeu facer hai 4 anos, mais a xuízo, ao noso xuízo, o BNG, continúa a ser unha proposta lastrada por algunhas incongruencias. En todo caso, o BNG mantén a posición que expresei naquel momento. Como forza política defendemos a máxima transparencia na xestión pública, mais tamén que esta xestión pública deba estar ao servizo dos intereses das maiorías sociais e, particularmente, das clases populares no noso país. Por iso rexeitamos con absoluta contundencia todo tipo de inxerencia e de presión dos intereses económicos sobre os poderes públicos. Agora ben, dubidamos de que realmente sirva para acabar con esas presións unha norma destas características, que o que fai é legalizar a figura do lobbista profesional. A dúbida é aínda maior porque no Estado español algúns dos principais lobbistas son exministros e exdeputados, e exaltos cargos do bipartidismo tradicional PSOE-PP e aumenta cando escoitamos hoxe aquí o ministro afirmar literalmente: «esta lei dá forma á participación dos lobbies na política». Señor ministro, os lobbies non deben participar na política, nunca, iso é perverter as institucións aínda máis. Por iso, nesta materia, o BNG é máis prohibicionista do que regulacionista. Até agora nunca ningún dos dous partidos que se alternaron no goberno se preocupou por regular, para prohibir, que é a única regulación que realmente vale, as portas xiratorias, moi polo contrario, engraxadas coa participación directa de presidentes do goberno e ministros de ambos os partidos. Tampouco agora o fan cunha proposta nesta materia absolutamente laxa e insuficiente. Con todo, o grande problema que voltamos a ver é que para dar carta de natureza e aparencia de decencia ás relacións dos grandes poderes económicos se xeneraliza a figura do grupo de interese coas excepcións recollidas, sen reparar no terribelmente inxusto e antidemocrático que é dar o mesmo tratamento a grandes empresas ou lobbistas profesionais e a plataformas sociais que defenden o interese común e colectivo. E coloco algún exemplo: consideran vostedes razoábel tratar igual ao lobbista Acento que apadriña a implantación de Altri en Palas de Rei, non sei se por acaso o Concello de onde é o seu CEO e exministro de Fomento, e á plataforma social Altri Non ou á Plataforma en Defensa da Ría de Arousa? Consideran vostedes, non xa democrático e de esquerda, senón simplemente normal, tratar igual a Repsol ou Naturgy que a unha plataforma de xubilados? Consideran lóxico esixir o mesmo ás empresas do IBEX35 que unha asociación de veciños ou un colectivo veciñal que defende os intereses do seu barrio? É simplemente un despropósito. Dito isto, de forma breve, rexeitamos a emenda de Vox porque non está motivada por preocupacións democráticas, todo o contrario, aproveita a ultra dereita para tentar deslexitimar o papel de organizacións sindicais e dos partidos políticos nunha tan recorrente antipolítica que serve aos intereses. E é simplemente unha cortina de fume para ocultar os verdadeiros intereses que amparan, que son o dos grandes grupos económicos aos que realmente representan neste Congreso. Estamos de acordo en que se debata disto, mais xa advertimos que ou hai mudanzas importantes nos aspectos que acabo de mencionar ou non contará esta lei co apoio do BNG. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. En la anterior legislatura, en septiembre de 2021, ya fue debatida en este Congreso una propuesta para regular los lobbies, eufemísticamente llamados «grupos de interés». Es cierto que en aquel momento se trataba de un cambio en el Reglamento del Congreso, aplicable, por lo tanto, a la actividad de diputadas y diputados, y ahora se trae aquí en relación con la Administración General del Estado. Quizás aquí, en este caso, tiene más sentido que lo que se pretendió hacer hace cuatro años. Pero, a nuestro juicio, el del BNG, sigue siendo una propuesta lastrada por algunas incongruencias.

En todo caso, el BNG mantiene la posición que expresé en aquel momento. Como fuerza política defendemos la máxima transparencia en la gestión pública, pero también que esta gestión pública deba estar al servicio de los intereses de las mayorías sociales y, especialmente, de las clases populares de nuestro país. Por eso rechazamos con total contundencia todo tipo de injerencia y de presión de los intereses económicos sobre los poderes públicos.

Ahora bien, dudamos de que realmente sirva para acabar con esas presiones una norma de estas características, que lo que hace es legalizar la figura del lobista profesional. La duda es todavía mayor porque en el Estado español algunos de los principales lobistas son exministros, exdiputados y ex altos cargos del bipartidismo tradicional PSOE-PP, y aumenta cuando escuchamos hoy aquí al ministro afirmar, literalmente: «Esta ley da forma a la participación de los lobbies en política».

Señor ministro, los lobbies no deben participar en la política nunca. Eso es pervertir las instituciones aún más. Por eso en esta materia el BNG es más prohibicionista que regulacionista. Hasta ahora nunca ninguno de los dos partidos que se han alternado en el Gobierno han regulado ―prohibido, que es la opción que realmente vale― las puertas giratorias, bien al contrario, las han engrasado con la participación directa de presidentes del Gobierno y ministros de ambos partidos. Tampoco ahora lo hacen con una propuesta en esta materia totalmente laxa e insuficiente. A pesar de ello, el gran problema que vemos de nuevo es que, para dar carta de naturaleza y apariencia de decencia en las relaciones con los grandes poderes económicos, se generalice la figura del grupo de interés, con las excepciones recogidas, sin tener en cuenta lo injusto y antidemocrático que es dar el mismo tratamiento a grandes empresas o lobistas profesionales y a plataformas sociales que defienden el interés común colectivo. Pongo algún ejemplo. ¿Consideran ustedes razonable tratar igual al lobista Acento, que apadrina la implantación de Altri en Palas de Rei ―no sé si por casualidad, el ayuntamiento de donde es su CEO y exministro de Fomento―, y a la plataforma social «Altri, Non» o a la plataforma «En Defensa de la ría de Arousa»? ¿Consideran ustedes no ya democrático y de izquierdas, sino simplemente normal tratar igual a Repsol o a Naturgy que a una plataforma de jubilados? ¿Consideran lógico exigir lo mismo a las empresas del IBEX 35 que a una asociación de vecinos o a un colectivo vecinal que defiende los intereses de su barrio? Es simplemente, un despropósito.

Dicho esto, rechazamos la enmienda de VOX porque no está motivada por preocupaciones democráticas, todo lo contrario; aprovecha la ultraderecha para intentar deslegitimar el papel de las organizaciones sindicales y los partidos políticos en una tan recurrente antipolítica que sirve a sus intereses y es simplemente una cortina de humo para ocultar los verdaderos intereses: amparar a los grandes grupos económicos a los que realmente representa en este Congreso. Estamos de acuerdo en que se debata sobre esto, pero ya advertimos que o hay cambios importantes en los aspectos que acabo de mencionar o no contará esta ley con el apoyo del BNG.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Y digo presidenta, señor Sánchez. (Aplausos). Estamos hartas de que nos denominen presidente, vicepresidente o secretario. Estamos cansadas de su masculinidad tóxica aquí, en el Congreso. A partir de hoy le voy a llamar a usted señora Sánchez. (Risas.―Aplausos). Señor ministro, gracias por la presentación. Es inquietante que para VOX los sindicatos y los partidos tengan que ser considerados fundaciones privadas, grandes empresas, como los bancos o como las grandes energéticas, pero están en contra de esta ley justamente para que no se pueda, según ellos en su enmienda a la totalidad, controlar; controlar su chiringuito, porque, en la visión de la ultraderecha trumpista, los partidos y los sindicatos no son herramientas al servicio de la ciudadanía, sino que son lobbies. Lo dicen desde su propia experiencia directa, por esa financiación ilegal a la que ahora mismo se ha hecho también alusión, porque el partido VOX sí que es una herramienta al servicio de las asociaciones católicas más reaccionarias de nuestro país y de la parte del empresariado más reacio a cumplir con los derechos laborales y con el derecho ambiental. Ustedes lo que quieren es que no se controle a chiringuitos como el suyo y su Fundación Disenso, que hace informes, viajes y encuentros con líderes ultras de Latinoamérica y de Europa. La relación de Abascal con Milei, con Bolsonaro o con

Trump viene justamente por las actividades de esta fundación, que se financia ―y lo voy a recordar― con el desvío de fondos del partido, de fondos públicos, con 10 millones de euros, para que lo sepa todo el mundo. Ningún partido en democracia ha traspasado esa cantidad de dinero público a ninguna fundación como han hecho ustedes. Montaron su chiringuito en 2020, con un capital de 30 000 euros del partido, y ahora ya van por 15 millones, 10 de los cuales son de dinero público. Ustedes no hablan de chiringuitos porque ustedes ya son un chiringuito en sí mismos. Su objetivo: ilegalizar partidos y sindicatos y montar un directorio de corporaciones poniéndolo al servicio de Estados Unidos y de la internacional reaccionaria.

En España, respecto a esta ley, estamos muy por detrás de los principales países de nuestro entorno y aún más lejos de lo que debería ser deseable en una democracia en materia de regulación de las actividades de grupos de intereses y lobbies. Tenemos un país donde los principales partidos han hecho ―y esto lo voy a recordar― de las puertas giratorias el camino privilegiado de los principales representantes que han pasado por el Gobierno, por el Congreso o por Gobiernos autonómicos, como puedan ser Felipe González, Aznar, Rato, Fátima Báñez y un largo etcétera. Pero las puertas giratorias y los grupos de presión ―y eso no lo vamos a olvidar― siguen funcionando hoy, y no solo afectan al bipartidismo. Lo vemos en cada iniciativa que debatimos aquí, en el Congreso, cuando afecta a los intereses de los poderosos. Lo hemos comprobado recientemente en la votación sobre el impuesto a las energéticas, en la que el Grupo Vasco y Junts han rendido pleitesía al oligopolio. Aquí las derechas siempre se cuadran y hacen lo que Repsol e Iberdrola manden. Los sillones en los consejos de administración de una eléctrica pesan mucho más que la justicia social y la igualdad. Y al hablar del acceso universal a la vivienda digna ya ni digamos, porque el rentismo no solo ejerce presión a través de lobbies, sino que, además, está representado directamente en esta Cámara. Voy terminando. En el Parlamento andaluz, con el desmantelamiento de la sanidad pública por parte de Moreno Bonilla, también se hace. Está gobernando directamente para los intereses de la sanidad privada, que patrocina sus actos de campaña, y engordando los negocios de las grandes empresas sanitarias a costa del bienestar, de la salud y de la vida de los andaluces y de las andaluzas.

Esta ley no entra en los problemas estructurales del actual régimen político y en la asociación directa, porque si hay un corrupto siempre hay un corruptor. Por eso, vamos a presentar enmiendas. Apoyaremos la admisión a trámite y presentaremos enmiendas para intentar mejorarla, pero, desde luego, vamos a votar que no a la enmienda de VOX, que quiere que se devuelva todo el proyecto de ley y que ni siquiera se debata, porque son así de demócratas.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaunandreok. Buenas tardes, señorías. Intervengo muy brevemente. Presenta el Grupo Parlamentario VOX una enmienda a la totalidad al Proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, con devolución al Gobierno, basada en una serie de razones que nuestro grupo parlamentario no considera suficientes para tal rechazo, si acaso para enmiendas parciales. En concreto, sus tachas se refieren, según se relata en la exposición de motivos de la enmienda de totalidad, a la exclusión de determinadas personas jurídicas como grupos de interés, contenida en el apartado 2 del artículo 2; a la obligatoriedad de inscripción en un registro público de los lobbies para el ejercicio de su actividad, calificándola de censura institucionalizada ―nosotros no vemos razonable esta eliminación―; a un principio del código de conducta de estos grupos de interés, contemplado en el proyecto en el artículo 10.m), que no cabe entender, a nuestro juicio, como lo hace el proponente de la iniciativa debatida, aunque ciertamente podría mejorarse su redacción, y, por último, a una limitación de las llamadas puertas giratorias de los altos cargos que consideran insuficiente y sorteable, aunque sin dar cuenta de las razones que les conducen a predecir esas consecuencias. En definitiva, señorías, como les decía al principio de nuestra intervención, nuestro grupo parlamentario no considera estas razones suficientes para justificar la enmienda en su totalidad. Quizá, si el grupo parlamentario proponente hubiera leído los informes obrantes en la memoria del análisis de impacto normativo del anteproyecto, hubiera encontrado argumentos más sólidos para sostener lo que pretende y no argumentos tan endebles, inconsistentes e inconvenientes como los que hoy hemos visto y como los que nos exponen y tanta farfolla como a la que nos tienen acostumbrados.

Nada más y muchas gracias.

Bona tarda, presidenta, senyories. Som un partit, Esquerra Republicana, preocupats d’antuvi per la transparència. Tenim una història llarga, atzarosa, amb exilis, amb lluita contra el feixisme, però una història neta de tota corrupció, i paga la pena, quan es parla d’aquest tema, reivindicar des d’on parla cadascú. La història d’Esquerra Republicana és una història neta de corrupció, ho repeteixo. Des d’aquest punt de vista, nosaltres entenem que en les democràcies més solvents, més robustes, és normal regular la influència. Estem d’acord en una regulació que organitzi aquesta influència justament per evitar que es vagi per la porta del darrere. Per tant, el que correspon a les democràcies és fer-ho. I en aquest sentit no podem votar la totalitat del grup VOX, perquè va en contra del sentit dels temps i potser perquè les senyories de VOX el que enyoren és una democràcia orgànica, que és una democràcia que va implantar un senyor que no era demòcrata, que es deia Franco. Dit això, hem d’entendre també de què parlem quan parlem de transparència, ministre. No n’hi ha prou amb la norma. Aquesta norma pot ser millor o pitjor, però és una norma que no és condició plena del que podem fer. Em refereixo, ministre López, que hi ha l’actitud. No farem res si aprovem una llei i després no hi ha un impuls i una actitud per part de tots per aplicar-la. I deixi’m dir-li, en aquest sentit, que hi ha una cosa pitjor que no regular la influència, que és regular-la i no fer-la complir després. I en aquest sentit, el Grup Republicà creu que el més important d’aquesta norma és que tingui un règim sancionador i un control eficient. D’altra manera, la pròpia administració es desautoritza. És una cosa de llibre que qualsevol llei que no es pot aplicar erosiona l’Estat i erosiona la credibilitat de la democràcia. Per tant, nosaltres som aquí. He de dir que en tant que hem tingut responsabilitats i tenim a Catalunya, vull remarcar, vostè ho sap, senyor ministre, Catalunya va ser pionera a nivell estatal amb la creació del registre de transparència a partir de la Llei de transparència de l’any 2014. Per tant, com tantes altres vegades, la democràcia catalana ha sigut punta de llança de la democràcia en el conjunt de l’Estat, efectivament. També hem de dir que les coses no passen per casualitat. A més a més de la voluntat de transposició de la normativa europea, si som aquí és perquè la democràcia espanyola ha tingut una erosió, una erosió que significativament s’ha vist en el sorgiment de nous partits, en el moviment del 15-M i també en el moviment independentista, evidentment. Per tant, deixi’m repetir-li, ministre i senyories del PP i del PSOE i totes les senyories aquí presents, nosaltres serem molt exigents amb les definicions i l’abast de la llei. No volem que sigui paper mullat, efectivament. Volem una llei que es pugui complir. Com deia, amb una obligació de registre molt clara i amb un codi sancionador ben acotat. I a la vegada també volem recordar que s’incloguin les lliçons del que hem vist a nivell europeu. Recentment, a nivell de la Unió Europea, hem vist el conegut com Qatargate o també la suposada influència exercida per la companyia Huawei sobre diversos eurodiputats. Hem d’entendre que el que està passant a Europa ens marca el camí d’allò que hem d’evitar que passi a l’Estat espanyol. I, per tant, cal una aplicació estricta. Però no ens enganyem, no n’hi ha prou amb això.

Buenas tardes, presidenta, señorías. Esquerra Republicana es un partido preocupado actualmente por la transparencia. Tenemos una larga historia, azarosa, con exilios y lucha contra el fascismo, pero una historia limpia de corrupción. Y vale la pena, cuando hablamos de estos temas, reivindicar desde donde habla cada uno. La historia de Esquerra Republicana es una historia sin corrupción ―lo repito―. Desde este punto de vista, nosotros entendemos que en las democracias más solventes, más robustas es normal regular la influencia. Estamos de acuerdo en una regulación que organice esta influencia justamente para evitar que se vaya por la puerta de atrás. Por lo tanto, lo que corresponde a las democracias es hacerlo. En ese sentido, no podemos votar a favor de la enmienda de totalidad de VOX porque va en contra del sentir de los tiempos. Quizá lo que añoran las señorías de VOX es una democracia orgánica que implementó un señor que no era demócrata y que se llamaba Franco.

Dicho esto, tenemos que decir qué entendemos como transparencia cuando hablamos de transparencia. No es suficiente con una norma. Esta norma puede ser mejor o peor, pero es una norma que no es una condición plena de lo que podemos hacer. Con ello me refiero, ministro López, a que está la actitud de no hacer nada si se aprueba una ley, pero, luego, no está el esfuerzo de todos para aplicarla. En ese sentido, quisiera decirles que hay algo peor que no regular la influencia, y es regularla y no hacer cumplir esa regulación después. En ese sentido, el Grupo Republicano cree que lo más importante de esa norma es que exista un régimen sancionador y un control eficientes; si no, de otro modo, la propia Administración se desautoriza a sí misma. Es algo de libro que cualquier ley que no se puede aplicar erosiona el Estado y erosiona la credibilidad de la democracia.

Por lo tanto, nosotros estamos aquí. Hemos tenido responsabilidades y tenemos responsabilidades en Cataluña. Y quiero remarcar aquí, señor ministro ―como usted sabe―, que Cataluña fue pionera a nivel estatal con la creación del registro de transparencia a partir de la ley de transparencia del año 2014. Como muchas otras veces, la democracia catalana ha sido pionera en la democracia en el conjunto del Estado, efectivamente. También tenemos que decir que las cosas no suceden por casualidad. Además de la voluntad de trasponer la normativa europea, si estamos aquí es porque la democracia española se ha visto erosionada, que se ha observado significativamente en el resurgir de algunos partidos políticos y también en el movimiento independentista y otros movimientos.

Señor ministro y señorías, también, del PP, del PSOE y de todos los demás partidos políticos, nosotros vamos a ser muy exigentes con las definiciones y el alcance de la ley; no queremos que quede en papel mojado. Queremos una ley que se pueda cumplir, como decía, con una obligación de registro muy clara y con un código sancionador muy limitado y definido. A la vez, también queremos recordar que deben incluirse las lecciones aprendidas de lo que se ha visto a nivel europeo. A nivel de la Unión Europea hemos visto el Catargate, por ejemplo, o la supuesta influencia ejercida por la compañía Huawei en varios eurodiputados. Tenemos que entender que lo que sucede en Europa nos marca el camino de lo que debemos evitar que suceda en el Estado español. Por lo tanto, hay que tener una aplicación estricta. Pero no nos engañemos, con eso no basta.

La transparencia no puede ser un placebo, no puede ser un espejismo, no puede ser una trampa ni una herramienta de paternalismo, hay que ser claros. Voy a citar a Daniel Innerarity, que dijo que en una democracia ocular la transparencia se revelará así como una estrategia de regeneración que no está a la altura de lo que promete e incluso en ciertas ocasiones como una verdadera distracción democrática. ¿Qué nos está diciendo este pensador? Nos está diciendo que a veces ―y hay que ser vigilantes con ello― una ley de lobbies y de grupos de influencia es una coartada en el fondo para no hacer nada. Aquí también el Grupo Republicano va a estar muy vigilante. Además, hay efectos indeseados de una ley de este tipo, por ejemplo, que los actores políticos sobreprotejan sus acciones y que, por tanto, actúen en función de un teatrillo de la transparencia que a nada lleva, a nada lleva. Por tanto, vamos a ser autocríticos desde esta tribuna. Aprobemos la ley, seamos eficientes, pero no nos hagamos trampas; que esta ley no sirva para parecer mucho más cercanos a la ciudadanía y en el fondo hacer lo de siempre. En esa trampa no va a encontrar al Grupo Republicano.

Además, es un signo de esta época utilizar la transparencia como un fetiche para otras cosas. Por ejemplo, algunos han hablado de la transparencia de cotillas, el falso escándalo; otros han hablado de la transparencia de escaparate, sin contenido democrático, es decir, una actuación meramente vacua o, como dice el pensador coreano Byung-Chul Han, la democracia de espectadores, una democracia que solo se basa en el morbo.

Senyories, el Grup Republicà ens creiem la participació democràtica, ens creiem la transparència, ens creiem l’ordenació de la influència i, per tant, si es tracta de legislar de debò, ens hi trobaran. Per fer jocs de mans i perquè el bipartidisme continuï fent de les seves, no ens hi trobaran. Per tant, serem severs amb la tramitació de la llei.

Moltes gràcies.

Señorías, el Grupo Republicano cree en la participación democrática. Nos creemos la transparencia. Creemos en la ordenación de la influencia, y, por lo tanto, si hablamos de legislar de verdad, allí estaremos; para hacer juegos de manos y para que el bipartidismo siga haciendo de las suyas, no. Por lo tanto, vamos a ser muy severos en la tramitación de la ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Este año celebramos el centenario de Manuel Sacristán, uno de los mejores pensadores que hemos tenido en España; alguien que concebía la política como la ética de lo colectivo en defensa de lo justo, de lo verdadero y del bien. Mientras sofistas y escribas a sueldo adulteran la verdad y ponen en cuarentena toda razón, es hora, creo yo, de volver a la ciencia y pensar lo común, y lo común es de lo que trata esta propuesta: cubrir una laguna o carencia democrática, la información pública como derecho universal y la regulación de los grupos de presión a partir del principio de debida transparencia. La lógica que ha prevalecido en nuestro sistema político, como la ley mordaza o la regulación de los secretos oficiales, y en la propia actividad informativa ha sido normalmente la opacidad o la ausencia de norma. El plan de acción para la democracia viene a reformar parcialmente algunos de estos elementos o déficits históricos no solo en materia de transparencia, sino en derecho de acceso y desbloqueo de las opacidades y cajas negras de las políticas públicas. Desde el año 2020 la Unión Europea ha observado con preocupación como la revolución digital y el lobby del complejo industrial del Pentágono, en particular de los sectores de extrema derecha, coordinados por Steve Bannon, han venido socavando nuestras democracias, afectando sobremanera a la propia unidad comunitaria, como se pudo comprobar con el referéndum del brexit. En congruencia, la Unión Europea se ha fijado como objetivos proteger las elecciones libres y justas, sin interferencias externas, combatir la manipulación informativa y, por supuesto, la injerencia de intereses particulares. Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros se encaminan punto por punto a estas exigencias, tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas. Es una apuesta que ha dado lugar, como siempre, a una reacción desmedida en tono y forma ―lo hemos visto aquí, en tribuna― de la oposición ultramontana como también de la prensa conservadora. Esta legislatura debería servir cuando menos para que el Congreso asuma en la agenda y el país reconozca que regular la información como bien público es garantizar mediaciones democráticas y que la transparencia es una obligación de los poderes públicos; ¡ojo!, de todos los poderes públicos, no solo del Ejecutivo, también de Legislativo y del Poder Judicial. Por lo mismo, debe estar garantizado por ley con políticas activas. Decía Pierre Bordieu que el Estado es la base de la integración lógica y de la integración moral del mundo social. Por eso mismo, el consenso fundamental sobre el sentido de lo que es la propia condición de los conflictos en sociedad requiere de organización y de forma o, como decía Gramsci, de un cierto orden. Es paradójico que los partidos del orden reinante no quieran ni oír hablar de la forma de organización del Estado. Señorías de VOX, hablar con ustedes de registro, de información, de transparencia es como hablar a un obispo de la teoría de la evolución, poco menos. (Aplausos). A todas luces, se ve que ustedes son más bien de la involución. No evolucionan ni por la fuerza de los hechos, nostálgicos como son de un régimen que no va a volver y de un futuro distópico de supresión de todo dominio público a fuerza de un rosario de argumentos de lo mismo. En fin, vienen aquí y plantean la devolución ―además de negacionistas, devolucionistas― de toda iniciativa parlamentaria. Como el fatuo Milei, están, al parecer, con los lobbies, con los grupos de interés; debe ser porque son interesados de la ‘hermandad de la saca’, porque consideran la fiscalización de entidades privadas como una norma contra sectores contrarios al Gobierno, en otras palabras, según su argumentario, los lobbies están alineados con ustedes. Es una paradoja de su propia argumentación; ridícula, diríamos. Es una ridícula afirmación, porque proponen devolverla por no incluir a partidos y sindicatos, es decir, que toda su política se resume en: cautivo y desarmado se han alcanzado los objetivos militares. Caciquismo, dominio de la oligarquía financiera y tecnofeudalismo. (Aplausos). Y lo hacen con tres aporías iletradas, muy iletradas, como siempre. Primero. Toda ley es control. Mejor sin ley; las reglas que las ponga Elon Musk o el tirano de turno. Les recuerdo, señorías, el principio de la cultura jurídica que nos convoca aquí en esta Cámara: Dura lex sed lex. Segundo. Confunden soberanía con una patria única. No entienden la composición del Estado plurinacional en el que de facto vivimos y convivimos en democracia. Ya hay registros autonómicos, y lo que es necesario, como corresponde a un modelo federal, es una regulación estatal.

Y tercero. No todo problema o cuestión social se resuelve con motosierra o con cárceles al estilo Bukele. Deberían saber que el punitivismo ―vigilar y castigar― es la retórica propia de la impunidad de las clases pudientes.

El derecho y el parlamentarismo son una garantía y también una cuestión de clase: los diputados que estamos aquí defendiendo la transparencia y la democracia contra los comisionistas de turno y los lobbies del capital somos gente con clase, así que no engañen a la ciudadanía, no traten de confundir con el discurso del mundo al revés. Lo general no es lo especial y sus intereses especiales no son el bien común. Sabemos distinguir lo público y lo privado y conocemos de sobra las lecciones de Carl Schmitt y la panoplia de sociólogos conservadores como Daniel Bell. Por más que confundan Ejecutivo y Legislativo, la norma y la sanción, la ley y el poder político ―lo normal, por cierto, para quienes defienden el misterio de la Santísima Trinidad― carecen de toda razón.

Francamente, para ser un grupo parlamentario con treinta y tres diputados trabajan más bien poco; puedo afirmarlo categóricamente después de más de un año y medio de legislatura. En las comisiones de las que soy portavoz es constante la repetición de un discurso plano, unidimensional, sin consistencia ni jurídica ni política. En este Pleno observo la indolencia y cierta holgazanería, siempre votando rojo ―en contra, se entiende―. Supongo que ese es su rol aquí: votar contra las leyes y contra toda acción soberana de este Congreso. Como ya cuentan con Musk y con Meta a su favor no necesitan esmerarse mucho, dicho sea de paso. Tampoco son de leer, como algún otro portavoz de la derecha extrema. En fin, sin acritud, por usar un lenguaje franco que alcancen a entender, disuélvanse y entreguen las actas o, al menos, procuren no hacernos perder el tiempo. No disimulen que trabajan con la motosierra, porque el mono o el peto les queda muy mal y la sutileza retórica y política de las Cortes les queda bastante grande.

Nuestro grupo de la izquierda plurinacional está por los objetivos de sociedades justas y pacíficas, sociedades inclusivas, por el buen gobierno y por leyes que abundan en la calidad democrática. Tenemos ejemplos recientes del muro de Wall Street y del 5G, y lo tuvimos hace tiempo en Bruselas con la televisión de alta definición. Nosotros queremos aproximarnos al modelo nórdico ―al de Suecia, no al de Suiza, que algunos andan desnortados con su delirio autoritario―, y consideramos que la oficina de conflicto de intereses puede cumplir principios básicos para el desarrollo constitucional del principio de igualdad y transparencia. La consulta pública es contraria a la ilustración oscura, que es en verdad el imperio de la impunidad por opacidad. Por eso, quizá, los diputados de VOX no declaran sus bienes ni cumplen con el Reglamento de esta Cámara.

Nosotros estamos con el interés público, con el dominio público, con la justicia e igualdad, con transparencia, con control social democrático, con ley y derecho justo ―esperemos que, con el desarrollo parlamentario, la autonomía de la oficina dependa, como la CNMC, del Poder Legislativo y no del Ejecutivo―. Como Manuel Sacristán, somos personas serias, personas de orden. Estamos en contra de la información falsa atribuida al personal público, sea fiscal, ministro o técnico superior del Estado, y defendemos con rigor el método y la ciencia por conciencia y porque todo debate contrario al registro es, como dirían en mi tierra, pura farfolla.

En consecuencia, votaremos en contra de esta enmienda a la totalidad. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Buenas tardes. Gracias, presidenta. Señorías, la verdad es que tengo que empezar esta introducción diciendo al señor Sánchez García que ha hecho una intervención lamentable, sin decoro parlamentario y sin respeto. Seguramente es porque se ha mirado al espejo, pero desde aquí le quiero recriminar que eso demuestra lo que ustedes son. Fíjese lo que demuestra, que no vienen a escucharle ni sus compañeros ni su líder, y presenta una enmienda a la totalidad. (Aplausos). Eso es VOX realmente. Nos presentan una enmienda a la totalidad contra la ley de grupos de interés, que yo la calificaría muy fácilmente: es antisistema y contraria a los intereses del propio sector. Eso también es VOX, señorías. Y digamos las cosas claras, en nuestro país es necesario regular con transparencia la actividad de los grupos de interés en el ámbito de la Administración General del Estado y de su sector público institucional, ajustándose a los estándares internacionales. Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez elaboró este proyecto de ley que estamos tramitando en esta Cámara.

Las pocas señorías de VOX que hay, por favor, cojan papel y lápiz, que les voy a indicar unas cuantas cuestiones para que apunten y se las trasmitan luego al señor Abascal. La primera, para la construcción de una cultura de la transparencia, participación pública y rendición de cuentas hace falta esta ley; para cumplir con el Plan de Acción por la Democracia, también; para dar cumplimiento a los objetivos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también; para dar cumplimiento a la Agenda 2030, también; para dar cumplimiento al IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024, también; y, además, para seguir las recomendaciones que en España han hecho tanto la Unión Europea como la OCDE. Así que, señorías, el proyecto de ley atiende de forma rigurosa las propuestas y recomendaciones formuladas por estas instituciones comunitarias y por organismos internacionales, como el Grupo de Estados contra la Corrupción, denominado Greco, o la OCDE.

Pero da igual, VOX, en su cruzada fascistoide contra sindicatos, partidos políticos y asociaciones empresariales, solo descarga odio y falacias, eso es exclusivamente lo que hacen. Además, fíjense, vienen aquí a criticar en una enmienda a la totalidad a las centrales sindicales, pero ellos crean un sindicato vertical, y, además, son un partido político condenado por el Tribunal de Cuentas por financiación irregular. Así que lecciones de VOX, ninguna, señorías, ninguna. (Aplausos).

Además, el Consejo de la OCDE, sobre los principios de transparencia y la integridad de las actividades de los lobbies, excluye expresamente del concepto de lobista a los partidos políticos cuando actúan en el marco de su normativa. El acuerdo interinstitucional del Parlamento Europeo, del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea, sobre el registro de transparencia obligatorio excluye expresamente también a los interlocutores sociales cuando actúan como participantes del diálogo social. En países de nuestro entorno, como Francia, estos grupos de interés también están excluidos. Y en nuestro ordenamiento autonómico, las comunidades autónomas de Valencia y de Cataluña, por ejemplo, lo hacen en el mismo sentido. Así pues, señorías, estos constitucionalistas de pulserita y salón, apunten también leerse la Constitución, porque al respecto de la relevancia que la Constitución otorga en nuestro país a los partidos políticos y a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales demuestran también su poco conocimiento. Y respecto a la exclusión del concepto de grupo de interés de los organismos y organizaciones públicas internacionales, simplemente un poquito de lectura, señor Sánchez. Usted ha venido a hacer aquí simplemente una aparición en Pleno sin haberse estudiado ni siquiera la documentación anexa que la propia Cámara nos da a los parlamentarios para la tramitación de los proyectos de ley. Sabíamos que trabajan poquito, que su líder no está nunca en el Pleno, pero hoy han demostrado que, aparte de trabajar poquito y no estar nunca, no tienen idea ni de lo que ponen a su disposición. (Aplausos).

En esta fábrica de bulos a la que nos tiene acostumbrados el Grupo Parlamentario VOX ―también, por favor, cojan papel y lápiz―, alguna cosita más para el señor Abascal. El presidente del Gobierno tiene la consideración de personal público susceptible de recibir influencia, según la Ley 3/2015. Por tanto, es una falacia lo que ustedes han planteado en su enmienda, porque incluso la propia página web de la Moncloa ofrece puntualmente la agenda del presidente con cualquier reunión con empresarios en cualquier ámbito, sea nacional o sea internacional. Así que, señorías, sabemos que están un poco nerviosos, que está la fiscalía anticorrupción investigándoles por financiación irregular, pero no vengan aquí a hacer exabruptos y a plantear este tipo de cuestiones cuando todo el mundo sabe perfectamente que el lado oscuro está en su lado.

Les digo más. Son también nociones básicas de parlamentarismo y de técnica normativa. Llegar a decir en esta Cámara que el proyecto de ley, como regula mediante un reglamento posterior lo que son las inscripciones en el grupo de interés, podría estar incurriendo en cualquier tipo de ilegalidad es no conocer la técnica normativa, es no conocer siquiera cómo funciona un parlamento, en el que a la hora de legislar se tiene que aportar después, mediante una regulación reglamentaria, más información.

Señorías, voy terminando con un par de cuestiones que me parecen básicas. La primera, queda demostrado que la legítima actividad de influencia en condiciones de respeto e igualdad en el acceso a los responsables públicos es una garantía para todos y para todas. Por eso es necesario aprobar este proyecto de ley en nuestro país, porque demostrará además que estamos a la altura de un montón de países y de la propia Unión Europea, que ya lo está haciendo. Y la última me la reservaba, esta es la de la traca, señorías. Fíjense, la derecha hablando de puertas giratorias… Pero si es que solo les ha faltado meter en su enmienda la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social ―¿se acuerdan?―, en la que su líder actuaba como un grupo de interés, un lobista, y al mismo tiempo tenía ese chiringuito. ¿Se acuerdan? Les ha faltado indicarlo en el texto. (Aplausos). Sabemos que ustedes no utilizan la puerta, ¡utilizan un ascensor!, que es todavía peor.

Termino diciendo que en nuestro país ya existe la regulación mediante la Ley 3/2015, Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo, y la propia Oficina de Conflictos de Intereses, de forma rigurosa, dispone el control para las obligaciones que esta ley exige dentro de la Administración General del Estado. Así que esos posibles incumplimientos están mirados y regulados, por lo que no vamos a apoyar esa enmienda a la totalidad, porque estamos a favor de la transparencia en la toma de decisiones y por el fortalecimiento de la democracia; por eso rechazamos su enmienda. Lecciones de VOX, ninguna, porque ustedes mismos son un verdadero grupo de presión en esta Cámara contra los intereses, porque dinamitan desde dentro las instituciones y solo son muy fuertes con aquellos a los que ustedes les exigen, pero evidentemente… (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Armengol). Luego le contesto a usted si quiere, señoría. Están también un poquito nerviosos, porque también les afecta esto y se ponen nerviosos, claro, claro. (Aplausos). Lecciones de ustedes, ninguna tampoco, señorías. Como vienen aquí a dinamitar las instituciones, el Grupo Socialista y el Gobierno serán más fuertes para favorecer la democracia en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, debatimos la enmienda de totalidad al respecto del Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés por una suerte de celeridad inusitada que le ha llegado de repente al Gobierno. Ciertamente, en el Grupo Parlamentario Popular estamos completamente de acuerdo en que se regule en nuestro país la labor de los grupos de interés, para que esta actividad tenga la transparencia e integridad necesarias en un país que, por desgracia y por acción de este Gobierno, está bajando escalones en calidad democrática de un modo tan precipitado como preocupante. Hay que recordar que, por ejemplo, en 2014 ya nuestro grupo parlamentario hizo una propuesta de modificación del Reglamento de la Cámara para regular esta cuestión y que en 2021 volvimos a insistir de nuevo. Es decir, el Grupo Parlamentario Popular está alineado con todos los organismos internacionales que insisten en dar pasos decididos en esta materia, desde la ONU, la OCDE hasta el denominado Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. También estamos alineados con las entidades que en nuestro país representan al sector y que llevan tiempo demandando avances en su propia regulación; se ha hablado aquí de APRI, de asociaciones de consultoras, empresas y de otros sectores. Esto resulta especialmente necesario y urgente por varios motivos. El primero de ellos, porque el Gobierno, en una dinámica de incumplimientos permanentes, no ha cumplido con la obligación que se autoimpuso en el año 2021 para regular la cuestión, según figuraba en uno de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia asociado a los fondos Next Generation. Lo segundo, porque el Gobierno está más ocupado en su propio interés que en regular la actividad de los grupos de interés, y desde que presentó un anteproyecto sobre esta cuestión hace casi dos años y medio, ha esperado innecesariamente hasta ahora, cuando le han entrado de repente las prisas. Y lo tercero, porque la inacción del Gobierno en esta materia ha impactado en los indicadores de organismos como Transparencia Internacional. España ha caído 15 puntos en el índice de percepción de la corrupción en los últimos cuatro años; nos ha situado en los peores datos de los últimos treinta años y estamos ocupando actualmente la posición 16.ª de todos los países de la Unión Europea. Y lo triste de eso no es que sea nuestro grupo parlamentario el que sienta vergüenza del Gobierno, sino que por su culpa, hasta en Europa se avergüenzan de nuestro país, y esto es algo que los españoles no merecemos. (Aplausos). Así las cosas, saludamos positivamente la regulación de los grupos de interés, pero lo hacemos en aras de una verdadera transparencia e integridad y no para dar apariencia de ello, sin que realmente la regulación sirva para nada. Por eso, somos críticos con el texto que ha aprobado el Gobierno y manifestamos nuestra preocupación por varios motivos: el primero de ellos, porque algunos actores claves de estos procesos de interacción entre el sector público y los grupos de interés les han dejado fuera. Y no es que el grupo que presenta esta enmienda a la totalidad hable de ellos; baste indicar que fueron ustedes, el Gobierno, quien en el hito 432 de la adenda del plan de recuperación se comprometía —a‌ bro comillas— «a la entrada en vigor de una ley que regule las relaciones entre el sector público y los grupos de interés, incluidos los sindicatos». Si el compromiso suyo, el del Gobierno, era incluirlos, ¿por qué ahora les excluyen? ¿Cuál es la razón?

El segundo, porque la ley solamente establece obligaciones para los grupos de interés —n‌ o hay tal equilibrio, señor ministro—, pero no para los responsables de tomar decisiones en la propia Administración y, claro, ¿esto a qué puede obedecer —‌tercer motivo—? Pues al hecho de que se designa en la ley a quien debe velar por la transparencia e integridad de las relaciones entre los grupos de interés y el sector público. Y, ¿acaso esta responsabilidad recae en alguna oficina que pueda disponer de independencia, de autonomía, de capacidad competencial o de recursos suficientes, tal y como nos demanda el Consejo de Europa? No, va a ser una oficina que dependerá de una persona con rango de director general y que será nombrada por el Consejo de Ministros a propuesta del actual ministro que nos ha presentado hoy la ley. Sí, lo han oído bien, el jefe final que gestionará a los grupos de interés es el mismo que ha ido recientemente a Francia a hacer de grupo de interés en nombre de Sánchez para influir en los accionariados de empresas privadas y favorecer intereses del Gobierno. (Aplausos). ¡Eso sí que es de traca, eso sí que es de traca! Como dirían en mi tierra, esta ley quiere poner al zorro a cuidar del gallinero, y esto es inaceptable. Para nosotros es bochornoso y tendría que hacer que se les cayera la cara de vergüenza si al Gobierno le quedara un solo ‘reskoldo’ de respeto a la democracia en este país.

Señorías, el Gobierno ha estado preparando la regulación de los grupos de interés dice el ministro que para abrir puertas y ventanas, y nos parece bien, pero, mientras, lo que tenían abierto eran las puertas de la sede del Partido Socialista para que presuntos delincuentes camparan a sus anchas por Ferraz. Hablan de puertas abiertas, y esas son las que se abrían en Moncloa para que el entorno del presidente Sánchez aprovechara para encontrar trabajos ficción o para desarrollar supercátedras sin ser catedrática. Habla el ministro de integridad, mientras que era la mano derecha de Sánchez quien fijaba su verdadero interés en catálogos que ofrecían servicios pagados por todos los españoles y mandaba a sus gregarios a ejercer de grupo de interés, negociando compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. (Aplausos).

Es increíble que en esta sede nos hable usted —‌y hace bien— de la ONCE, del sector de la banca o de las asociaciones de lucha contra el cáncer como grupos de interés, pero lo hace el Gobierno más lobista de la historia, el que más ha utilizado a las instituciones en la historia de nuestra democracia. ¿Qué pretenden ahora, un acto de contrición para expiar los pecados del Gobierno socialista de Sánchez? ¿Es lo que pretenden? Mire, quieren regular los grupos de interés cuando el único interés que les mueve es seguir agarrados a la Moncloa, a pesar de la preocupante pérdida de calidad democrática y de la lacerante ocupación de las instituciones públicas, y ya incluso de los grupos empresariales privados. Sánchez dirige un Gobierno y un partido más ocupado en sus tramas corruptas que en servir al verdadero interés de España, que sería dar la cara y presentar en esta Cámara unos presupuestos, tal y como pide el artículo 134 de la Constitución española. (Aplausos).

Por ello, y termino ya, como grupo mayoritario en esta Cámara y por ser el partido que ganó las elecciones, no podemos consentir que se siga poniendo en juego otra vez más la democracia. Seguiremos denunciando cada intento por derribarla y trabajando en ser esa alternativa que cada vez más españoles demandan, una alternativa que deje atrás cuanto antes esta pesadilla en la que tienen sumido a nuestro país y que, más pronto que tarde, dará paso a la decencia y a la democracia plena, porque, para el Grupo Popular, el buen gobierno para los españoles es nuestro interés.

Gracias. (Aplausos.—La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien! ¡Bravo!—El señor ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, López Águeda, pide la palabra).

Gracias, presidenta.

Solo quiero agradecer sinceramente a todos los grupos de la Cámara que han expresado su voto de que van a rechazar la enmienda. Dejando al margen todos los insultos…

Decía que quería agradecer a los grupos parlamentarios que van a votar en contra de la enmienda a la totalidad que ha planteado VOX, y recordar a esta Cámara que los insultos solo son reflejo de la pobreza intelectual de quien los profiere.

Y dejando al margen todo eso, simplemente quiero decir que se ha citado en la Cámara a Voltaire, y hay quien le atribuye, aunque está en discusión, si es suya o no aquella frase de «discrepo de lo que dices, pero daré mi vida para que puedas seguir haciéndolo»; y eso algunos no lo entienden.

Muchas gracias. (Aplausos).