Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad.

Buenos días, señorías.

Subo a esta tribuna para defender la posición del Gobierno en el debate de totalidad de dos proyectos de ley, uno orgánico y otro ordinario, en relación con el procedimiento de determinación de la edad de menores. Estos dos proyectos de ley, que con todo el sentido del mundo se tramitan conjuntamente, tienen una finalidad única: intentar garantizar el procedimiento para determinar la edad de los menores en nuestro país. Por tanto, en primer lugar, tienen una finalidad claramente garantista de los derechos del menor y, en segundo lugar, estamos dando ―y creo que esto es importante, sus señorías así lo sabrán apreciar― cumplimiento a compromisos y recomendaciones de organismos internacionales, en especial a lo establecido en la Carta de los Derechos del Niño y a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, que apuestan decididamente por la naturaleza judicial en la determinación de la edad como garantía de los derechos de los menores, que muchas veces están sin sus progenitores.

Para dar cumplimiento a esta modificación del procedimiento para determinar la edad de los menores, en los dos proyectos de ley que hoy estamos debatiendo se llevan a cabo dos reformas fundamentales. La primera es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para constituir un nuevo procedimiento judicial de determinación de edad cuando esta no se conozca o se tengan dudas sobre ella. Es un procedimiento que, evidentemente, dadas las circunstancias de estos hechos, es ágil, rápido y garantista. Por tanto, pasamos de un procedimiento administrativo a otro judicial, centrado en los derechos del menor y abandonando ―y esto también es importante― métodos de prueba intrusivos o de dudosa fiabilidad científica. Las normas que incluimos también en la Ley de Enjuiciamiento Civil siempre pretenden la protección del interés superior del menor. Por eso se reconoce la presunción de la minoría de edad; se reconoce el derecho del menor a tomar parte en el procedimiento y a ser escuchado; se garantizan su dignidad y su intimidad, de tal manera que se prohíben pruebas invasivas o desnudos integrales; y, por último, se le garantiza la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento y la asistencia de un intérprete si es necesario para el menor. La primera reforma, pues, es la de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La segunda reforma que abordan estas dos leyes es la modificación de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores para atribuir las competencias de la determinación de la edad a los órganos judiciales penales cuando se produzca en relación con un menor detenido por su presunta participación en una infracción penal y existan dudas sobre la edad que tiene ese menor. Es decir, cuando está en juego la mayor responsabilidad que puede haber, que es la responsabilidad penal, el proceso se realiza en el órgano judicial que ofrece las mayores garantías, que es el juzgado que lleva ese procedimiento penal. En definitiva, estamos ante una mejora evidente en la regulación de los procesos de determinación de edad, en defensa y garantía de los intereses y de los derechos de los menores.

El Gobierno es plenamente consciente de que esta nueva regulación, garantista para los derechos de los menores, puede generar inquietud en algunos territorios con especial presión migratoria y de que podría temerse una mayor demora en los tiempos de gestión como consecuencia de la aprobación de estas normas; sin embargo, nosotros nos comprometemos a unos procedimientos judiciales que sean ágiles gracias a la ley de eficiencia y a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se lleva a cabo. Y quiero decir públicamente que nos comprometemos también a tener en cuenta todas las reivindicaciones y todas las cuestiones que planteen territorios con especial presión migratoria. Me refiero a Canarias, a Ceuta, a Melilla, a territorios que tienen esa especial presión migratoria. Quiero trasladarles la voluntad del Gobierno de dotar de recursos suficientes a la Administración de Justicia, en línea con lo que ha supuesto ya ―lo que está suponiendo ya― la ley de eficiencia del Servicio Público de la Justicia, para que no existan demoras injustificadas y, en este caso de determinación de la edad menores, totalmente injustificables. Por eso queremos acompasar la tramitación de esta normativa a la aplicación de las medidas en las que ya estamos trabajando para aliviar la situación de esos territorios con mayor presión migratoria.

No querría que este debate se quedase exclusivamente circunscrito a un debate meramente técnico o meramente jurídico. El debate de fondo que nos trae este procedimiento, la tramitación de este debate de totalidad, es el núcleo fundamental de la democracia, es decir, si el núcleo de nuestra democracia son los derechos o, por el contrario, es la exclusión, el intento de exclusión e incluso la crueldad con precisamente los más desprotegidos, que son los menores. No estamos solo ante una ley que se vaya a aplicar exclusivamente a los menores de origen migrante, pero es evidente que tiene un impacto en esas personas. Estamos hablando, señorías ―no lo olviden―, normalmente de adolescentes que tienen 14, 15 o 16 años y que abandonan su hogar muchas veces forzados por la necesidad, por el hambre o por la guerra y que tantas veces llegan a nuestro país solos, sin sus padres, tras un viaje traumático y difícil. Por eso querría preguntarme qué preocupa a los grupos parlamentarios que han presentado una enmienda a la totalidad a estas dos normas. A ninguno de los grupos parlamentarios aquí representados puede preocuparles que un juez, con las debidas garantías, determine quiénes son menores y, por tanto, quiénes pueden ser acogidos en el sistema precisamente pensado para los menores no acompañados. Por tanto, a mí no me preocuparía un cambio de un procedimiento administrativo a uno judicial, sino que me preocuparía no acertar con un procedimiento científico y garantista precisamente para nuestros menores, porque no solo afectaríamos a los derechos de adolescentes muy vulnerables, sino que estaríamos también dando imagen de lo que queremos ser como sociedad.

En términos más bien democráticos, me parece difícil entender por qué se han presentado dos enmiendas a la totalidad a estos textos. Una de ellas ―es cierto― proviene de un grupo político que es conocido por sus discursos de odio y, por tanto, no esperamos mucho de ese grupo político, pero al menos podemos aprovechar este debate para mostrar la verdadera cara de todos los grupos políticos que nos sentamos en este Congreso. A mí me parece que ser crueles con los niños no acompañados y, sin embargo, reír las gracias a las personas que pretenden discriminarles, que pretenden excluirles, no es precisamente el mejor ejemplo para nuestra democracia. Y también me preocupa la otra enmienda a la totalidad, presentada en este caso por el Grupo Popular, que, a pesar de todas las diferencias que hemos tenido, había apostado por una política garantista de la inmigración en referencia a los menores. Espero que la presentación de esta enmienda a la totalidad no sea un cambio de rumbo para hacer seguidismo a otros grupos políticos que tienen por bandera la xenofobia, la exclusión, la crueldad y el odio. Espero simple y llanamente que hoy decaiga y que a partir de ahí empecemos a trabajar en enmiendas para poder mejorar este texto.

Insisto, proteger a los menores que llegan a nuestro país es una cuestión de justicia, es una cuestión de humanidad. Cumplir con los convenios internacionales y con las recomendaciones de organismos internacionales, como la Carta de los Derechos del Niño o el Comité de los Derechos del Niño, es una obligación para nuestro país, para nuestra democracia, y, desde luego, tener un modelo garantista desde el punto de vista judicial creo que es una obligación de una democracia de un Estado de derecho. Por tanto, espero que ambas enmiendas a la totalidad decaigan y que a partir de ahí empecemos a trabajar los grupos parlamentarios de la mano para tener una democracia mejor, porque acoge mejor a los menores más vulnerables, los que vienen no acompañados por sus padres.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, una previa. Aunque usted es un ministro que procura siempre tener unas formas aparentemente amables y educadas, una vez más ha quedado en evidencia el sectarismo con el que usted actúa desde su ministerio, su triministerio. Cuando le denominamos el sepulturero de Montesquieu, no hace falta que le explique por qué. Pero, detrás de esa sonrisa, lo que ha hecho usted ahora, esta mañana, es inaceptable, porque se sube usted a la tribuna legítimamente a defender dos proyectos de ley del Gobierno, pero cuando llega el momento parlamentario de referirse también al legítimo derecho que tenemos los grupos parlamentarios de presentar cuantas enmiendas creamos convenientes y en la forma y en el fondo que creamos conveniente, usted se dirige a nuestro grupo ―y no sé sobre la base de qué legitimidad― para tachar nuestra enmienda de odio, crueldad, exclusión y antidemocracia. Pero ¿quién le da a usted la legitimidad de otorgar los carnés al resto de los parlamentarios y los grupos parlamentarios? (Aplausos). Lo diré de la manera más suave posible: ser ministro del Gobierno de Sánchez y pertenecer al Partido Socialista serían motivos suficientes para subir a esta tribuna, cuando menos, con un poquito de humildad, cuando menos, cuando no con una cierta vergüenza de pertenecer a un partido que a lo largo de la historia de España ha sido el partido que ha dado más golpes de Estado (aplausos) y ha estado asumiendo políticas criminales. Y si no le gustan estas palabras, coja la historia de España y lea lo que hizo el Partido Socialista; por ejemplo, Indalecio Prieto y su motorizada, asesinando al líder de la oposición, Calvo Sotelo. Debería tener usted un poquito más de respeto hacia el resto de los grupos que no arrastramos esa historia criminal del Partido Socialista y la miseria que supone formar parte del Gobierno de Sánchez. (Aplausos). Dicho lo cual, me voy a centrar ―ahora sí― en su proyecto de ley. Este proyecto de ley que nos trae el Gobierno pretende la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores para regular un nuevo procedimiento de determinación de la edad a través de un procedimiento judicial. Actualmente, tenemos dos procedimientos reglados, en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y en el propio Reglamento de Extranjería, dos procedimientos administrativos que, si bien necesitan de más recursos porque, lógicamente, están muy saturados, están demostrando cierta eficacia, dirigidos, por cierto, por el Ministerio Fiscal, ese al que, por otro lado, el mismo ministro quiere darle todas las competencias en la instrucción de los procedimientos penales, pero aquí directamente le quita la competencia, esa competencia realmente de dirección y de impulso de estos procedimientos administrativos que buscan, a través de una exploración médica objetiva, averiguar dónde hay fraude. Primera cuestión que planteo ante la Cámara: ¿dónde hay fraude en la supuesta edad de los supuestos menores? Esto no es otra cosa que una reforma trampa bajo esos eslóganes permanentes de la progresía: garantizar los derechos de los menores, proteger a la infancia. Entiéndalo bien, señor ministro, porque ni a nosotros ni creo que a millones de españoles se nos escapa, y además lo ha reconocido en su intervención. No solo nos preocupa, sino que nos parece un evidente fraude, que tiene como objetivo claro retrasar la resolución precisamente de los mecanismos de determinación de la edad, y esto significa, que tampoco se nos escapa, retrasar los expedientes de repatriación o devolución a su país de origen de los menas. (Aplausos). En definitiva, un mecanismo más para que usted y los que le apoyan blanqueen la inmigración ilegal. Usted dirá: Esto se lo ha inventado VOX, que son los del delirio, el odio, la exclusión y la crueldad. Pero, señor ministro ―y esto tal vez es lo más importante de todo lo que le voy a decir esta mañana―, resulta que la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 ―de ese fiscal general que está bajo presunta culpabilidad de delincuencia― nos dio dos datos fundamentales: que de 2022 a 2023 habían aumentado prácticamente los procedimientos administrativos de determinación de la edad en un 65 % ―un 65 %― en un año y que los procedimientos ―aquí viene el dato verdaderamente importante; escúchelo bien, señor ministro, porque es actual, sin la reforma que ustedes proponen― han supuesto ―lo dice la Fiscalía General del Estado― un resultado de un 75 % de falsedad en la minoría de edad. Tres de cada cuatro expedientes llegaron a la conclusión de que no eran menores. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Tres de cada cuatro. (Aplausos). Y con su pretendida reforma esto será, si no del 100 %, prácticamente, porque esta judicialización otorga competencias a los juzgados de Primera Instancia, en cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a los juzgados de Menores, en cuanto a la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, cuando haya presunción de comisión de un ilícito en esos supuestos en los que se desconoce la edad por ―atención― falta de documentación acreditativa fehaciente, que luego le contaré lo que significa no tener documentación acreditativa fehaciente y lo que va a suponer si salen adelante sus reformas. Esto ya ha sido puesto en evidencia, pero ustedes no escuchan a nadie. Por eso esta es una excepción, porque lo traen como proyecto de ley del Gobierno, cuando la inmensa mayoría son proposiciones de ley del Grupo Socialista o de alguno de sus socios, para saltarse los informes. Porque, señor ministro, los informes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial ya le han alertado de que estos proyectos de ley que estamos viendo de manera acumulada generarán colapso y mayor litigiosidad e ineficacia operativa. O séase, lo que le hemos dicho al inicio de esta intervención.

Los efectos perniciosos de sus proyectos de ley son los que nos llevan precisamente a tener que votar en contra y los que nos han llevado ―le insisto en esto― a presentar legítima, democrática y parlamentariamente la enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno, pero para que no le quede ninguna duda a usted, y además se lo pueda contar por teléfono, como está haciendo ahora, al señor Sánchez (risas), le voy a relatar cuáles son precisamente los efectos perniciosos de esa ley. Primero, dígale a Sánchez que esta ley va a generar mayor colapso en los juzgados, que ya tienen una importantísima falta de medios humanos y materiales, y, por tanto, va a generar mayor retraso en los asuntos judiciales. ¿De quién? De los españoles. ¿Quiénes van a pagar ese mayor retraso judicial y ese mayor colapso en los juzgados? Lo van a pagar los españoles. Además, va a generar más coste económico, claro que sí. ¿Quién va a pagar a todos esos jueces, fiscales, abogados, turno de oficio e intérpretes que van a ser necesarios para llevar a cabo este procedimiento que ustedes proponen? Pues ese dinero lo vamos a pagar también todos los españoles, claro que sí. No lo va a pagar Marruecos, que es el que manda a la mayoría de los menores; no lo va a pagar Argelia ni Mauritania, lo vamos a pagar los españoles. Y ese mayor retraso en resolver los expedientes de determinación de la edad, porque va a haber que hacer vistas, practicar pruebas y gestionar recursos, también lo vamos a pagar los españoles. Esa presunción de minoría de edad es la que va a poner en la calle a todos los presuntamente menores, como ya hemos visto: 1,90 metros, 2x2, edad militar... Pero hay que creerse que es menor. ¿Y sabe por qué es menor? Porque ese falso menor no tiene documentación y entonces hay que iniciar todo el procedimiento judicial. Y mientras tanto, ¿dónde está ese falso menor? O en la calle o en un centro de acogida, que también pagan los españoles.

Luego está, por supuesto ―y esto les molesta muchísimo―, la relación que hay entre esta inmigración ilegal masiva y desordenada y la delincuencia, y ahí nos encontramos con que, evidentemente, esa situación de inseguridad jurídica y de indeterminación de la edad también va a generar ―si no, bájese a Ceuta, a Melilla, a El Ejido y a tantos sitios de España donde tienen este problema― mayor delincuencia e inseguridad. ¿Y quiénes lo pagan? Los españoles. Además, va a generar una cosa que también les molesta mucho que les recordemos: va a incrementar el efecto llamada, porque con sus proyectos casualmente se van a perder todavía más documentos. El que traía algún tipo de documentación donde se acreditara su edad, como un pasaporte, un DNI o cualquier otro documento, va a hacerlo desaparecer; lo va a tirar en la primera papelera que vea o en el mar o en el aeropuerto y ya no lo va a tener, y va a decir que es menor de edad. Y ante la petición de la ONG de turno para que se lleve a cabo el procedimiento judicial, ese falso menor tiene garantizados muchos meses, cuando no un año a lo mejor, hasta que se resuelva el mismo. Porque una cosa es lo que ustedes ponen en la letra y otra es la realidad de los tribunales y lo que se necesita luego, con recursos, contrarrecursos y no sé qué más. (Aplausos). Por tanto, el sexto efecto pernicioso es que va a generar un fraude todavía mayor en la actual situación, pues se va a multiplicar, como le he dicho que ya nos avanzó el fiscal general del Estado. Y eso lo van a pagar también los españoles.

Por cierto, aquí quiero hacer una mención al Grupo Popular, porque me ha llamado la atención que en su enmienda se haya caído del guindo. Por fin el Grupo Popular dice, y leo literalmente ―esto si lo hubiera leído y no les digo que lo ha dicho VOX, dirían ustedes que es de VOX―: »... y de la situación actual de colapso de los tribunales con exigencia de transformación por la Ley 1/2025, puede provocar una vía perversa de estancia en España, sin posibilidad de expediente de devolución.

«Además, aparte del efecto llamada, esta reforma podría incentivar que cada vez más inmigrantes llegados de manera irregular a España se declaren menores de edad para evitar el inicio de su expediente de devolución…».

Llevamos años diciendo esto (aplausos) y nos han llamado de todo ―de todo― los del Partido Popular.

Voy terminando, señor presidente. Termino diciéndole que, además de todo lo que le he relatado, habrá un incremento, como siempre, del negocio de las mafias de tráfico de personas, de las subvenciones y de las falsas ONG, que caerá todavía más el control de la inmigración ilegal y que se terminarán los procedimientos de devolución, que serán cada vez menos. En definitiva, señor ministro ―termino, presidente―, ustedes solo favorecen la inseguridad jurídica y económica en nuestras calles y en nuestras fronteras, y siempre, siempre, siempre lo pagan los españoles, nunca ustedes ni los Gobiernos a los que tanto admiran del norte de África. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor ministro, como ha dicho, estos dos proyectos de ley, presentados por el Gobierno y que vamos a sustanciar en un solo debate, proponen la modificación, por un lado, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por otro, de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Esta modificación que se plantea supone un cambio sustancial en cuanto al procedimiento de determinación de la edad de los menores, trasladando al ámbito judicial lo que hasta ahora venía siendo una resolución administrativa a través de un decreto del ministerio fiscal. El objeto de esta, a priori, es diseñar un proceso de determinación de la edad más garantista que el actual, que asegure la protección y el interés superior del menor, a la vez que sea un proceso riguroso y ágil, sin dilaciones. Sin embargo, tal y como viene redactada, señor ministro, requeriría de importantes modificaciones para asegurar el cumplimiento de dicho objetivo. Por ello, como estamos interpelados por nuestros compromisos internacionales, mandatados por nuestra propia legislación, la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Supremo, debemos abordar esta reforma desde el compromiso firme de garantizar un sistema que, a la vez que proteja la vulnerabilidad de los menores, nos permita contar, y con vocación de permanencia en el tiempo, con un sistema ágil, respetuoso con el principio de seguridad jurídica, que evite el colapso del sistema judicial y, con ello, dilaciones indebidas que afecten a la tutela judicial efectiva y, al fin y a la postre, no produzca efectos indeseados o consecuencias difícilmente reversibles. Pongámonos en contexto, señorías. España, actualmente, es el país de la Unión Europea donde más se ha incrementado la llegada de inmigración irregular: más de 56 000 personas, en el año 2023; más de 64 000 personas, en el año 2024, de los que más de 15 000 son menores extranjeros no acompañados. Han entrado, señorías, por vías no habilitadas a tal efecto, fundamentalmente, a Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. ¿Y saben qué está pasando, señor ministro? Está pasando que muchos de ellos se declaran menores de edad a su entrada. Como no hay medios ni profesionales para llevar a cabo el procedimiento de determinación de la edad en la frontera sur, porque su Gobierno no los pone, acaban siendo trasladados por ustedes como mayores de edad a la Península —‌a Andalucía,

Madrid, Valencia, Galicia— para, a continuación, autodeclararse menores de edad y pasar a los servicios de protección autonómicos.

Así, señor ministro, desde el año 2015 hasta nuestros días, se han incrementado en más de un 200 % los menores extranjeros no acompañados en España, atendidos por los servicios de protección de las comunidades y ciudades autónomas, y se han multiplicado por tres ―señor ministro, por tres― los expedientes incoados por determinación de la edad; procedimientos, señorías, que se circunscriben fundamentalmente a los menores extranjeros no acompañados. Y, si no pueden ustedes garantizarlo de manera rápida, ágil y con profesionales, ahora, con este procedimiento, ¿por qué vamos a creernos que, a través de este nuevo procedimiento, sí lo van a hacer, señor ministro? Es fácil pensar que no, y más aún viniendo de ustedes y en este momento.

Observando la evolución de las llegadas, así como la incapacidad del Gobierno socialista para poner freno a las vías regulares de entrada y su ausencia de compromiso, señor ministro, para dotar en este momento de profesionales suficientes para sustanciar el procedimiento actual, es fácil presagiar que el nuevo procedimiento que pretenden esté abocado al fracaso por su nefasta gestión. (Aplausos).

Señor ministro, un procedimiento de determinación de la edad sin plazos ciertos y reales, sin delimitación de las actuaciones, sin financiación para sustanciarlo, no garantizará ni los derechos ni la protección de los menores. Además, hay que reconocerles, señorías socialistas, señor ministro, que han conseguido poner de acuerdo a toda la Judicatura en contra de su ley estrella de eficiencia del servicio de justicia, que ha acabado poniendo patas arriba la organización de esta. En este momento, aún no saben cómo se van a organizar los servicios y ustedes pretenden seguir incorporando competencias, como en este caso, a los juzgados de familia, sin acompañarlas de los recursos necesarios. ¿Qué le hace pensar que vaya a ser más rápido, ágil y garantista? Porque todo apunta a lo contrario.

Señorías socialistas, aunque el papel lo sostiene todo, la realidad es que, si no legislamos con rigurosidad los temas serios que afectan a derechos y a personas vulnerables, las buenas intenciones acabarán estrellándose, como las leyes del señor Bolaños, y provocando efectos perversos y consecuencias indebidas y, en muchos casos, irreversibles. Es por ello fundamentalmente por lo que mi grupo presenta esta enmienda a la totalidad, por una cuestión de oportunidad; la presentamos por responsabilidad y por la necesidad de abordar una reforma de tal calado que sea garantista, que tenga las garantías que ustedes no incorporan en la propuesta.

Y permítanme destacar algunas cuestiones. España vive en este momento una emergencia migratoria nacional ―la vive, señor ministro―; esa emergencia migratoria que ustedes declaran para contratar los recursos del Estado, pero se la niegan a las comunidades autónomas, esa emergencia, exactamente esa. (Aplausos). Donde cada año se incrementan las llegadas irregulares a nuestro país; cada vez hay más menores extranjeros no acompañados y tenemos un verdadero problema, un problema de primer nivel, por el que usted ha pasado de puntillas, señor ministro, en los territorios frontera y en los territorios de primera llegada. ¿Y saben por qué lo tenemos? Porque el Gobierno no está destinando profesionales, no está destinando recursos económicos para la determinación de la edad de esos menores; por eso tenemos un problema en los territorios frontera. (Aplausos). Lo que en este momento tendría que tardar días, meses, está tardando mucho más, y más va a tardar si tenemos que esperar una sentencia judicial de los juzgados de familia, que ya van limitados en recursos para sus trabajos ordinarios.

En segundo lugar, señor ministro, la propuesta que plantea el Gobierno carece de las garantías adecuadas que aseguren, por un lado, la protección y el interés superior del menor en la determinación de la edad, pero, por otro, que vaya a ser un proceso ágil y desprovisto de burocracia. Señor ministro, habría que ser más riguroso en el diseño de este procedimiento, todo lo riguroso que el Gobierno no ha sido con estos dos proyectos de ley.

Y, por último, pero muy importante, es que esta reforma va a tener una incidencia directa en la gestión y en la atención a los menores inmigrantes, es decir, en la política migratoria en términos generales. Son las comunidades y las ciudades autónomas las que tienen la competencia de tutela, atención y protección de menores, ya sean nacionales o extranjeros, y esta modificación va a suponer una sobrecarga sin precedentes, señor ministro, en los sistemas de protección autonómica, porque, hasta en tanto se determine la edad por sentencia judicial, ¿quién se va a hacer cargo de la protección de estos menores? ¿Quién se va a hacer cargo, señor ministro? Ustedes ya han dicho que no. ¿A través de qué recursos intermedios se van a atender y con qué financiación? ¿Se ha parado el Gobierno a analizar el efecto que una modificación de estas características, sin un procedimiento ágil y con los recursos suficientes para la determinación de la edad para que esta demanda se atienda en tiempo y forma, puede provocar en los sistemas de protección autonómicos? ¿Se ha parado a pensar esto el Gobierno de España? ¿Se ha contado con la participación de las entidades de protección en las comunidades y las ciudades autónomas? ¿Saben el perverso efecto que puede producir en los territorios fronterizos y de primera llegada, lo sabe el Gobierno? Sí, sí lo saben, señorías, pero les da igual. En la actualidad, se están padeciendo importantes retrasos en la determinación de la edad por varias razones, señor ministro, se lo digo yo que soy de un territorio frontera, de Melilla. Uno, por el volumen cada vez mayor de llegadas irregulares y de declaraciones de minoría de edad. Y dos, y el más importante, ¿por qué se produce el retraso? Por la evidente falta de profesionales que intervienen en este procedimiento de acuerdo con ese volumen existente. Es decir, el problema real está en su Gobierno, en la falta de compromiso de su Gobierno (aplausos que continúan mientras la oradora está en el uso de la palabra), en la falta de responsabilidad de su Gobierno y en no poner los recursos suficientes de su Gobierno para que este procedimiento se haga en tiempo y forma; ahí es donde está el gran problema, señor ministro.

La dilación en los procedimientos de determinación de la edad traerá consigo mayor desprotección de los menores en sus derechos, también de los menores indubitados. Asimismo, esta dilación en los procedimientos traerá consigo un posible uso torticero de esta, como subterfugio para evitar la devolución, el retorno del inmigrante e, incluso, la prescripción, en caso de delito, señor ministro. Esto, en los territorios frontera, lo vivimos diariamente.

Señorías de VOX, bienvenidos a la vida real, bienvenidos a la gestión, esa de la que, en cuanto se pone complicada la cosa, ustedes salen corriendo. Bienvenidas, señorías de VOX. (Aplausos).

Señor ministro, el actual volumen que existe en los juzgados de familia requiere ya de una mayor dotación de medios, y más con la incorporación de esta nueva competencia. Porque, si no, en su defecto provocaría una saturación, no solo en este asunto, sino en el resto de los asuntos que se sustancian. Y el tensionamiento de los recursos de protección de menores no se puede obviar. La presunción de minoría y el retraso en la determinación de la edad va a recaer en una mayor presión, y por más tiempo, sobre los recursos autonómicos de primera llegada, sin contar con un incremento de la financiación y sin contar con los medios por parte del Estado, que es el competente en el control y en la gestión de los flujos migratorios. Por tanto, otra carga más encubierta por parte del Estado a las comunidades y ciudades autónomas, vulnerando de nuevo, y como acostumbra este Gobierno, el principio de lealtad institucional. Todo ello para acabar provocando un efecto incentivador para que el inmigrante se declare menor de edad y así evitar, hasta tanto se determina esta, su devolución o retorno. Esto ya pasa en los territorios frontera, señor ministro.

Señorías, esta modificación no es baladí y va a tener un gran impacto en los sistemas de protección de menores y en la política migratoria general. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular no podemos apoyar estos dos proyectos de ley tal y como los ha presentado el Gobierno, en absoluto. Tienen grandes deficiencias, carencias y, además, nos encontramos en un momento de crisis migratoria, como ya le he dicho, que no podemos obviar.

Además, atendiendo a los últimos acontecimientos, tenemos verdaderas dudas de cuál es el objetivo real del Gobierno con estos dos proyectos de ley, porque se han presentado tarde, muy tarde, y mal. Es normal que nos lo preguntemos, porque el Gobierno presenta ahora esta modificación y no lo hizo cumpliendo los plazos que el mismo Gobierno se dio a sí mismo en la disposición final vigesimocuarta de la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que ordenaba desarrollar este procedimiento en un plazo de doce meses. ¿No era importante y prioritario en ese momento proteger a los menores y ahora sí? ¿Qué ha cambiado, después de cinco años, para el Gobierno? Señorías, ha cambiado que la presión migratoria cada vez va a más, que los llegados son más jóvenes y que el Gobierno es incapaz de frenarlo, de controlarlo y de gestionarlo. Incapaz, incapaz, señor ministro.

Los menores extranjeros no acompañados se han convertido en el fenómeno migratorio que el Gobierno utiliza como arma arrojadiza contra el Partido Popular, ya sea para levantar a VOX, su gran aliado en las comunidades y ciudades autónomas, o para hacer un reparto a la carta de los separatistas. Ahí es donde está su solidaridad, señor ministro: en el reparto a la carta de los separatistas. Los menores extranjeros no acompañados son la nueva moneda de cambio del Gobierno de Sánchez para seguir un ratito más en la Moncloa. (Aplausos). Solidaridad selectiva la del Gobierno. El Gobierno selecciona las comunidades del PP que tienen que proteger a estos menores ―porque ellos no se hacen cargo de nada―, sin una financiación real ni cierta, a la vez que eximen a Cataluña y País Vasco de la acogida, porque de ellos depende que estos señores sigan gobernando Esa es la realidad de todo esto.

En definitiva, en nuestro grupo abogamos por una reforma que agilice la determinación de la edad con garantías y plazos reales, sin que se pueda producir un colapso del sistema judicial y de los sistemas de protección autonómicos, y que no genere mayor inseguridad jurídica o incentive la inmigración irregular. Además, se hace prácticamente imposible confiar en ustedes: atacan permanentemente al Estado, manosean las instituciones al antojo del Partido Socialista y han abandonado sus principios, hasta los más esenciales, como el valor de la palabra, señor ministro, y todo a cambio de poder. Han perdido ustedes hasta la dignidad. Definitivamente, no es que sea imposible, es que lo contrario sería una temeridad por nuestra parte.

Acabo, señor presidente. Señor ministro, hay que tomarse en serio esto de legislar y gobernar y, si no pueden, convoquen elecciones; convoquen elecciones y de paso aprovechen para preparar su defensa en los juzgados de todas las tramas corruptas multimillonarias…

… que tienen asolado al Partido Socialista y a todo el Gobierno. Entre ellas, la de malversar dinero público para pagar los servicios de mujeres prostituidas elegidas por catálogo. Es una vergüenza. (Aplausos.―Un señor diputado: ¡Bravo!).

Buenos días, señorías. Señor Bolaños, quiero empezar agradeciendo su compromiso y repitiéndolo para que quede todavía más comprometido. Esta ley no va a salir sin las condiciones, sin las excepciones que Canarias necesita, que las poblaciones fronterizas necesitan para que no haya más retraso del que tenemos hoy. Esta ley no va a salir sin garantías de que la tramitación no genere más retrasos de los que vivimos ya hoy. Con ese compromiso, Coalición Canaria ve en este trámite una oportunidad para hincarle el diente a un asunto que hace tiempo que venimos pidiendo que se atienda, porque hoy ya hay grandes problemas. Lo que nos preocupa, lo que nos genera la inquietud que yo le he trasladado personalmente, es que esta reforma vaya a llevarnos a mayores demoras. Necesitamos la garantía ―y por eso insisto en que ese compromiso habrá de cumplirse― de que se tenga en cuenta la excepcionalidad de los territorios fronterizos y su situación, la saturación de los centros; que cada mes que tardamos en determinar la edad tenemos adultos conviviendo con menores, y no solo estamos generando problemas de tensión y de convivencia, sino que no estamos respetando sus derechos y la protección que deben tener. Además, la comunidad autónoma está financiando durante meses la acogida a señores que luego se confirman como adultos. Son tantos los problemas que esto genera que para nosotros es importante que pongamos sobre la mesa la necesidad de modificar la ley, porque no podemos quejarnos de que las cosas están muy mal pero no proponer nada y negarnos a trabajar en ellas. No podemos quejarnos de que no hay políticas de inmigración y levantarnos de las mesas. No podemos hablar de lo mal que están los centros y negarnos a debatir enmiendas para mejorar el texto. Por eso, nosotros vamos a apostar hoy por el trabajo en este texto, el trabajo en esta modificación que garantice las medidas y los recursos que los territorios fronterizos necesitan ―caso de Canarias― para reducir al máximo posible la determinación de la edad y que en los centros de menores no haya un solo adulto. Eso es una urgencia y por eso nosotros, con el compromiso que usted ha expresado, vamos a votar no a esta enmienda a la totalidad. Señorías, las cosas nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero estamos aquí para tramitar leyes, y tramitar leyes es presentar enmiendas y trabajarlas para que salgan como queremos. Si ni siquiera las discutimos, no tiene ningún sentido nuestra presencia en estos escaños. Gracias.

Gracias, presidente. Señorías, creo que hoy deberíamos partir de que este debate no se estaría dando, o no existiría debate alguno, si se tratase de niñas y niños blancos, porque en ese caso la prioridad sería: primero, localizar a su familia extensa; después, proceder a la reagrupación familiar y, una vez estén con la familia y formalmente localizados y localizadas, se podría llevar a cabo esa prueba de determinación de la edad con mucha más garantía. Este procedimiento es el que estaríamos viendo ahora mismo en otro contexto, si no existiese un claro racismo institucional.

El objeto de esta ley tiene que ser proteger menores de edad, cumplir con la ley de protección de la infancia y también con las obligaciones internacionales que tiene nuestro país. Un niño, una niña o un adolescente migrante no acompañado es, ante todo, un niño o una niña expuesto a un peligro potencial que requiere de protección. La protección de esos niños y de esas niñas, y no las políticas de migración, debe ser el principio rector de cualquier regulación que les afecte, respetándose ante todo el interés superior del menor.

En segundo lugar, esta norma viene a cumplir con la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. En su disposición final vigesimocuarta establece que el Gobierno, en el plazo de doce meses desde la aprobación de esta ley, procederá al desarrollo normativo del procedimiento para la determinación de la edad de los menores, de modo que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España, así como la prevalencia (rumores)…

Gracias, presidente. Repito, lo importante es que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España, así como la prevalencia del interés superior del menor, de su derecho y de su dignidad. Lo que no tiene sentido ahora mismo es que el Grupo Popular, que votó a favor de la ley para proteger a la infancia, presente esta enmienda cuando esta es una ley que viene justamente a cumplir con la ley de la infancia. Por eso, evidentemente, vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular. Sobre VOX prefiero mejor ni pronunciarme para no amplificar su mensaje. Solamente puedo decir que ¡vivan las luchas antirracistas de cada rincón del Estado español! Y quiero decir desde esta tribuna que no estáis solos y que no estáis solas. (Aplausos). El debate de esta ley no es otra cosa que hablar, con el debido respeto, de los derechos humanos, pero también de la solidaridad con las comunidades autónomas y, por supuesto, de la protección de la infancia. Oponerse a todo este conjunto de medidas de protección de los derechos humanos es también oponerse a la Constitución y a los tratados internacionales que están suscritos por España. Y aunque es muy importante que se desarrolle esta ley, también tengo que decir que es muy muy mejorable, porque algunos aspectos no mejoran la situación actual, sino que, en ocasiones, la empeoran y podría ir en contra tanto del pronunciamiento del Tribunal Supremo como de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por eso, avanzamos que presentaremos enmiendas para que sea un texto que garantice la tutela judicial efectiva de los menores, pero también para que se adecue a la situación de territorios como Canarias y para reforzar el plan de respuesta para la infancia y la adolescencia ante crisis migratorias. Termino. Entendemos que en los territorios donde existe ya una sobreocupación del sistema de protección pueden derivarse dificultades prácticas de la aplicación de esta norma. Pero eso no puede significar que tenga que rechazarse en bloque toda la ley, que viene a garantizar derechos fundamentales, sobre todo cuando sabemos que tenemos que adaptarnos a las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales.

Tenemos que encontrar una fórmula para conciliar todos los derechos y garantías siempre en el interés superior del menor. Por eso, Podemos trabajará para que así sea en la tramitación de esta ley.

Muchas gracias.

Muchas gracias, presidente. Arratsalde on, jaun‑andreok. Buenos días, señorías.

Presentan el Grupo Parlamentario Popular y VOX enmiendas de totalidad frente a un proyecto de ley de judicialización del procedimiento para determinar la edad, configurándolo como un procedimiento judicial declarativo especial del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando existan dudas razonables sobre la mayoría o minoría de edad de una persona, siempre que se hubieran agotado previamente todos los cauces no jurisdiccionales existentes que permitan conocer con seguridad la fecha de nacimiento.

Señorías, esta judicialización de naturaleza civil, ya se ha dicho, supone una modificación del régimen hasta ahora vigente, que se articula a través de un procedimiento administrativo, cuya piedra angular es la Fiscalía, y que se soporta en un protocolo de 2014 con apoyo en la ley orgánica de extranjería y en el artículo 190 de su reglamento, hoy vigente. Asimismo, señorías, por los mismos grupos parlamentarios se presentan enmiendas de totalidad frente a la reforma de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, que es complementaria de la anterior, y que atribuye el procedimiento para la determinación de la edad establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil a los jueces de menores, en vez de a la jurisdicción civil, siempre que la persona se encuentre detenida. Y, con estos proyectos, se da curso a una cuestión que no es indiferente ni para el ordenamiento jurídico ni para las personas, como lo es la determinación de la edad, todo ello en línea ―ya se ha dicho― con acuerdos internacionales sobre el niño, firmados y ratificados por España, y con las consideraciones de organismos internacionales, a los que han de sumarse los informes del Defensor del Pueblo y las memorias de la Fiscalía General; tomando consistencia todos estos antecedentes, en la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y, en concreto, en sus disposiciones finales octava y vigesimocuarta. Todos estos antecedentes darían justificación bastante, inicialmente, a los proyectos de ley debatidos, a fin de superar el procedimiento administrativo hasta ahora vigente en el protocolo marco de 2014, y encaminar el procedimiento hacia un procedimiento judicial de naturaleza civil más acorde, inicialmente, con la naturaleza de las cosas que se tratan.

En este contexto, señorías, no compartimos las críticas de VOX referidas a que los proyectos estimulan la inmigración irregular y las mafias que trafican con ella, pues el procedimiento proyectado para la determinación de la edad, aunque vaya a ser más lento que el vigente, no afectará, a nuestro juicio, a las consecuencias que hoy ya se extraen para con los inmigrantes irregulares menores de edad indocumentados cuando finalmente se les declara mayores o menores, bien sea por el procedimiento vigente o por el futuro judicial civil o penal.

Por su parte, las enmiendas de totalidad del Grupo Parlamentario Popular se centran principalmente no en cuestionar la reforma del sistema administrativo vigente, sino en un criterio de oportunidad, ya que, a su juicio, no es el momento para llevar a cabo el cambio proyectado, pues señalan que al recaer ex novo en la Administración de Justicia una nueva carga de trabajo sobre la ya notable que soporta, ello repercutirá en unos tiempos de pendencia aún mayores que los que ya se sufren, trasladándose ello a mayores estancias en los servicios de protección de menores autonómicos hasta que se produzca la determinación judicial de la edad, en virtud de la aplicación del principio de presunción de minoría y por la gran afluencia de migrantes irregulares con mayoría de edad dubitada.

Tenemos que señalar ―ya se ha indicado también― que esta circunstancia se produce de una manera singular hoy en día en Canarias y también en ciudades autónomas, donde ya se sufre esta crítica situación, a la que por el momento, también hemos de señalar, nos alivia o a través de la derivación de la sobrepoblación de menores no acompañados hacia otras comunidades autónomas menos saturadas, o con una financiación adecuada para atender mientras tanto a esa sobrepoblación. Señorías, consideramos que, mientras a esto no se le encuentre solución, sería una irresponsabilidad, para esas comunidades y para otras análogas o las ciudades citadas, poner en marcha un nuevo procedimiento de determinación de la edad, que sobrecargaría de manera mucho más intensa unos servicios de protección de menores ya de por sí sobrecargados.

En cualquier caso, también consideramos, ministro, que un cambio de modelo, como el que se propone, debiera tener unos más que prudentes periodos de carencia y una previsión de puesta en práctica de manera gradual, iniciándose en aquellos territorios que menos sufran la sobrepoblación de menores extranjeros no acompañados.

Concluyo, presidente. Señorías, no apoyaremos las enmiendas de totalidad presentadas, pero nuestra posición última sobre los proyectos debatidos quedará condicionada a que las circunstancias colaterales señaladas alcancen el tratamiento adecuado durante la tramitación parlamentaria de los proyectos.

Nada más y muchas gracias.

Senyor president, senyories, senyor ministre, de la doble proposta legislativa i de les esmenes a la totalitat presentades, voldria comentar algunes coses. La primera és que per nosaltres l’esmena a la totalitat de VOX pot anar directament a les escombraries. El tema que ens ocupa aquí és molt clar: són els drets dels menors. Aquesta és la qüestió que es tracta. La protecció dels nens i les nenes, els adolescents menors que es vertebra al voltant del principi de l’interès superior del menor.

L’esmena a la totalitat de VOX l’únic que fa és vincular immigració il·legal i criminalitat. No és només que sigui impermeable a la situació dels nens i nenes en desemparament, sinó que la utilitza com a excusa per fer un discurs pura i simplement racista. Per tant, l’esmena a la totalitat a la totalitat de VOX a les escombraries. Em sap greu per tots aquells que els últims dies, per interessos estrictament electorals, s’han rebaixat en la catalanofòbia, en el mateix odi i els mateixos prejudicis que VOX. Però nosaltres, des de Junts per Catalunya, diem el feixisme i el racisme a les escombraries.

Insisteixo, avui no estem parlant d’immigració ni molt menys de criminalitat. Estem parlant dels drets dels nens i nenes en situació de desemparament. Concretament, les dues lleis objecte de l’esmena a la totalitat materialitzen el mandat de la Llei orgànica 8/2021 de Protecció Integral de la Infància. El mandat d’adaptar la legislació espanyola a les obligacions internacionals ja contretes per l’Estat. El que es fa en aquestes normes és reconduir la legislació en matèria de menors; els principis bàsics de la Convenció dels Drets del Nen de 1989, que és el referent primordial en matèria de menors migrants i, també, es recondueix la legislació espanyola, els dictàmens i resolucions del Comitè dels Drets dels Nens i també els principis i mandats acollits per les institucions europees en la mateixa línia. I que diu el dret internacional assumit per l’Estat en aquesta matèria? Doncs diu que el principi de primacia de l’interès del menor, la seva dignitat i els seus drets, i no la seva condició nacional, ha de ser el que ha de prevaldre i, per tant, és una obligació dels estats proveir als menors d’una protecció integral i salvaguardar de forma completa i efectiva els seus drets. Però no només això, l’edat no és només un criteri d’estructuració de la regulació en matèria de menors, sinó que el mateix Tribunal Constitucional, en base a l’article 10 de la Constitució, que fixa la dignitat de la persona i els drets que li són inherents com a fonament de l’ordre social, ha declarat que l’edat és una circumstància que integra el nucli essencial de la identitat de la persona i del seu estat civil, recollint la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans, segons la qual l’edat d’una persona és un mitjà d’identificació i el procediment per determinar-la, incloses les seves garanties processals, insisteixo, incloses les seves garanties processals, és el que garanteix els drets derivats de la seva condició de menor. Per tant, des de Junts per Catalunya compartim totalment que s’estableixi un procediment de determinació de l’edat del menor per via judicial. És la via per incloure les garanties processals a les que es refereix el Tribunal Europeu de Drets Humans, és la via que permet preservar l’interès superior del menor i és allà on ens porta la jurisprudència internacional i la constitucional i, en definitiva, és de tota lògica, atenent a que del que es tracta és de l’estat civil de les persones, en aquest cas de l’estat civil, de les persones menors, evidentment.

Considerem, per tant, adequat tant l’enfocament general de les dues lleis, el pas d’un procediment administratiu amb preeminència del fiscal en la instrucció i resolució de la determinació de l’edat, i també considerem adequat establir un regim garantista que parteixi de l’interès superior del menor. Per aquestes raons, també hi votarem en contra de l’esmena a la totalitat del Partit Popular.

Però sí que és cert que voldria aturar-me en la qüestió de fons que planteja l’esmena a la totalitat, i em refereixo més a l’escrit que no la intervenció de la seva portaveu, que ens ha ofert una parafernàlia que no tenia molt a veure tampoc amb el que es tracta aquí. Sense negar res del que hem dit, el nou règim de determinació de l’edat, que pivota sobre la presumpció de la minoria i sobre les garanties processals de la via judicial, malgrat que formalment està previst que sigui un procediment preferent i urgent, previsiblement de forma gairebé segura, comportarà que el període per a la seva resolució s’allargui uns mesos, probablement anys. I això a la vegada impactarà en els serveis d’acollida. Això derivarà en una saturació encara més gran dels serveis de protecció dels menors, que ara mateix estan sobrepassats. Uns serveis que, com és sabut, no proveeix l’Estat, sinó que proveeixen les administracions autonòmiques mitjançant els seus centres d’acollida. El col·lapse del sistema d›acollida a les Illes Canàries, a Catalunya i a pràcticament els territoris d›arreu de l›Estat és, de fet, un risc directe per a l›objectiu prioritari de la mateixa reforma legal, que és la protecció dels infants i els adolescents.

Compartim amb la diputada Valido i també amb el diputat Legarda, que una llei necessària des del punt de vista humanitari no pot acabar tenint un efecte contrari al que es pretén assolir. No pot tenir un efecte pràctic que desprotegeix les persones menors. La llei s’acompanya d’una memòria econòmica que diu que es podran atendre les necessitats generals generades per la llei sense increment econòmic. Això senzillament és fals. Substituir un procediment de determinació de l’edat àgil per un altre de més garantista, però també més carregós, que es pot allargar, com dèiem, fins i tot anys, comportarà una sobrecàrrega de tot el sistema, ocasionant un greu perjudici, com dèiem, a persones concretes, a infants menors amb noms i cognoms concrets. Si el canvi de procediment de determinació de l’edat no s’acompanya dels recursos econòmics suficients per finançar els recursos humans i tècnics necessaris, els efectes de la llei seran contraris a l’objectiu de protegir els menors, i això des de Junts per Catalunya no ho podem acceptar. La Generalitat de Catalunya és responsable de la protecció, assistència i tutela dels menors. Per això, des de Junts avancem que si no es proveeixen els recursos econòmics necessaris i no es permet programar l’aplicació de la llei de forma que els serveis es puguin adaptar, si no es compleixen els compromisos que avui ens ha anunciat el senyor Bolaños, aquesta llei no tirarà endavant.

Moltes gràcies.

Señor presidente, señorías, señor ministro, de la doble propuesta legislativa y las enmiendas a la totalidad presentadas, quisiera comentar varias cosas. La primera es que, para nosotros, la enmienda a la totalidad de VOX puede ir directamente a la basura. El tema que nos ocupa aquí es muy claro: los derechos de los menores. Esta es la cuestión que tratamos. La protección de los niños, las niñas y los adolescentes menores, que se vertebra en torno al principio del interés superior del menor.

La enmienda a la totalidad de VOX no hace más que vincular la inmigración ilegal y la criminalidad. No es solo que sea impermeable a la situación de los niños y niñas en desamparo, sino que además la utiliza como excusa para propagar un discurso pura y simplemente racista. Por lo tanto, la enmienda a la totalidad de VOX, a la basura. Me sabe mal por todos los que en los últimos días, por intereses estrictamente electorales, se han cebado en la catalanofobia, en el mismo odio y los mismos prejuicios que VOX, pero nosotros, Junts per Catalunya, decimos: el fascismo y el racismo, a la basura.

Insisto, hoy no estamos hablando de inmigración ni mucho menos de delincuencia, estamos hablando de los derechos de los niños y las niñas en situación de desamparo. En concreto, las dos leyes objeto de enmienda a la totalidad materializan el mandato de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia, es decir, el mandato de adaptar la legislación española a las obligaciones internacionales que ya ha contraído el Estado. Lo que se hace en estas normas es reconducir la legislación en materia de menores a los principios básicos de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que es el referente primordial en materia de menores migrantes, y también se reconduce la legislación española a los dictámenes y las resoluciones del Comité de Derechos del Niño, así como a los principios y mandatos acogidos por las instituciones europeas en la misma línea. ¿Y qué dice el derecho internacional que ha asumido el Estado en esta materia? Que el principio de primacía del interés del menor, su dignidad y sus derechos, y no su condición nacional, es lo que debe prevalecer. Por lo tanto, es obligación de los Estados proporcionar a los menores una protección integral y salvaguardar de forma completa y efectiva sus derechos. Pero no solo eso, la edad no es solo un criterio que estructura la reglamentación en materia de menores. El propio Tribunal Constitucional, sobre la base del artículo 10 de la Constitución, que fija la dignidad de la persona y los derechos inherentes a la misma como fundamento del orden social, ha declarado que la edad es una circunstancia que integra el núcleo esencial de la identidad de la persona y su estado civil, recogiendo así la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual la edad de una persona es un medio de identificación y el procedimiento para determinarla, incluidas sus garantías procesales ―repito, incluidas sus garantías procesales―, es lo que viene a garantizar los derechos derivados de su condición de menor. Por lo tanto, Junts per Catalunya comparte plenamente que se establezca un procedimiento de determinación de la edad del menor por vía judicial, que es la vía para incluir las garantías procesales a las que se refiere el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la vía que permite preservar el interés superior del menor y es ahí donde nos lleva la jurisprudencia internacional y la constitucional. En definitiva, es de pura lógica atendiendo al hecho de que al final estamos hablado del estado civil de las personas menores.

Consideramos, por lo tanto, que es adecuado el enfoque general de las dos leyes, un procedimiento administrativo con presencia del fiscal, que instruye y dictamina, y también consideramos adecuado que el régimen sea garantista, que parta del interés superior del menor. Por lo tanto, por estos motivos votaremos también en contra de la enmienda a la totalidad del Partido Popular.

Quería ahora detenerme en la cuestión de fondo que plantea la enmienda a la totalidad. Me refiero más a lo escrito que a la intervención de su portavoz, que nos ha ofrecido una parafernalia que tampoco tenía mucho que ver con lo que nos ocupa hoy. Sin negar lo que hemos dicho, el nuevo régimen de determinación de la edad, que pivota sobre la presunción de la minoría y sobre las garantías procesales de la vía judicial, a pesar de que formalmente esté previsto que sea un procedimiento preferente y urgente, es previsible, es prácticamente seguro que vaya a comportar que un periodo para su resolución se alargue meses, quizás llegue a durar años. Esto, a la vez, impactará en los servicios de acogida, derivando en una saturación todavía mayor de los servicios de protección de los menores, que ahora mismo están abrumados, unos servicios que, como se sabe, no proporciona el Estado, sino que prestan las Administraciones autonómicas a través de los centros de acogida. El colapso del sistema de acogida en las islas Canarias, en Cataluña y en prácticamente todos los territorios del Estado es, de hecho, un riesgo directo para el objetivo prioritario de la propia reforma legal, es decir, la protección de los niños y adolescentes.

Compartimos con la diputada Valido y también con el diputado Legarda que una ley necesaria desde el punto de vista humanitario no puede terminar teniendo un efecto contrario al que se pretende conseguir. No puede tener, por lo tanto, un efecto práctico de desprotección de los menores. La ley se acompaña de una memoria económica que afirma que se podrán atender las necesidades generadas por esta ley sin ningún incremento económico. Esto sencillamente es falso. Sustituir un procedimiento de determinación de la edad ágil por otro más garantista, pero al mismo tiempo más farragoso, que se puede prolongar incluso durante años, va a conllevar una sobrecarga del sistema ocasionando un grave perjuicio, como decíamos, a personas concretas, a menores con nombres y apellidos. Si el cambio de procedimiento de determinación de la edad no se acompaña de los recursos económicos suficientes para financiar los recursos humanos y técnicos necesarios, los efectos de esta ley serán contrarios al objetivo de proteger a los menores, y esto Junts per Catalunya no lo puede aceptar. La Generalitat de Catalunya es responsable de la protección, la asistencia y la tutela de los menores. Por eso, Junts les adelanta que si no se proporcionan los recursos económicos necesarios y no se permite programar la aplicación de la ley de forma que los servicios se puedan adaptar, si no se cumplen los compromisos que hoy nos han anunciado, señor Bolaños, esta ley no saldrá adelante.

Muchas gracias.

Bon dia. Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, aquesta llei no ens agrada. Té mancances greus, no protegeix com hauria de fer-ho i deixa massa portes obertes a la desconfiança sistemàtica cap als infants migrants. Però ja la discutirem, ja la combatrem en el tràmit parlamentari. Però el que es vota aquí no és si ens agrada o no ens agrada aquesta llei. És una esmena de devolució sense text alternatiu per part de VOX i Partit Popular. I aquí haig de dir que són una colla de dropos, de vagos perquè tenint un munt de diputats com tenen, són incapaços de fer una proposta de llei amb dret a un text alternatiu. Devolució amb la justificació que fa pena, la veritat. I anem a desmuntar-la. Aquí el que es vota avui és si permetrem que VOX i el PP i partits d’extrema dreta, i de dreta extrema, portin la bandera que portin i facin servir aquests debats per continuar criminalitzant la infància, propagant i amagant la seva falta absoluta d’humanitat. És això el que combatem avui aquí i no els hi donarem ni un vot, ni un vot, ni cap excusa, ni aquí, ni al Parlament de Catalunya, ni a Europa. Aquesta llei no és una llei d’immigració, és una llei de protecció de la infància i de la protecció infantil. Llavors la pregunta és que els molesta realment que siguin menors? Que siguin menors negres? Que siguin pobres? Que els molesta? Que aquests menors arribin sense documentació, amb documents falsos? Pura manipulació. Des de les dades que donen, ens han dit, per exemple, dades de «3 de cada 4 migrantes menores vienen aquí y son adultos». D’on treuen aquestes dades? Per què no diuen la font? Són una colla de manipuladors i gent amb una maldat extrema que s’acarnissa, com sempre, amb els més febles, que són els nens i nenes pobres. Manipulació pura i dura. El seu mateix Tribunal Suprem, que no és sant de la nostra devoció, ha establert que la documentació d’origen ha de ser prioritària, llevat que hi hagi proves de falsedat. Això ho diu el seu Tribunal Suprem. Per què sempre es qüestionen els passaports dels infants africans i no dels europeus? Per què hi ha països on la paraula d’un en blanc val més que el passaport d’un nen negre? El seu criteri és la procedència del menor? Perquè això no és justícia, digui-li un altre nom, però justícia no és.

PP i VOX diuen que aquesta llei col·lapsarà la justícia i retardarà els processos. L’actual sistema ja està col·lapsat perquè és arbitrari i ineficient. I no acabem de descobrir-ho ara. De cop els i preocupa el col·lapse i la justícia? És que no recorden, per exemple, quan el Partit Popular l’any 2012 va fer va fer la llei de taxes judicials impulsada pel govern del Partit Popular, que feia que la justícia es pagués? Que es pagués per accedir a la justícia. No els importa la justícia. És que no els importa. També algun partit progressista no va recuperar els salaris de tramitació en els temes de jutjats socials i laborals. Però seria un altre tema. Si els importés la justícia, estaríem parlant d’aquestes coses.

PP i VOX diuen que aquesta llei crearà l’efecte crida. L’efecte crida. Fals i inhumà i repugnant. Que es parli d’efecte crida. Cap nen o cap nena es juga la vida en una pastera per una llei espanyola. Cap nen i cap nena es posa a sota d’un camió per una llei espanyola. Fugen de la fam, en alguns casos de la guerra, en altres de la desesperació o d’una cosa que sempre fa qualsevol ésser humà, que és buscar una vida millor, buscar oportunitats. Això és el que vostès condemnen. I el problema que una persona marxi per buscar oportunitats està en causes molt més profundes geopolítiques, d’explotació de països que hem empobrit, etcètera, etcètera. I aquí estan les veritables causes que hem de combatre, però no els importa. Ningú creua un desert o un mar o un oceà per una llei. No són turistes són infants que fugen de la misèria. Qui parla d’efecte crida, només vol tapar la seva falta d’humanitat. Vergonyant.

Aquesta llei no ens agrada, ja ho dèiem, és insuficient i manté mecanismes de desconfiança cap als menors migrants. Preferim una guerra més garantista. Preferim equivocar-nos, potser abans de fer un acte de maldat. Prefereixo que estiguin sempre de bonisme, que no de malícia tota la vida. Doncs sí, són bonistes, que vols que et digui. Que, com deia, no ens agrada, però no la tombarem utilitzant els arguments de l’extrema dreta. No ens enganyaran. El seu problema no és la saturació dels serveis públics, ni el col·lapse judicial, ni l’efecte crida. El seu problema és que no volen acceptar que aquests infants tenen drets i nosaltres sí que ho acceptem.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Buenos días. Señoras y señores diputados, esta ley no nos gusta, tiene carencias graves, no protege como debería y deja demasiadas puertas abiertas a la desconfianza sistemática hacia niños y niñas, pero ya lo hablaremos, ya lo debatiremos en el trámite parlamentario, lo que votamos aquí ahora no es si nos gusta o no nos gusta esta ley, sino una enmienda de devolución sin texto alternativo por parte de VOX y del Partido Popular. Debo decirles de nuevo que son ustedes unos vagos, porque, teniendo tantos diputados como tienen, son incapaces de presentar una proposición de ley con un texto alternativo. Proponen la devolución con una justificación que da pena, la verdad, y vamos a desmantelarla. Lo que votamos hoy es si permitiremos que VOX, PP y la extrema derecha, independientemente de la bandera que tengan, utilicen estos debates para seguir criminalizando a la infancia escondiendo su total carencia de humanidad. Esto es lo que estamos votando hoy, pero no vamos a darles ningún voto ni ninguna excusa, ni aquí, ni en el Parlament de Catalunya, ni en Europa. Esta ley no es una ley de migración, es una ley de protección de la infancia, de la protección infantil. Entonces, la pregunta es qué les molesta realmente. ¿Que sean menores?, ¿que sean menores negros?, ¿que sean pobres?, ¿qué les molesta?, ¿que estos menores lleguen sin documentación o con documentos falsos? Es pura manipulación. Con los datos que dan ya lo vemos: tres de cada cuatro jóvenes menores vienen aquí, pero en realidad no son menores. ¿De dónde han sacado esos datos?, ¿por qué no citan la fuente? Son unos manipuladores con una maldad extrema que se ceba con los más débiles, que son los niños y las niñas pobres. Es una manipulación pura y dura. El Tribunal Supremo, que no es santo de nuestra devoción, ha establecido que la documentación debe ser prioritaria, excepto si hay pruebas de falsedad. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo. ¿Por qué siempre cuestionan los pasaportes de los niños y niñas africanos y no los de los niños europeos? ¿Por qué hay países en los que la palabra de un niño blanco vale más que el pasaporte de una niña o niño negro? ¿Su criterio es la procedencia de un menor? Porque eso no es justicia, tiene otro nombre, pero no es justicia. El PP y VOX dicen que esta ley colapsará la justicia y dilatará los procesos. El sistema actual ya está colapsado porque es arbitrario e ineficiente. Y no es algo nuevo. ¿De pronto sí les preocupan el colapso y la justicia? ¿No recuerdan, por ejemplo, cuando en 2012 el PP, con la ley de tasas judiciales, impulsada, como digo, por el Partido Popular, hizo que se tuviera que pagar para acceder a la justicia? No les importa la justicia. También, algún partido progresista no recuperó los salarios de tramitación en los juzgados sociales y laborales, pero ese es otro tema. Si les importara la justicia, no estaríamos hablando de esto.

El PP y VOX dicen que esta ley va a provocar el efecto llamada. Falso, inhumano y repugnante que se hable del efecto llamada, porque ningún niño o niña se juega la vida en una patera por una vida en España. Ningún niño o niña se pone debajo de un camión porque una ley española lo facilite. Lo hacen por desesperación, buscando una vida mejor, como lo haría cualquier ser humano. Eso es lo que ustedes condenan y el problema de que una persona se vaya de su país buscando oportunidades radica en cuestiones geopolíticas de explotación de países que hemos empobrecido mucho más profundas. Esas son las principales causas que debemos combatir, pero no les importan. Nadie cruza un desierto, un mar o un océano por una ley; no son turistas, son niños y niñas que huyen de la miseria. Quien habla del efecto llamada solo quiere tapar su falta de humanidad vergonzante.

Esta ley no nos gusta, ya lo hemos dicho. Es insuficiente y mantiene mecanismos de desconfianza hacia los menores migrantes. Preferimos equivocarnos antes que tener maldad. Queremos que nos acusen de buenismo y no de maldad. Pues sí, es lo que somos. No nos gusta esta ley, pero no la tumbaremos con los argumentos de la extrema derecha. No nos engañarán. Su problema no es la saturación de los servicios públicos, el colapso judicial y el efecto llamada. Su problema es que no quieren aceptar que estos niños y niñas tienen derechos, y nosotros sí lo aceptamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Presidente, señorías, hoy hablamos del proyecto de ley para regular el procedimiento de determinación de la edad, una medida que busca garantizar los derechos de los niños y las niñas. Para nosotros es alentador que comencemos a regular el proceso para determinar la edad, especialmente porque esto incluirá protecciones para los menores. En este contexto, es favorable que se establezca como un procedimiento judicial y que los recién llegados reciban asistencia legal gratuita durante un proceso que no debería poner en riesgo a los jóvenes. Actualmente esto no ocurre, ya que los menores no pueden impugnar las decisiones de la fiscalía. También es un avance que se reconozca la presunción de minoría de edad para quienes se someten a este procedimiento. No debería permitirse desestimar la validez de los documentos auténticos que provienen de los países de origen. Esto garantizará el derecho a la educación y que los menores no queden desamparados. Por lo tanto, es una medida que viene del Gobierno para cumplir con tratados internacionales y también con las leyes de nuestro Estado, que tanto ha costado conseguir, para proteger a la infancia, y que van en consonancia con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 y ratificada por España. Ahí la posición es clara: todo menor, sin distinción de raza, religión o nacionalidad tiene derecho a la protección, a la educación y a la dignidad. Su artículo 2 prohíbe la discriminación; su artículo 22 exige asistencia humanitaria a los niños y las niñas refugiadas. En nuestro país, la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, refuerza este compromiso y en su artículo 2 establece el interés superior del menor como principal rector. Además. su artículo 11 reconoce el derecho de todos los niños a la no discriminación, incluyendo a los niños migrantes. Sin embargo, según el informe de Unicef de 2023, más de 36 millones de niños y niñas estaban desplazados globalmente por conflictos y violencia, muchos enfrentando el rechazo en el lugar de acogida. Hasta la ONU nos advierte: el racismo agrava su vulnerabilidad robándoles la infancia que estas leyes prometen proteger. No obstante, y a pesar de eso, el Partido Popular y VOX vienen hoy a impregnar este proyecto de ley de odio y de mentiras. Sus enmiendas a la totalidad van en contra de los derechos fundamentales de miles de niños y jóvenes migrantes. Mientras hablamos, enfrentan un doble desafío: el desarraigo de abandonar sus hogares y el racismo con el que se encuentran muchas veces al llegar. No podemos ignorar esta realidad. No podemos permitir que el color de piel, los acentos o el color de sus ojos determinen si un joven, un niño o una niña tiene derecho a soñar. (Aplausos). Miren, señorías, hace unas semanas visité Canarias junto a diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios, invitados por el Gobierno canario, para observar la situación de la llegada de jóvenes migrantes. Allí no aprendimos del odio, como algunos proclaman aquí, y no vimos violencia ni peligrosidad. Vimos, por un lado, una saturación de los recursos. Aquí se vota constantemente en contra de estos y de una distribución solidaria en todos los territorios, como cuando ustedes bloquearon el artículo 35 de la ley de extranjería. Vimos unos centros que necesitan de esa distribución, pero, por otro lado, también nos encontramos allí a lo mejor de nuestra sociedad. Nos encontramos al pueblo canario solidario con sus entidades sociales, dándolo todo en El Hierro y en Tenerife para que ningún niño o niña quede desamparado. (Aplausos). Vimos a los menores integrarse en la vida social y cultural de los pueblos y barrios canarios, en sus fiestas patronales, en su vida social, en sus deportes, en sus aficiones, sin ningún problema salvo en la cabeza de las señorías del PP y de VOX. Porque fuera de su relato, de su odio en las redes, la realidad es otra. La realidad es que cada niño o niña que llega a nuestro país en busca de un futuro no es un problema para nadie, salvo para ustedes. Porque ―no se engañen― pueden mentir, pueden lanzar bulos, pueden manipular cifras, pero lo que no esconden es algo muy, muy simple: ustedes son una panda de racistas sin ningún miramiento por los derechos de la infancia. (Aplausos).

Pongo dos ejemplos. El de Ibrahim Sow, que nació en 1998 en una aldea rural de Senegal. La sequía y la falta de recursos le obligaron a migrar a Europa en 2018. Tras un peligroso viaje, en 2019 cruzó el Mediterráneo en patera y fue rescatado por una ONG, una de esas que ustedes criminalizan. Trabajó como temporero en Huelva, enfrentando condiciones precarias, hasta que logró regularizar su situación en 2025. Su historia es una entre miles, invisibles para muchos pero esenciales para el campo que alimenta a Europa. También les podría hablar de otro joven que emigró al Estado español desde Guinea Bissau cuando tenía seis años. Su padre, Bori, trabajó en condiciones precarias hasta que recibió apoyo en un pueblo solidario, como es Marinaleda, un pueblo sevillano conocido por su solidaridad. (Aplausos). El ayuntamiento ofertó y su padre, Bori, consiguió un lugar donde vivir y un trabajo como conductor en un camión de basura para poder traer al resto de su familia desde Guinea Bissau. Desde pequeño, este joven mostró un talento excepcional para el fútbol y, tras un duro camino, llegó al Fútbol Club Barcelona. A los 16 años debutó con el primer equipo, batiendo múltiples récords. Su nombre es Ansu Fati y estoy seguro de que hasta ustedes alguna vez le han aplaudido. (Aplausos). Y, señorías, no son casos aislados, son ejemplos entre miles que nos demuestran que el origen no importa si damos oportunidades y no odio. Y oportunidades también a los profesionales de los centros de acogida, a los educadores y trabajadores sociales, a todo el personal de cada centro público, que se dejan la piel para integrar y dar una vida digna a cada menor, un colectivo que el Ministerio de Infancia trabaja para dignificar y al que desde esta Cámara tenemos que mandar un mensaje de apoyo y de unidad. Porque los espacios de inserción se deben desinstitucionalizar, como propone la directora general de Infancia, ese es el camino que apoyamos en nuestro grupo parlamentario, no el de la criminalización. Porque el racismo no solo viola el derecho de los menores, sino que nos roba a todos, nos priva de su talento, nos ciega ante su humanidad, por eso trabajamos para fortalecer una integración que garantice la educación de los menores, para sancionar con firmeza la discriminación y para financiar programas que empoderen a cada joven y que no se queden tirados al cumplir dieciocho años, como piden entidades como FEPA o Raíces.

Señorías, el futuro no se construye con muros contra los más débiles, sino cumpliendo nuestras obligaciones. Toda la juventud nos ha mostrado su grandeza. Hagamos que este Parlamento esté a la altura, protegiendo a cada menor migrante como una promesa, porque cuando combatimos el racismo no solo defendemos sus derechos, sino que salvamos nuestra propia humanidad. Y se lo digo, y voy acabando ya, con orgullo desde un grupo parlamentario en el que, al igual que yo, tenemos abuelos y abuelas, padres y madres que han tenido que emigrar para buscar un lugar donde vivir, en el que sentimos cada uno de los diputados y diputadas de nuestro grupo parlamentario la fuerza de que los orígenes diferentes no nos hacen débiles, sino todo lo contrario, nos hacen mirar el futuro con dignidad y esperanza. Porque el derecho a soñar de una niña o de un niño no puede depender ni va a depender de su color de piel, de su acento o de su origen. No dejemos su futuro en manos de una panda de racistas a los que les dan igual los derechos de la infancia. Estemos a la altura; protejamos a cada menor migrante como una promesa. Combatamos el racismo. Porque cuando lo combatimos no solo defendemos sus derechos, salvamos nuestra propia humanidad.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Gracias, presidente. No puedo dejar pasar la oportunidad. Respecto a las palabras del señor Smith, quiero decirle que no ofende quien quiere, sino quien puede, y que no se olvide nunca de que estamos orgullosos de ser socialistas. (Aplausos). Regular el procedimiento de determinación de la edad en nuestro ordenamiento jurídico no es una opción, es una necesidad y una prioridad. Se trata de un procedimiento esencial para proteger a nuestros menores en situación de desamparo, con independencia de su nacionalidad, pues hablamos de niños, niñas y adolescentes en condiciones de extrema vulnerabilidad que quieren y requieren una asistencia inmediata y medidas de protección para garantizar su dignidad y su integridad. Señorías, modificar este procedimiento es para las entidades sociales, para el Gobierno y para el Grupo Parlamentario Socialista una prioridad, pues el actual genera problemas jurídicos con impacto negativo sobre los niños y las niñas que llegan a España solos. Por este motivo, es urgente continuar con la tramitación del procedimiento y no se entienden las enmiendas a la totalidad presentada por ambos grupos. Así, las organizaciones de protección a la infancia insisten en la importancia de realizar un procedimiento que cuente con todas las garantías, porque los niños que ustedes no ven existen, están y estarán y deberemos garantizar su protección. (Aplausos). En el Grupo Parlamentario Socialista apostamos por una regulación que salvaguarde los derechos de los menores en desamparo mediante la creación de un procedimiento judicial que incorpore garantías esenciales. Este proyecto de ley aborda y regula diversas cuestiones que hasta ahora no estaban resueltas y se orienta principalmente a establecer un procedimiento más garantista para la persona cuya edad se pretende determinar. Como ha dicho el ministro anteriormente, el Gobierno es plenamente consciente de que garantizar los derechos de los menores podría generar alguna incertidumbre en territorios con especial presión migratoria, pero quiero transmitir que impulsamos esta ley para resolver problemas con agilidad y seguridad jurídica, porque sabemos —‌nosotros somos conscientes— que la relación entre menor no acompañado y vulnerabilidad es incuestionable. Le diré que las personas no acompañadas que necesitan de este procedimiento jurídico son menores que generan dudas razonables sobre su mayoría o su minoría de edad, lo que suele suceder en el tramo de los 15 a los 17 años. Se trata de edades cruciales que son el punto de partida para desarrollar un proyecto de vida hacia una edad adulta. En el caso de no disponer de un documento civil en esta etapa, se condena a la persona a una situación de limbo jurídico que le perjudicará el resto de su vida y truncará su futuro. En cambio, si tuvieran en ese momento determinada la edad podrían iniciar los trámites para obtener un permiso de residencia, de trabajo, podrían trabajar, estudiar y formarse durante la estancia en el sistema de protección y podrían construir la vida que ellos quieren elegir. Les contaré el caso de Abaubacar, expediente número 62 de un estudio de la Fundación Raíces, uno de otros tantos. Abaubacar se encontraba indocumentado y fue tratado como mayor a la entrada de España. Sin embargo, tras ser trasladado a Madrid, le fueron realizadas unas primeras pruebas de determinación de la edad que concluyeron que era menor de diecisiete años. Posteriormente a la realización de estas pruebas, cuando el menor consigue su pasaporte y lo aporta a la Comunidad de Madrid, a instancias de la propia comunidad, se realizan unas segundas pruebas de determinación de la edad y en virtud de estas se concluye que es mayor de edad. La consecuencia es que el menor fue expulsado del sistema de protección y denunciado por falsedad documental. Posteriormente, se fallaría a su favor en vía judicial, pero estas actuaciones —‌que no son las únicas; hay muchas— son las que están produciendo el colapso y el retraso a los que se refieren los compañeros del Grupo Popular. Por lo tanto, la determinación de la edad impacta ―sí impacta― en el futuro tratamiento jurídico de las personas y en la protección por parte de las Administraciones públicas. Este Gobierno plantea con el proyecto de ley las siguientes mejoras: la garantía de asistencia jurídica gratuita, prohíbe la práctica de medidas invasivas, los desnudos integrales, deja la puerta abierta para los informes periciales multidisciplinares y protege el derecho de la persona a ser escuchada y a que se le proporcione una información y un intérprete cuando sea necesario. El objetivo real es proteger y garantizar los derechos de los menores en los procesos de determinación de la edad, cumpliendo así con las recomendaciones de los organismos internacionales en esta materia suscritos por España y, particularmente, con las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño. Señorías del Grupo Popular, este Gobierno trabaja desde 2022, cuando fue aprobado este proyecto por el Consejo de Ministros. Déjense de excusas, señorías del Grupo Popular. Si tuvieran ganas de trabajar, de construir y de solucionar los problemas de los menores deberían haber trabajado un texto alternativo, y no un simple texto en el cual solamente nos presentan la retirada de un proyecto. (Aplausos). Su misión es bloquear, bloquear y bloquear. Su aportación única es pedir dinero para sus comunidades autónomas. Lo que están haciendo en mercadear con los derechos de los menores; mercadear con los derechos de los menores. Abandonen esa actitud, señorías del Grupo Popular. (Aplausos).

Antes de terminar, sí me gustaría agradecer el trabajo que han realizado las distintas organizaciones de protección a la infancia, algunas de las cuales nos acompañan hoy aquí, en este hemiciclo, y que se han dirigido a este grupo parlamentario aportando conocimiento de la realidad de primera mano. Señorías, de esta reforma depende que los derechos de miles de menores no acompañados estén protegidos ante las vulnerabilidades. Solo quiero pedirles que imaginen por un minuto que mañana pueden ser sus hijos o sus nietos.

Gracias. (Aplausos).