Idoia (GV (EAJ-PNV)) Sagastizabal Unzetabarrenetxea
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Llevamos unos años asistiendo a un aumento de costes que no se está trasladando a la contratación pública, vicepresidenta; costes salariales por la subida del SMI, por la negociación colectiva o por aplicación de convenios colectivos ante la escalada del IPC; costes sobrevenidos que, además, las empresas no han podido prever en el momento de presentarse a las ofertas y que, por tanto, los adjudicatarios no van a poder asumir. Y lo mismo va a pasar con la reducción de la jornada. Y todo porque la Ley de Contratos del Sector Público impide a la Administración revisar los precios de los contratos de servicios ya en vigor. ¿Y qué está pasando con esto? Pues que hay contratos desiertos, resolución anticipada de contratos de mutuo acuerdo para evitar males mayores, dificultades para que las Administraciones puedan mantener estos contratos y participación a la baja de las licitaciones. Esto, además, conlleva un perjuicio a la calidad de los servicios públicos, pone en riesgo garantizar la prestación de estos servicios públicos, dificulta la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras y genera problemas de continuidad de plantilla. Son contratos de servicios que afectan no solo a empresas mercantiles con plantillas mayoritariamente de mujeres, sino también a empresas de inserción, centros de empleo, de iniciativa social, en el ámbito de los contratos reservados y en los que la mayoría de las plantillas son personas en exclusión social y en sectores en que los salarios no son altos. Hablamos de servicios esenciales ―contratos de limpieza, de jardinería, de intervención social, de seguridad, de atención domiciliaria― donde la mano de obra es el coste principal del contrato.
En un contexto incierto, desde luego, es necesaria una regulación flexible para permitir esta revisión de precios por cambios normativos, cambios reglamentarios o circunstancias que no se puedan prever. No podemos exigir que las empresas sean clarividentes ni, desde luego, maniatar a las Administraciones que solo pretenden tener servicios de calidad. Por eso le preguntamos: ¿va a posibilitar la revisión de precios en el ámbito de la contratación pública?
Presidencia. Gracias. Señora vicepresidenta primera del Gobierno.
Presidencia. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo, señora Sagastizabal, que usted conoce la política de este Gobierno en relación con esta materia, sabe que las empresas acuden a estos concursos sabiendo de antemano que se van a desarrollar durante un tiempo y que puede haber una fluctuación en relación con el coste que pueden tener esos servicios, tanto en materia de personal como cuando se trata de otro tipo de contrato en relación con la materia prima que se suministra para esa labor. Sin embargo, nosotros no compartimos el que se produzca una desindexación de estos contratos públicos, porque entendemos que se puede producir o impulsar una espiral inflacionista y generar también efectos de segunda vuelta. Por tanto, señoría, la mejora de las condiciones de vida, tanto de los trabajadores como del conjunto de la sociedad, debería ser una política asumida por todos los sectores, aquellos que trabajan en el sector privado, acompañando en parte con estas medidas y, evidentemente, también las Administraciones públicas, haciendo lo propio, porque tampoco tengo ninguna duda de que los contratos de todas las Administraciones ―ayuntamientos, comunidades autónomas o Gobierno de España― se adaptan a estas situaciones, pretenden que haya una buena calidad en las relaciones laborales de los trabajadores y, por tanto, respetan todas las condiciones para que la prestación de los servicios públicos sea óptima. (Aplausos).
Presidencia. Gracias. Señora Sagastizabal.
Idoia (GV (EAJ-PNV)) Sagastizabal Unzetabarrenetxea
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Lo cierto, vicepresidenta, es que lamentamos esta respuesta, porque tanto las Administraciones afectadas como patronales y sindicatos lo están solicitando. Además, estamos viendo que en Euskadi por lo menos hay 2900 contratos afectados por esta materia y hay un volumen de licitación en 2024 de en torno a los 47 500 millones, con 2 millones de personas afectadas.
Vicepresidenta, lo que tampoco entendemos es que ustedes hayan asumido una subida de costes de más del 40 % que va a tener que pagar la Administración para que las empresas concurran a la licitación de Muface y dar un servicio sanitario privado a funcionarios, y, sin embargo, no están dispuestos a permitir esta revisión de precios en los contratos de servicios por causas determinadas para que la Administración afectada pueda seguir ofreciendo servicios públicos de calidad y, además, mejorando o manteniendo los derechos laborales de las personas trabajadoras. Esto es una incongruencia, un agravio para unos y un privilegio para otros.
Presidencia. Gracias. Señora vicepresidenta primera del Gobierno.
Presidencia. Gracias, señor presidente. Efectivamente, señora Sagastizabal, hay una variedad respecto a aquellos que han terminado los concursos. Claro, es que esto no es una revisión de precios. Acaba un contrato y hay que volver a licitarlo, y esos nuevos contratos que se licitan puede que lleven un incremento que incluso a mí me puede parecer en determinadas ocasiones excesivamente alto. En cualquier caso, sí hay instrumentos para intentar hacer esa revisión de precios. Saben ustedes que hay determinadas excepcionalidades en los contratos de obra, en los contratos de suministro de equipamiento para las Administraciones públicas, en suministros de energía o en los contratos cuya inversión sea superior a cinco años, porque entendemos que la proyección, con las fluctuaciones que se pueden producir en un periodo superior, pudiera tener que corregirse y, por tanto, en estas excepciones, señoría, sí que tenemos capacidad para hacer alguna revisión de precio. Pero hay que dar una cierta estabilidad al sector y, sobre todo, hay que impedir que la inflación suba y que, por tanto, afecte a la calidad de… (Aplausos).
Presidencia. Muchas gracias. ― DE LA DIPUTADA DOÑA ESTER MUÑOZ DE LA IGLESIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL: ¿ESTÁ EN RIESGO LA ESTABILIDAD DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000537).
Presidencia. Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Pregunta de la diputada doña Ester Muñoz de la Iglesia, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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