Carlos Flores Juberías
Con la venia, señor presidente. Señores diputados… (Pronuncia palabras en ruso). Me va a permitir el señor ministro que comience con una nota personal, y es que no me resisto a confesarle lo aliviado que me quedé el pasado viernes cuando supe que en esta comparecencia me iba a tocar con el señor Bolaños o con usted. ¿Se imagina lo incómodo que habría sido tener que interpelar a su colega de bancada, la señora Redondo, ministra de Igualdad, esa que en este hemiciclo chilla a voz en grito y con la cara desencajada a los diputados del Grupo Popular y que fuera de este hemiciclo aboga por sacar a VOX de las instituciones y acabar con la extrema derecha en el Parlamento? ¿O que hubiese tenido que interpelar a su jefe, el señor Sánchez, este mismo que cuando compareció ante esta Cámara pidiendo la confianza del Congreso con ocasión de su votación de investidura excluyó a VOX de su ronda de contactos previos y que mañana mismo, cuando tenga que pulsar la opinión de los grupos parlamentarios en relación con la crisis en Ucrania, presumirá de haber excluido a VOX de su lista de interlocutores? Desagradable, ya le digo. Menos mal que usted forma parte de la cara amable del Gobierno, de la parte dialogante del Ejecutivo, de los que piensan seguramente que todos los diputados de esta Cámara somos igualmente dignos y, por lo tanto, que con todos nosotros se puede dialogar. La interpretación de mi grupo gira, como sabrá, en torno a las medidas que está adoptando el Gobierno de España para la restauración de las zonas que el pasado 29 de octubre quedaron arrasadas por la riada que asoló la Comunidad Valenciana. Estoy seguro de que el equipo del señor ministro le tendrá preparado un voluminoso dosier repleto de datos, de cifras y de estadísticas que usted desgranará en su turno de réplica, quizá con el mismo entusiasmo que pone usted cada vez que tiene que contradecir al señor Abrines, que le persigue constantemente, o desmentir al señor Aldama ―yo ya sé que usted se llama Ángel Víctor y no Víctor Ángel Torres―, y que con ello usted tratará de acreditar la rapidez, la generosidad y la efectividad con la que su Gobierno ha respondido a la petición de ayuda de los valencianos. Su carpeta ―estoy seguro― se encuentra repleta de datos, los que sus asesores le han debido proporcionar; mi cabeza, en cambio, está llena de relatos, los que semana tras semana he venido escuchando de labios de tantos y tantos valencianos que se han aproximado a mí o a otros concejales o a otros diputados de mi grupo parlamentario, o los que día tras día relatan los medios de comunicación de nuestra comunidad y que dibujan un panorama que ―ya se lo auguro― no va a encajar bien con el suyo y que ―también se lo auguro― no va resultar sencillo de rebatir, porque cuando el relato es un relato de muerte, de dolor, de destrucción y de abandono, no hay dato lo suficientemente elocuente como para matarlo. Le daré relatos. Podría empezar por el de Juan, un empresario que ayer mismo confesaba haber sido uno de ese millón largo de españoles que el 29 de octubre se sintieron desamparados, que desde entonces ha seguido sin ver agilidad en la respuesta ni coordinación, que asegura que ha fallado la gestión de todas las Administraciones públicas, que lamenta amargamente que con los impuestos que pagamos no hayan gestionado mejor todas las Administraciones y ―lo que es más serio― que considera que no hay un plan conjunto de futuro porque lo único que hacen es pelear las distintas Administraciones y que si mañana viniera otra dana, tendríamos otra vez los mismos efectos devastadores. Opiniones, señor ministro, que haría bien en no echar en saco roto, siquiera sea porque el Juan ese del que le hablo resulta ser el mayor empresario de la Comunidad Valenciana y la cuarta fortuna de España. Podría continuar con el relato de Guadalupe, directora de una entidad caritativa con más de 118 años de historia consagrada a la atención de personas sin hogar y en situación de exclusión social, que hace unos días explicaba a La Vanguardia cómo la dana la ha dejado ante una demanda que supera con largueza todas sus posibilidades de acción. Ha debido atender casos tan extremos como el de una familia de siete miembros sin ingresos fijos, con una vivienda arrasada por las inundaciones, forzada a compartir con otros un domicilio en Massanassa que adolece de problemas estructurales y carece de agua potable.
O el de un matrimonio de octogenarios, domiciliados en un bajo arrasado en Albal, que perdió todos sus enseres personales y que carece de redes de apoyo social o familiar. O el de una familia de cuatro personas, una de ellas anciana y necesitada de cuidados especiales, cuya vivienda ubicada en Picassent quedó inhabitable y que actualmente vive de alquiler en un inmueble de un vecino y que no podrá regresar a su hogar en al menos dos o tres años.
Pero igual, señor ministro, le aburren estos relatos lacrimógenos y prefiere usted datos. Pues también tengo datos para darle. Cuatro meses después de la tragedia del 29 de octubre su Gobierno ha hecho frente únicamente al pago del 7,88 % de las solicitudes de ayuda por los distintos conceptos, una cifra seis veces inferior al 46 % de las peticiones de ayuda atendidas por la Generalitat valenciana. Desde el Gobierno valenciano se preparó un paquete presupuestario de 916 millones de euros basados en endeudamiento, porque su Gobierno no ha concedido a la Comunidad Valenciana ayudas a fondo perdido con las que atender las consecuencias de la tragedia, con los cuales costear las 154 882 solicitudes de ayuda. Pues bien, a fecha de 1 de marzo se habían atendido 115 886 de esas solicitudes, el 75 %, con un desembolso de 419 millones de euros, el 46 % de la cifra global disponible. En la comparación de los datos, la gestión de su Gobierno palidece. ¿Quiere más datos? Por lo que respecta a las ayudas para la adquisición de bienes de primera necesidad, las más demandadas, la Generalitat valenciana ha recibido un total de 22 000 solicitudes y ha abonado 135 millones de euros. Su Gobierno ha atendido apenas a 2871 solicitantes.
En cuanto a las ayudas para la reposición de los vehículos perdidos con ocasión de la dana, otra de las líneas de ayuda más demandadas por los trabajadores, por los empresarios y por las familias valencianas, y respecto de la cual tanto su Gobierno como la Generalitat pusieron en marcha planes de asistencia, mientras el Gobierno valenciano ha recibido más de 86 000 solicitudes y abonado 71 000 de ellas, su Gobierno, señor Torres, apenas ha llegado a 19 807 valencianos, de los cuales solamente ha concedido 2465 ayudas. ¿Misterio? Ninguno. Las ayudas de su Gobierno, más preocupado por contentar a Bruselas que por ayudar a los valencianos, estaban subordinadas a la adquisición de vehículos nuevos, prohibían la compra entre particulares, excluían a los vehículos de más de tres años y potenciaban la adquisición de vehículos verdes. Las ayudas de la Comunidad Valenciana, en buena medida inspiradas por VOX, no contemplaban ninguna de esas limitaciones.
Se nos dirá que las demandas son muchas y muy complejas y que la Administración está trabajando a destajo para satisfacerlas, pero fíjese que toda justificación de esa lentitud se desvanece ante el dato de que cuando quien entra en la ecuación es el Consorcio de Compensación de Seguros ―con su personalidad jurídica propia, con su plena capacidad de obrar, con su estatuto legal, con su patrimonio distinto del del Estado, con su consejo de administración y no Consejo de Ministros al frente―, las cifras de cumplimiento de los objetivos se disparan. El consorcio ha abonado el 80 % de las solicitudes recibidas ―180 000 de ellas― y ha desembolsado nada menos que 2300 millones, y espera alcanzar el 95 % de las solicitudes atendidas antes de que termine el año.
Pero dejemos de momento de lado a los ciudadanos y vayamos a las instituciones, porque también tengo relatos que compartir. Por ejemplo, el del alcalde de un pequeño municipio de la Ribera Alta, cuyo nombre obviaré, que me contaba cómo su solicitud de ayudas para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por la dana en su municipio ―reconstrucción, porque si el agua se llevó un camino de tierra no puedes hacer un camino de asfalto, tienes que hacer un camino de tierra― había sido atendida con suma rapidez. Con tanta rapidez y con tanta generosidad que ya no se les pide que las ejecuten en el plazo de un año, un año que, en circunstancias normales, sería un plazo perentorio y complicado de satisfacer, pero que, con un ayuntamiento con escasos recursos económicos, con una limitada capacidad de ejecución de obra pública y en un momento en que las empresas del sector están o bien destrozadas o bien saturadas de trabajo, resulta absolutamente imposible cumplirlo y su incumplimiento generará ―sorpresa, sorpresa― la obligación de devolver los fondos con intereses. Va a hacer usted muy feliz a la señora Montero, si es que para entonces sigue siendo ministra de Hacienda, en marzo de 2026.
Relatos, pero también datos. El más importante es el de esos veintiocho municipios que su Gobierno ha excluido del plan de ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales, marginando del proceso nada menos que a ochenta mil valencianos y valencianas, y que obliga a poner entre paréntesis todas las rimbombantes cifras de cumplimiento de objetivos que usted me va a brindar en unos instantes.
¿Y qué decir de las ayudas europeas? Apostaría a que usted me dirá que no es responsabilidad de su Gobierno, pero también me apostaría algo a que usted todavía conserva en su agenda, en su famosa agenda de teléfonos, el de su antigua compañera de bancada, la flamante vicepresidenta de la Comisión
Europea, Teresa Ribera, a la que podría llamar para explicarle que haber tenido que esperar casi cinco meses, hasta este lunes 10 de marzo, para ver publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el reglamento de ejecución del programa de ayuda financiera de emergencia a los sectores agrarios, solo para descubrir que lo que la Comisión Europea ha reservado para los agricultores valencianos es una miserable partida de 68 millones de euros ―aproximadamente, el 5 % de las pérdidas experimentadas por el sector, según valoraciones AVA-ASAJA― constituye un sarcasmo, un sarcasmo solo comparable con el hecho de que tengan que esperar hasta septiembre para poderlas cobrar.
Habrá reparado, señor Torres, en que a lo largo de mi intervención he utilizado repetidamente el término «su Gobierno». Podría haber hablado de nuestro Gobierno o del Gobierno de España, podría haber hablado del Gobierno de la nación española, pero tampoco quiero crear mal ambiente en la Cámara. Si no lo he hecho es porque, lejos de conducirse como lo haría un Gobierno de todos, un Gobierno preocupado por el bien común, ustedes se han comportado en este asunto como simples comisarios de partidos. Su Gobierno, señor Torres, acaba de vetar en la Mesa de esta Cámara la tramitación de una proposición de ley del Grupo Popular por la que se contemplaba la construcción de 250 viviendas públicas, con el fin de permitir lo antes posible el realojo de familias desalojadas de sus hogares como consecuencia de la dana, porque su implementación supondría para las arcas públicas un coste adicional de 25 millones de euros. También se ha opuesto a la propuesta de compensar el 100 % de los gastos de emergencia asumidos por las comunidades autónomas y por los municipios, que representaría un coste de 150 millones de euros, o a la de establecer un tipo 0 de IVA para la compra de vehículos para reemplazar los dañados por la dana, que tendría un coste estimado de 441 millones de euros. Y el mismo destino han sufrido propuestas que han partido del Grupo Parlamentario VOX. Por ejemplo, la que presentamos en el propio mes de noviembre, por la cual le instábamos a dedicar a los valencianos esos cientos de miles de euros que ustedes están disponiendo…